CE - Auto interlocutorio 11001031500020240038300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA 17 ESPECIAL DE DECISIÓN

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00383-00 (562)

Sancionados: Roland Jeffrey Wilches Torres y otros

Autoridad: Procuraduría General de la Nación – Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular Referencia: Revisión automática de sanciones disciplinarias

TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CONTRA DECISIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – procedencia restringida a aquellas que impongan sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular en ejercicio del cargo, o cuando, pese a no estar en el desempeño de sus funciones, se les limite n sus derechos políticos. SENTENCIA C -030 de 2023 – declara inexequibles las facultades jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación y les devuelve la naturaleza administrativa a sus decisiones. AUTO DE UNIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO – fija reglas sobre la procedencia y el trámite del recurso extraordinario de revisión formulado contra decisiones de la Procuraduría General de la Nación. AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO – la decisión objeto de revisión comporta inhabilidad para el ejercicio de cargos o funciones públicas y afecta el ejercicio efectivo del mandato popular y los derechos políticos.

AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO DE REVISIÓN AUTOMÁTICA

inhabilidad para el ejercicio de cargos o funciones públicas y afecta el ejercicio efectivo del mandato popular y los derechos políticos.

AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO DE REVISIÓN AUTOMÁTICA

El Despacho avoca conocimiento en sede de revisión extraordinaria automática de la d ecisión dictada el 27 de diciembre de 2023 por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación , dentro del proceso disciplinario identificado con radicado núm. IUS 2016-196819 / IUC D-2016-97-861140.

I. ANTECEDENTES

El 14 de diciembre de 2021, dentro del radicado IUS 2016-196819 / IUC D -201697-861140, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa sancionó con suspensión e inhabilidad especial para ejercer la función pública a los servidores de elección popular Roland Jeffrey Wilches Torres, Gabriel Ricardo Salamanca Sanabria y Fabio Alexander Suárez Caro, por el término de 10 meses.

El 27 de diciembre de 2023, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación confirmó que los investigados eran responsables disciplinariamente, pero modificó el término de la suspensión y de la inhabilidad especial a 8 meses. En atención a que para esta fecha los sancionados no se encontraban en ejercicio del cargo, conmutó el término de suspensión en un correctivo pecuniario de $30.112.856.Radicado: 11001-03-15-000-2024-00383-00 (562)

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conmutó el término de suspensión en un correctivo pecuniario de $30.112.856.Radicado: 11001-03-15-000-2024-00383-00 (562)

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El 5 de abril de 2024, dicha dependencia remitió el proceso disciplinario a esta Corporación, para que se tramitara el recurso extraordinario de revisión correspondiente1.

II. CONSIDERACIONES

Para decidir sobre la viabilidad de la revisión automática, el Despacho abordará los siguientes aspectos: (1) competencia, (2) problema jurídico y (3) verificación de los presupuestos de procedencia.

1. Competencia

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 238B 2 de la Ley 1952 de 2019, adicionado por el artículo 55 de la Ley 2094 de 2021, la Sala 17 Especial de Decisión es competente para conocer el recurso extraordinario de revisión de la referencia.

Por otro lado, el Despacho es competente para decidir sobre la procedencia de la revisión automática de la referencia, según lo dispuesto en el auto de unificación del 3 de diciembre de 20243, en concordancia con el artículo 238F 4 de la Ley 1952 de 2019, adicionado por el artículo 59 de la Ley 2094 de 2021.

2. Problema jurídico

De conformidad con lo dispuesto en la Sentencia C -030 de 2023 y en el auto de unificación del 3 de diciembre de 2024 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, corresponde al Despacho determinar si es procedente la revisión extraordinaria automática de la decisión emitida el 27 de diciembre de 2023 por la

unificación del 3 de diciembre de 2024 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, corresponde al Despacho determinar si es procedente la revisión extraordinaria automática de la decisión emitida el 27 de diciembre de 2023 por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación.

3. Verificación de los presupuestos de procedencia de la revisión automática

3.1. El control disciplinario de los servidores públicos está regulado especialmente por la Ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide el “Código General

1 Índice 14 de SAMAI. 2 “Artículo 238B. Competencia. Las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado conocerán de los recursos extraordinarios de revisión contra las decisiones de segunda instancia o de doble conformidad dictadas por el Procurador General de la Nación, las Salas de Juzgamiento y los Procuradores Delegados. Igualmente, contra las decisiones producto de la doble conformidad dictadas por el Procurador General de la Nación”. 3 “[…] una vez se remite el expediente administrativo a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el juez debe proferir auto que “avoca conocimiento”, y no aquel que admite el recurso, como estaba originalmente previsto en la ley. Lo anterior, habida cuenta de que el auto admisorio supone que estamos frente a un recurso formulado a instancia de parte, sujeto a exigencias formales calificadas expresamente por la ley, cuyo incumplimiento puede dar lugar a un proveído de inadmisión, como lo reseñaba el artículo 59 de la ley 2094, lo cual cambió por virtud de

exigencias formales calificadas expresamente por la ley, cuyo incumplimiento puede dar lugar a un proveído de inadmisión, como lo reseñaba el artículo 59 de la ley 2094, lo cual cambió por virtud de la modulación del recurso efectuado por el fallo de constitucionalidad. […]”. 4 “Artículo 238F. Trámite. Adicionado por el artículo 59 de la Ley 2094 de 2021. Una vez radicado el recurso y efectuado el reparto correspondiente, el magistrado al que le corresponda, resolverá sobre su admisión en el término máximo de diez (10) días. […]”.Radicado: 11001-03-15-000-2024-00383-00 (562)

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Disciplinario” y se deroga la Ley 734 de 2002, que en su momento tuvo como propósito compilar en un solo estatuto los distintos regímenes de responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos5.

A su turno, la Ley 2094 de 2021 reformó la Ley 1952 de 2019 , entre otras modificaciones, para otorgarle funciones jurisdiccionales en materia disciplinaria a la Procuraduría General de la Nación , en el juzgamiento de la conducta oficial de los servidores públicos, incluidos los de elección popular . Esto, con el ánimo de armonizar el sistema legislativo interno sobre la materia con e l Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, según el cual las autoridades administrativas no pueden restringir derechos políticos de servidores públicos elegidos democráticamente, pues esto solo puede ordenarlo un juez penal6.

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, según el cual las autoridades administrativas no pueden restringir derechos políticos de servidores públicos elegidos democráticamente, pues esto solo puede ordenarlo un juez penal6.

No obstante, mediante Sentencia C-030 de 2023, la Corte Constitucional concluyó que la asignación de funciones jurisdiccionales efectuada por la Ley 2094 de 2021 a la Procuraduría General de la Nación vulneró el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución , toda vez que no implicó el traslado de una competencia originariamente atribuida a los jueces, sino la variación en la naturaleza de la potestad administrativa de la que ya era titular dicho organismo de control. Así, la Corte aclaró que la Procuraduría General de la Nación no tiene el carácter de órgano judicial ni puede ostentar funciones jurisdiccionales.

De modo que , en una interpretación sistemática, armónica y ponderada de los mandatos superiores contenidos en los artículos 29 7, 40.18, 929, 9310 y 277.611 de

5 Exposición de motivos proyecto de ley número 19 de 2000 Senado de la República : “[…] el legislador debe simplificar la interpretación mediante normas de fácil comprensión y aplicación. El presente proyecto pretende regular la acción disciplinaria en forma detallada, comprensible y, si se quiere, didáctica y pormenorizada en cuanto a faltas, sanciones, derechos, deberes, prohibiciones y trámites, para reducir la imprecisión que afecta a los funcionarios encargados de su aplicación. (…) Se consideró que los regímenes disciplinarios propios que por mandato constitucional debe

y trámites, para reducir la imprecisión que afecta a los funcionarios encargados de su aplicación. (…) Se consideró que los regímenes disciplinarios propios que por mandato constitucional debe establecer la ley tanto para los particulares que desempeñen funciones públicas (art. 123) como para los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (arts. 217 y 218), pueden incluirse en el Código Disciplinario Único, en un aparte especial. De este modo se preserva la especificidad que requieren estos dos sectores de la función pública en la regulación de los aspectos sustanciales de las normas disciplinarias que les son aplicables (faltas, sanciones, deberes, prohibiciones, inhabilidades), a la vez que se les garantiza la igualdad respecto de los demás servidores públicos, en la aplicación de los principios rectores y los derechos y garantías procesales. […]”. 6 Según consta en la exposición de motivos : “El proyecto de la referencia tiene como finalidad esencial dar cumplimiento a la sentencia de 8 de junio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego contra Colombia en la que, entre otros aspectos, señaló la necesidad de generar mayores garantías para los destinatarios de la ley disciplinaria, en aplicación del artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos. La sentencia en mención, valga enunciarlo, ordena al Estado colombiano adecuar en un plazo razonable el ordenamiento jurídico interno, debido a que, en su criterio, existen algunas disposiciones que no admiten una interpretación conforme a la Convención. […]” 7 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y

ordenamiento jurídico interno, debido a que, en su criterio, existen algunas disposiciones que no admiten una interpretación conforme a la Convención. […]” 7 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. […]”. 8 “Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido”.Radicado: 11001-03-15-000-2024-00383-00 (562)

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la Constitución y 8 12 y 23.2 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Constitucional advirtió que la potestad disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación correspondía a una función administrativa y que, en tal sentido , no le era dable i mponer sanciones disciplinarias definitivas de destitución, suspensión e inhabilidad contra servidores públicos de elección popular en ejercicio de l cargo. En concreto, el máximo tribunal constitucional resolvió:

(i) Declarar la inexequibilidad de las expresiones “ jurisdiccionales” y “jurisdiccional”, contenidas en los artículos 1º14, 5415, 7316 y 7417 de la Ley 2094 de 2021, y de la expresión “ejecutoriadas”, contenida en el artículo 54;

9 “Artículo 92. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la

2021, y de la expresión “ejecutoriadas”, contenida en el artículo 54;

9 “Artículo 92. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas”. 10 “Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él”. 11 “Artículo 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: 6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley”. 12 “Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas

el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley”. 12 “Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia […]: a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete […]; b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección […]; e)Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, […]; f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3.La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado

declararse culpable, y h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3.La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público […]”. 13 “Artículo 23. Derechos Políticos. […] 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”. 14 “Artículo 1. Modificase el artículo 2o de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: Artículo 2o. Titularidad de la potestad disciplinaria, funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación e independencia de la acción. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria. Se le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley. Las decisiones sancionatorias que pongan fin a la actuación disciplinaria y producto de las funciones jurisdiccionales que se le reconocen a la Procuraduría General de la Nación serán susceptibles deRadicado: 11001-03-15-000-2024-00383-00 (562)

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(ii) Declarar la exequibilidad condicionada del artículo 1 º ibidem (que modificó el artículo 2° de la Ley 1952 de 2019), en el entendido de que la determinación de las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular corresponderá al juez contencioso administrativo, conforme lo establece el inciso cuarto de esa misma norma;

(iii) Declarar la exequibilidad condicionada de los artículos 13 18, 1619 y 1720 de la Ley 2094 de 2021, bajo el entendido de que las funciones disciplinarias que ejerce la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa y no jurisdiccional; y

(iv) Declarar la exequibilidad condicionada del artículo 54 ibidem, en el entendido de reservar como remedio constitucional temporal el recurso extraordinario de revisión, para el control judicial, automático e inmediato, de las decisiones sancionatorias administrativas de destitución, suspensión e inhabilidad de servidores públicos de elección popular, que en estos eventos resulta procedente por ministerio de la ley.

3.2. En consonancia con la decisión constitucional, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 271 21 del CPACA, el 3 de diciembre de 2024 22 la Sala Plena de lo

ser revisadas ante la jurisdicción de lo contencioso -administrativo, en los términos establecidos en esta Ley. Para los servidores públicos de elección popular, la ejecución de la sanción se supeditará a lo que decida la autoridad judicial. […]”.

ser revisadas ante la jurisdicción de lo contencioso -administrativo, en los términos establecidos en esta Ley. Para los servidores públicos de elección popular, la ejecución de la sanción se supeditará a lo que decida la autoridad judicial. […]”. 15 “Artículo 54. Adiciónese el artículo 238A de la Ley 1952 de. 2019, el cual quedará así: Artículo 238A. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las decisiones sancionatorias ejecutoriadas dictadas por la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de la potestad disciplinaria jurisdiccional. Igualmente, contra los fallos absolutorios y los archivos, cuando se trate violaciones a los derechos humanos o el derecho internacional humanitario. Igualmente, contra las decisiones producto de la doble conformidad dictadas por el Procurador General de la Nación”. 16 “Artículo 73. Modificase el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: Artículo 265. Vigencia y derogatoria. […] PARÁGRAFO 1o. El artículo 1o de la presente Ley, relativo a las funciones jurisdiccionales entrará a regir a partir de su promulgación. […]”. 17 “Artículo 74. Reconocimiento y ejercicio de funciones jurisdiccionales. El reconocimiento y ejercicio de las funciones jurisdiccionales que se le atribuyen a la Procuraduría General de la Nación en esta ley, comenzarán a regir al día siguiente de su promulgación. […]”. 18 “Artículo 13. Modificase el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: Artículo 92. Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. […]. La Procuraduría General de la Nación

18 “Artículo 13. Modificase el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: Artículo 92. Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. […]. La Procuraduría General de la Nación conocerá de la investigación y el juzgamiento de las faltas disciplinarias imputables a los servidores públicos de elección popular y las de sus propios servidores. […] En el evento en que las garantías de instrucción y juzgamiento no se puedan satisfacer el conocimiento del asunto, será de competencia de la Procuraduría General de la Nación, según la calidad del disciplinable ”. 19 “Artículo 16. Modificase el artículo 101 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: Artículo 101. Competencia de las salas disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación contará con tres (3) Salas Disciplinarias, encargadas de conocer, según sus competencias, de la etapa de instrucción y juzgamiento. […]” 20 “Artículo 17. Conformación de la sala disciplinaria de juzgamiento de los servidores públicos de elección popular. Esta Sala estará conformada por tres (3) integrantes que serán elegidos así: […]”. 21 “Artículo 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación. Modificado por el artículo 79 de la ley 2080 de 2021. Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la

jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o de decisión interlocutoria. […]”.Radicado: 11001-03-15-000-2024-00383-00 (562)

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Contencioso Administrativo profirió auto de unificación jurisprudencial, a efectos de fijar las reglas que rigen el trámite y la procedencia del mencionado recurso extraordinario de revisión. Dichas reglas son las siguientes, a saber:

Primera regla . Procedencia. El recurso de revisión solo procede contra las decisiones de segunda instancia o de doble conformidad emitidas por la Procuraduría General de la Nación que impongan sanciones de destitución, suspensión o inhabilidad a servidores públicos de elección popular, siempre y cuando el disciplinado esté en ejercicio de un cargo de elección popular al momento de la imposición de la sanción. Igualmente, procede contra estas mismas decisiones, respecto de las faltas cometidas durante el mandato popular y aun cuando la sanción disciplinaria se imponga con posterioridad, es decir, cuando el sancionado ya no se encuentre en ejercicio del cargo, en tanto dicha sanción comporte inhabilidad para ocupar cargos o ejercer funciones públicas;

Segunda regla. Suspensión de la sanción . La ejecución de la sanción quedará suspendida hasta que termine el trámite de revisión, esto es, hasta la ejecutoria de

comporte inhabilidad para ocupar cargos o ejercer funciones públicas;

Segunda regla. Suspensión de la sanción . La ejecución de la sanción quedará suspendida hasta que termine el trámite de revisión, esto es, hasta la ejecutoria de la sentencia mediante la cual se resuelve definitivamente el recurso de revisión;

Tercera regla . Intervención directa del sancionado . El servidor público de elección popular, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la decisión sancionatoria por parte de la Procuraduría General de la Nación, tendrá derecho a formular cargos, presentar argumentos a su favor, solicitar pruebas y permitir la contradicción de las practicadas en el procedimiento administrativo. En tal caso, puede intervenir directamente o a través de apoderado para el ejercicio de sus derechos, sin mayores exigencias formales distintas a la legitimidad, oportunidad y sustentación de los motivos de inconformidad;

Cuarta regla. Auto que avoca conocimiento del trámite de revisión . El trámite judicial del recurso de revisión inicia con el auto que avoca conocimiento, el cual debe notificarse a la Procuraduría General de la Nación y al disciplinado. El órgano de disciplina, dentro de los 5 días siguiente s, en su escrito de intervención, podrá oponerse a los cargos presentados por el servidor público de elección popular, en los términos del artículo 59 de la Ley 2094 de 2021;

