CE - Auto interlocutorio 11001031500020220337502 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-03375-02

Demandantes: Jomary Ortegón Osorio y otra Demandado: Presidencia de la República y otros

Tema: Incidente de desacato Decisión: Declarar que no se incurrió en desacato de la s órdenes impartidas en la Sentencia del 2 de noviembre de 2023

La Sala decide el incidente de desacato formulado por R osa María Mateus Parra, coordinadora del Eje de Defensa del Territorio del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, por el supuesto incumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo de tutela del 2 de noviembre de 2023.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo y sentencias de tutela

1. Jomary Ortegón Osorio y Rosa María Mateus Parra, en calidad de agentes oficiosas de las familias campesinas inscritas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) de los municipios de San José, Retorno y Calamar del departamento del G uaviare, presentaron acción de tutela contra la

oficiosas de las familias campesinas inscritas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) de los municipios de San José, Retorno y Calamar del departamento del G uaviare, presentaron acción de tutela contra la Presidencia de la República, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la ART (DSCI), con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamenta les al debido proceso, vida en condiciones dignas, participación, mínimo vital; así como los principios de confianza legítima y buena fe, los cuales estimaron vulnerados por el presunto incumplimiento de los compromisos pactados entre aquellos y las entidades precitadas en el marco de la implementación del referido Programa PNIS.

2. El 8 de junio de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que las pretensiones eran de contenido estrictamente económico, por lo que no se afectaban garantías fundamentales. A demás, precisó que no se demostraron circunstancias de amenaza a los derechos invocados, derivadas de la falta de sustento de las familias vinculadas al PNIS con incidencia en las necesidades básicas que afectaran su mínimo vital.

3. El 2 de noviembre de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, en el sentido de mantener la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela, frente a las pretensionesRadicado: 11001-03-15-000-2022-03375-02

Demandante: Jomary Ortegón Osorio y otra

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la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela, frente a las pretensionesRadicado: 11001-03-15-000-2022-03375-02

Demandante: Jomary Ortegón Osorio y otra

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co relacionadas con la exigencia de la firma de los CDU1 y la modificación de los acuerdos colectivos municipales y los formularios de vinculación en cuanto al componente presupuestal establecido por dichos actos para la implementación del PNIS, lo cual no trasciende de una órbita estrictamente económica ni es u na competencia asignada al juez constitucional.

4. Sin embargo, revocó en todo lo demás la decisión y, en su lugar, amparó los derechos fundamentales al mínimo vital, vida en condiciones dignas, debido proceso administrativo y participación de las familias campesinas cuyos derechos son agenciados por las s eñoras Jomary Ortegón Osorio y Rosa María Mateus Parra. En

consecuencia, dispuso lo siguiente:

«CUARTO: ORDENAR a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de Renovación Territorial que, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta providencia, se ejecuten las siguientes actuaciones tendientes a salvaguardar el derecho al debido proceso administrativo de los agenciados:

I. Respecto de los 6 núcleos familiares que, según la información brindada por la entidad, se encuentran suspendidos, se adelanten las etapas del procedimiento conminatorio establecido en la Resolución No. 24 de 2020, empleando canales

I. Respecto de los 6 núcleos familiares que, según la información brindada por la entidad, se encuentran suspendidos, se adelanten las etapas del procedimiento conminatorio establecido en la Resolución No. 24 de 2020, empleando canales efectivos de comunic ación que permita conocer a cada hogar, de manera directa, el alcance de esa decisión y la irregularidad que se le endilga, brindándole la oportunidad real para subsanarla o aclararla antes de que se expida el acto administrativo de exclusión. Lo anterior, sujeto al monitoreo y verificación de la erradicación de cultivos de uso ilícito y la no resiembra, y demás requisitos que deban cumplir las familias inscritas conforme con los acuerdos celebrados para su permanencia en el Programa

Integral de Sustitución.

II. Respecto de los 295 núcleos familiares, que según la entidad han sido excluidos, se adelanten las etapas del procedimiento conminatorio establecido en la Resolución No. 24 de 2020, empleando canales efectivos de comunicación que permita conocer a cada hogar, de manera directa, el alcance de esa decisión y la irregularidad que se le endilga, brindándole la oportunidad real de defensa. Y únicamente en los casos necesarios, rehaga las actuaciones administrativas que correspondan, con plena observancia del derecho al debido proceso administrativo y los principios de la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política.

QUINTO: ORDENAR a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de Renovación Territorial que, dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de esta sentencia, determine frente a cuáles de las familias agenciadas

QUINTO: ORDENAR a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de Renovación Territorial que, dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de esta sentencia, determine frente a cuáles de las familias agenciadas debe realizar l os pagos por asistencia alimentaria inmediata que se encuentran pendientes y efectuarlos. Esto, previa comprobación del cumplimiento de sus compromisos respectivos. Esta orden deberá cumplirse con la respectiva remisión del comprobante de pago y, de ser ne cesario, con la previa comunicación del medio que se usará para hacerlo efectivo.

SEXTO: ORDENAR a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio que, dentro de ese mismo término efectúe las gestiones administrativas para que los instalamentos adeudados se empiecen a desembolsar efectivamente. Los primeros pagos deberán empezar a entregarse en el mismo término aquí concedido, bajo su coordinación y supervisión.

SÉPTIMO: ORDENAR a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio para que, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta sentencia, se informe a cada núcleo familiar agenciado y que se encuentra activo en el PNIS sobre todos los pagos y desembolsos que se les ha realizado hasta la fecha.

1 Son una modalidad de administración de terrenos baldíos no susceptibles de adjudicación que está regulada en el Acuerdo 118 de 2020 de la ANT, que modificó el Acuerdo 58 de 2018 de la misma entidad.Radicado: 11001-03-15-000-2022-03375-02

Demandante: Jomary Ortegón Osorio y otra

118 de 2020 de la ANT, que modificó el Acuerdo 58 de 2018 de la misma entidad.Radicado: 11001-03-15-000-2022-03375-02

Demandante: Jomary Ortegón Osorio y otra

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OCTAVO: ORDENAR a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio que en los casos en que considere que no procede el desembolso por concepto de asistencia alimentaria inmediata, dentro de los 30 días sigui entes a la notificación de esta providencia, con plena observancia del derecho al debido proceso administrativo, expida los actos administrativos motivados a que haya lugar, mediante los cuales explique las razones de la negativa al pago de tal compromiso. Tales decisiones deberán ser notificadas tanto a la familia como a las agentes oficiosas, con el fin de que los excluidos del pago por asistencia alimentaria inmediata ejerzan su derecho de contradicción, si así lo consideran pertinente.

NOVENO: ORDENAR a la Agencia Nacional de Tierras y a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio que, dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de este fallo, lleve a cabo las gestiones administrativas que posibiliten la generación de espacios de socialización y concertación del procedimiento de otorgamiento de derechos de uso para la celebración de los contratos de derechos de uso.

DÉCIMO: ORDENAR a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito de la

concertación del procedimiento de otorgamiento de derechos de uso para la celebración de los contratos de derechos de uso.

DÉCIMO: ORDENAR a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio para que, de manera inmediata, continúe con la implementación del proyecto de ciclo corto e ingreso rápido y del proyecto productivo de ciclo largo, destinados a las familias de los municipios de El Retorno, Calamar y San José del Guaviare del departamento del Guaviare.

DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio y a la Agencia Nacional de Tierras que comuniquen y notifiquen a las señoras Jomary Ortegón Osorio y Rosa María Mateus Parra cada actuación que lleven a cabo en cumplimiento de esta sentencia […]».

Solicitud de incidente de desacato

5. El 23 de septiembre de 2025, Rosa María Mateus Parra, en calidad de coordinadora del Eje de Defensa del Territorio del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, interpuso incidente de desacato por el incumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo constitucional.

6. Para el efecto , indicó que el 1 de agosto de 2025, la DSCI, mediante el Oficio 20256000212791, le informó que la «no constitución del instrumento financiero denominado valor líquido cero […] dejó sin financiación operativa el proyecto [cuya] restricción tuvo como efecto práctico que la subcuenta “sustitución” del FCP no pudiera ejecutar recursos de funcionamiento dado que los fondos

financiero denominado valor líquido cero […] dejó sin financiación operativa el proyecto [cuya] restricción tuvo como efecto práctico que la subcuenta “sustitución” del FCP no pudiera ejecutar recursos de funcionamiento dado que los fondos correspondientes ya habían sido reintegrados al Tesoro y, por tanto, […] no se habían efectuado los pagos a las familias que s ubsanaron su situación de suspensión ni a aquellas reintegradas al programa, y que persistían atrasos en la entrega de asistencia alimentaria, insumos y proyectos productivos».

7. Al respecto, explicó que dicha figura presupuestal no implica la inexistencia o ausencia de recursos, sino que obedece a una particularidad en la forma en que dichos recursos son gestionados y desembolsados. En otras palabras, esta figura refleja un procedimiento administrativo y financiero en el que, si bien se cuenta con una apropiación, se trata de recursos que recauda directamente la entidad o cuya ejecución se realiza a través de giros directos al proveedor efectuados por l a

Dirección del Tesoro Nacional.Radicado: 11001-03-15-000-2022-03375-02

Demandante: Jomary Ortegón Osorio y otra

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8. En ese sentido, afirmó que en el retorno de los recursos para dar cumplimiento a las órdenes judiciales no obedeció a una falta de cartera por parte de la entidad, ni una imposibilidad financiera de cumplir; por el contrario, parece que la falta de planeación presupuestaria y la proyección necesaria para cumplir con el

cumplimiento a las órdenes judiciales no obedeció a una falta de cartera por parte de la entidad, ni una imposibilidad financiera de cumplir; por el contrario, parece que la falta de planeación presupuestaria y la proyección necesaria para cumplir con el Programa Nacional de Cultivos de uso ilícito fue la razón por la cual se tuvo que dar retorno a los recursos dispuestos para el cumplimiento de estos.

9. Por tanto, consideró que esa conducta no solo imposibilitó materialmente el cumplimiento de las órdenes judiciales, sino que constituye un acto de incumplimiento deliberado, pues en lugar de destinar los recursos a satisfacer derechos fundamentales de las familias beneficiarias, se optó por devolverlos al Tesoro Nacional, en abierta contradicción con el mandato constitucional. Por tanto,

solicitó lo siguiente:

(i) Ordenar a la Presidencia de la República, Agencia de Renovación del Territorio, Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito presentar de forma inmediata y transparente un plan de cumplimiento integral del fallo de tutela, con cronograma claro, con los responsables, la partida presupuestaria asignada y los mecanismos de seguimiento y participación comunitaria.

(ii) Incluir en dicho plan las medidas expresas para resolver los pagos pendientes del Plan de Atención Inmediata (AAI) para todas las familias, incluyendo aquellas que fueron suspendidas, retiradas o reintegradas.

(iii) Dictar medidas coercitivas para los funcionarios responsables de materializar el fallo judicial.

(iv) Oficiar a la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo; así como a las entidades ejecutoras del

materializar el fallo judicial.

(iv) Oficiar a la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo; así como a las entidades ejecutoras del presupuesto asignado al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en el d epartamento del Guaviare, para que corroboren la información aportada en el presente trámite, alleguen los soportes válidos que acrediten su veracidad y suficiencia, y adopten las medidas de control necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia judicial.

(v) Habilitar los espacios efectivos y periódicos de participación comunitaria y seguimiento por parte de los órganos de control, comunidades campesinas y organizaciones sociales para verificar la implementación del plan, su cumplimiento y la reparación de las afectaciones identificadas.

Actuación procesal previa apertura del incidente

10. El 17 de octubre de 2025, se requirió a la Presidencia de la República, a la DSCI y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para que informaran sobre el cumplimiento de las órdenes de tutela contenida en la Sentencia de 2 de noviembreRadicado: 11001-03-15-000-2022-03375-02

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 2023 de la Sección Quinta del Consejo de Estado y allegaran los respectivos soportes. Asimismo, para que indicaran el nombre completo, identificación y dirección de notificación del funcionario o funcionarios responsables de acatar las

www.consejodeestado.gov.co de 2023 de la Sección Quinta del Consejo de Estado y allegaran los respectivos soportes. Asimismo, para que indicaran el nombre completo, identificación y dirección de notificación del funcionario o funcionarios responsables de acatar las órdenes judiciales impartidas.

11. La ART expuso que Gobierno Nacional, en procura de cumplir con los compromisos establecidos en el Punto 4 del Acuerdo suscrito con el grupo armado FARC-EP el 24 de noviembre de 2016 y refrendado por el Congreso de la República el 30 de noviembre de 2016, diseñó e inició la implementación de una política pública orientada a crear condiciones para la transformación de los territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y a fomentar el compromiso voluntario de los cultivadores para abandonar tales cultivos.

12. Señaló que, en el marco de dicha política pública, el Gobierno Nacional creó mediante el Decreto Ley 896 de 2017 el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) con el objeto de «promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilí cito, a través del desarrollo de Programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito».

13. Expuso que durante el año 2017 y parte del 2018 se adelantó el proceso de socialización y vinculación al PNIS en el territorio nacional en virtud de lo dispuesto en el punto 4 del Acuerdo, relacionado con la solución al problema de las drogas ilícitas, el cual previó en el numeral 4.1. como Programa de sustitución al PNIS,

socialización y vinculación al PNIS en el territorio nacional en virtud de lo dispuesto en el punto 4 del Acuerdo, relacionado con la solución al problema de las drogas ilícitas, el cual previó en el numeral 4.1. como Programa de sustitución al PNIS, reglamentado en el Decreto Ley 896 de 2017, y obtuvo como resultado final la vinculación de 99.097 familias, las cuales están localizadas en 14 departamentos y 56 municipios del país.

14. Ahora, indicó que la entidad competente para dar cumplimiento a la sentencia de tutela es la DSCI, como administradora del PNIS, en la que actualmente funge como directora Gloria María Miranda Espitia, nombrada mediante la Resolución No. 000527 del 14 de mayo de 2024.

15. Sin embargo, aclaró que, si bien es cierto que la dirección mencionada cuenta con autonomía administrativa y financiera en los términos del literal j del artículo 54 de la Ley 489 de 1998, carece de personería jurídica y, en consecuencia, la Oficina Jurídica de la ART es la dependencia competente de ejerce r la representación judicial y extrajudicial en todos los asuntos que involucren a la Agencia en los términos del numeral 2 del artículo 7 del Decreto 1223 de 2020.

16. En ese sentido, respecto del acatamiento de las órdenes impartidas en el fallo de tutela, afirmó que, frente a la cuarta orden 2, los 6 núcleos familiares que estaban suspendidos fueron reactivados en el programa. Además, sobre los 295 núcleos excluidos, indicó que realizó jornadas de socialización y notificación para

estaban suspendidos fueron reactivados en el programa. Además, sobre los 295 núcleos excluidos, indicó que realizó jornadas de socialización y notificación para

2 Se aclara que las directrices se enumeraron en la forma en que aparecen en la parte resolutiva del fallo de tutela del 2 de noviembre de 2023.Radicado: 11001-03-15-000-2022-03375-02

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que estas familias pudieran ejercer su derecho de defensa contra la Resolución No. 24 de 2020 y se detectaron que muchas exclusiones se hicieron bajo la causal «no validación en asamblea comunitaria».

17. En lo que concierne a la quinta orden, adujo que, al realizar una verificación y depuración de los actos administrativos en los sistemas de gestión ORFEO, NEXURA y SISPNIS, identificó 135 familias del Guaviare con pagos pendientes y con condiciones para se r beneficiarias. Así, señaló que el 21 de agosto de 2025 inició el primer desembolso, entregando $4.000.000 por núcleo familiar y que el segundo desembolso estaría programado para noviembre de 2025.

18. En lo relativo a la sexta orden , explicó que los recursos del PNIS están en el Fondo Colombia en Paz (FCP). Sin embargo, señaló que el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), el 18 de diciembre de 2024, decidió no constituir el Valor Líquido Cero (VLC), lo que ocasionó el reintegro de recursos al Tesoro y la falta de

Política Fiscal (CONFIS), el 18 de diciembre de 2024, decidió no constituir el Valor Líquido Cero (VLC), lo que ocasionó el reintegro de recursos al Tesoro y la falta de financiación operativa del proyecto.

19. Frente a la séptima orden, indicó que, en febrero de 2024, la dirección realizó una jornada masiva de notificaciones personales en los municipios El

Retorno, Calamar y San José del Guaviare.

