CE - Auto interlocutorio 11001031500020240509101 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05091-01

Accionante: Orlando JosØ Meza SÆnchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado nœmero: 11001-03-15-000-2024-05091-01

Accionante: Orlando JosØ Meza SÆnchez

Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y

Tribunal Administrativo del Magdalena.

Referencia: Acción de tutela

AUTO NIEGA INCIDENTE DE NULIDAD

La Sala se pronuncia sobre la solicitud de nulidad de la sentencia dictada e l 17 de enero de 2025, presentada por la parte actora.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de amparo y su trÆmite

1.1. JosØ Orlando Meza SÆnchez solicitó el amparo de sus derechos fundam entales a la igualdad en decisiones judiciales y al principio de favorabilidad laboral, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Magdalena con ocasión del fallo del 9 de marzo de 2022, que negó las pretensiones elevadas en e l marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nœm .

consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Magdalena con ocasión del fallo del 9 de marzo de 2022, que negó las pretensiones elevadas en e l marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nœm . 47001-23-33-000-2019-00824-00/01, así como del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, al proferir la sentencia de segunda instancia de fecha 21 de marzo de 2024, que confirmó la decisión apelada.

1.2. La Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia el 24 de octubre de 2024 1 en la que declaró improcedente la solicitud de amparo por no superar el requisito de relevancia constitucional. Esto, se debe a q ue el actor planteó una controversia de naturaleza estrictamente legal y probatoria so bre un asunto que ya fue decidido por los jueces ordinarios, y que pretendió utilizar la acción de tutela como una instancia adicional, sin establecer el alcance , aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental. AdemÆs, discurrió que el acto r no justificó el motivo por el cual dicha decisión constituye una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.

1 ˝ndice 0015 Samai del expediente de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05091-01

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1.3. Inconforme, el accionante presentó recurso de impugnación en el que reite ró los argumentos formulados en la acción de amparo, sin incluir elementos de juici o adicionales a los que fueron analizados en primera instancia2.

1.4. La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia a travØs de providencia del 17 de enero de 2025 3, teniendo en consideración que la parte actora lejos de exponer las circunstancias por las que consideró que las decisiones censuradas vulneraron sus derechos fundamentales, digirió sus argumentos œnicamente a debatir los fundamentos legales y el anÆlisis probatorio con los cuales el Tribunal Administrativo del Magdalena y la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, respectivamente, conside raron que en el presente caso no se causó la sanción moratoria, con miras a que se profiera una nueva sentencia en la que se acoja la interpretación que consideró correcta.

1.5. Para notificar la decisión, la Secretaría General remitió mensaje de datos a las partes el 4 de febrero del presente aæo 4.

2. La solicitud de nulidad

El accionante radicó, a travØs de medios digitales, el 6 de febrero de 2025, un memorial en el que solicitó la nulidad de la sentencia del 17 de enero de 2025 y requirió que “se profiera una nueva decisión, respetando el debido proceso y juez natural d e

en el que solicitó la nulidad de la sentencia del 17 de enero de 2025 y requirió que “se profiera una nueva decisión, respetando el debido proceso y juez natural d e conocimiento”5.

Como sustento de su solicitud sostuvo, en síntesis, que la providencia adolece de una adecuada conformación del juez natural puesto que en el trÆmite de la acción de tutela no se aportó ninguna justificación que permitiera excluir a uno de los magistrados que integra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al momento de deliberar y proferir el fallo de segunda instancia.

Explicó que, para que un juez competente se aparte del conocimiento de un asunto en particular, debe darse, por ejemplo, una modificación en las reglas de compet encia que implique un cambio de radicación o la aceptación de un impedimento.

Asimismo, precisó que, cuando se trata de jueces colegiados la garantía del juez natural exige la correcta conformación de la Sala de Decisión. En este sentido, indicó que el artículo 1 del Acuerdo 140 de 2010 dispone que las Subseccion es A, B y C de la Sección Tercera del Consejo de Estado estarÆn integradas, cada una, por tres Consejeros; no obstante, el fallo del 17 de enero de 2025 fue su scrito solo por dos integrantes de sala, lo que afecta el proceso de obtención de una votación mayoritaria.

2 ˝ndice 0022 Samai del expediente de primera instancia. 3 ˝ndice 0005 Samai del expediente de segunda instancia. 4 ˝ndice 0008 Samai del expediente de segunda instancia.

