CE - Auto interlocutorio 11001030600020250049100 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de noviembre de 2025

Número único: 11001-03-06-000-2025-00491-00.

Referencia: presunto conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Norte de Santander, Centro Zonal Pamplona, y Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pamplona (Norte de Santander).

Asunto: abstención de resolución de fondo por existencia de un fallo judicial.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados, respectivamente, por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 2, procede a estudiar el presunto conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES3

1. El 2 de enero de 2025, un usuario anónimo informó a la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Norte de Santander, Centro Zonal Pamplona, sobre la presunta vulneración de derechos de la niña E.V.R.T 4., al señalar que su progenitora la dejaba al cuidado de personas extrañas, se ausentaba del hogar por lapsos prolongados y consumía sustancias psicoactivas, descuidando su alimentación e higiene.

En esa misma fecha, la Defensoría dispuso verificar la garantía de derechos y adoptó

por lapsos prolongados y consumía sustancias psicoactivas, descuidando su alimentación e higiene.

En esa misma fecha, la Defensoría dispuso verificar la garantía de derechos y adoptó medida provisional de ubicación en hogar sustituto, bajo el programa ONG Crecer en Familia (Pamplona – Norte de Santander).

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto núm. 11001-03-06-000-2025-00491-00, que reposa en SAMAI. 4 Por tratarse de un menor de edad, y con la finalidad de proteger sus derechos y salvaguardar su intimidad , se omitirá su nombre y el de sus familiares.Radicación 11001-03-06-000-2025-00491-00 Página 2 de 14

2. Mediante auto del 13 de enero de 2025, la Defensoría de Familia abrió formalmente el proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD) en favor de la niña E.V.R.T., ordenó practicar las valoraciones interdisciplinarias (psicológica, nutricional y social) y mantuvo la medida de protección de ubicación en hogar sustituto.

3. El 3 de junio de 2025, la defensora de familia profirió en audiencia la resolución de adoptabilidad de la niña E.V.R.T., al considerar acreditada la imposibilidad de reintegro

3. El 3 de junio de 2025, la defensora de familia profirió en audiencia la resolución de adoptabilidad de la niña E.V.R.T., al considerar acreditada la imposibilidad de reintegro familiar y la persistencia de la situación de vulneración.

4. En virtud de la oposición formulada por la progenitora M.X.R.T., la Defensoría remitió el expediente al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pamplona (Norte de Santander) para los fines de homologación judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 del Código de la Infancia y la Adolescencia, modificado por el artículo 8° de la Ley 1878 de 2018.

5. Mediante sentencia del 24 de septiembre de 2025, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pamplona no homologó la Resolución de adoptabilidad de la Defensoría de Familia del ICBF – Centro Zonal Pamplona, por considerar que el procedimiento adolecía de falencias probatorias y vulneraciones al debido proceso de la progenitora.

6. En la parte resolutiva de la providencia se dispuso:

PRIMERO: No homologar la Resolución proferida en audiencia del 3 de junio de 2025 por la señora Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Pamplona que declara en estado de adoptabilidad a la menor E.V.R.T. por las razones señaladas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo del Código de la Infancia y la Adolescencia, inciso 2°, devolver la actuación a la Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Pamplona , para que proceda de

SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo del Código de la Infancia y la Adolescencia, inciso 2°, devolver la actuación a la Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Pamplona , para que proceda de conformidad, como se ha indicado e n el cuerpo de esta providencia y siga el trámite correspondiente.

En cumplimiento de lo anterior, el 3 de octubre de 2025, el Juzgado remitió oficialmente el expediente a la Defensoría de Familia mediante Oficio n úm. 1314-25, adjuntando copia digital del proceso a través del enlace de acceso HomologaciónPARD1094291370

7. El 6 de octubre de 2025, la defensora de familia devolvió el expediente al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pamplona, argumentando que, conforme a la «sentencia» de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 10 de julio de 2024 (rad. 1100103-06-000-2024-00182-00), en casos donde el juez advierte yerros sustanciales, debe asumir el conocimiento y resolver de fondo la situación jurídica del menor, pues la autoridad administrativa pierde competencia.Radicación 11001-03-06-000-2025-00491-00 Página 3 de 14

8. Mediante auto del 8 de octubre de 2025, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pamplona rechazó la devolución efectuada por la defensora de familia, al considerar que el caso no correspondía a una pérdida de competencia sino a una homologación negativa, y que el artículo 123 del Código de la Infancia y la Adolescencia ordena devolver el expediente al defensor de familia para que subsane.

el caso no correspondía a una pérdida de competencia sino a una homologación negativa, y que el artículo 123 del Código de la Infancia y la Adolescencia ordena devolver el expediente al defensor de familia para que subsane.

