CE - Auto interlocutorio 11001031500020240575901 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05759-01

Accionante: Víctor Manuel Esquivel Lozano

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado número: 11001-03-15-000-2024-05759-01

Accionantes: Víctor Manuel Esquivel Lozano

Accionado: Unidad Administrativa Especial de Gestión

Pensional y Contribuciones Parafiscales de Proyección Social-UGPP Referencia: Acción de tutela

AUTO QUE RESUELVE SOLICITUD DE ADICIÓN DE SENTENCIA

La Sala resuelve la solicitud de a dición que presentó el accionante respecto de la sentencia del 12 de septiembre de 2025 proferida dentro del trámite de la referencia, que confirmó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, declaró la improcedencia de la acción.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Víctor Manuel Esquivel Lozano, en nombre propio, interpuso acción de tutela1 con el fin de solicitar la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social, que consideró vulnerados por la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección

fin de solicitar la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social, que consideró vulnerados por la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, pues no dio cumplimiento a la sentencia del 25 de abril de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado núm. 7600123-31-000-2003-03619-00-.

En dicha decisión se anuló la Resolución núm. 24681 del 2 de septiembre de 2002, así como el acto presunto mediante el cual se había negado la reliquidación de su pensión. Además, se ordenó a Cajanal efectuar la correspondiente reliquidación y el pago de las diferencias pensionales resultantes al aquí accionante.

1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, certificado núm.

D368829237364F33 6484B6218553A2A4 8365338EA97B6F98 4E3CDFA35AEC534E.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05759-01

Accionante: Víctor Manuel Esquivel Lozano

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2. Hechos

2.1. El señor Víctor Manuel Esquivel Lozano prestó sus servicios a la Rama Judicial en el departamento del Valle del Cauca durante un período superior a 35 años. Al reunir los requisitos legales exigidos para acceder al derecho pensional, presentó solicitud ante, la entonces, Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal, entidad que

en el departamento del Valle del Cauca durante un período superior a 35 años. Al reunir los requisitos legales exigidos para acceder al derecho pensional, presentó solicitud ante, la entonces, Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal, entidad que reconoció su pensión de jubilación mediante la Resolución núm. 31531 del 14 de diciembre de 2000.

2.2. Con posterioridad, el señor Esquivel Lozano solicitó a Cajanal la reliquidación de su pensión con base en los salarios y demás factores devengados durante el último año de servicios. No obstante, dicha petición fue negada por la entidad mediante Resolución No. 24681 del 2 de septiembre de 2002.

2.3. En consecuencia, el accionante interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto que le negó la reliquidación de su pensión, proceso que fue identificado bajo el radicado núm. 76001-23-31-000-200303619-00 y cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2.4. Durante el trámite de la demanda y , antes de que se profiriera sentencia, el señor Esquivel Lozano formuló una acción de tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la cual solicitó la aplicación del régimen prestacional de la Rama Judicial en la reliquidación de su pensión. Mediante sentencia del 15 de junio de 2004, dicha corporación concedió el amparo y ordenó a Cajanal reliquidar la pensión del accionante conforme al Decreto 546 de 1971, con la inclusión la asignación mensual y los emolumentos percibidos en su último año de servicio.

pensión del accionante conforme al Decreto 546 de 1971, con la inclusión la asignación mensual y los emolumentos percibidos en su último año de servicio.

2.5. En cumplimiento del fallo de tutela, Cajanal expidió la Resolución del 4 de marzo de 2005, en la cual efectuó la reliquidación de la pensión del señor Esquivel Lozano, con base en lo devengado durante el último año de labores.

2.6. Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 25 de abril de 2005, declaró la nulidad de la resolución y del acto administrativo que habían negado la reliquidación pensional y ordenó nuevamente la respectiva reliquidación.