2 ˝ndice 0022 Samai del expediente de primera instancia. 3 ˝ndice 0005 Samai del expediente de segunda instancia. 4 ˝ndice 0008 Samai del expediente de segunda instancia. 5 ˝ndice 0010 Samai del expediente de segunda instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05091-01

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El actor se refirió a la decisión SU 439 de 2017, en la cual, la Co rte Constitucional estableció la posibilidad de declarar la nulidad de la sentencia de tutela cuand o se afecta el debido proceso por desconocimiento de la garantía del juez natural, y agregó que “la indebida conformación de las salas de decisión de las corporaciones judiciales se vicia la decisión por incumplir con la regla de las mayorías” y ademÆs, que “la exclusión sin causa legal de un funcionario de la deliberación y votación viola de forma grave el debido proceso porque desnaturaliza el carÆcter colectivo y plural de las decisiones colegiadas”.

Finalmente, y con fundamento en lo anterior, consideró lesionado su derecho al debido proceso en los tØrminos del artículo 29 de la Constitución Política y el derecho de t oda persona a ser escuchada por un Tribunal competente e imparcial, tal como lo establece el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

3. Pronunciamiento de los demÆs sujetos procesales

persona a ser escuchada por un Tribunal competente e imparcial, tal como lo establece el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

3. Pronunciamiento de los demÆs sujetos procesales

La Secretaría General fijó en lista la solicitud el 12 de febrero del presen te aæo 6, por un tØrmino de tres (3) días, dentro del cual los accionados guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la solicitud de nulidad de la sentenci a dictada el 17 de enero de 2025, presentada por la parte actora, dado que se dirige directamente en contra del fallo de segunda instancia dictado por la Subsección.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si el fallo del 17 de enero de 2025, dictado en segunda instancia dentro del presente trÆmite constitucional, incurrió en nulidad p or haber sido proferido por dos (2) de los tres (3) magistrados que integran la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado

3. La normativa aplicable

En lo que respecta a las nulidades procesales en el trÆmite de la a cción de tutela, la jurisprudencia de la Corte Constitucional7 ha precisado que esta clase de actuaciones pueden adolecer de vicios que afecten su validez con ocasión de la falta de garantía del debido proceso de las partes que intervienen. AdemÆs, destacó que, e n virtud de

6 índice 0018 del aplicativo Samai. 7 Sentencia T-661 de 2014.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05091-01

6 índice 0018 del aplicativo Samai. 7 Sentencia T-661 de 2014.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05091-01

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lo expresamente dispuesto en el artículo 4 8 del Decreto 306 de 1992 9 es procedente acudir a las normas del Código General del Proceso para adoptar las decisiones pertinentes. Al respecto la Corte indicó:

“[...] Adicionalmente, ha precisado que en materia de nulidades en los procesos de tutela se aplicarÆ en lo pertinente el Código de Procedimiento Civil –hoy Código General del Proceso –, de conformidad con la remisión que efectœa el artículo 4° del Decreto 306 de 1992.

La Sala precisa que en las nulidades ocurridas en los procesos de tutela la norma aplicable y vigente es Ley 1564 de 2012. Aunque, ese estatuto serÆ parÆmetro normativo en los casos en que el Decreto 2591 de 1991 no haya establecido una disposición determinada y siempre que no sea contrario al procedimiento expedito, ademÆs de sumario de la acción de tutela. Lo anterior, en razón de que la gradualidad de la entrada en vigencia del Código General del Proceso fijado en el artículo 267 aplica para la jurisdicción ordinaria en los juicios orales, característica que no tiene el proceso de tutela, el cual se adelanta en un trámite escritural.”

del Proceso fijado en el artículo 267 aplica para la jurisdicción ordinaria en los juicios orales, característica que no tiene el proceso de tutela, el cual se adelanta en un trámite escritural.”

En la misma línea, dicha Corporación ha indicado que 10 “las Salas de la Corte han acudido a los estatutos procesales generales para identificar las irregularidades de l procedimiento que desconocen el derecho al debido proceso de las partes o interesados, en razón de la ausencia de regulación detallada en tutela y a la remisión normativa a ese tipo de códigos 11. En consecuencia, se ha manifestado que “se aplicarÆ en lo pertinente el Código de Procedimiento Civil –hoy Código General del Proceso-, de conformidad con la remisión que efectœa el artículo 4” del Decreto Reglamentario 306 de 1992”.

En decisión posterior 12, la Corte Constitucional decidió acoger, por vía analógica, las causales previstas en el procedimiento civil, cuya regulación se encuentra hoy en el artículo 133 del Código General del Proceso. Lo anterior, en tanto que no existe una norma que de manera especial establezca el rØgimen de nulidad apli cable al trÆmite de las acciones de tutela, y en atención a que el artículo 2.2.3.1.1.3 del Decret o 1069 de 201513, dispone que “Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarÆn los princi pios generales del Código General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto (…)”.

acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarÆn los princi pios generales del Código General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto (…)”.