En consecuencia, el 9 de octubre de 2025, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia devolvió nuevamente el proceso a la defensoría de familia para que actuara conforme al fallo, advirtiendo su deber de obrar con celeridad y eficacia en el trámite de restablecimiento.

9. El 16 de octubre de 2025, la Defensoría de Familia del ICBF – Centro Zonal Pamplona formuló ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conflicto negativo de competencias administrativas entre dicha autoridad y el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pamplona, solicitando se determinara cuál debía continuar con el conocimiento del PARD en favor de la niña E.V.R.T.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, la Secretaría de la Sala fijó el edicto núm. 453 del 24 de octubre de 2025, por el término de cinco días, desde el 24 al 30 de octubre de 2025, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.

Consta que se comunicó sobre el inicio del presente trámite a la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Norte de Santander, Centro Zonal

sus alegatos o consideraciones.

Consta que se comunicó sobre el inicio del presente trámite a la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Norte de Santander, Centro Zonal Pamplona, al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pamplona (Norte de Santan der), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Personería Municipal de Pamplona (Norte de Santander), a la Defensoría de Familia (Grupo de Asistencia Técnica / Secretaría Comité de Adopciones Regional Norte de Santander), al Hogar Sustituto ONG Crecer en Familia ICBF – Pamplona, y a la señora M.X.R.T., progenitora de la niña E.V.R.T.

Dentro del término de fijación del edicto, según el informe secretarial del 31 de octubre de 2025, las autoridades involucradas y los particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional

Norte de Santander, Centro Zonal Pamplona

Esta autoridad no presentó alegatos dentro del término otorgado por la Sala. Sin embargo, se tendrán en cuenta los argumentos expuestos en los escritos de los días 14 y 15 de octubre de 2025, mediante los cuales formuló el presente conflicto de competencias ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.Radicación 11001-03-06-000-2025-00491-00 Página 4 de 14

Sostuvo que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 100 (par. 2º) y 108 del Código de la Infancia y la Adolescencia, modificados por los artículos 4° y 8° de la Ley 1878 de 2018,

Sostuvo que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 100 (par. 2º) y 108 del Código de la Infancia y la Adolescencia, modificados por los artículos 4° y 8° de la Ley 1878 de 2018, el juez de familia debe asumir el conocimiento y resolver de fondo la si tuación jurídica del niño, niña o adolescente cuando la autoridad judicial advierte yerros sustanciales o nulidades dentro del trámite, por cuanto en esos eventos la autoridad administrativa pierde competencia para continuar con el proceso.

Afirmó que en el presente caso el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pamplona, al no homologar la resolución de adoptabilidad y advertir deficiencias en la investigación y vulneraciones al debido proceso de la progenitora, debió asumir directamente la definición de fondo de la situación jurídica de la niña E.V.R.T., conforme a la interpretación adoptada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Agregó que la devolución del expediente a la Defensoría para «subsanar» carece de fundamento normativo, pues los errores advertidos por el juez son de tal entidad que no pueden corregirse en sede administrativa sin desconocer el debido proceso; además, insistió en que la medida más garantista del interés superior de la niña e s que el juez resuelva de fondo, evitando dilaciones.

Finalmente, reiteró que la Defensoría actuó dentro de los plazos legales y cumplió con todas las etapas del procedimiento, por lo que no se configura negligencia o vencimiento del término que justifique que deba rehacerse el trámite en sede administrativa.

2. Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pamplona (Norte de Santander)

término que justifique que deba rehacerse el trámite en sede administrativa.

2. Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pamplona (Norte de Santander)

Si bien esta autoridad no presentó alegatos adicionales en el trámite del presente conflicto, las consideraciones en torno a la competencia que sustentan su posición se desprenden de lo manifestado en el auto del 8 de octubre de 2025, mediante el cual resolvió no aceptar la devolución del proceso efectuada por la Defensoría de Familia y reiteró su criterio sobre la subsistencia de la competencia administrativa de la cual es titular.

En dicha providencia, el despacho señaló que la decisión de no homologar la resolución de adoptabilidad del 3 de junio de 2025 no comporta la pérdida de competencia de la defensoría, pues el caso no corresponde a una nulidad posterior al vencimiento de los términos, sino a una revisión negativa de la decisión administrativa dentro del procedimiento de homologación.

Adujo que el artículo 123 del Código de la Infancia y la Adolescencia es claro al disponer que, cuando el juez advierte la omisión de algún requisito legal durante la homologación, debe devolver el expediente al defensor de familia para que lo subsane, y no asumir el conocimiento directo del asunto.

El despacho citó, además, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia STC

6538 de 2023) y de la Corte Constitucional (Sentencias T-671 de 2010, T-502 de 2011 y T741 de 2017), según las cuales, ante la no homologación de una medida de adop tabilidad, el defensor de familia mantiene competencia para subsanar las irregularidades advertidasRadicación 11001-03-06-000-2025-00491-00 Página 5 de 14 o adoptar una medida distinta, en desarrollo de la función administrativa de restablecimiento de derechos.

Finalmente, el juzgado manifestó que, al insistir la defensora en su pérdida de competencia, desconocía el mandato contenido en la sentencia de homologación del 24 de septiembre de 2025, que le ordenó expresamente proceder a subsanar el trámite conforme a lo previsto en la ley y bajo el principio de celeridad.

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias c uando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturalez a administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En relación con la segunda condición, la Sala ha precisado, en algunas decisiones5, que no

concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En relación con la segunda condición, la Sala ha precisado, en algunas decisiones5, que no puede plantearse un conflicto de competencias administrativas cuando el procedimiento o la actuación administrativa a la cual se refiere haya terminado mediante la expedición de un acto administrativo en firme, debidamente ejecutoriado, pues, en d icha hipótesis, las eventuales discrepancias que existan sobre la competencia de la autoridad que dictó el acto definitivo deben resolverse judicialmente, mediante el respectivo medio de control (de nulidad o de nulidad y restablecimiento de derechos, segú n el caso), de acuerdo con lo dispuesto, actualmente, en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente, ha señalado que no puede proponerse un conflicto de esta clase cuando exista una sentencia u otra providencia judicial en firme y de obligatorio cumplimiento, en la que se haya declarado competente a una de las autoridades en disputa, o por medio de la cual se le haya impuesto a dicha autoridad el deber de tramitar o resolver el asunto o la actuación administrativa de que se trate, pues la Sala no puede desconocer ni contradecir lo que ha sido decidido judicialmente6. [Se resalta].

En este caso concreto, la Sala se abstendrá de emitir un pronunciamiento de fondo, debido a que existe una providencia judicial en firme, que resolvió la no homologación de lo decidido por la autoridad administrativa y, en la misma providencia, impuso la n ulidad de lo actuado y ordenó rehacer el trámite legal correspondiente.

a que existe una providencia judicial en firme, que resolvió la no homologación de lo decidido por la autoridad administrativa y, en la misma providencia, impuso la n ulidad de lo actuado y ordenó rehacer el trámite legal correspondiente.

5 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 18 de junio de 20 25, rad. núm. 110010306000-2025-00123-00. También puede consultarse la decisión del 9 de noviembre de 2022, rad. núm. 11001-03-06-000-2022-00182-00. 6 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 18 de junio de 2025, rad. núm. 11001-0306-000-2025-00123-00.Radicación 11001-03-06-000-2025-00491-00 Página 6 de 14

2. La homologación por parte del juez de familia de las decisiones adoptadas por la autoridad administrativa en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Reiteración7

La Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, en el título II, reguló la «garantía de derechos y prevención», en favor de los niños, niñas y adolescentes. En el capítulo IV se previó un «Procedimiento administrativo y reglas especiales», que contiene las disposiciones aplicables a los procesos administrativos de restablecimiento de derechos

(PARD).

