CE - Auto interlocutorio 11001030600020250049200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera de Estado ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Número único: 11001-03-06-000-2025-00492-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba y Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Provincial de

Instrucción de Montería.

Asunto: autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario en contra de un auxiliar de la justicia. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

1. El 20 de febrero de 2025, el señor M.R.V. presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Provincial de Instrucción de Montería

(Córdoba) en contra del señor J.L.G.B.3, por «estra (sic) limitación de su (sic) funciones como auxiliar de la justicia en proceso ejecutivo hipotecario […], quien [presuntamente] se apropi ó […] de los cano (sic) de arrendamiento de los locales entregados en su calidad de secuestre»4.

como auxiliar de la justicia en proceso ejecutivo hipotecario […], quien [presuntamente] se apropi ó […] de los cano (sic) de arrendamiento de los locales entregados en su calidad de secuestre»4.

2. A través de Auto del 28 de mayo de 2025, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Montería ordenó la remisión por competencia de la queda disciplinaria a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba, teniendo en cuenta que los documentos arrimados a la actuación, a juicio de esa entidad, permitían concluir que:

el sujeto a investigar ejerce función jurisdiccional de manera excepcional, transitoria u ocasional, de conformidad con lo previsto en el artículo 257A de la Carta Política, los preceptos 12 (numeral 4°) de la Ley 270 de 1996, 194 del CDU y 41 de la Ley 1474 de 2011, en armonía con la regla 263 de la Ley 1952 de 2019.

1 Ley 2080 de 2021 (enero 25), «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 La información fue extraída del expediente digital de SAMAI. 3 Por tratarse de información relacionada con un procedimiento administrativo disciplinario susceptible de reserva, se anonimizará las partes involucradas, los intervinientes y demás datos de dicho expediente. 4 SAMAI, expediente digital, archivo 003, folio 5.Radicación 11001030600020250049200 Página 2 de 16

4 SAMAI, expediente digital, archivo 003, folio 5.Radicación 11001030600020250049200 Página 2 de 16

Por lo que se ordenó la comunicación de la providencia al quejoso y al auxiliar de la justicia5.

3. El 17 de julio de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba dictó auto de apertura de investigación. Dicha autoridad ordenó algunas pruebas y que se notificara la decisión al disciplinado, para que se designara defensor y fuese oído en versión libre, y activaran las demás facultades y derechos de orden legal6.

4. El 1 de septiembre de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba emitió auto a través del cual ordenó que las actuaciones disciplinarias adelantadas se remitieran, nuevamente, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Montería, por falta de competencia y, en caso de rechazarse la competencia por dicha autoridad, se remitiera el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado , para que ella dirimiera el conflicto de competencias administrativas planteado.

Lo anterior, tomando en consideración que la competencia actual para la investigación de los particulares, como ocurre con los auxiliares de justicia, corresponde exclusivamente a la Procuraduría General de la Nación, según lo dispuesto por el artículo 92 del CGD7.

5. Aunque en el expediente no hay registro de actuación alguna de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Montería posterior al 1 º de septiembre de 2025, mediante oficio fechado el 17 de octubre siguiente, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial

5. Aunque en el expediente no hay registro de actuación alguna de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Montería posterior al 1 º de septiembre de 2025, mediante oficio fechado el 17 de octubre siguiente, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba remitió el asunto de la referencia a esta Sala para que se dirima el conflicto de competencias administ rativas, presuntamente, suscitado entre esa autoridad y la referida procuraduría.

El expediente se radicó el 20 de octubre de 2025 y en la misma fecha se repartió.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3.° por el artículo 2.° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto número 454, de fecha 22 de octubre del presente año, en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días, es decir, desde el 24 hasta el 30 de octubre de 2025 , para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto8.