2.7. Según lo expuesto en el escrito de tutela, la liquidación efectuada por Cajanal no incluyó el reajuste correspondiente de la mesada pensional. Por tal motivo, el accionante inició proceso ejecutivo en contra de dicha entidad, con el fin de obtener el cumpl imiento de la sentencia del 25 de abril de 2005, en particular, en lo relacionado con el incremento de su mesada para el año 2004, fijado en 6.49%.

2.8. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali, bajo el radicado 2008-00398 y que libró mandamiento de pago el 3Radicado: 11001-03-15-000-2024-05759-01

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de diciembre de 2008 y, mediante sentencia del 16 de junio de 2009, ordenó seguir adelante con la ejecución.

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de diciembre de 2008 y, mediante sentencia del 16 de junio de 2009, ordenó seguir adelante con la ejecución.

2.9. Mientras se adelantaba el trámite ejecutivo, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación de Cajanal, lo que conllevó a la terminación del referido proceso ejecutivo. Por ello, en virtud del Decreto 2196 de 2009, el expediente fue remitido al proceso liquidatorio de la entidad, para que integrara el inventario general de obligaciones laborales.

2.10. Una vez culminada la liquidación de Cajanal, la UGPP asumió sus obligaciones. En tal sentido, expidió la Resolución RDP-05834 del 27 de diciembre de 2013, con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia proferida el 16 de junio de 2009 por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali. En dicha resolución se ordenó el pago, por una sola vez, de la suma de 17.066.210,22 a favor del señor Esquivel Lozano, por concepto de ajuste pensional, más la indexación efectiva a partir del 1 de febrero de 2004. Sin embargo, según el accionante, dicha orden aún no ha sido cumplida.

2.11. En virtud de lo anterior, el señor Esquivel Lozano solicitó al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que exigieran a la UGPP el cumplimiento de sus propias decisiones judiciales. No obstante, a su juicio, dichas solicitudes han sido interpretadas de manera errónea como nuevas demandas ejecutivas y han sido rechazadas por caducidad.

que exigieran a la UGPP el cumplimiento de sus propias decisiones judiciales. No obstante, a su juicio, dichas solicitudes han sido interpretadas de manera errónea como nuevas demandas ejecutivas y han sido rechazadas por caducidad.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

3.1. La parte accionante solicitó a la Sala de Decisión admitir la presente acción de tutela, en atención a la vulneración de sus derechos fundamentales. En consecuencia, pidió que se ordene a la UGPP que “proceda a dar cumplimiento a las decisiones invocadas y a su propio acto administrativo expedido en el 2013, argumentando dar cumplimiento a, la sentencia ejecutiva que se pretende desconocer”2.

Adicionalmente solicitó que se vinculara a la acción constitucional al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la medida en que fue la autoridad que profirió la sentencia del 25 de abril de 2005 que sirvió como título en el proceso ejecutivo.

3.2. El accionante argumentó que su reconocimiento pensional se realizó con fundamento en el régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971, aplicable a los servidores de la Rama Judicial. Conforme a dicho régimen, la liquidación de la mesada debe incluir no solo la asignación básica mensual, sino también los factores salariales percibidos de forma habitual y periódica durante el último año de servicio,

2 Ibid.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05759-01

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tales como primas, horas extras y otros emolumentos señalados expresamente en la norma.

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tales como primas, horas extras y otros emolumentos señalados expresamente en la norma.

3.3. Expuso que, tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado han sostenido de manera uniforme que los factores salariales adicionales deben ser tenidos en cuenta para efectos pensionales, en la medida en que representen retribuciones habituales por la prestación del servicio.

3.4. Asimismo, sostuvo que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que ordenó la reliquidación pensional con base en el citado régimen especial, se dictó bajo la vigencia del Código Contencioso Administrativo y adquirió firmeza, por lo que constituye cosa juzgada material. En consecuencia, no puede ser objeto de revisión ni desconocimiento por parte de la UGPP, ya que representa un derecho adquirido.

