CE - Auto interlocutorio 11001030600020250051400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez

Bogotá, D.C., 3 de diciembre de 2025.

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00514-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: ESE Hospital San Antonio de Arbeláez

(Cundinamarca), departamento de Cundinamarca, Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca (UAEPC) y Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Dirección de Regulación Económica).

Asunto: autoridad administrativa competente para resolver de fondo una solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional, por el tiempo laborado en una institución hospitalaria pública. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en el artículo 39 del CPACA, modificado en su inciso 3º por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, y en el artículo 112, numeral 10 del CPACA, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 18 de diciembre de 2 0191, la ESE Hospital San Antonio de Arbeláez

(Cundinamarca) expidió la certificación C etil de información laboral número 201912890680031000670003, correspondiente a l señor Guillermo Emilio Soler Barón, en la que indicó: i) que estuvo vinculad o en esa institución en los

(Cundinamarca) expidió la certificación C etil de información laboral número 201912890680031000670003, correspondiente a l señor Guillermo Emilio Soler Barón, en la que indicó: i) que estuvo vinculad o en esa institución en los siguientes períodos: i) entre el 2º de mayo de 1983 y el 1º de mayo de 1984 y ii) entre el 21 de noviembre de 1986 y el 1º de marzo de 1989 (con una interrupción comprendida entre el 1º de febrero de 1989 y el 1º de marzo de 1989) ii) que la entidad responsable por dicho período es el departamento de Cundinamarca.

2. Porvenir S.A. , mediante petición sin fecha 2, solicitó al departamento de Cundinamarca proceder con el proceso de emisión, reconocimiento y pago del bono pensional al cual tiene derecho el señor Guillermo Emilio Soler Barón.

1 Expediente digital Samai, 7_DemandaWeb_Escrito_3CETILCC7212755(.pdf). 2 Expediente digital Samai, 11_DemandaWeb_Escrito_5COBRODPTOCC7212755(.pdf).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00514-00 Página 2 de 24

3. El 08 de septiembre de 20203, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca (UAEPC) objetó el reconocimiento y pago pensional solicitado e indicó que la ESE Hospital San Antonio de Arbeláez

(Cundinamarca) es la autoridad competente para presupuestar y pagar el bono pensional del señor Guillermo Emilio Soler Barón , toda vez que, al revisar las bases de datos del cálculo actuarial del Ministerio de Salud (CAMISA) , aquel se

(Cundinamarca) es la autoridad competente para presupuestar y pagar el bono pensional del señor Guillermo Emilio Soler Barón , toda vez que, al revisar las bases de datos del cálculo actuarial del Ministerio de Salud (CAMISA) , aquel se encuentra retirado al 31 de diciembre de 1993.

4. Por lo anterior, Porvenir S.A. efectuó consulta ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en donde le solicitó «información respecto si el afiliado era beneficiario del pasivo prestacional salud (sic) por concepto de pensiones, o si se ha firmado algún contrato de concurrencia entre las entidades».

5. Al respecto la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó4 que el Hospital San Antonio de Arbeláez lo inscribió en calidad de benefi ciario retirado en la certificación de beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector

Salud.

6. En consecuencia, Porvenir S.A. solicitó5 a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolver el presunto conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre la ESE Hospital San Antonio de Arbeláez

(Cundinamarca), el departamento de Cundinamarca, la Unidad Adminis trativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca (UAEPC) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Dirección de Regulación Económica).

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 474 del 11 de noviembre de 2025 en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días (del 13 al 20 de noviembre de 2025 ), para que las autoridades involucradas y l os particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto6.