La Sala considera importante recordar que, a partir de las modificaciones introducidas al citado código por la Ley 1878 de 2018, el proceso administrativo de restablecimiento de derechos quedó estructurado en dos etapas claramente diferenciadas: i) la etapa inicial, que

La Sala considera importante recordar que, a partir de las modificaciones introducidas al citado código por la Ley 1878 de 2018, el proceso administrativo de restablecimiento de derechos quedó estructurado en dos etapas claramente diferenciadas: i) la etapa inicial, que se extiende desde el momento en que se pone en conocimiento de la autoridad administrativa (defensor o comisario de familia, generalmente) la presunta vulneración o amenaza a los derechos del niño, niña o adolescente hasta que se dicta el «fallo» (previsto en el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006 , modificado por el artículo 4 de la Ley 1878 de 2018), y ii) la etapa de seguimiento, que abarca desde la firmeza del fallo hasta que se adopta la decisión de fondo definitiva que resuelve la situación jurídica del menor de edad.

Para dictar el fallo, mediante el cual se define inicialmente la situación jurídica del niño, niña o adolescente, el término máximo es de seis meses, que resulta improrrogable, por decisión judicial o administrativa8. Después de este, si se declara al menor de edad en situación de vulneración de derechos, continúa la etapa de seguimiento, por un plazo máximo de seis meses, prorrogables por seis meses más. Solo en casos de enfoque diferencial 9, el seguimiento puede ampliarse por término mayor. En los demás, el proceso debe tener una duración máxima de dieciocho meses, incluyendo sus dos etapas10.

Vale la pena recordar que , si en el fallo se declara al menor de edad en situación de vulneración de derechos, el proceso deberá terminar, luego de agotar el seguimiento, con una de estas tres opciones finales:

[…] el cierre del proceso cuando el niño, niña o adolescente esté ubicado en medio familiar

vulneración de derechos, el proceso deberá terminar, luego de agotar el seguimiento, con una de estas tres opciones finales:

[…] el cierre del proceso cuando el niño, niña o adolescente esté ubicado en medio familiar y ya se hubiera superado la vulneración de derechos; el reintegro al medio familiar cuando el niño se hubiera encontrado institucionalizado y la familia cuente con las condiciones para garantizar sus derechos; o la declaratoria de adoptabilidad cuando del seguimiento se

7 Ver Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión adoptada el 20 de noviembre de 202 4.

Radicado núm.: 11001 -03-06-000-2024-00589-00. También puede n consultarse las siguientes decisiones: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 14 de marzo de 2023, rad. núm. 11001-0306-000-2023-00009-00. Decisión del 9 de noviembre de 2022 , rad. núm. 11001-03-06-000-2022-00229-00; Decisión del 17 de julio de 2020, rad. núm. 11001-03-06-000-2020-00119-00; Decisión del 2 de julio de 2025, rad. núm. 11001-03-06-000-2025-00255-00. 8 Ley 1098 de 2006, artículo 100, inciso 9: «En todo caso, la definición de la situación jurídica deberá resolverse declarando en vulneración de derechos o adoptabilidad al niño, niña y adolescente, dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir del conocimiento de la presunta amenaza o v ulneración de los derechos del menor de edad, término que será improrrogable y no podrá extenderse ni por actuación de autoridad administrativa o judicial».

meses siguientes, contados a partir del conocimiento de la presunta amenaza o v ulneración de los derechos del menor de edad, término que será improrrogable y no podrá extenderse ni por actuación de autoridad administrativa o judicial». 9 Ley 1098 de 2006, artículo 103, inciso 8. 10 Ley 1098 de 2006, artículo 103, inciso 6 y 8.Radicación 11001-03-06-000-2025-00491-00 Página 7 de 14 hubiera establecido que la familia no cuenta con las condiciones para garantizar los derechos.