Según informe secretarial de l 23 de octubre de 2025 se libraron comunicaciones a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba, a la Procuraduría General de la

5 SAMAI, expediente digital, archivo 003, folio 1 y ss. 6 SAMAI, expediente digitla, archivos 006 y 007 (folio3 y 10) 7 SAMAI; expediente digital, archivo 12. 8 SAMAI, expediente digital, archivo 009.Radicación 11001030600020250049200 Página 3 de 16

7 SAMAI; expediente digital, archivo 12. 8 SAMAI, expediente digital, archivo 009.Radicación 11001030600020250049200 Página 3 de 16

Nación, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Montería, a la Procuradora 135 Judicial II Penal de Montería, al Juzgado Primero Civil del Circuito de Sahagún (Córdoba), al señor J.L.G.B.9, en calidad de investigado, y al señor M.R.V.10, quejoso.11

Es importante precisar que, si bien se comunicó la existencia del conflicto de competencias administrativas al investigado y al quejoso, teniendo en cuenta las actuaciones de las autoridades judiciales, como antes se explicó, lo cierto es que como se trata, en todo caso, de un asunto sometido a reserva, ante la inexistencia del pliego de cargos, se anonimizaron los datos sometidos a reserva.

De otro lado, e n informe secretarial del 31 de octubre de 2025 consta que, dentro del término de fijación del edicto , las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio12.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba13

Esta autoridad no presentó alegatos; sin embargo, lo s argumentos esgrimidos para rechazar competencia en el asunto de la referencia se evidencian en el Auto del 1 º de septiembre de 2025, a través del cual remitió nuevamente el caso a la Procuradur ía Provincial de Instrucción de Montería y, ordenó, que en el evento de rechazar la competencia, se remitiera a esta Sala el conflicto, para su resolución.

Provincial de Instrucción de Montería y, ordenó, que en el evento de rechazar la competencia, se remitiera a esta Sala el conflicto, para su resolución.

En la citada providencia explicó que, al confrontar los artículos 257A de la Constitución Política y 112 y 114 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, ninguno de ellos reglamenta la competencia de es a jurisdicción, o se hace alusión, si quiera sumaria, a los auxiliares de la justicia, de modo que , aplicando el principio de excepción de inconstitucionalidad, contenido en el artículo 4 Superior, rechaz ó la competencia para conocer de las diligencias disciplinarias puestas a su consideración.

En ese sentido, señaló que, de las normas citadas es claro que la competencia actual para investigar a los particulares, como son los auxiliares de justicia, corresponde exclusivamente a la Procuraduría General de la Nación, con base en el artículo 92 del CGD, al inaplicarse el artículo 2 de la misma normatividad.

9 En el informe secretarial del 23 de octubre de 2025, se indica lo siguiente: « Se le comunica teniendo en cuenta la notificación del auto de fecha 17 de julio de 2025, mediante el cual la Comisión de Disciplina Judicial de Córdoba ordenó la apertura de investigación disciplinaria.» 10 En informe secretarial del 23 de octubre de 2025, se indica lo siguiente: «Se comunica teniendo en cuenta que la Procuradur ía Provincial de Monter ía, le ordeno comunicar el contenido de la remisi ón por competencia de fecha 28 de mayo de 2025.» 11 SAMAI, expediente digital, archivo 007. 12 SAMAI, expediente digital, archivo 012.

competencia de fecha 28 de mayo de 2025.» 11 SAMAI, expediente digital, archivo 007. 12 SAMAI, expediente digital, archivo 012. 13 SAMAI, expediente digital, archivo 003.Radicación 11001030600020250049200 Página 4 de 16

2. Procuraduría General de la Nación, por medio de la Procuraduría Provincial de

Instrucción de Montería14

Esta autoridad no se pronunció a través de alegatos o consideraciones, pero su posición de rec hazo de la competencia para seguir conociendo del asunto disciplinario se advierte en el Auto del 28 de mayo de 2025 , por medio del cual se ordenó la remisión del mismo a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba.