Consta que la Secretaría comunicó el presente asunto7 a la ESE Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca); al Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección de Regulación Económica ; al departamento de Cundinamarca; a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., a la

3 Expediente digital Samai, 13_DemandaWeb_Escrito_6OBJECIONDPTOCC72127(.pdf). 4 Expediente digital Samai, 15_DemandaWeb_Escrito_7CONSULTADRESS(.pdf). 5 Expediente digital Samai, 1_DemandaWeb_Escrito_DEMANDACONFLICTODECO(.pdf). 6Expediente digital Samai, 15POREDICTO_EDICTO_02EDICTO(.pdf). 7Expediente digital Samai, 13ED_EXPEDIENTE_04INFORMEDECOMUNICAC(.pdf).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00514-00 Página 3 de 24

Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca (UAEPC); a la señora Laura Giselle Banoy Becerra, apoderada de Porvenir S.A., y

Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca (UAEPC); a la señora Laura Giselle Banoy Becerra, apoderada de Porvenir S.A., y al señor Guillermo Emilio Soler Barón.

En informe secretarial del 21 de noviembre de 202 58 se precisó que, dentro del término de fijación del edicto , el Ministerio de Hacienda y Crédito Público , la Secretaría de Salud del departamento de Cundinamarca, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca y la E.S.E. Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca) presentaron consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El 19 de noviembre de 20259, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó sus consideraciones. Señaló que el señor Guillermo Emilio Soler Barón se encuentra registrado en la certificación de beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud como beneficiari o retirado, y que en virtud del convenio de concurrencia núm. 204 del 24 de diciembre de 2001 se giraron los recursos para colaborar en la financiación del pasivo de los beneficiarios activos y jubilados, pero no para los beneficiarios retirados, por lo que no puede darse una destinación diferente a los recursos del convenio.

De igual manera, señaló que «[p]ara la vigencia 2025, la institución hospitalaria remitió el formato de corte de cuentas, sin embargo, la institución de salud no

destinación diferente a los recursos del convenio.

De igual manera, señaló que «[p]ara la vigencia 2025, la institución hospitalaria remitió el formato de corte de cuentas, sin embargo, la institución de salud no relacionó a GUILLERMO EMILIO SOLER BARON, por lo tanto, no ha dado inicio al procedimiento legal especial dispuesto en el Dec reto 586 de 2017 ». En consecuencia, como no se ha culminado ni iniciado dicho procedimiento les corresponde a las instituciones de salud presupuestar y pagar las cesantías y pensiones a que están obligadas «hasta tanto no se realice el corte de cuentas con el fondo prestacional y se establezcan para cada caso la concurrencia a que están obligadas las entidades territoriales en los términos previstos en la Ley 60 de 1993».

Finalmente, manifestó que la transformación de los hospitales en empresas sociales del Estado no implica la creación de una nueva persona jurídica y, por tanto, no pueden desconocer los derechos laborales de sus trabajadores y extrabajadores.

2. Departamento de Cundinamarca

8Expediente digital Samai, 30ALDESPACHOPOR_Informesecretarial2025-00514(.pdf). 9 Expediente digital Samai, RECIBEMEMORIAL_d4e9fd765a340eca2b04(.pdf).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00514-00 Página 4 de 24

Mediante memorial del 18 de noviembre de 2025 10, el departamento de Cundinamarca manifestó que, una vez revisad os los formularios 10,11 y 18 de l Cálculo Actuarial Ministerio de Salud (CAMISA), el señor Guillermo Emilio Soler

Cundinamarca manifestó que, una vez revisad os los formularios 10,11 y 18 de l Cálculo Actuarial Ministerio de Salud (CAMISA), el señor Guillermo Emilio Soler Barón fue reportado como «BENEFICIARIO RETIRADO», por lo que su situación se regula por el artículo 9º del Decreto 3061 de 1997, en concordancia con el artículo 242 de la Ley 100 de 1993. Así las cosas, le corresponde a la institución hospitalaria, en calidad de empleador a, presupuestar y pagar el bono pensional al que tiene derecho el mencionado señor.

3. ESE Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca)

El 20 de noviembre de 202511, esta autoridad presentó escrito de alegatos en el cual indicó no ser la entidad competente para efectuar el reconocimiento y pago del bono pensional del señor Guillermo Emilio Soler Barón, pues, de acuerdo con las normas de creación de las empresas sociales del Estado, para las fechas reclamadas el hospital solo existía como una dependencia del departamento de Cundinamarca, por lo que se sostiene que es la entidad territorial la autoridad obligada a seguir presupuestando y pagando las pensiones, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 1438 de 2011.