8 Artículo 4”- De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el Decreto 2591 de 1991. Para la interpretación de las disposiciones sobre trÆmite de la acció n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarÆn los principios generales del Código de Proced imiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto. 9 Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991. 10 SU-439 de 2017. 11 Sentencia T-661 de 2014 y Sentencia T-125 de 2010. En el mismo sentido, ver los Autos A-202 de 2017, A-121 de 2017, A-002 de 2017, A-554 de 2016, A-313 de 2016, A-304 de 2015, A-014 de 1997 A-002 de 1994, A-003 de 1994 y A-007 de 1994 12 Auto 159 de 2018. Referencia: Expedientes T-6.445.911, T-6.446.128 y T-6.477.934 (acumulados). 13 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05091-01

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A partir de lo anterior, la Sala concluye que el estudio y decisión de la solicitud de nulidad formulada por el extremo activo se rige por las disposiciones d el Código General del Proceso (CGP).

4. Requisitos, oportunidad y procedencia de la solicitud de nulidad

4.1. En cuanto a los requisitos y procedencia, el artículo 135 del CGP prevØ que quien alegue la nulidad debe contar con legitimación para proponerla, exponer la causal que invoca y los hechos en que se fundamenta. Por su parte, el artículo 133 ibidem enumera de manera taxativa las causales de nulidad.

La solicitud fue presentada por Orlando JosØ Meza SÆnchez, cuya leg itimación por activa quedó acreditada en el fallo de tutela de segunda instancia del 17 de enero de 2025.

Como fundamento de su solicitud, el accionante no identificó ninguna de las causales previstas en el artículo 133 del CGP, sino que explicó que la nulidad se originó en dicha providencia, teniendo en cuenta que, en su criterio, desconoció el principio d el juez natural al haber sido proferida œnicamente por dos (2) Consejeros de Estado, a pesar de que la Subsección C se integra por un nœmero impar de tres (3). Segœn su planteamiento, este aspecto vulneró su derecho al debido proceso.

En relación con la nulidad originada en la sentencia, la Corte Constitucional 14 indicó que “puede ocurrir por vicios o irregularidades en la misma sentencia, y por violación

planteamiento, este aspecto vulneró su derecho al debido proceso.

En relación con la nulidad originada en la sentencia, la Corte Constitucional 14 indicó que “puede ocurrir por vicios o irregularidades en la misma sentencia, y por violación al debido proceso” . Por su parte, en lo atinente a este tema, en proveído del 7 de febrero de 2025 15 la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado precisó que esta causal no permite identificar situaciones que dan lugar a la nulidad y, por tanto, es pertinente acudir a la decisión 31 de mayo de 201116, en la que la Corporación identificó ciertos vicios que afectan la validez de la sentencia, que fueron sintetizados de la siguiente manera:

“[...] En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin mÆs actuación se dicta sentencia despuØs de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como œnica actuación, sin el previo trÆmite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en Østa, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin mÆs actuación, se profiere sentencia despuØs de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la

despuØs de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la

14 Auto 029 A de 2002. 15 Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173). 16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 1100103-15-000-200800294-00, M.P. Mauricio Torres Cuervo.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05091-01

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sentencia aparece firmada con mayor o menor nœmero de magistrados, o adoptada con un nœmero de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación”. (Destaca la Sala)

En consecuencia, la Sala encuentra acreditado el requisito de legitimación por activa del accionante para proponer la nulidad, quien, a su vez, expuso los fu ndamentos pertinentes. Asimismo, considera procedente la causal de nulidad invocada respe cto del fallo del 17 de enero de 2025, ya que argumentó que su o rigen radica en que la decisión fue suscrita por un nœmero menor de magistrados al que integra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

4.2. En lo relativo a la oportunidad, se advierte que el fallo atacado fue notificado

decisión fue suscrita por un nœmero menor de magistrados al que integra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

4.2. En lo relativo a la oportunidad, se advierte que el fallo atacado fue notificado mediante mensaje de datos enviado el 4 de febrero de 2025 y el memorial contentivo de la solicitud de nulidad fue radicado a travØs del aplicativo web el 6 de febrero siguiente, esto es, dentro del tØrmino de ejecutoria 17. Por lo anterior, se considera que la petición se presentó en forma oportuna.

5. Caso concreto

Conforme a lo preceptuado en el artículo 29 de la Constitución Política, el de bido proceso comprende tres elementos: i) el derecho al juez natural o funcionario competente; ii) el derecho a ser juzgado segœn las formas de cada juicio o procedimiento, es decir, con apego a las normas procesales previstas para cada actuación judicial o administrativa; iii) el derecho de audiencia y defensa.