Al efecto, subrayó que la queja que dio origen a la actuación disciplinaria se relaciona con presuntas faltas cometidas por el señor J.L.G.B. en su calidad de auxiliar de justicia, por presunto abuso de autoridad . Entonces, tomando en consideración las piezas procesales que obran en el expediente, concluyó que el sujeto a investigar ejerce función jurisdiccional de manera excepcional, transitoria u ocasional, de conformidad con lo previsto en el artículo 257A de al Carta Política, los preceptos 12 (numeral 4°) de la Ley 270 de 1996, 194 del CDU y 41 de la Ley 1474 de 2011, en armonía con la regla 263 de la Ley 1952 de 2019 , por lo que a su juicio, la competencia para adelantar el proceso disciplinario a que haya lugar es de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Instrucción de Montería.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

disciplinario a que haya lugar es de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Instrucción de Montería.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria. Esta situación no es aplicable en el caso bajo estudio, debido a que las partes de este proceso, a saber, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Montería y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba , no tienen un superior común, dado que son autoridades del orden nacional, autónomas e independientes.

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA y, en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala

14 SAMAI, expediente digital, carpeta 23001250200020250065900, archivo 003.Radicación 11001030600020250049200 Página 5 de 16

está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de

14 SAMAI, expediente digital, carpeta 23001250200020250065900, archivo 003.Radicación 11001030600020250049200 Página 5 de 16

está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) las dos autoridades en conflicto son del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón de la actuación disciplinaria iniciada en contra del señor J.L.G.B., en su condición de auxiliar de la justicia (secuestre) ; y iii) ambas autoridades negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación correspondiente.

Es importante señalar que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba ejerce funciones de carácter jurisdiccional, la Sala mantiene la competencia para resolver la controversia debido a que también está inmersa en el conflicto una autoridad de carácter administrativo15, y, con sujeción al debido proceso, debe definirse la autoridad facultada para iniciar o continuar el proceso correspondiente.

La indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los bienes que busca tutelar el proceso disciplinario y, en general, los derechos de cualquier sujeto

la autoridad facultada para iniciar o continuar el proceso correspondiente.

La indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los bienes que busca tutelar el proceso disciplinario y, en general, los derechos de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal; a la vez que contradice el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, según el cual «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]».

Todo lo anterior, en armonía con lo dicho por la Corte Constitucional mediante las providencias en las cuales ha reconocido la competencia de la Sala para dirimir conflictos de competencia en este tipo de casos16.

15Decisión del 18 de septiembre de 2014, radicación 2014 -00168; decisión del 16 de mayo de 2018, radicación 2017-00200; decisión del 18 de junio de 2019, radicación 2019-00063, entre otras. 16 Corte Constitucional, Autos 1044 de 2021 y 1691 de 2022. « Al respecto, esta Corporación, mediante Auto 1044 de 202116, señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones disciplinarias entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que no tienen un superior común resulta “aplicable lo dispuesto por los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011, s egún los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal

autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto”. Y reiteró la posición de la Sala D +++isciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura según la cual, “la aplicación de un criterio estrictamente orgánico permite considerar que, a falta de restricción constitucional explícita en el artículo 237 de la Carta Política para que el Consejo de Estado dirima conflictos de competencia de naturaleza administrativa, será su Sala de Consulta y Servicio Civil la autoridad llamada a dirimir este tipo de colisión de competencias donde hay, por lo menos, una autoridad administrativa que se declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas ». [subrayas y resaltado de la Sala].Radicación 11001030600020250049200 Página 6 de 16

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2 º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva17.