Ahora bien, el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), en sus artículos 100 y 108 , modificados, respectivamente, por los artículos 4 y 8 de la Ley 1878 de 2018 , consagra la figura de la homologación de las decisiones adoptadas por la autoridad administrativa en el trámite de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, como un procedimiento que debe surtirse ante el juez de familia , cuando se presente oposición contra la resolución mediante la cual se define inicialmente la situación jurídica del menor de edad en el PARD, o cuando haya existido «oposición en cualquier etapa de la actuación administrativa».

El artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el artículo 4 de la Ley 1878 de 2018, señala:

Artículo 100. Trámite […]

[…]

Vencido el término del traslado, mediante auto que será notificado por estado, se fijará la fecha para la audiencia de pruebas y fallo, en donde se practicarán las pruebas que no hayan sido adelantadas, se dará traslado de estas y se emitirá el fallo que e n derecho corresponda.

fecha para la audiencia de pruebas y fallo, en donde se practicarán las pruebas que no hayan sido adelantadas, se dará traslado de estas y se emitirá el fallo que e n derecho corresponda.

El fallo es susceptible de recurso de reposición que debe interponerse verbalmente en la audiencia, por quienes asistieron a la misma, y para quienes no asistieron se les notificará por Estado; el recurso se interpondrá en los términos del Código General del Proceso y se resolverá dentro de los diez (10) días siguientes a su formulación.

Resuelto el recurso de reposición o vencido el término para interponerlo, el expediente deberá ser remitido al juez de familia para homologar el fallo , si dentro de los quince (15) días siguientes a su ejecutoria, alguna de las partes o el Ministerio Público manifiestan su inconformidad con la decisión. El Ministerio Público lo solicitará con las expresiones de las razones en que funda su oposición.

[…] [Se subraya].

Respecto al trámite, el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), en el artículo 21, numeral 18, dispone que los jueces de familia tienen competencia para conocer de la «[h]omologación de decisiones proferidas por otras autoridades en asuntos de familia, en los casos previstos en la ley»11, en única instancia.

Ahora bien, e l citado artículo 100 fue demandado por considerar se que la única instancia vulneraba los derechos de defensa y de impugnación contenidos en los artículos 29 y 31 de

11 Ley 1564 de 2012, artículo 21, numeral 18. «Competencia de los jueces de familia en única instancia. Los

vulneraba los derechos de defensa y de impugnación contenidos en los artículos 29 y 31 de

11 Ley 1564 de 2012, artículo 21, numeral 18. «Competencia de los jueces de familia en única instancia. Los jueces de familia conocerán en única instancia de los siguientes asuntos: […]

18. Homologación de decisiones proferidas por otras autoridades en asuntos de familia, en los casos previstos en la ley».Radicación 11001-03-06-000-2025-00491-00 Página 8 de 14 la Constitución. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-228 de 200812, declaró su exequibilidad con base en la potestad de configuración normativa que, en materia procedimental, tiene el legislador, y con el sustento de que la Carta Política solo exige la segunda instancia en las sentencias de tutela y de condena en materia penal:

En las normas demandadas no se prevé el recurso de apelación en relación con las decisiones del Defensor de Familia, por una parte, ni respecto de las decisiones del Juez de Familia, o del Juez Municipal en los lugares donde no exista Juez de Familia, por otra parte.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que, en materia procedimental el legislador goza de potestad de configuración normativa, siempre y cuando respete los límites impuestos por los valores, principios y derechos fundamentales consagrado s en la Constitución y por el principio de proporcionalidad.

Así mismo, con referencia a la segunda instancia en materia judicial, en virtud de apelación o consulta de las sentencias, ha expresado que la Constitución sólo exige en forma obligatoria la impugnación ante el superior respecto de las sentencias de tutela (Art. 86 C.

Así mismo, con referencia a la segunda instancia en materia judicial, en virtud de apelación o consulta de las sentencias, ha expresado que la Constitución sólo exige en forma obligatoria la impugnación ante el superior respecto de las sentencias de tutela (Art. 86 C. Pol.) y en relación con las sentencias de condena en materia penal (Art. 29 C. Pol.), y que además el citado Art. 31 superior autoriza al legislador para establecer excepciones, por lo cual en los demás casos el mismo puede establecer o no la segunda instancia, en ejercicio de su potestad de configuración normativa, con los límites constitucionales indicados.