Como se indicó en precedencia, uno de los eventos que generan nulidad originada en la sentencia se presenta cuando esta “aparece firmada con mayor o menor nœmero de magistrados, o adoptada con un nœmero de votos diverso al previsto en la ley”.

Al punto, conviene recordar que tanto el artículo 36 de la Ley 270 d e 199618 como el artículo 110 de la Ley 1437 de 2011 disponen que la Sección Tercera del Consejo de Estado se dividirÆ en tres (3) subsecciones, cada una de las cuales estarÆ integr ada por tres (3) Magistrados19.

Por su parte, el artículo 16 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 201920, regula la división

Estado se dividirÆ en tres (3) subsecciones, cada una de las cuales estarÆ integr ada por tres (3) Magistrados19.

Por su parte, el artículo 16 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 201920, regula la división y funcionamiento de la Sección Tercera, y prevØ que, en caso de retiro de un consejero, quien lo reemplace ocuparÆ su lugar en la respectiva Subsección. El texto de la norma es el siguiente:

“[...] ART˝CULO 16.- DIVISIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECCIÓ N TERCERA. La Sección Tercera se dividirÆ en tres (3) Subsecciones, que se denominarÆn A, B y C, cada una de las cuales estarÆ integrada por tres (3)

17Auto A 828 de 2021. 18 De la Sala de lo Contencioso Administrativo 19 De la misma forma, lo esta 20 Reglamento Interno del Consejo de EstadoRadicado: 11001-03-15-000-2024-05091-01

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consejeros. En caso de retiro de un consejero, quien lo reemplace ocuparÆ su lugar en la respectiva Subsección”.

Ahora bien, en el transcurso del aæo 2024, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado estuvo integrada por tres (3) Consejeros de Estado. Sin embargo, el 15 de noviembre de ese aæo, el magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas culminó

Consejo de Estado estuvo integrada por tres (3) Consejeros de Estado. Sin embargo, el 15 de noviembre de ese aæo, el magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas culminó su período constitucional. En consecuencia, la Sala Plena de la Corporación, mediante el Acuerdo 391 del 6 de noviembre de 2024, proferido en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por los artículos 131, numeral 1; 132, numeral 3; y 149, numeral 5 de la Ley 270 de 1996, y conforme a lo decidido en sesión de la misma fecha, dispuso:

“[...] Artículo primero. Encargar al doctor NicolÆs Yepes Corrales, magistrado de la Sección Tercera de esta Corporación, de las funciones del doctor Jaime Enrique Rodríguez Navas, quien finaliza su periodo constitucional el 15 de noviembre de 2024”

Lo anterior implica que, al momento en que el presente asunto fue asignado por reparto a este Despacho —27 de noviembre de 2024 21—, como consecuencia de la finalización del periodo del magistrado Rodríguez Navas, el doctor Yepes Corrale s fungía como magistrado encargado y entró a ocupar su lugar en la Subsección C. Por tanto, los fallos de tutela dictados en el periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2024 al 3 de febrero de 202522 fueron proferidos por la Sala Dual, conforme lo prevØ el ordenamiento jurídico vigente.

En este sentido, no hay fundamento para declarar la nulidad de la sentencia del 17 de enero de 2025 por desconocimiento del juez natural, como lo sostuvo el accion ante, dado que, tras la finalización del período constitucional de uno de los integrantes de la

En este sentido, no hay fundamento para declarar la nulidad de la sentencia del 17 de enero de 2025 por desconocimiento del juez natural, como lo sostuvo el accion ante, dado que, tras la finalización del período constitucional de uno de los integrantes de la Subsección, la Sala Plena de la Corporación adoptó las decisiones administrativas necesarias para garantizar el funcionamiento del despacho y la continuidad del servicio de administración de justicia.

Por lo tanto, sí existe una justificación para que la sentencia del 17 de e nero de 2025 haya sido expedida por dos (2) miembros de la Subsección, por lo que la supuesta vulneración al debido proceso alegada por el actor no tiene sustento. En consecuencia, la Sala negarÆ la solicitud de nulidad.

En mØrito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Conten cioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la Repœblica y por autoridad de la ley,

RESUELVE

21 ˝ndice 0001 del aplicativo Samai del expediente de tutela de segunda instancia. 22 Se pone de presente que Adriana Polidura Castillo fue elegida como magistrad a de la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, y tomó posesión del cargo el 4 de febrero de 2025.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05091-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

PRIMERO: NEGAR la solicitud de nulidad de la sentencia del 17 de enero de 2025 formulada por Orlando JosØ Meza SÆnchez, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el medio mÆs expedito.

TERCERO: REMITIR el fallo de segunda instancia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y Cœmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOL`S YEPES CORRALES

Magistrada Magistrado

SFGS