3. Aclaración previa sobre el alcance de la decisión

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos

3. Aclaración previa sobre el alcance de la decisión

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para continuar la actuación disciplinaria promovida en contra de l señor J.L.G.B., con ocasión de las presuntas irregularidades cometidas en su calidad de auxiliar de la justicia – secuestreen un proceso ejecutivo hipotecario.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Montería declaró su falta de competencia por considerar que el sujeto a investigar ejerce función jurisdiccional de manera excepcional, transitoria u ocasional, de conformidad con lo previsto en el artículo 257A de al Carta Política, los preceptos 12 (numeral 4°) de la Ley 270 de 1996, 194 del CDU y 41 de la Ley 1474 de 2011, en armonía con la regla 263 de la Ley 1952 de 2019 . Por lo que, a su juicio, la competencia para adelantar el proceso disciplinario a que haya lugar es de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Instrucción de Montería.

lo que, a su juicio, la competencia para adelantar el proceso disciplinario a que haya lugar es de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Instrucción de Montería.

En contraste, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba declaró su falta de competencia para conocer y asumir la investigación disciplinaria , pues al confrontar los artículos 257A de la Constitución Política y 112 y 114 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, ninguno de ellos reglamenta la competencia de esa jurisdicción, o hace alusión si quiera sumaria , a su obligación frente a los auxiliares de la justicia.

17 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia devie ne en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación 11001030600020250049200 Página 7 de 16

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia. Reiteración. ii) Supresión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y creación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Reiteración. iii) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia. Reiteración. iv) Funciones de la Procuraduría General de la Nación frente a auxiliares de la justicia. Reiteración. v) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable. Reiteración. vi) Caso concreto.

1. Funciones de la Procuraduría General de la Nación frente a auxiliares de la justicia. Reiteración. v) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable. Reiteración. vi) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado 5.1. Naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia. Reiteración18

La naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia está regulada en el artículo 47 de la Ley 1564 del 12 de julio de 201219, que señala:

Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimie nto. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o actividad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso.

[…]. [Subrayas de la Sala].

La Corte Constitucional 20 ha señalado que los auxiliares de la justicia «no tienen un vínculo laboral con el Estado, sino que son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas».

18 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 6 de noviembre de 2024, radicación número 11001 -0306-000-2024-00509-00.

funciones públicas».

18 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 6 de noviembre de 2024, radicación número 11001 -0306-000-2024-00509-00. 19 Ley 1564 del 12 de julio de 2012 «[p]or medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones». 20 Corte Constitucional Sentencia C-798 del 16 de septiembre de 2003.Radicación 11001030600020250049200 Página 8 de 16

De igual manera, la Sala ha precisado 21 que los auxiliares de la justicia prestan los servicios técnicos, administrativos o científicos que resulten útiles o necesarios para la debida administración de justicia.

5.2. Supresión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y creación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Reiteración22

Mediante la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 se suprimió la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar se creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con lo cual se adoptó un nuevo modelo de disciplina en la Rama Judicial.

Al respecto, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -373 de 2016, declaró exequible el artículo 19 del acto legislativo en mención, el cual quedó incorporado a la Constitución Política como el artículo 257A. Frente a lo anterior, la Sala, en el Concepto 2415 del 20 de agosto de 2019, señaló:

[…] la Sentencia C-373-16 declaró exequible el artículo 19 del AL 02/15, el cual quedó

2415 del 20 de agosto de 2019, señaló:

[…] la Sentencia C-373-16 declaró exequible el artículo 19 del AL 02/15, el cual quedó incorporado como artículo 257A de la Constitución Política. De tal manera que, si bien operó la derogatoria tácita de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria como efecto del artículo 15 del AL 02/15, dicha sala debió continuar en ejercicio de la función disciplinaria hasta cuando, de acuerdo con el artículo 19 del mismo AL 02/15 -artículo 257A de la Constitución Políticasea integrada la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. [Resaltado de la Sala].

En tal virtud, la entrada en funcionamiento del nuevo modelo institucional quedó sujeto a la designación y posesión de los magistrados que integrarían la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, lo cual ocurrió en diciembre de 2020 con la elección de los siete magistrados que la integran, quienes se posesionaron en sus cargos el 13 de enero del 2021, fecha a partir de la cual entró en funcionamiento la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

En conclusión, hasta el 12 de enero de 2021 siguieron operando y cumpliendo sus funciones constitucionales y legales tanto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura como sus consejos seccionales, razón por la cual debe entenderse que el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 solo produjo efectos hasta ese momento.

21Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 18 de junio de 2019 (Radicado núm. 11001-03-06-000momento.

21Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 18 de junio de 2019 (Radicado núm. 11001-03-06-0002019-00063-00(C)), y Decisión del 16 de mayo de 2018 (Radicado núm. 11001-03-06-000-2017-0020000(C). 22Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 11 de diciembre de 2024, radicación 2024-00638.Radicación 11001030600020250049200 Página 9 de 16

5.3. Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales frente a los auxiliares de la justicia. Reiteración23

Sobre las funciones asignadas a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales, el artículo 257A de la Carta Política, incorporado por el artículo 19 del Acto Legislativo 2 de 2015, dispone, en lo pertinente:

Artículo 257A. <Artículo "adicionado" por el artículo 19 del Acto Legislativo 2 de 2015.

El nuevo texto es el siguiente: > La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama

Judicial.

[…].

Podrá haber Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial integradas como lo señale la ley.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados.

[...].

conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados.

[...].

Parágrafo Transitorio 1o. Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberán ser elegidos dentro del año siguiente a la vigencia del presente acto legislativo. Una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. [...].24 [Subrayas y resaltado de la Sala].

De acuerdo con la norma expuesta: • La nueva jurisdicción disciplinaria, compuesta por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales, sustituyó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a los consejos seccionales en el ejercicio de la función disciplinaria sobre los funcionarios judiciales y los abogados en ejercicio de su profesión.

23Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 30 de octubre de 2024, radicación 11001-03-06-000-2024-00485-00(C); Decisión del 6 de noviembre de 2024, radicación 11001-03-06-0002024-524-00(C), entre otras. 24Vale la pena precisar que la Corte Constitucional en las Sentencias C -373 de 2016 y C -112 de 2017,

2024-524-00(C), entre otras. 24Vale la pena precisar que la Corte Constitucional en las Sentencias C -373 de 2016 y C -112 de 2017, declaró exequibles las normas que regulan la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el régimen de transición para su entrada en funcionamiento.Radicación 11001030600020250049200 Página 10 de 16

• Se asignó a la nueva jurisdicción disciplinaria competencia respecto de los empleados de la Rama Judicial , quienes antes eran disciplinables por sus respectivos superiores jerárquicos, conforme al artículo 115 de la Ley 270 de

1996.

• La Constitución le atribuyó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las seccionales la competencia para continuar con todos los procesos disciplinarios iniciados por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y los consejos seccionales, incluidos aquellos adelantados contra los auxiliares de la justicia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011.

Sumado a ello, la Ley Estatutaria 2430 de 2024, en su artículo 55, que modificó la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia -, reconoció competencia a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para conocer procesos en contra de «funcionarios y empleados de la Rama Judicial, salvo aquellos que gocen de fuero especial, según la Constitución Política, igualmente contra los jueces de paz y de reconsideración, abogados y aquellas personas que ejerzan función jurisdiccional de manera excepcional, transitoria u ocasional»25. Esta disposición fue declarada exequible mediante la Sentencia C-134 de 202326.

reconsideración, abogados y aquellas personas que ejerzan función jurisdiccional de manera excepcional, transitoria u ocasional»25. Esta disposición fue declarada exequible mediante la Sentencia C-134 de 202326.

En conclusión, ni el artículo 257A de la Constitución Política ni el Legislador Estatutario le han otorgado a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ni a sus comisiones seccionales la competencia para examinar y sancionar las faltas de los auxiliares de la justicia. En esa medida, la jurisdicción disciplinaria únicamente puede conocer de dichos procesos, por mandato del marco jurídico vigente, cuando se trate de actuaciones disciplinarias iniciadas por la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de