Sobre esta base, la falta de previsión de la segunda instancia en relación con las sentencias dictadas por los Jueces de Familia y los Jueces Municipales no se revela contraria a los preceptos constitucionales, ni al principio de proporcionalidad, en cuanto permite una decisión pronta y definitiva, con valor de cosa juzgada, de los conflictos relativos a la asistencia y protección de los niños, niñas y adolescentes, como lo requiere el interés superior que la Constitución y el Derecho Internacional les reconocen.

De otro lado, la ausencia de previsión de dicha segunda instancia en relación con las decisiones de los Defensores de Familia se justifica por la misma urgencia indicada y porque el Art. 100 demandado contempla que resuelto el recurso de reposición o venci do el término para interponerlo, el expediente deberá ser remitido al Juez de Familia para que homologue el fallo, si dentro de los cinco (5) días siguientes a su ejecutoria alguna de las partes o el Ministerio Público lo solicita con expresión de las razo nes en que se funda la inconformidad. En esta forma, se establece un control judicial de legalidad de las decisiones

partes o el Ministerio Público lo solicita con expresión de las razo nes en que se funda la inconformidad. En esta forma, se establece un control judicial de legalidad de las decisiones administrativas en esa materia, que ostensiblemente amplía la protección especial de los niños, niñas y adolescentes. [Énfasis añadido].

Como se observa, para la Corte Constitucional los fallos de homologación corresponden a un control judicial de legalidad sobre las decisiones administrativas adoptadas en los PARD, que se emiten en única instancia en tanto permiten una decisión pronta y definitiva en estos asuntos, con valor de cosa juzgada, tal como lo requiere el interés superior que la Constitución le reconoce a los niños, niñas y adolescentes.

12 Corte Constitucional, Sentencia C -228-08 (5 de marzo) , e xpedientes D -6834 y D -6852 (acumulados). Demanda de inconstitucionalidad contra los arts. 48 (parcial), 96 (parcial), 98 (parcial), 100 (parcial), 102 (parcial), 111, 120 (parcial), 129, 130 y 131 de la Ley 1098 de 2006Radicación 11001-03-06-000-2025-00491-00 Página 9 de 14 Asimismo, en la Sentencia C-740 de 200813, respecto del artículo 100, inciso 4º y parágrafo 2º, se reiteraron los argumentos sobre la potestad del legislador, el control judicial de legalidad por parte de los jueces, y se puso de presente el interés superior de los menores de edad, en los siguientes términos:

En virtud de lo consagrado en el Art. 1º de la Constitución, el Estado colombiano es un

legalidad por parte de los jueces, y se puso de presente el interés superior de los menores de edad, en los siguientes términos:

En virtud de lo consagrado en el Art. 1º de la Constitución, el Estado colombiano es un Estado Social de Derecho, una de cuyas características fundamentales es la sujeción de todos los habitantes al ordenamiento jurídico (Arts. 4º, 6º y 95 C. Pol.). Ello explica que por regla general los actos de la Administración Pública estén sometidos al control de legalidad por parte de la rama jurisdiccional, cuya función general es “decir el Derecho” con carácter definitivo. […]

En ambos casos se pone de manifiesto el interés plausible del legislador de otorgar efectividad a la protección especial de los menores [de edad], mediante decisiones calificadas por parte de una jurisdicción especializada, que otorgan certeza con carácter definitivo y confieren también celeridad al reconocimiento de sus derechos […].

En el mismo sentido, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el alcance de la homologación realizada por el juez de familia, así:

Visto lo anterior, no cabe duda de que en la actualidad la solicitud de homologación envuelve no sólo un control formal derivado del respeto de las reglas de procedimiento que rigen el trámite de restablecimiento de derechos, sino también un examen material dirigido a confrontar que la decisión adoptada en sede administrativa sea razonable, oportuna y conducente para proteger los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, en términos acordes con el interés superior de los menores de edad. Sobre este pu nto, no sobra recordar que uno de los fines del Estado, [sic] es garantizar la efectividad de los

conducente para proteger los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, en términos acordes con el interés superior de los menores de edad. Sobre este pu nto, no sobra recordar que uno de los fines del Estado, [sic] es garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución