CE - Auto interlocutorio 11001030600020250050200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez

Bogotá, D.C., 3 de diciembre de 2025.

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00502-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: ESE Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá (Valle del Cauca), departamento de l Valle del Cauca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Dirección de Regulación

Económica).

Asunto: autoridad administrativa competente para resolver de fondo una solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional, por el tiempo laborado en una institución hospitalaria pública. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en el artículo 39 del CPACA, modificado en su inciso 3º por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, y en el artículo 112, numeral 10 del CPACA, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 31 de julio de 2020, la ESE Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá (Valle del Cauca) expidió la certificación CETIL de información laboral número 2020078919011580009600261, correspondiente a la señora Elida Naranjo Correa, en la que indicó: i) que estuvo vinculad a como «promotora» de esa institución en el periodo

expidió la certificación CETIL de información laboral número 2020078919011580009600261, correspondiente a la señora Elida Naranjo Correa, en la que indicó: i) que estuvo vinculad a como «promotora» de esa institución en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1979 y el 10 de octubre de 1983 y ii) que la entidad responsable por dicho período es la ESE Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá (Valle del Cauca).

2. La AFP Colfondos solicitó a la ESE Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá (Valle del Cauca) «proceder con el proceso de emisión, reconocimiento y pago del bono pensional» al cual tiene derecho la señora Elida Naranjo Correa.

3. El 3 de marzo de 20252, la ESE Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá (Valle del Cauca) manifestó, pese a aparecer en el CETIL como responsable del bono pensional aludido,

1 Expediente digital Samai, documento 003_DemandaWeb_Escrito_PRUEBASELIDANARANJOC 2 Expediente digital Samai, documento 003_DemandaWeb_Escrito_PRUEBASELIDANARANJOCRadicación: 11001-03-06-000-2025-00502-00 Página 2 de 20

no ser responsable del reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Elida Naranjo Correa, en concordancia con lo establecido en el Decreto 586 de 2017.

4. Por su parte, el departamento del Valle del Cauca, mediante la Resolución núm. 0807 del 25 de julio de 2023, había objetado su participación en el reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Naranjo Correa, señalando como responsable a la entidad

del 25 de julio de 2023, había objetado su participación en el reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Naranjo Correa, señalando como responsable a la entidad hospitalaria.

5. La AFP Colfondos solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicar si le correspondía asumir la responsabilidad del pasivo prestacional de la señora Elida Naranjo Correa. En respuesta, mediante comunicación del 14 de octubre de 20253, dicho Ministerio informó que la señora Naranjo Correa figuraba como «retirada» al 31 de diciembre de 1993 y que no se había suscrito contrato de concurrencia , por lo tanto le correspondía a la ESE Hospital Tomas Uribe Uribe de Tuluá (Valle del Cauca) financiar el pasivo del personal retirado, como es el caso de la señora Naranjo Correa.

6. Por lo anterior, La AFP Colfondos solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolver el presunto conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre la ESE Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá (Valle del Cauca), el departamento de Valle del Cauca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

(Dirección de Regulación Económica).4

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto 462 del 4 de noviembre de 20255, por el término de 5 días hábiles (desde el 7 al 13 de noviembre de 2025), en la Secretaría

por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto 462 del 4 de noviembre de 20255, por el término de 5 días hábiles (desde el 7 al 13 de noviembre de 2025), en la Secretaría de la Sala, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

En el expediente consta, según informe secretarial del 5 de noviembre de 20256, que se comunicó la presentación del conflicto a l Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección de Regulación Económica, al departamento del Valle del Cauca, a la ESE Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá (Valle del Cauca), a la Unidad de Pasivo Pensional – Gobernación del Valle del Cauca, a la AFP Colfondos, al señor Juan Fernando Granados Toro, apoderado de la AFP Colfondos y a la señora Elida Naranjo Correa.

De acuerdo con el informe secretarial del 14 de noviembre de 20257, dentro del término de fijación del edicto, el departamento del Valle del Cauca y el Ministerio de Hacienda y

3 Expediente digital Samai, documento 003_DemandaWeb_Escrito_PRUEBASELIDANARANJOC 4 Expediente digital Samai, documento 001_DemandaWeb_Escrito_conflictodecompetenc 5 Expediente digital Samai, documento 008POREDICTO_04_EDICTO 6 Expediente digital Samai, documento 007ED_05_INFORMEDECOMUNICA 7 Expediente digital Samai, documento 012ALDESPACHOPOR_Informesecretarial2025-00502Radicación: 11001-03-06-000-2025-00502-00 Página 3 de 20

7 Expediente digital Samai, documento 012ALDESPACHOPOR_Informesecretarial2025-00502Radicación: 11001-03-06-000-2025-00502-00 Página 3 de 20

Crédito Público – Dirección de Regulación Económica presentaron alegatos o consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público8

El 13 de noviembre de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó sus consideraciones.

Indicó que, no es el llamado a garantizar el pago del pasivo pensional de la señora Elida Naranjo Correa por los tiempos laborados en el Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá (Valle del Cauca), hoy ESE, por las siguientes razones:

La institución hospitalaria reportó a la señora Naranjo Correa como beneficiaria retirada del pasivo prestacional del sector salud; por lo tanto, su situación se encuentra regulada mediante lo establecido en el artículo 9 del Decreto 3061 de 1997, reglamentario de la Ley 60 de 1993.

Al no ser beneficiaria de los recursos del citado Fondo, manifestó que la obligación de la Nación y de las entidades territoriales de asumir el pasivo señalado surge a partir de la suscripción de los contratos de concurrencia. En tanto dichos contratos no se celebren, corresponde a la institución hospitalaria, e n su calidad de empleador, incluir lo en su presupuesto y efectuar el pago correspondiente.

2. Departamento de Valle del Cauca9

corresponde a la institución hospitalaria, e n su calidad de empleador, incluir lo en su presupuesto y efectuar el pago correspondiente.

2. Departamento de Valle del Cauca9

Mediante memorial dirigido a la Sala del 13 de noviembre de 202510, el departamento del Valle del Cauca señaló que revisada la historia laboral d e la señora Naranjo Correa encontró que la participación del departamento fue objetada mediante la Resolución núm. 0807 del 25 de julio de 2023.

Adicionalmente, manifestó que la señora Elida Naranjo Correa tiene la calidad de retirada; y que, en consecuencia, cuando una ESE reporta a un ciudadano en tal condición dentro del pasivo prestacional del sector salud, es a dicha entidad a la que le corresponde asumir el pago de la obligación pensional. No obstante, aunque la señora Naranjo Correa fue incluida en la certificación del pasivo prestacional, no se apropiaron recursos para su financiación bajo el argumento de que se trataba de un pasivo incierto.

8 Expediente digital Samai, documento 012_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-ConflictoCompetenci 9 Expediente digital Samai, documento 029_MemorialWeb_Alegatos-20250902intervencio 10 Expediente digital Samai, documento 010_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSDELAGOBERRadicación: 11001-03-06-000-2025-00502-00 Página 4 de 20

3. ESE Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá (Valle del Cauca)11

Esta autoridad no presentó alegatos ; en consecuencia, sus argumentos para negar la competencia deben extraerse del oficio del 3 de marzo de 2025 en el cual manifestó

Esta autoridad no presentó alegatos ; en consecuencia, sus argumentos para negar la competencia deben extraerse del oficio del 3 de marzo de 2025 en el cual manifestó haber cumplido con las obligaciones que le corresponden en virtud del Decreto 586 de

2017. En efecto, durante la vigencia 2024 la ESE remitió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el formato de corte de cuentas junto con los soportes respectivos, dentro de los cuales se incluyó a la señora Naranjo Correa Elida. Posteriormente, la entidad suscribió el aval del cálculo actuarial exigido para el personal retirado al 31 de diciembre de 1993, cumpliendo así con los requisitos normativos aplicables.

De esta manera, manifestó que el hospital agotó todas las actuaciones y trámites previstos en la normativa vigente, razón por la cual se encuentra exento de responsabilidad frente al pago reclamado. Concluy ó que la obligación corresponde exclusivamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de autoridad competente para la financiación del pasivo pensional del sector salud.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de

competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) una de las autoridades en conflicto es del orden nacional, esto es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; las otras entidades son del orden territorial, esto es la ESE Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá (Valle del Cauca) y el departamento del Valle del Cauca; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón de la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Elida Naranjo Correa por el tiempo que laboró para el Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá (Valle del Cauca) , hoy ESE, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 1979 y el 10 de octubre de 1983; y iii) todas las autoridades negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación administrativa.

11 Expediente digital Samai, documento 035RECIBEMEMORIAL_ALEGAT1PDFRadicación: 11001-03-06-000-2025-00502-00 Página 5 de 20

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3º por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3º por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva12.

3. Aclaración previa.

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho p ara decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes enunciados, le corresponde a la Sala determinar cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud elevada por la AFP Colfondos referente al reconocimiento y pago del bono pensional al que tiene derecho la señora Elida Naranjo Correa, correspondiente al periodo laborado en el Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá (Valle del Cauca), hoy ESE, comprendido entre el 1 de septiembre de 1979 y el 10 de octubre de 1983.

señora Elida Naranjo Correa, correspondiente al periodo laborado en el Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá (Valle del Cauca), hoy ESE, comprendido entre el 1 de septiembre de 1979 y el 10 de octubre de 1983.

El conflicto surge porque la ESE Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá (Valle del Cauca), a pesar de indicar en el Cetil núm. 202007891901158000960026 del 31 de julio de 2020 ser la entidad responsable para asumir el reconocimiento del bono pensional de la señora Naranjo Correa , manifestó, mediante oficio del 3 de marzo de 2025 , carecer de competencia para pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1979 y el 10 de octubre de 1983, al haber cumplido con las obligaciones que le correspondían en virtud del Decreto 586 de 2017; y en consecuencia, indicó que la responsabilidad recae en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

12 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00502-00 Página 6 de 20

Por su parte, el departamento del Valle del Cauca objetó su participación mediante la Resolución núm. 0807 del 25 de julio de 2023 ; por lo tanto, hasta que no se firmen los contratos de concurrencia correspondientes, la obligación del pago permanece a cargo

Por su parte, el departamento del Valle del Cauca objetó su participación mediante la Resolución núm. 0807 del 25 de julio de 2023 ; por lo tanto, hasta que no se firmen los contratos de concurrencia correspondientes, la obligación del pago permanece a cargo de las entidades hospitalarias. Adicionalmente, precisó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es la entidad competente para suscribir los nuevos contratos de concurrencia.

Por último, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público afirmó que no le corresponde responder por el pasivo prestacional de la señora Naranjo Correa dado que fue reportada como beneficiaria retirada por la institución hospitalaria y, por ende, su pasivo prestacional debe ser asumido por el Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá (Valle del Cauca), hoy ESE, quien fungía como su empleador, en consideración a la vinculación laboral que existió entre las partes.

En ese orden de ideas, para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas13:

1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. ii) El proceso de descentralización del sector salud. iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. iv) Conclusiones del recuento normativo. v) Análisis del caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud El Sistema Nacional de Salud fue definido por el Decreto Ley 2470 de 196814, y mediante la Ley 9ª de 197315, el legislador le otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para, entre otras, adscribir o vincular a dicho Sistema las entidades creadas

la Ley 9ª de 197315, el legislador le otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para, entre otras, adscribir o vincular a dicho Sistema las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica, y los servicios de atención médica

13 La Sala, en decisiones anteriores (decisión del 28 de mayo de 2025, radicado núm. 11001 -03-06-0002025-00187-00; decisión del 2 de julio de 2025, radicado núm. 11001 -03-06-000-2025-00257-00, y decisión del 23 de julio de 2025, radicado núm. 11001 -03-06-000-2025-00299-00) realizó un análisis exhaustivo sobre los asuntos objeto del presente conflicto, en el que examinó de manera detallada los antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud; el proceso de descentralización del sector salud; las competen cias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional, y los bonos pensionales. En consecuencia, los aspectos aquí debatidos pueden consultarse con mayor amplitud en tales decisiones, que recogen el análisis normativo y los criterios que la Sala ha venido consolidando en esta materia. 14 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 15 Ley 9ª de 1973 (14 de abril), «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00502-00 Página 7 de 20

extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00502-00 Página 7 de 20

de otras entidades del sector público. De igual forma, en ejercicio de tales facultades, fueron expedidos, entre otros, los Decretos Leyes 056 y 356, ambos de 1975, que se sintetizan a continuación:

Decreto Ley 056 de 197516

El artículo 1° de este decreto definió el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).

Indicó, en su artículo 2º, que las entidades adscritas al sistema nacional de salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales». [Resalta la Sala].

entidades vinculadas, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales». [Resalta la Sala].

También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10).

Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19). A esas unidades les asignó las siguientes funciones: i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; ii) supervisar y coordinar las actividades de los organismos locales de salud ; iii) realizar las actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).

16 Decreto Ley 056 de 1975 (15 de enero) «Por el cual se sustituye el Decreto -ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00502-00 Página 8 de 20

Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de

se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00502-00 Página 8 de 20

Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.

Decreto Ley 356 de 197517

Este decreto estableció que las entidades de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad estaban adscritas al Sistema Nacional de Salud , dependían administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el personal que en ellas laboraba estaba sujeto a la situación legal y reglamentaria de los empleados públicos (artículo 2).

Adicionalmente, señaló que quedarían adscritas al Sistema Nacional de Salud en el respectivo nivel, las entidades de derecho público que se crearan para prestar servicios de salud; las entidades existentes cuyo objeto principal era la prestación de los servicios de salud y las dependencias de las entidades de derecho público que prestaban servicios de salud, así su objeto principal no fuera el de prestar dichos servicios (artículos 5 y 6).

De otro lado, también reafirmó que las entidades de derecho privado que prestaban servicios de salud se entendían vinculadas al Sistema Nacional de Salud (artículo 9), y quedaban sometidas a la vigilancia y control de los organismos de dirección del sistema en sus respectivos niveles, los cuales debían velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulaban la prestación de los servicios de salud (artículo 10).

Asimismo, este decreto prescribió que los hospitales que funcionaran como

en sus respectivos niveles, los cuales debían velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulaban la prestación de los servicios de salud (artículo 10).

Asimismo, este decreto prescribió que los hospitales que funcionaran como establecimientos públicos adscritos al Ministerio de Salud Pública pasarían a ser dependencias administrativas del respectivo servicio seccional de salud en los términos de adscripción señalados en el Decreto Ley 356 y dejarían de ser establecimientos públicos (artículo 19).

Por último, les otorgó a los organismos de dirección del sistema y a sus entidades adscritas la posibilidad de celebrar contratos con las entidades vinculadas para el mejor desarrollo del sistema (artículo 21).

5.2. El proceso de descentralización del sector salud

17 Decreto Ley 356 de 1975 (5 de marzo), «Por el cual se establece el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00502-00 Página 9 de 20

Ahora bien, como lo señaló la Sala18, antes de la Constitución Política de 1991 se inició el proceso de trasformación y descentralización del sector. Con la expedición de la Ley 10 de 1990 19 se reorganizó el Sistema Nacional de Salud, y, entre otras disposiciones, ordenó la pertenencia «al nivel administrativo nacional o de la entidad territorial correspondiente», de las entidades descentralizadas creadas o que se crearan para prestar servicios de salud, conforme al acto de creación (artículo 4º).

También asignó a las entidades territoriales y a sus descentralizadas la dirección y

correspondiente», de las entidades descentralizadas creadas o que se crearan para prestar servicios de salud, conforme al acto de creación (artículo 4º).

También asignó a las entidades territoriales y a sus descentralizadas la dirección y prestación de los servicios de salud; y precisó que (i) el primer nivel de atención en el orden municipal comprendía los hospitales locales, los centros y puestos de salud y (ii) los niveles segundo y tercero de atención, en los departamentos, las intendencias, las comisarías, los distritos y las áreas metropolitanas comprendía los hospitales regionales, universitarios y especializados.

Posteriormente, se expidió la Ley 60 de 1993 20 que consolidó el proceso de descentralización del sector salud, y en especial, adoptó una serie de disposiciones tendientes a precisar las responsabilidades del nivel nacional y del nivel territorial en materia salarial y prestacional, y estableció un mec anismo para identificar el pasivo prestacional del sector salud y definir las responsabilidades que asumirían la Nación y las entidades territoriales para garantizar su pago.

5.3. Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud

Ley 60 de 1993

Esta disposición creó el Fondo Nacional para el Pago del Pasivo Prestacional del Sector Salud21 como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, con independencia contable y estadística, con el fin de garantizar el pago del pasivo

18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 30 de octubre de 2018, radicación núm. 11001-03-06-000-2018-00132-00.

18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 30 de octubre de 2018, radicación núm. 11001-03-06-000-2018-00132-00. 19 Ley 10 de 1990 (enero 10 ) «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones». // Artículo 52. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. Deroga expresamente los Decretos Extraordinarios 350, 356 y 526 de 1975 y toda s las disposiciones legales que le sean contrarias. Reforma, en lo pertinente, las disposiciones legales sobre situado fiscal. El Decreto Extraordinario 694 de 1975 queda igualmente modificado, por cuanto sus disposiciones se aplicarán al Ministerio de Salud y a las entidades descentralizadas del orden nacional que prestan servicios de salud, excepto las adscritas al Ministerio de Defensa y sus normas referentes a la Carrera Administrativa se continuarán aplicando en los términos del artículo 27 de esta ley. 20 Ley 60 de 1993 (agosto 12) «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Polí tica y se dictan otras disposiciones». Esta ley fue derogada por Ley 715 de 2001. 21 Ley 60 de 1993 (12 de agosto), artículo 33. Fondo Prestacional del Sector Salud.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00502-00 Página 10 de 20

prestacional de los empleados de ese sector, por concepto de cesantías, reserva de pensiones y pensiones de jubilación, causadas hasta el 31 de diciembre de 1993.

En su artículo 33 dispuso, entre otros aspectos, que el Gobierno nacional, por medio de reglamento, establecería la forma en que la Nación y las entidades territoriales concurrirían al pago del pasivo pensional.

Ley 100 de 199322

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema Integral de Seguridad Social para «garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios» y se refirió al sector salud y al fondo del pasivo, en el artículo 242, en los siguientes términos:

Artículo 242. FONDO PRESTACIONAL DEL SECTOR SALUD. El fondo del pasivo prestacional para el sector salud, de que trata la Ley 60 de 1993, cubrirá las cesantías netas acumuladas y el pasivo laboral por pensiones de jubilación causado a 31 de diciembre de 1993.

El costo adicional generado por concepto de la retroactividad de cesantía del sector salud que a la vigencia de esta Ley tienen derecho a ello, conforme al artículo 33 de la Ley 60 de 1993, y para los fines previstos en esta, será asumido por el Fondo del Pasivo Prestacional y las entidades territoriales, en los plazos y términos de concurrencia que establece la misma Ley.

A partir de la vigencia de la presente Ley no podrán reconocerse ni pactarse para los nuevos servidores del sector salud, retroactividad en el régimen de cesantía a ellos aplicable.

En el caso de que las instituciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley 60 de 1993 y

nuevos servidores del sector salud, retroactividad en el régimen de cesantía a ellos aplicable.

En el caso de que las instituciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley 60 de 1993 y para los efectos allí previstos, estén reconociendo por un régimen especial un sistema pensional distinto del exigido por la entidad de previsión social a la cual se afilien o se encuentren afiliados los trabajadores correspondientes, la pensión será garantizada por el Fondo del Pasivo Prestacional y las entidades