20. En lo que atañe a la octava orden, manifestó que la dirección ha adelantado actuaciones orientadas a garantizar el derecho de información de los núcleos familiares involucrados para lo cual emitió comunicaciones a aquellos que se encontraban en estado de retiro del programa y respecto de las cuales no procedía el reintegro; cuya comunicación, si bien no constituye acto administrativo de improcedencia de la Asistencia Alimentaria Inmediata, sí cumple con el deber de publicidad y transparencia frente a la situación de cada núcleo familiar. Agregó que una vez se cuente con el personal profesional requerido, procederá a proyectar y expedir los actos correspondientes.

21. A cerca de la novena orden, indicó que se generaron espacios de socialización con la ANT y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del Acuerdo No. 315 de 2023, mediante el cual se modificaron los Acuerdos Nos. 058 de 2018 y 118 de 2020, reemplazando la figura de los Contratos de Derecho de Uso de Suelo

(CDUS) por los procedimientos de regularización de la ocupación. Agregó que el plan piloto de socialización inició con 50 familias del municipio de Calamar (Guaviare), lo que constituye un avance prel iminar, aunque aún insuficiente para

(CDUS) por los procedimientos de regularización de la ocupación. Agregó que el plan piloto de socialización inició con 50 familias del municipio de Calamar (Guaviare), lo que constituye un avance prel iminar, aunque aún insuficiente para cumplir plenamente con el mandato judicial de garantizar espacios efectivos de concertación con las comunidades beneficiarias del PNIS.

22. En cuanto a la décima orden, afirmó que, en atención a las dificultades presupuestales que han impedido culminar de manera inmediata la atención de las familias vinculadas al Programa, el artículo 10 de la Ley 2294 de 2024 faculta a los beneficiarios del P NIS para renegociar, por una única vez, la operación de sus proyectos productivos de ciclo corto y ciclo largo, con el fin de ajustar su implementación a las condiciones actuales. Así, comunicó que se expidieron, entreRadicado: 11001-03-15-000-2022-03375-02

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co otras, las Resoluciones No. 0021 de 2024 para establecer la renegociación de los proyectos productivos y 0027 de 2024, en la que se creó un tratamiento diferencial para: (i) personas mayores de 70 años; (ii) personas con discapacidad y (iii) familias con recursos inferiores a $2.000.000.

23. Por último, en lo que concierne a la orden decimoprimera, resaltó que la DSCI ha informado en múltiples oportunidades a la accionante las actuaciones que

con recursos inferiores a $2.000.000.

23. Por último, en lo que concierne a la orden decimoprimera, resaltó que la DSCI ha informado en múltiples oportunidades a la accionante las actuaciones que se han realizado en el marco del cumplimiento de la acción de tutela.

24. La ANT informó que la responsable de adelantar el cumplimiento de la orden judicial impartida en la sentencia de tutela era la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación (SATN), dependencia que actualmente está a cargo de Lina María Salcedo Mesa, quie n a través del Oficio No. 202543000480173 del 27 de octubre de 2025, expuso un cronograma de actividades entre enero y noviembre de 2025, en las que se observa que se realizó lo siguiente: (i) socialización del Acuerdo No. 315 de 2023; (ii) requerimientos a la DSCI para entrega de coordenadas; (iii) análisis geoespacial y observaciones técnicas; (iv) participación en mesas técnicas con la dirección mencionada, los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y la Procuraduría General de la Nación; (v) conformación formal de la Junta de Baldíos Inadjudicables; identificación de limitaciones por falta de polígonos georreferenciados por parte de la DSCI; (v) adopción de plan de trabajo y (vi) generación de espacios de socialización comunitaria.