Quinta regla . Procedencia, oportunidad y trámite del recurso de doble conformidad. En el evento de que se profiera una sentencia confirmatoria de la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación,

Quinta regla . Procedencia, oportunidad y trámite del recurso de doble conformidad. En el evento de que se profiera una sentencia confirmatoria de la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación, procederá el recurso de doble conformidad y su trámite será el previsto en el artículo 247 del CPACA;

Sexta regla. Competencia para resolver el recurso de doble conformidad. El recurso de doble conformidad contra las sentencias de revisión proferidas por las salas especiales de decisión del Consejo de Estado se resolverá por la sala especial de decisión que siga en orden numérico; y

22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 3 de diciembre de 2024, Rad. No. 11001-03-15-000-2023-00871-00.Radicado: 11001-03-15-000-2024-00383-00 (562)

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Séptima regla. Control integral. El juez contencioso administrativo ejercerá un examen integral sobre la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de la actuación administrativa de la Procuraduría General de la Nación y de sus decisiones sancionatorias de destitución, suspensión e inhabilidad de servidores públicos de elección popular.

Así las cosas, el recurso extraordinario de revisión establecido en la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, procede únicamente cuando la Procuraduría General de la Nación impone sanciones de destitución, suspensión o inhabilidad a servidores públicos de elección popular que están en ejercicio del

2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, procede únicamente cuando la Procuraduría General de la Nación impone sanciones de destitución, suspensión o inhabilidad a servidores públicos de elección popular que están en ejercicio del cargo al momento de la decisión, o cuando esta se dicte con posterioridad, siempre y cuando se trate de una inhabilidad para ocupar cargos o ejercer funciones públicas.

En otros términos, la unificación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado consider ó que, para asegurar el ejercicio pleno de los derechos políticos del sancionado , es necesario el control judicial automático e inmediato, mediante la revisión extraordinaria de la sanción administrativa , en aquellas circunstancias en que:

(i) Las sanciones impliquen una restricción o limitación temporal al derecho a ser elegido de un servidor público de elección popular en ejercicio de sus funciones. Lo anterior, por cuanto ese tipo de penalidades tienen la capacidad de interrumpir el mandato popular y, en esa medida, lesionan gravemente el principio democrático y el derecho a la representación política efectiva, establecidos en la Constitución Política y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y

(ii) El servidor comete la falta disciplinaria en ejercicio de un cargo de elección popular, pero la sanción se impone con posterioridad a la terminación de su periodo electoral, pues en este caso el sancionado queda expuesto a las limitaciones derivadas de la inhabilitación que lleva aparejada la destitución y la suspensión para ejercer cargos públicos, entre ellos, la imposibilidad de ocupar cargos de elección popular.

Bajo ese derrotero, debe entenderse que las demás sanciones disciplinarias,

suspensión para ejercer cargos públicos, entre ellos, la imposibilidad de ocupar cargos de elección popular.

Bajo ese derrotero, debe entenderse que las demás sanciones disciplinarias, como la multa o la amonestación escrita, no son objeto de l recurso extraordinario de revisión y deberán demandarse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

3.3. Descendiendo al caso concreto , se encuentra acreditado que Roland Jeffrey Wilches Torres, Gabriel Ricardo Salamanca Sanabria y Fabio Alexander Su árez Caro fueron elegidos concejales del municipio de Yopal para el periodo comprendido entre los años 2012 – 201523.

23 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 7253367BD1F58093 D51508A3F5B8578A BC93D2AE2E5EBBE7 B429E184296F7924, ubicado en el índice 14 de SAMAI, archivo “Cuaderno 02 […]”, páginas 141 a 143.Radicado: 11001-03-15-000-2024-00383-00 (562)

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Asimismo, se demostró que , con ocasión del proceso de elección del personero municipal de Yopal para el periodo 2016-2020, el Con cejo Municipal de Yopal expidió la Resolución 126 del 9 de septiembre de 2015 y convocó oficialmente al concurso público , estableciendo los respectivos requisitos. Seguidamente, mediante el Acta No. 10 de 2015, el concejo adoptó los resultados de las pruebas realizadas por la Universidad Remington . Sin em