CE - Auto interlocutorio 11001031500020240467101 de 2025

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Detalles

Título
CE - Auto interlocutorio 11001031500020240467101 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04671-01

Accionante: Rogelio Quiza Ortiz

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá, D. C., quince (15) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-04671-01

Accionante: Rogelio Quiza Ortiz

Accionado: Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

AUTO QUE DECLARA LA NULIDAD

El despacho procede a resolver lo pertinente en el presente trámite constitucional, remitido para conocer de la impugnación que presentó la parte accionante en contra de la sentencia de primera instancia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela

El señor Rogelio Quiza Ortiz, presentó acción de tutela 1, por conducto de apoderado, con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la vida digna y al mínimo vital y móvil, que consideró vulnerados por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle

con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la vida digna y al mínimo vital y móvil, que consideró vulnerados por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la sentencia del 26 de junio de 2024, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 41001-3333-007-2022-00564-01.

1.2. Hechos relevantes y pretensiones

El señor Rogelio Quiza Ortiz ingresó a laborar a la Rama Judicial desde el 1 de octubre de 1974 hasta el 31 de julio de 2016, en cuyo periodo ocupó diferentes cargos. El último empleo en el que se desempeñó fue el de asistente social grado 07 en el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito Judicial de Neiva.

El accionante, mediante escrito del 14 de septiembre de 2017, le solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva la inclusión de la bonificación

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-04671-00, índice 2, certificado D30F94171E21FC5A ABD610C077EFD046 21672875E32BD3C4 9C27FDC410C8C891.Radicado: 11001-03-15-000-2024-04671-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co judicial establecida en el Decreto 0383 de 2013 como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales.

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, a través de oficio DESAJNEO 17 -4551 del 16 de septiembre de 2017, resolvió en forma negativa la petición del actor, por lo que el tutelante presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra del referido acto administrativo.

La mencionada entidad con Resolución núm. DESAJNER 17 -2969 del 19 de octubre de 2017 negó la reposición y concedió la apelación. A su turno la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante Resolución RH -4191 del 23 de mayo de 2022 confirmó en to das sus partes el oficio DESAJNEO 17 -4551 del 16 de septiembre de 2017, la cual se notificó el 10 de agosto de 2022.

El señor Rogelio Quiza Ortiz presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, a través de la cual solicitó:

  1. La inaplicación del artículo 1 del Decreto 0383 de 2013, ii) la nulidad del oficio DESAJNEO 17-4551 del 16 de septiembre de 2017, de la Resolución núm. DESAJNER 17-2969 del 19 de octubre de 2017 y de la Resolución RH-4191 del 23 de mayo de 2022 y;

de la Resolución núm. DESAJNER 17-2969 del 19 de octubre de 2017 y de la Resolución RH-4191 del 23 de mayo de 2022 y; iii) ordenar la reliquidación de sus prestaciones con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial debidamente actualizadas.

El Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, mediante sentencia del 30 de enero de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación.

La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de providencia del 26 de junio de 2024, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, dispuso «Declarar probada de oficio la excepción de prescripción extintiva respecto de los emolumentos causados entre el 30 de octubre de 2014 y el 31 de julio de 2016, en relación con el derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales con inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, […]». En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

Como pretensiones, solicitó al juez constitucional : i) amparar los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la vida digna y al mínimo vital y móvil, ii) revocar la providencia del 26 de junio de 2024 y, en su lugar, mantener la decisión adoptada por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva.

1.3. Tramite de primera instancia

El asunto correspondió conocerlo, bajo el radicado n úmero 11001-03-15-000-2024su lugar, mantener la decisión adoptada por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva.

1.3. Tramite de primera instancia

El asunto correspondió conocerlo, bajo el radicado n úmero 11001-03-15-000-202404671-00, a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, en auto del 3 de octubre de 2024 , admitió la acción interpuesta en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y ordenó las notificaciones de rigor.