3.5. Manifestó que, a pesar de los referidos antecedentes jurisprudenciales y legales, la UGPP ha incumplido su obligación de ejecutar plenamente lo ordenado judicialmente, pues omitió el pago de la indexación y de los intereses moratorios reconocidos. Asimismo, ha aplicado criterios jurisprudenciales posteriores, propios del régimen de transición, con el fin de reabrir el debate pensional, lo cual resulta improcedente frente a decisiones ejecutoriadas y actos administrativos firmes.

3.6. Indicó que su inconformidad radica precisamente en el incumplimiento por parte de la UGPP no solo de las sentencias judiciales que ordenaron la reliquidación pensional, sino también de su propio acto administrativo –la Resolución RDP-05834

3.6. Indicó que su inconformidad radica precisamente en el incumplimiento por parte de la UGPP no solo de las sentencias judiciales que ordenaron la reliquidación pensional, sino también de su propio acto administrativo –la Resolución RDP-05834 de 27 de diciembre de 2013 –, lo cual ha gen erado una afectación directa a sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia y a la seguridad social.

4. Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estad o profirió sentencia de primera instancia el 17 de enero de 2025 3, en la que declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional, al estimar que no superó el requisito de subsidiariedad.

El a quo precisó que la parte actora no cuestionó directamente las providencias dictadas dentro de los procesos ejecutivos promovidos para hacer efectiva la sentencia del 25 de abril de 2005. Además, no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que justificara el uso de la tutela como mecanismo transitorio.

No obstante, indicó que como la UGPP afirmó haber cumplido con las decisiones judiciales relacionadas con la pensión del accionante, se le exhortó para que, dentro

3 Índice 00021 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, certificado núm.

41ADADDE1992AC61 5EE9DD242551C16F 40A2A5347C012DB1 ABBCD82EC280E426.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05759-01

Accionante: Víctor Manuel Esquivel Lozano

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Accionante: Víctor Manuel Esquivel Lozano

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de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, inform ara al señor Víctor Manuel Esquivel Lozano las fechas y los valores pagados en virtud de las sentencias del 25 de abril de 2005 y 16 de junio de 2009 proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Noveno Administrativo de Cali, respectivamente.

5. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación 4 contra la decisión de primera instancia en el que reiteró los todos argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Explicó que agotó todos los mecanismos de defensa tanto al interior del proceso de ejecución, cuya base fue la sentencia ordinaria de condena, como con las múltiples solicitudes tanto a Cajanal , como a la sucesora UGPP, sin que tales pedimentos dirigidos al pago del crédito judicialmente reconocido encontraran respuesta favorable.

En cuanto a la orden de exhortar a la UGPP, consideró que esta debía completarse en el sentido de exigir a la entidad que “demuestre documentalmente sobre los actos administrativos que al efecto se expidieron y el procedimiento aritmético llevado a cabo, especialmente la deuda insistentemente reclamada sobre el incremento pensional con la respectiva indexación y los intereses moratorios causados desde la ejecutoria de la sentencia ordinaria de condena, o sea, desde el 15 de junio de 2005”.

6. Sentencia de segunda instancia

Mediante sentencia del 12 de septiembre de 2025 5 esta Subsección resolvió la referida impugnación y confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la

2005”.

6. Sentencia de segunda instancia

Mediante sentencia del 12 de septiembre de 2025 5 esta Subsección resolvió la referida impugnación y confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito de subsidiariedad.

7. Solicitud de adición

El 24 de noviembre de 20256, el accionante presentó solicitud de adición del fallo del 12 de septiembre de 2025 y en consecuencia deprecó:

“a) A dictar sentencia complementaria como lo dispone el art ículo 287 del C.G del proceso en el atendido de reexaminar su decisión que confirmo la sentencia de primera instancia, por la cual negó la acción de tutela bajo el argumento de no haberse superado el requisito de subsidiariedad , pues esta demostrado que si se agotó con la instauración de la primera demanda ejecutiva, cuyo proceso

4 Índice 00028 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, certificado núm. 3CB70EA5306D2979 EB8760395618FC0E F118B745B8DBECCD 9DF09724A7B3A68F. 5 Índice 00021 del aplicativo SAMAI, certificado B0A8CE9B816243FE 8858995B99BFFC16 E3565A13B9F73185 2839404A190BDE34. 6 Índice 00025 del aplicativo SAMAI, certificado 2150E691BFC71F09 7B8791BA2E6F0EEE FE36A4D257A026C4 D093691CA394A26E.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05759-01

Accionante: Víctor Manuel Esquivel Lozano

FE36A4D257A026C4 D093691CA394A26E.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05759-01

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con sentencia de seguir adelante la ejecución se remitió a Cajana en liquidación igualmente, que ante el liquidador del mismo y con posterioridad ante la sucesora UCPP continuaron la reclamaciones.

b) respecto de una segunda demanda la jurisprudencia citada sostuvo: “Esta limitación tiene su fundamento jurídico y práctico en el hecho de que entidad en el procesos (sic) de liquidación pagará la obligación reconocida en él, con el producto de la masa liquidatario, hasta donde los recursos lo permitan, de acuerdo con la prelación de créditos prevista en la ley”.

“Si bien es cierto que existe una prohibición legal para iniciar una nueva ejecución de sentencia por obligaciones originadas con anterioridad a un proceso de liquidación, esta prohibición excluyo las obligaciones pensionales porque, contrario a lo aducido por el Tribunal, correspondía a la UGPP asumirlas, como sucesora de la Cajanal en materia pensional. Y si bien es cierto el escrito de ejecución se radico contra la fiduciaria S.A; le correspondería adelantar las actuaciones necesarias a efectos de garant izar el acceso a la administración de justicia del actor y otros. En conclusión, la Subsección considera que en el presente asunto no puede negarse librar mandamiento de pago con sustento en que la obligación objeto de recaudo se hizo exigible con anterioridad a la liquidación de Cajanal, porque se trata de una obligación de carácter pensional. Es de anotar que similar posición había adoptado la

pago con sustento en que la obligación objeto de recaudo se hizo exigible con anterioridad a la liquidación de Cajanal, porque se trata de una obligación de carácter pensional. Es de anotar que similar posición había adoptado la subsección A. de la sección segunda en auto 0-0221 de 20 de junio/2016 y en 2017 por la subsección B. radicado 4957-16”7.

II. CONSIDERACIONES

1. De las solicitudes de adición y/o aclaración de sentencias de tutela

La Corte Constitucional, en la providencia A-031A de 2002 indicó, con base en la Sentencia T-576 de 1993 que, conforme al artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, es procedente la aclaración o adición de sentencias de segunda instancia en sede de tutela. Esto se fundamenta en que el mencionado artículo dispone que el juez debe remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión “dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia”. Este plazo de ejecutoria adquiere relevancia en el trámite de impugnación, dado que permite a las partes solicitar la aclaración o complementación de la sentencia de tutela.

Al respecto, la providencia que se cita señaló:

“(…) De las normas anteriores, se deduce que las providencias quedan ejecutoriadas después de tres días de notificadas cuando carecen de recursos, como es el caso de las sentencias de tutela de segundo grado. Lo anterior se explica porque, dentro del plazo de esos tres días, los interesados pueden pedir la aclaración o complementación de la providencia, con lo cual su ejecutoria se pospondrá hasta el momento en que, a su turno, quede ejecutoriada la

explica porque, dentro del plazo de esos tres días, los interesados pueden pedir la aclaración o complementación de la providencia, con lo cual su ejecutoria se pospondrá hasta el momento en que, a su turno, quede ejecutoriada la providencia que resuelva sobre la aclaración o complementación (…)”.

7 Ibid.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05759-01

Accionante: Víctor Manuel Esquivel Lozano

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Ahora bien, conforme a la remisión del artículo 4º 8 del Decreto 306 de 1992 9 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 7 del C.G.P., la adición de una providencia procede con arreglo a los siguientes términos:

“Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento , deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad (…)” (negrita fuera del texto).

2. Problema jurídico

A la Sala le corresponde establecer si la sentencia de segunda instancia dictada el 12 de septiembre de 2025 omitió la resolución de alguno de los extremos de la litis o de cualquier otro punto que, de conformidad con la ley, debía ser objeto de pronunciamiento.

3. Caso concreto

La Sala anuncia que negará la solicitud de adición de la sentencia, por las razones que se exponen a continuación:

3.1. Pues bien, como se indicó, esta Sala de Subsección -por medio de la sentencia

3. Caso concreto

La Sala anuncia que negará la solicitud de adición de la sentencia, por las razones que se exponen a continuación:

3.1. Pues bien, como se indicó, esta Sala de Subsección -por medio de la sentencia de 12 de septiembre de 2025 - confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción porque no se superó el requisito de subsidiariedad.

Bajo ese contexto, esta Sala advirtió que, si bien el accionante alega la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, lo cierto es que su solicitud está relacionada con el cobro de la suma que, según aduce, le fue reconocida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que resultó condenada la extinta Cajanal; por lo tanto, su fin último es la reliquidación de su pensión de conformidad a lo ordenado en la sentencia del 25 de abril de 2005. Por lo tanto, se consideró que actor contaba con otro medio de defensa judicial idóneo para obtener el fin perseguido, pues, según los artículo s 297 y 298 de la Ley 1437 de 2011, las sentencias debidamente ejecutoriadas constituyen un título ejecutivo que puede hacerse exigible ante el juez que impuso la respectiva condena.

Mas adelante, en la decisión se resaltó que estaba demostrado que el accionante sí adelantó el respectivo proceso ejecutivo que finalizó con sentencia el 16 de junio de 2009, pero la supresión y liquidación de Cajanal retrasó el cumplimiento de la obligación de pagar su reajuste pensional. Por tal situación, el señor Esquivel

de 2009, pero la supresión y liquidación de Cajanal retrasó el cumplimiento de la obligación de pagar su reajuste pensional. Por tal situación, el señor Esquivel

8 “Artículo 4°: De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el Decreto 2591 de 1991. Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los prin cipios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto”. 9 “Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2591 de 1991”.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05759-01

Accionante: Víctor Manuel Esquivel Lozano

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Lozano presentó diversas solicitudes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de que se diera cumplimiento a la sentencia de 25 de abril de 2005, las cuales, a su juicio, han sido tramitadas de manera equivocada como nuevas demanda s ejecutivas bajo los radicados No. 2016 -00184-00/01 y 202000129-00/01 y le han sido negadas y rechazadas por caducidad.

Aunado a lo anterior, esta judicatura resaltó que, en cuanto al proceso ejecutivo con radicado 76001-33-33-009-2020-00129-01, mediante auto del 9 de febrero de 2021 el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali rechazó la demanda por haberse configurado la cosa juzgada, en razón a que la misma causa fue decidida en los autos del 23 de enero y 25 de noviembre de 2019, adicional a que operó la

haberse configurado la cosa juzgada, en razón a que la misma causa fue decidida en los autos del 23 de enero y 25 de noviembre de 2019, adicional a que operó la caducidad de la acción.

También explicó que posteriormente, en auto del 11 de octubre de 202410 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la providencia del 9 de febrero de 2021 porque consideró que no era posible reactivar el proceso ejecutivo 2008-00398-00, toda vez que su terminación se dio en virtud del Decreto 254 de 2000 modifica do por la Ley 1105 de 2006, que prohíbe la reclamación ante la jurisdicción del pago de obligaciones exigibles originadas con antelación al proceso liquidatorio; y se configuró la excepción de cosa juzgada respecto a la nueva solicitud de cumplimiento de la sentencia del 25 de abril de 2005. Todo esto sumado a que la reclamación del cumplimiento de la sentencia No. 091 del 25 de abril de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca contra la UGPP, ya había sido puesta en consideración de esta jurisdicción, la cual, dispuso tanto en primera como en segunda instancia que la oportunidad para su reclamación ya se encontraba caducada.

Por todo lo expuesto, esta subsección afirmó que era dable concluir que como operó la caducidad de la acción ejecutiva por causas imputables al demandante, mal podría la tutela fungir como mecanismo para revivir los términos ordinarios, pues de ser así, la solicitud de amparo perdería todo carácter transitorio. Así entonces, al haber operado el término de caducidad de la acción principal, la acción de tutela se

ser así, la solicitud de amparo perdería todo carácter transitorio. Así entonces, al haber operado el término de caducidad de la acción principal, la acción de tutela se torna improcedente. Esto en el entendido que la acción tuitiva no puede utilizarse para revivir oportunidades que fenecieron por negligencia del demandante.

Adicionalmente, se precisó que el accionante no presentó reparo alguno en contra de las decisiones proferidas por las autoridades judiciales vinculadas, sino que su inconformidad se centró en la falta de cumplimiento de la orden judicial por parte de la UGPP.

Por último, respecto a la solicitud del impugnante, sobre ampliar los términos del exhorto a la UGPP, esta judicatura consideró que lo ordenado por el juez constitucional de la primera instancia era suficiente y no procedía la

10 Índice 00014 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, certificado núm.

694D684A54DD069E 6377C2A99B586642 766D3CDC59E1423C D85B4D2551A45277.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05759-01

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complementación solicitada, esto, en la medida en que la intención de ello es que exista una claridad sobre cuáles fueron los montos pagados en cumplimiento de las sentencias de 25 de abril de 2005 y de 16 de junio de 2009 proferidas por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y el Juzgado 9 Administrativo de Cali, respectivamente.

3.2. Así las cosas, la Sala denota que la solicitud de adición formulada por el

Administrativo de Valle del Cauca y el Juzgado 9 Administrativo de Cali, respectivamente.

3.2. Así las cosas, la Sala denota que la solicitud de adición formulada por el tutelante, más allá de buscar que se resuelva otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, lo que pretende es rebatir los argumentos por los que esta autoridad judicial consideró que la solicitud de amparo era improcedente. En tal sentido, la adición no puede ser el medio procesal para revocar o modificar la sentencia, como tampoco para rebatir la legalidad de las consideraciones del fallador, porque ello iría contra el principio de inmutabilidad o intangibilidad de la sentencia por el mismo juez que la profirió.

Por lo tanto, lo que se observa es que el accionante procura, tal como lo manifestó en su solicitud de adición, que se reexamine la decisión que confirmó la sentencia de primera instancia, sin presentar un punto concreto dejado de resolver.

En efecto, la Sala advierte que lo pretendido por el actor es reabrir el debate dado al interior de la acción constitucional en la que se dictó el fallo que se busca adicionar. Así, del contenido del escrito que da origen al presente pronunciamiento, se observa que este no atiende los requisitos de la institución de la adición de providencias expuestos en precedencia, en la medida en que, no expone realmente que se haya omitido resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro pun to que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento.

De manera que la petición que nos ocupa deviene infundada e improcedente por las razones anotadas y, además, porque es evidente que lo que subyace en ella es

pronunciamiento.

De manera que la petición que nos ocupa deviene infundada e improcedente por las razones anotadas y, además, porque es evidente que lo que subyace en ella es la inequívoca intención de que se vuelva sobre una controversia ya decidida, lo cual es completamente ajeno a esta etapa del proceso.

En consecuencia, encuentra la Sala que la petición del tutelante debe ser negada y, por lo tanto, así será declarado en la parte resolutiva del presente proveído.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de adición de la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2025, por esta Sala de Subsección, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05759-01

Accionante: Víctor Manuel Esquivel Lozano

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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Magistrada

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

NICOLÁS YEPES CORRALES

WILLIAM BARRERA MUÑOZ Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Magistrada

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

NICOLÁS YEPES CORRALES

Magistrado

SABF