4. Unidad Administrativa Especial de Pensiones de l departamento de

Cundinamarca

Mediate escrito de alegatos presentado ante esta Corporación el 19 de noviembre de 202512, la UAEPC solicitó se declarara competente al Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca) para la emisión y el pago del bono pensional del señor

Mediate escrito de alegatos presentado ante esta Corporación el 19 de noviembre de 202512, la UAEPC solicitó se declarara competente al Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca) para la emisión y el pago del bono pensional del señor Guillermo Emilio Soler Barón. Lo anterior, sustentado en los siguientes argumentos:

En primer lugar, expuso que según el contrato de concurrencia núm. 204 de 2001 , la Unidad es la responsable de la administración del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud para cubrir las obligaciones de los trabajadores activos y pensionados, y no para el personal retirado c omo ocurre en el presente caso. En ese orden, indicó que «la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 3061 de 1.998, no avaló valor alguno por concepto de reserva Pensional del personal retirado a 31 de diciembre de 1.993».

Señaló que los empleados que no fueron reportados por las entidades hospitalarias como beneficiarias del extinto Fondo del Pasivo Prestacional se rigen por el artículo

10 Expediente digital Samai,18_MemorialWeb_Alegatos-GOBSCR2025012021(.pdf). 11 Expediente digital Samai, 26_MemorialWeb_Alegatos-alegatosdeconclusi(.pdf). 12 Expediente digital Samai, 21_MemorialWeb_Alegatos-CONFLICTODECOMPETE(.pdf).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00514-00 Página 5 de 24

11 del Decreto 530 de 199413. Asimismo, indicó que contractualmente el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, como administrador de los recursos

11 del Decreto 530 de 199413. Asimismo, indicó que contractualmente el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, como administrador de los recursos entregados con fundamento en el contrato de concurrencia número 204 de 2001, no puede atender pagos distintos a los allí establecidos, pues asumir las obligaciones pensionales de personas no registradas como beneficiarias del pasivo pensional, con cargo a dicho contrato, conllevaría al incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Fondo.

Sostuvo que, las instituciones hospitalarias no están obligadas al pago en forma concurrente, pero deben cumplir con sus obligaciones de carácter presupuestal y de pago en calidad de empleadores, con respecto de los empleados certificados como beneficiarios del extin to Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud. Lo anterior, hasta que se efectúe el corte de cuentas que permita la suscripción del contrato de concurrencia, conforme con lo dispuesto en el parágrafo 5º del artículo 242 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 11 del Decreto 586 de 2017.

De esta manera , aseguró que es la ESE Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca) la responsable del pago de l bono pensional correspondiente, por los períodos laborado por el señor Guillermo Emilio Soler Barón.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 º y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de

modificados por los artículos 2 º y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de

13 Sin embargo, precisó que dicho decreto fue modificado por el Decreto 306 de 2004, el cual establece en sus artículos 8º y 9º: Artículo 8°. Beneficiarios. Se consideran beneficiarios del Pasivo Prestacional del Sector Salud aquellos servidores públicos y trabajadores privados que fueron certificados como tales por el Ministerio de Salud de conformidad a la normatividad entonces vigente, sin perjuicio de las modificaciones a que haya lugar con ocasión de la revisión que efectúe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (…) Artículo 9°. Reconocimiento de nuevos beneficiarios. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público sólo podrá reconocer como nuevos beneficiarios a quienes reúnan los requisitos legalmente establecidos, siempre y cuando se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: a) Que, una vez asumidas las funciones por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se establezca que el entonces Ministerio de Salud a cuyo cargo se encontraba el extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Se ctor Salud, no les había efectuado el reconocimiento como beneficiarios siempre y cuando la reclamación haya sido presentada dentro del término previsto en su momento por el Decreto 530 de 1994; b) Que la institución a la cual pertenecen haya interpuesto recurso de reposición contra la resolución de reconocimiento de beneficiarios en los términos del Código Contencioso Administrativo y este se encuentre pendiente de resolver, siempre y cuando el Ministerio resuelva favorablemente la decisión

b) Que la institución a la cual pertenecen haya interpuesto recurso de reposición contra la resolución de reconocimiento de beneficiarios en los términos del Código Contencioso Administrativo y este se encuentre pendiente de resolver, siempre y cuando el Ministerio resuelva favorablemente la decisión al recurrente; c) Que hayan obtenido u obtengan por vía judicial la declaración de sus derechos en materia de cesantías y pensiones.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00514-00 Página 6 de 24

competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) una de las autoridades en conflicto es del orden nacional , esto es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; las otras entidades son del orden territorial, esto es la ESE Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca), el departamento de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca ; ii) está en curso una actuación adminis trativa, particular y concreta, en razón de la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de l señor Guillermo Emilio Soler Barón por el tiempo que laboró para el Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca), hoy ESE , por los períodos comprendidos entre el 2º de mayo de 1983 y el 1º de mayo de 1984 y entre el 21 de noviembre de

Antonio de Arbeláez (Cundinamarca), hoy ESE , por los períodos comprendidos entre el 2º de mayo de 1983 y el 1º de mayo de 1984 y entre el 21 de noviembre de 1986 y el 1º de marzo de 1989 (con una interrupción comprendida entre el 1º de febrero de 1989 y el 1º de marzo de 1989) ; y iii) todas las autoridades negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación administrativa.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3º por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva14.

3. Aclaración previa.

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las e ventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la

14 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia

14 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00514-00 Página 7 de 24

autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes enunciados, le corresponde a la Sala determinar cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional al que tiene derecho el señor Guillermo Emilio Soler Barón , por los periodos laborados en el Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca), hoy ESE, comprendidos entre el 2º de mayo de 1983 y el 1º de mayo de 1984 y entre el 21 de noviembre de 1986 y el 1º de marzo de 1989 (con una interrupción comprendida entre el 1º de febrero de 1989 y el 1º de marzo de 1989).

El conflicto surge porque la ESE Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca) indicó que la autoridad competente para el reconocimiento y pago del bono pensional al que tiene derecho el señor Soler Barón es el departamento de Cundinamarca, toda vez que, para la fecha del periodo que se reclama, la entidad hospitalaria no contaba con capacidad legal para adquirir derechos ni contraer obligaciones, pues era una dependencia del departamento de Cundinamarca.

Cundinamarca, toda vez que, para la fecha del periodo que se reclama, la entidad hospitalaria no contaba con capacidad legal para adquirir derechos ni contraer obligaciones, pues era una dependencia del departamento de Cundinamarca.

El departamento de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del depart amento de Cundinamarca consideraron que la ESE Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca) debe asumir las obligaciones pensionales correspondientes al señor Soler Barón, de conformidad con lo previsto en el artículo 242 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 9 del Decreto 3061 de 1997, esto en razón a que el peticionario fue reportado como beneficiario retirado y para este caso no se calculó una reserva pensional que financie su pasivo. Lo anterior, mientras se suscriben nuevos contratos de concurrencia en los que se incluyan a los extrabajadores reportados como retirados.

Por último, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que, según la Ley 60 de 1993, la Nación y los entes territoriales deben concurrir en la financiación del pasivo causado a 31 de diciembre de 1993, por las entidades hospitalarias públicas. Sin embargo, dicha ley no reguló la asunción del pasivo del personal certificado como retirado por parte de los concurrentes , pues se trataba de un pasivo contingente. En consecuencia, el pasivo causado por los servicios prestados a cualquier institución de salud es y continuará siendo responsabili dad de las entidades de salud, en su condición de empleadoras de los beneficiarios, las cuales deberán agotar el procedimiento legal dispuesto para que los concurrentes puedan cumplir con su obligación de financiarlo, a partir de la celebración de los cont ratos

entidades de salud, en su condición de empleadoras de los beneficiarios, las cuales deberán agotar el procedimiento legal dispuesto para que los concurrentes puedan cumplir con su obligación de financiarlo, a partir de la celebración de los cont ratos de concurrencia.

En ese orden de ideas, para resolver el problema jurídico planteado, la SalaRadicación: 11001-03-06-000-2025-00514-00 Página 8 de 24

analizará los siguientes temas15:

1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. ii) El proceso de descentralización del sector salud. iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. iv) Conclusiones del recuento normativo. v) Análisis del caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud

El Sistema Nacional de Salud fue definido por el Decreto Ley 2470 de 1968 16, y mediante la Ley 9ª de 1973 17, el legislador le otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para, entre otras, adscribir o vincular a dicho Sistema las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica, y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público. De igual forma, en ejercicio de tales facultades, fueron expedidos, entre otros, los Decretos Leyes 056 y 356, ambos de 1975, que se sintetizan a continuación:

Decreto Ley 056 de 197518

El artículo 1° de este decreto definió el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como

Decreto Ley 056 de 197518

El artículo 1° de este decreto definió el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma

15 La Sala, en decisiones anteriores (decisión del 28 de mayo de 2025, radicado núm. 11001-03-06000-2025-00187-00; decisión del 2 de julio de 2025, radicado núm. 11001 -03-06-000-2025-0025700, y decisión del 23 de julio de 2025, radicado núm. 11001 -03-06-000-2025-00299-00) realizó un análisis exhaustivo sobre los asuntos objeto del presente conflicto, en el que examinó d e manera detallada los antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud; el proceso de descentralización del sector salud; las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional, y los bonos pensionales. En consecuencia, los aspectos aquí debatidos pueden consultarse con mayor amplitud en tales decisiones, que recogen el análisis normativo y los criterios que la Sala ha venido consolidando en esta materia. 16 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 17 Ley 9ª de 1973 (14 de abril), «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades

16 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 17 Ley 9ª de 1973 (14 de abril), «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Naciona l de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes». 18 Decreto Ley 056 de 1975 (15 de enero) «Por el cual se sustituye el Decreto -ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00514-00 Página 9 de 24

de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras e ntidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).

Indicó, en su artículo 2º, que las entidades adscritas al sistema nacional de salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas , como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales». [Resalta la Sala].

También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de

dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10).

Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).

A esas unidades les asignó las siguientes funciones: i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; ii) supervisar y coordinar las actividades de los organismos locales de salud ; iii) realizar las actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).

Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.

Decreto Ley 356 de 197519

Este decreto estableció que las entidades de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad estaban adscritas al Sistema Nacional de Salud , dependían administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el

19 Decreto Ley 356 de 1975 (5 de marzo), «Por el cual se establece el régimen de adscripción y

de salud a la comunidad estaban adscritas al Sistema Nacional de Salud , dependían administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el

19 Decreto Ley 356 de 1975 (5 de marzo), «Por el cual se establece el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00514-00 Página 10 de 24

personal que en ellas laboraba estaba sujeto a la situación legal y reglamentaria de los empleados públicos (artículo 2).

Adicionalmente, señaló que quedarían adscritas al Sistema Nacional de Salud en el respectivo nivel, las entidades de derecho público que se crearan para prestar servicios de salud; las entidades existentes cuyo obje to principal era la prestación de los servicios de salud y las dependencias de las entidades de derecho público que prestaban servicios de salud, así su objeto principal no fuera el de prestar dichos servicios (artículos 5 y 6).

De otro lado, también reafirmó que las entidades de derecho privado que prestaban servicios de salud se entendían vinculadas al Sistema Nacional de Salud (artículo 9), y quedaban sometidas a la vigilancia y control de los organismos de dirección del sistema en sus respectivos niveles, los cuales debían velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulaban la prestación de los servicios de salud (artículo 10).

Asimismo, este decreto prescribió que los hospitales que funcionaran como establecimientos públicos adscritos al Ministerio de Salud Pública pasarían a ser dependencias administrativas del respectivo servicio seccional de salud en los términos de adscripción señalados en el Decreto Ley 356 y dejarían de ser establecimientos públicos (artículo 19).

dependencias administrativas del respectivo servicio seccional de salud en los términos de adscripción señalados en el Decreto