Posteriormente, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia el 18 de octubre de 2024 en la que negó las pretensiones de la acción. EnRadicado: 11001-03-15-000-2024-04671-01

Accionante: Rogelio Quiza Ortiz

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contra de la anterior decisión, la parte tutelante presentó recurso de impugnación que fue concedido en auto del 18 de noviembre de la misma anualidad.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Nulidad por indebida integración del contradictorio y deber de vinculación y de notificación

De acuerdo con la Corte Constitucional, los derechos a la contradicción y a la defensa, dentro de un proceso judicial, hacen parte esencial del derecho fundamental al debido proceso. En ejercicio de estos, las personas pueden presentar sus propios argumentos y tienen la posibilidad de participar en el debate probatorio2. En términos del alto tribunal,

dentro de un proceso judicial, hacen parte esencial del derecho fundamental al debido proceso. En ejercicio de estos, las personas pueden presentar sus propios argumentos y tienen la posibilidad de participar en el debate probatorio2. En términos del alto tribunal, estas garantías refieren «a la posibilidad de presentar las razones y las consideraciones pertinentes, y también a la facultad que tiene una persona para participar en la prueba»3.

Ahora bien, la integración del contradictorio también hace parte de las garantías esenciales del derecho al debido proceso, en la medida en que permite materializar los derechos a la defensa y contradicción. Por tal razón, para la Corte, el juez de tutela «tiene la obligación de integrar debidamente el contradictorio, es decir, notificar y vincular a las partes y a los terceros con interés legítimo en el resultado del proceso»4.

Además, la Corte Constitucional ha indicado que cuando el juez de primera instancia omite vincular a todo el contradictorio, existen dos opciones, a saber5:

La indebida integración del contradictorio no implica, per se, la invalidación del trámite y tampoco obliga al juez de segunda instancia o a la Corte Constitucional a retrotraer las actuaciones en todos los casos. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, existen dos alternativas cuando se constata la indebida integración del contradictorio. Primero, la declaratoria de nulidad de todo lo actuado y la consecuente devolución del proceso al juez de primera instancia, para que se corrijan los errores procesales y se inicie nuevamente la actuación “con la concurrencia de la parte que no fue vinculada ”. Segundo, la integración del contradictorio por medio de la vinculación del tercero con interés».

Seguidamente, la Corte explicó que la vinculación en segunda instancia solo procede en

la actuación “con la concurrencia de la parte que no fue vinculada ”. Segundo, la integración del contradictorio por medio de la vinculación del tercero con interés».

Seguidamente, la Corte explicó que la vinculación en segunda instancia solo procede en casos excepcionales. Al respecto advirtió6:

El juez de segunda instancia y la Corte Constitucional en sede de revisión sólo pueden optar por la vinculación, sin necesidad de decretar la nulidad, cuando: (i) a pesar de la indebida integración del contradictorio existe una necesidad o exigencia ineludible de evitar la dilación del trámite tutelar, o (ii) las circunstancias que dan lugar a la vinculación son posteriores a las decisiones de instancia y, por tanto, no era posible exigirle al juez de primera instancia notificar a terceros cuyo interés no era deducible del expediente. En este evento, la vinculación es procedente pues no supone una vulneración del derecho fundamental al debido proceso del tercero vinculado.

En cuanto a la necesidad o exigencia ineludible de evitar la dilación del trámite de tutela, la Corte argumentó que:

2 Corte Constitucional, auto 1087 de 2022. 3 Ibidem. 4 Corte Constitucional, auto 553 de 2021. 5 Corte Constitucional, auto A553 de 2021. 6 IbidemRadicado: 11001-03-15-000-2024-04671-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co «Solamente en circunstancias excepcionales que respondan a la necesidad o exigencia ineludible de evitar la dilación del trámite tutelar, lo que tiene ocurrencia, entre otras circunstancias cuando se encuentra en juego la protección de derechos como la vida, la salud o la integridad física, o cuando están involucrados personas que son objeto de especial protección constitucional o personas en debilidad manifiesta, como la mujer cabeza de familia, los menores o las personas de edad avanzada, la Corte ha procedido a tramitar de manera directa el incidente de nulidad, con la integración directa del contradictorio con la parte o con el tercero que tenga interés legítimo en el asunto».

El artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 no establecen causales de nulidad procesal, sus consecuencias o el procedimiento para solicitarlas o declararlas en trámites de tutela. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha definido que eso no significa que en el trámite de la solicitud de amparo no se puedan configurar irregularidades o vicios que afecten su validez y que impliquen un desconocimiento de las garantías del debido proceso de los sujetos que intervienen7.

De esta manera, la Corte ha precisado que, por analogía, se pueden aplicar las causales de nulidad dispuestas en el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP), siempre que no sean contrarias a los principios de celeridad y eficacia que caracterizan a la acción de tutela.

de nulidad dispuestas en el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP), siempre que no sean contrarias a los principios de celeridad y eficacia que caracterizan a la acción de tutela.