25. La Subdirección de Administración de Tierras de la Nación (SATN) afirmó que adelantó todas las actuaciones administrativas para cumplir de manera diligente la orden constitucional impartida, puesto que: (i) adoptó un plan de trabajo específico que operacionaliza el tránsito de CDUS al procedimiento de

que adelantó todas las actuaciones administrativas para cumplir de manera diligente la orden constitucional impartida, puesto que: (i) adoptó un plan de trabajo específico que operacionaliza el tránsito de CDUS al procedimiento de regularización del Acuerdo No. 315 de 2023; (ii) participó y documentó mesas interinstitucionales de seguimiento ante la Procuraduría General de la Nación; (iii) ejecutó la socialización técnica del mencionado acuerdo con actores institucionales y comunitarios; (iv) conformó la Junta de Baldíos Inadjudicables de Miraflores; y (v) gestionó las condiciones habilitantes de seguridad ante el Ministerio de Defensa Nacional, con trazabilidad ante el órgano de control. En esos términos, solicitó su desvinculación del presente trámite incidental.

26. La Presidencia de la República explicitó que la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) no hacen parte de la estructura interna de esa entidad ni son dependencias adscritas directamente a ella, conforme al marco orgánico y funcional vigente. Aunado a ello, aclaró que si bien la ART se encuentra adscrita al sector administrativo de la Presidencia, goza de autonomía técnica, administrativa y presupuestal, por lo cual las actua ciones y responsabilidades derivadas del cumplimiento de las órdenes judiciales recaen exclusivamente en ellas. En consecuencia, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2022-03375-02

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consecuencia, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2022-03375-02

Demandante: Jomary Ortegón Osorio y otra

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Auto que abre incidente de desacato e intervenciones

27. El 13 de noviembre de 2025, el despacho del magistrado sustanciador dio apertura al incidente de desacato en contra de Gloria María Miranda Espitia, como directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, y, en consecuencia, le concedió 3 días para que planteara los argumentos que considerara pertinentes y, además, aportara las pruebas que pretendiera hacer valer. Además, requirió al Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que se pronunciara sobre lo expuesto por la dirección mencionada.

28. La ART reiteró los argumentos expuestos en el anterior informe.

Adicionalmente, sostuvo que la parte incidentante desconoc ió el marco jurídico y fiscal que regula la administración de los recursos del PNIS. Indicó que la asignación y ejecución presupuestal del programa está estrictamente condicionada por las decisiones del CONFIS y por el régimen especial del Fondo Colombia en Paz (FCP).

29. En cuanto al CONFIS, explicó que ese órgano es responsable de dirigir y coordinar el sistema presupuestal, definiendo las reglas macrofiscales y los techos presupuestales que limitan la disponibilidad de recursos para todas las entidades,

29. En cuanto al CONFIS, explicó que ese órgano es responsable de dirigir y coordinar el sistema presupuestal, definiendo las reglas macrofiscales y los techos presupuestales que limitan la disponibilidad de recursos para todas las entidades, incluida la ART –DSCI. Por su parte, el FCP, administrado por el DAPRE y regido por derecho privado, establece que los recursos para implementar el Acuerdo Final de Paz constituyen una reserva especial que solo puede usarse para proyectos vinculados al Plan Marco de Implementación.

30. Asimismo, expuso que dicha reserva se había sostenido mediante la figura de valor líquido cero, que permitía usar recursos comprometidos de vigencias anteriores. Sin embargo, decisiones del CONFIS adoptadas el 18 de diciembre de 2024, en las que la DSCI no participó, impidieron mantener esta figura y bloquearon el uso de $ 896.132 millones de pesos que ya estaban identificados para el PNIS.

Resaltó que e stos recursos eran fundamentales para cubrir compromisos previamente adquiridos, incluidos los procesos de renegociación y la atención a más de 75.000 familias vinculadas al programa.

31. Agregó que o tras fuentes de financiación previstas, como el impuesto al carbono y los recursos del FRISCO no ingresaron oportunamente, lo que agravó el déficit presupuestal y afectó el funcionamiento del PNIS en varios departamentos .

En consecuencia, estimó que esas limitaciones provienen de decisiones macrofiscales ajenas a su competencia y que no pueden ser modificadas mediante un incidente de desacato.

32. Señaló que, a pesar de l e scenario fiscal adverso derivado de la no constitución del Valor Líquido Cero (VLC) , la dirección ha adelantado numerosas

un incidente de desacato.

32. Señaló que, a pesar de l e scenario fiscal adverso derivado de la no constitución del Valor Líquido Cero (VLC) , la dirección ha adelantado numerosas gestiones técnicas, financieras y normativas para garantizar la continuidad del PNIS y el cumplimiento progresivo de las ór