CE - Auto interlocutorio 11001030600020250049300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez

Bogotá, D.C., 19 de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Número único: 11001-03-06-000-2025-00493-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba y Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Provincial de Instrucción de Montería.

Asunto: autoridad competente para conocer de un proceso disciplinario contra un auxiliar de la justicia -secuestre-.

Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en el artículo 39 del CPACA, modificado en su inciso 3º por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, y en el artículo 112, numeral 10 del CPACA, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 2 de septiembre de 20221, el señor F.J.C.L.2 presentó queja ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en contra de la señora A.J.O., por las presuntas irregularidades en las que pudo incurrir en su calidad de secuestre , dentro del proceso de sucesión intestada con núm. de radicado 2019 -00344-00, que se adelanta en el Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica

(Córdoba).

proceso de sucesión intestada con núm. de radicado 2019 -00344-00, que se adelanta en el Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica (Córdoba).

2. El 5 de septiembre de 2022 3, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial remitió el asunto, po r competencia, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de

Bogotá.

Mediante auto del 31 de octubre de 2022 4, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá remitió el expediente a la Procuraduría General de la Nación, conforme a lo previsto en el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019 , modificado por

1 Expediente digital Samai, documento 008ED_EXPEDIENTE_09OneDrive_1_2210202 2 Por tratarse de información relacionada con un procedimiento administrativo disciplinario susceptible de reserva, se anonimizará las partes involucradas y datos de dicho expediente . 3 Ibidem 4 IbidemConflicto 11001-03-06-000-2025-00493-00 Página 2 de 21

el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021. Esta remisión se formalizó mediante oficio núm. 92-2022-4696 DCJA-MMS del 17 de febrero de 20235.

3. El 24 de junio de 20246, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá promovió conflicto negativo de competencias ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, entre dicha autoridad y la Comisión Seccional de Disciplina

Judicial de Bogotá.

4. El 14 de noviembre de 202 47, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Disciplina Judicial, entre dicha autoridad y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

4. El 14 de noviembre de 202 47, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial manifestó tener competencia para resolver el conflicto suscitado entre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Procuraduría Primera de Instrucción de Bogotá, en virtud de la facultad conferida por el artículo 139 del Código General del Proceso. En consecuencia, al resolver el conflicto indicó:

PRIMERO: ASIGNAR la competencia para conocer de la presente actuación a la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ a donde se remitirá inmediatamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído

5. El 20 de junio de 2025 8, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá remitió la diligencia a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba, por falta de competencia territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 1952 de 2019.

6. El 13 de agosto de 2025 9, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba resolvió abrir investigación disciplinaria en contra de la señora A.J.O., en calidad de auxiliar de la justicia – secuestre.

7. El 1 de septiembre de 2025 10, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba declaró su falta de competencia para adelantar la acción disciplinaria contra la auxiliar de la justicia A.J.O., en calidad de secuestre, y consideró que la autoridad competente para continuar con la investigación disciplinaria era la

Procuraduría Provincial de Instrucción Montería.

contra la auxiliar de la justicia A.J.O., en calidad de secuestre, y consideró que la autoridad competente para continuar con la investigación disciplinaria era la Procuraduría Provincial de Instrucción Montería.

8. El 23 de septiembre de 2025 11, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Montería reiteró la posición de la Procuraduría General de la Nación sobre la falta de competencia para conocer de procesos disciplinarios contra auxiliares de la

5 Expediente digital Samai, documento 008ED_EXPEDIENTE_09OneDrive_1_2210202 6 Ibidem 7 Ibidem 8 Ibidem 9 Ibidem 10 Expediente digital Samai, documento 006ED_EXPEDIENTE_07010RechazaCompeten 11 Expediente digital Samai, documento 008ED_EXPEDIENTE_09OneDrive_1_2210202Conflicto 11001-03-06-000-2025-00493-00 Página 3 de 21

justicia, y, en consecuencia, remitió la investigación disciplinaria, por competencia, a las comisiones seccionales de disciplina judicial (reparto).

9. El 17 de octubre de 2025 12, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dirimir el conflicto de competencia suscitado entre dicha Comisión y la

Procuraduría Provincial de Instrucción de Montería.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 455 del 22 de octubre de 2025 en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, (del 24 al 30 de octubre de 2025), para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto13. Consta que la Secretaría comunicó el presente asunto14 a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba; a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; a la Procuraduría General de la Nación; a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Montería; a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá; a la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá, al señor F.J.C.L., en calidad de quejoso y a la señora A.J.O., en calidad de investigada. En informe secretarial del 31 de octubre de 202515 se precisó que, dentro del término de fijación del edicto, las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio. Frente a la señora A.J.O., en su calidad de auxiliar de la justicia (secuestre), la Secretaría de la Sala informó 16 que se le comunic ó el presente conflicto de competencias, ya que según el expediente disciplinario fue notificada del auto de apertura de investigación disciplinaria, mediante oficio CSDJC 6124 -25 del 13 de agosto de 2025 , lo que indica que la actuación disciplinaria en curso no tiene

competencias, ya que según el expediente disciplinario fue notificada del auto de apertura de investigación disciplinaria, mediante oficio CSDJC 6124 -25 del 13 de agosto de 2025 , lo que indica que la actuación disciplinaria en curso no tiene reserva, en virtud de lo establecido en el artículo 115 de la Ley 1952 de 201917.

12 Expediente digital Samai, documento 007ED_EXPEDIENTE_087555RemisionDesata 13Expediente digital Samai, documento 009POREDICTO_EDICTO_02Edicto 14Expediente digital Samai, documento 003ED_EXPEDIENTE_04Informedecomunicac 15Expediente digital Samai, documento 012ALDESPACHOPOR_Informesecretarial2025-00493 16 Expediente digital Samai, documento Expediente digital Samai, documento 003ED_EXPEDIENTE_04Informedecomunicac 17 Artículo 115: Reserva de la actuación disciplinaria. En el procedimiento disciplinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a audiencia y se formule pliego de cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de losConflicto 11001-03-06-000-2025-00493-00 Página 4 de 21

Al examinar la totalidad de los documentos que componen el expediente, el despacho ponente constató que la actuación disciplinaria se encuentra en la etapa de instrucción, y que la señora A.J.O. está debidamente vinculada como investigada en su calidad de auxiliar de la justicia (secuestre).

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba.

Esta autoridad no presentó consideraciones; sin embargo, las razones por las

en su calidad de auxiliar de la justicia (secuestre).

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba.

Esta autoridad no presentó consideraciones; sin embargo, las razones por las cuales manifiesta que carece de competencia se extraen del auto del 1 de septiembre de 2025. En dicho pronunciamiento se señala que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 los auxiliares de la justicia fueron incorporados al régimen disciplinario aplicable a los particulares, y que dicha norma establece que la competencia para conocer de las acciones disciplinarias contra particulares recae en la Procuraduría General de la Nación y en las personerías.

2. Procuraduría Provincial de Instrucción de Montería.

Esta autoridad no presentó consideraciones; sin embargo, las razones por las cuales manifiesta que carece de competencia se extraen del auto del 23 de septiembre de 2025.

Frente a ello, indicó que la competencia para ejercer la acción disciplinaria contra los auxiliares de la justicia corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, al considerar que estos funcionarios tienen una categorización especial conforme a la Ley 1952 de 2019 que los distingue de los particulares que ejercen funciones públicas de manera permanente o transitoria.

Asimismo, sostuvo que, dada la naturaleza de los cargos de los auxiliares de la justicia y el carácter colaborativo de su servicio en el ejercicio de la función judicial, el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 confirió competencia a la Sala Jurisdiccional

justicia y el carácter colaborativo de su servicio en el ejercicio de la función judicial, el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 confirió competencia a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para investigarlos y sancionarlos disciplinariamente. Añadió que dicha disposición no fue derogada con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, por tratarse de una norma autónoma respecto de la Ley 734 de 2002.

sujetos procesales. // El disciplinado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00493-00 Página 5 de 21

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria. Esta situación no es aplicable en el caso bajo estudio, debido a que las partes de este proceso, a saber, la Procuraduría General de la Nación y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba, no tienen un superior com ún, dado que son autoridades del orden nacional, autónomas e independientes.

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA y, en caso afirmativo,

nacional, autónomas e independientes.

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA y, en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) las dos autoridades en conflicto, esto es la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Provincial de Instrucción de Montería y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba, son del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón de la actuación disciplinaria adelantada en contra de la señora A.J.O., en su condición de auxiliar de la justicia (secuestre); y iii) ambas negaron la competencia, sucesivamente, para continuar con la actuación correspondiente.

Es importante señalar que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial

(secuestre); y iii) ambas negaron la competencia, sucesivamente, para continuar con la actuación correspondiente.

Es importante señalar que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial ejerce funciones de carácter jurisdiccional, la Sala mantiene la competencia para resolver la controversia debido a que también está inmersa en el conflicto unaConflicto 11001-03-06-000-2025-00493-00 Página 6 de 21

autoridad de carácter administrativo 18, y, con sujeción al debido proceso, debe definirse la autoridad facultada para iniciar o continuar el proceso correspondiente.

La indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los bienes que busca tutelar el proceso disciplinario y, en general, los derechos de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal; a la vez que contradice el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, según el cual «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]».

Todo lo anterior, en armonía con lo dicho por la Corte Constitucional mediante las providencias en las cuales ha reconocido la competencia de la Sala para dirimir conflictos de competencia en este tipo de casos19.

De manera adicional, con el fin de ratificar la competencia para resolver de fondo el presente asunto, la Sala expondrá las siguientes consideraciones en relación con la improcedencia de aplicar la regla de competencia del inciso 5º con el artículo 139 del Código General del Proceso, en el caso examinado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial – en adelante CNDJen el auto del 14 de noviembre de 2024.

Código General del Proceso, en el caso examinado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial – en adelante CNDJen el auto del 14 de noviembre de 2024.

En efecto, es importante mencionar que las reglas del inciso 5º del artículo 139 del Código General del Proceso no le son aplicables a la situación objeto de análisis [conflictos entre una Comisión Seccional y la Procuraduría General de la Nación], por las razones que a continuación, se explican:

(i) Una de las autoridades en conflicto, en este caso, es la Procuraduría General de la Nación, no opera como una autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales. En efecto, en virtud de la sentencia C-030 de 2023, las actuaciones

18 Decisión del 18 de septiembre de 2014, radicación 2014-00168; decisión del 16 de mayo de 2018, radicación 2017-00200; decisión del 18 de junio de 2019, radicación 2019-00063, entre otras. 19 Corte Constitucional, Autos 1044 de 2021 y 1691 de 2022. « Al respecto, esta Corporación, mediante Auto 1044 de 2021 16, señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones disciplinarias entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que no tienen un superior común resulta “aplicable lo dispuesto por los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011, s egún los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no

los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto”. Y reiteró la posición de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura según la cual, “la aplicación de un criterio estrictamente orgánico permite considerar que, a falta de restricción constitucional explícita en el artículo 237 de la Carta Política para que el Consejo de Estado dirima conflictos de competencia de naturaleza administrativa, será su Sala de Consulta y Servicio Civil la autoridad llamada a dirimir este tipo de colisión de competencias donde hay, por lo menos, una autoridad administrativa que se declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas». [subrayas y resaltado de la Sala].Conflicto 11001-03-06-000-2025-00493-00 Página 7 de 21

disciplinarias de esta autoridad, así como sus decisiones son eminentemente administrativas20.

En este sentido, se debe tener en cuenta que el artículo 139 del Código General del Proceso regula el trámite y la competencia para resolver los conflictos negativos de competencia judicial que puedan presentarse en relación con procesos de la misma naturaleza, entre un juez y una autoridad administrativa que cumpla funciones judiciales, o incluso entre dos autoridades administrativas que desempeñen tales funciones. Al respecto, la norma correspondiente reza lo siguiente:

Artículo 139. Trámite. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer

judiciales, o incluso entre dos autoridades administrativas que desempeñen tales funciones. Al respecto, la norma correspondiente reza lo siguiente:

Artículo 139. Trámite. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso.

El juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional.

El juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales.

El juez o tribunal al que corresponda, resolverá de plano el conflicto y en el mismo auto ordenará remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos.

Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales , o entre una de estas y un juez , deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada.

La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces. [Se subraya].

Como se observa, el inciso quinto de esta norma está dirigid o a establecer la autoridad competente para dirimir los conflictos entre dos autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales o entre un juez y una autoridad administrativa, cuya competencia radica en el superior de la autoridad judicial desplazada.

autoridad competente para dirimir los conflictos entre dos autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales o entre un juez y una autoridad administrativa, cuya competencia radica en el superior de la autoridad judicial desplazada.

De hecho, al revisar la finalidad del artículo 139 CGP, debe tenerse en cuenta que este forma parte de la Ley 1564 de 2012, cuyo objeto es precisamente regular: «[…]

20 Como la Corte Constitucional en la Sentencia C -030 de 2023 declaró la inexequibilidad de las expresiones «jurisdiccionales» y «jurisdiccional», de los artículos 1, 54, 73 y 74 de la Ley 2094 de 2021, que modificaron los artículos 2, 238A y 265 de la Ley 1 952 de 2019, la Procuraduría General de la Nación ya no es una autoridad administrativa que ejerce funciones jurisdiccionales, sino que se trata de una entidad que profiere decisiones administrativas.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00493-00 Página 8 de 21

la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares o autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes»21.

En ese sentido, el artículo 139 del Código General del Proceso forma parte del Libro Segundo, Sección II, Título V del citado estatuto, que regula los conflictos de competencia (Capítulo V), los impedimentos y recusaciones, la acumulación de los procesos, el amparo de pobreza, la interrupción y la suspensión del proceso,

competencia (Capítulo V), los impedimentos y recusaciones, la acumulación de los procesos, el amparo de pobreza, la interrupción y la suspensión del proceso, refiriéndose en todos los casos al proceso judicial.

De lo que se contrae, que el objetivo de la disposición enunciada es el de dirimir conflictos de naturaleza claramente judicial, -y no administrativa-, entre autoridades judiciales o con funciones judiciales.

Es menester entonces, afirmar que de la lectura detallada del artículo 139 del CGP se desprende a su vez, que éste no aplica en el conflicto de competencias de la referencia, puesto que, como se dijo previamente: a) la Procuraduría no es ya, una autoridad administrativa que desempeñe funciones jurisdiccionales, sino que sus atribuciones son administrativas, y b) no existe una autoridad judicial desplazada en el caso concreto, toda vez que la Procuraduría es una entidad que cumple funciones administrativas, por lo que no puede desplazar ni sustituir a ninguna autoridad judicial.

Estas consideraciones permiten concluir que la norma del artículo 139 del CGP no aplica a las circunstancias frente a las cuales se pronunció la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y que ahora fueron puestas en conocimiento de la Sala.

(ii) Por otra parte, teniendo en cuenta que el proceso disciplinario que ocupa a la Sala en esta oportunidad se rige por la Ley 1952 de 2019 -CGD-, modificada por la Ley 2094 de 2021, es pertinente citar la regla especial de competencia prevista para los procesos disciplinarios en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, citado con anterioridad. Esta norma debe aplicarse con preferencia sobre otras disposiciones

Ley 2094 de 2021, es pertinente citar la regla especial de competencia prevista para los procesos disciplinarios en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, citado con anterioridad. Esta norma debe aplicarse con preferencia sobre otras disposiciones que regulan el procedimien to y la facultad para resolver conflictos de competencia en esta materia (disciplinaria), conforme al conocido principio de que la ley especial prevalece sobre la general (artículo 5, numeral 1°, de la Ley 57 de 1887, y artículo 3 de la Ley 153 de 1887).

Sin embargo, tal y como se mencionó de manera previa, esta regla no es aplicable al caso concreto porque la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba y la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Provincial de Instrucción de Montería carecen de un superior común inmediato.

21 Artículo 1º de la Ley 1564 de 2012.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00493-00 Página 9 de 21

En definitiva, observa la Sala que en el caso objeto de estudio no es procedente aplicar las reglas del artículo 139 del CGP (relacionado exclusivamente con dos autoridades que ejercen funciones judiciales); ni el artículo 99 del CGD (norma especial que im plica que las dos autoridades en conflicto tenga un superior jerárquico), circunstancia que impide concluir que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sea la autoridad habilitada para solucionar esta clase de disputas competenciales, ya que no existe disposición constitucional o legal alguna que le otorgue tal atribución a dicha corporación.

Por todo lo anterior, la Sala ratifica que la competencia para dirimir conflictos de

competenciales, ya que no existe disposición constitucional o legal alguna que le otorgue tal atribución a dicha corporación.

Por todo lo anterior, la Sala ratifica que la competencia para dirimir conflictos de competencia como el que se analiza es de la Sala de Consulta y Servicio Civil, en atención a sus funciones legales de resolver conflictos de competencias administrativas y conforme lo establecido por la doctrina de la Sala, avalada y respaldada por la Corte Constitucional22.

En este orden de ideas, la Sala destaca que el auto de 14 de noviembre de 2025 adoptado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en relación con este asunto no soslaya o desplaza la competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil para resolver el conflicto de competencias administrativas, en consideración a que:

1. la competencia de la Procuraduría General de la Nación es de naturaleza administrativa;

1. la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no tiene la facultad legal ni reglamentaria23 para dirimir conflictos de competencia entre una autoridad jurisdiccional y una administrativa; y

1. no obstante la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá remitió , mediante auto del 20 de junio de 2025, el asunto por factor territorial a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba y esta , a su vez, reiteró su falta de competencia para conocer del conflicto, según auto del 1 de

22 Teniendo en cuenta que mediante la Sentencia C – 030 de 2023 se declaró la inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la PGN y éstas volvieron a ser de naturaleza administrativa, la Corte

22 Teniendo en cuenta que mediante la Sentencia C – 030 de 2023 se declaró la inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la PGN y éstas volvieron a ser de naturaleza administrativa, la Corte Constitucional expidió una serie de Autos de Sala Plena ( por ejemplo el Auto A1388 de 12 de julio de 2023) en los que se declaró no competente para conocer estos conflictos toda vez que no se constituían en conflictos entre jurisdicciones y ordenó remitirlos a la Sala de Consulta y Servicio Civil por considerarla competente para conocer y decidir estos asuntos 23 Acuerdo núm. 003 de 2021 que regula el Reglamento interno de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial: ARTÍCULO 2. DE LAS FUNCIONES DE LA SALA EN PLENO. Corresponde a la Sala en Pleno de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, desarrollar las siguientes funciones: […] j. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial. [Subraya la Sala de Consulta]Conflicto 11001-03-06-000-2025-00493-00 Página 10 de 21

septiembre de 2025 ; por lo tanto, el conflicto aún persiste y debe resolverse de fondo.

2. Suspensión de términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3º por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte

resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva24.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para continuar con la investigación disciplinaria contra la señora A.J.O., con ocasión de las presuntas irregularidades en las que pudo haber incurrido en su calidad de secuestre dentro del proceso de sucesión intestada con núm. de radicado 2019 -00344-00, que se adelanta en el Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica (Córdoba).

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Montería negó ser competente y señaló que si bien el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, le otorga competen