El artículo 61 del CGP dispone que es obligación para el juez notificar y dar traslado «a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado». Por su parte el artículo 133 de la misma codificación contiene, en su numeral 8, la causal de nulidad consistente en que:

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.

2.2. Caso concreto

En el asunto bajo estudio, el despacho revisó el trámite que se surtió en primera instancia en la Subsección B de la Sección Primera del Consejo de Estado, y advirtió que no fue vinculada, como tercero con interés, en el auto admisorio del 3 de octubre de 2024, la siguiente autoridad:

en la Subsección B de la Sección Primera del Consejo de Estado, y advirtió que no fue vinculada, como tercero con interés, en el auto admisorio del 3 de octubre de 2024, la siguiente autoridad:

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

Asimismo, se observó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en el informe de contestación de la tutela solicitó expresamente que se vinculara a esta acción constitucional a la referida entidad , dado que fue la autoridad que expidió los actos

7 Corte Constitucional. Sentencia T-661 de 2014.Radicado: 11001-03-15-000-2024-04671-01

Accionante: Rogelio Quiza Ortiz

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativos demandados y, en consecuencia, ejerció la defensa de la Rama Judicial en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 41001-3333-007-2022-00564-01, promovido por el señor Rogelio Quiza Ortiz. Sin embargo, sobre este preciso punto no se emitió pronunciamiento.

Pues bien, en atención al marco normativo y jurisprudencial contenido en esta providencia, el despacho advierte que era necesario vincular a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva al presente trámite de tutela, y notificarle el auto admisorio del 3 de octubre de 2024 con la finalidad de integrar debidamente el contradictorio.

Seccional de Administración Judicial de Neiva al presente trámite de tutela, y notificarle el auto admisorio del 3 de octubre de 2024 con la finalidad de integrar debidamente el contradictorio.

Lo anterior en razón a que, de una parte, si bien, la demanda que dio origen al proceso ordinario se admitió en contra de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, lo cierto es que fue la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva quien compareció al mismo, en aplicación a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 1038 de la Ley 270 de 1996, parcialmente adicionado por el artículo 46 de la Ley 2430 de 2024, toda vez que se trataba de un discusión jurídica de carácter laboral respecto de un servidor vinculado a un despacho adscrito al distrito judicial de Neiva, el cual pertenece al ámbito de la jurisdicción de la referida seccional.

De otra parte, como bien lo expuso el accionante en el escrito de tutela y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al contestar el escrito de tutela, la autoridad que en una primera oportunidad participó de la actuación administrativa que dio origen a las decisiones cuestionadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y, por consiguiente, ejerció su defensa judicial en este, fue la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva.

En ese orden, se configuró la causal descrita en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso, y en consecuencia procede declarar la nulidad de todo lo actuado en el trámite de tutela con posterioridad a las notificaciones del auto admisorio del 3 de

En ese orden, se configuró la causal descrita en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso, y en consecuencia procede declarar la nulidad de todo lo actuado en el trámite de tutela con posterioridad a las notificaciones del auto admisorio del 3 de octubre de 2024, con el fin de que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado realice las actuaciones que correspondan para la comparecencia de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, a la presente acción constitucional.

Por las razones expuestas, este despacho de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de lo actuado en el trámite de la referencia, con posterioridad a las notificaciones de l auto admisorio del 3 de octubre de 2024, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

8 «ARTÍCULO 103. DIRECTOR SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL: […] Corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial, las siguientes funciones: […]

7. Representar a la Nación -Rama Judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados especiales […]» [Negrilla fuera de texto].Radicado: 11001-03-15-000-2024-04671-01

Accionante: Rogelio Quiza Ortiz

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

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especiales […]» [Negrilla fuera de texto].Radicado: 11001-03-15-000-2024-04671-01

Accionante: Rogelio Quiza Ortiz

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: DISPONER que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado vincule al presente trámite a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, para lo cual procederá como lo considere pertinente.

TERCERO: DEVOLVER el presente expediente al despacho de origen por intermedio de la Secretaría General.

CUARTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito posible.

Notifíquese y Cúmplase

(Firmado electrónicamente)

ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Magistrada

JLAS/SEJV

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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