CE - Auto interlocutorio 11001031500020240610901 de 2025

Radicado: 11001031500020240610901

Accionante: Maritza Isabel Martínez Flórez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado nœmero: 11001-03-15-000-2024-06109-01

Accionante: Maritza Isabel Martínez Flórez Accionado: Presidencia de la Repœblica Referencia: Acción de tutela

AUTO QUE RESUELVE UN INCIDENTE DE DESACATO

La Sala resuelve el incidente de desacato promovido por Maritza Isabel Martíne z Flórez respecto del cumplimiento del fallo de tutela proferido el 17 de enero de 2025 por la Sala de Subsección.

I. ANTECEDENTES

1. El fallo de tutela

La Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado profirió fallo el 17 de enero de 2025 dentro del trÆmite de tutela promovido por Maritza Isabel Martínez Flórez contra la Presidencia de la Repœblica, identificado con el radicado nœm. 11001-03-15-000-2024-06109-011, en el que resolvió lo siguiente:

“(...) SEGUNDO. AMPARAR el derecho fundamental de petición de Mari tza

11001-03-15-000-2024-06109-011, en el que resolvió lo siguiente:

“(...) SEGUNDO. AMPARAR el derecho fundamental de petición de Mari tza Isabel Martínez Flórez y, en consecuencia: i) ORDENAR a la Presidencia de la Repœblica, que dentro del tØrmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, decida de fondo el punto 1 de la petición que la accionante radicó el día 17 de octubre de 2024; ii) ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional, para que a travØs de la Dirección de Personal del EjØrcito Nacional, dentro del tØrmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, decida de fondo los puntos 2, 3, 4 y 5 de la petición que la accionante radicó el día 17 de octubre de 2024”.

2. Solicitud de inicio de trÆmite incidental por desacato

La accionante presentó escrito el 7 de febrero de 2025, mediante el cual solicitó dar trÆmite al incidente de desacato e informó que la Presidencia de la Repœbli ca no ha

1 De conformidad con las anotaciones del aplicativo Samai, el fallo de tutela no fue impugnado, y el expediente fue remitido a la Corte Constitucional el 13 de febrero de 2025 (índice 0028 del expediente 11001-03-15-000-2024-06109-00).Radicado: 11001031500020240610901

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11001-03-15-000-2024-06109-00).Radicado: 11001031500020240610901

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cumplido con la orden constitucional 2. El expediente ingresó al Despacho el 11 de febrero siguiente3.

3. Etapa de requerimiento

3.1. El Despacho ponente advirtió que, el 11 de febrero de 2025, la Presidencia de la Repœblica remitió un escrito en el que informó haber dado respuesta a l numeral 1 de la petición presentada por la actora el 17 de octubre de 2024, mediante el oficio identificado con la referencia OFI25-00023415 / GFPU 13150000 de la misma fecha, y adjuntó copia digital 4. En dicho documento, se registró como buzón de notificaciones la dirección de correo electrónico: redessociales951753@gmail.com.

En virtud de lo anterior, se efectuó una consulta en el aplicativo Sama i frente al expediente de tutela con radicado nœm. 11001-03-15-000-2024-06109-00, en la que se verificó que la dirección electrónica utilizada por la seæora Martínez Flórez para remitir la petición de información —objeto del amparo concedido — corresponde a la registrada en el expediente. No obstante, la Presidencia de la Repœblica no aportó constancia de haber notificado el oficio OFI25-00023415 / GFPU 13150000 a la

la registrada en el expediente. No obstante, la Presidencia de la Repœblica no aportó constancia de haber notificado el oficio OFI25-00023415 / GFPU 13150000 a la interesada, razón por la cual, en ese momento, no podía considerarse cumplida de manera adecuada la orden de tutela5.

Mediante auto del 13 de febrero de 2025 6, el Despacho requirió a Angie Lizeth Rodríguez, en calidad de directora (E) del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repœblica 7, y a Claudia Milena Murillo Buitrago 8, como coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano de la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano de la misma entidad, a quienes se les concedió un tØrmino de tres (3) días hÆbiles, contados a partir de la notificación de la providencia, pa ra que rindieran un informe sobre los hechos en que se sustentó la solicitud del actor y el cumplimiento de la sentencia de tutela. Dicha notificación fue enviada por la Secretaría General de la Corporación el 17 de febrero del presente aæo 9.

3.2. La Presidencia de la Repœblica informó que, mediante el oficio OFI2500023415 / GFPU 13150000 del 11 de febrero de 2025, suscrito por Claudia Milena Murillo Buitrago en su calidad de Coordinadora del Grupo de Atención a la Ciudadanía, dio cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela del 17 de enero del presente aæo. Para ello, remitió dicha comunicación a Maritza Isabel Martínez Flórez

2 ˝ndice 0002 del aplicativo Samai. 3 ˝ndice 0003 del aplicativo Samai.

presente aæo. Para ello, remitió dicha comunicación a Maritza Isabel Martínez Flórez

2 ˝ndice 0002 del aplicativo Samai. 3 ˝ndice 0003 del aplicativo Samai. 4 ˝ndice 0004 del aplicativo Samai 5 ˝ndice 002 con certificado 57A71FB7FC4C5758 0D2F4FF7619B6B6A 7FFDC05822FC43B4 4AFE5FC36044122B 6 ˝ndice 0006 del expediente digital con nœmero de radicado 11001-03-15-000-2024-06109-01 7 Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23 y 27, inciso segundo, del Decreto 2591 de 1991. 8 Quien suscribió el oficio identificado con la referencia OFI25-00023415 / GFPU 13150000 del 11 de febrero de 2025. 9 Archivos electrónicos ubicados en el índice Samai 0009.Radicado: 11001031500020240610901

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a la dirección electrónica redessociales951753@gmail.com, con la siguiente respuesta10:

“(...) Se encuentra que en la petición presentada con el radicado No EXT2400167627, en su primer numeral solicita “1. Se me informe si el Decreto Ley 1793 de 2000 cuenta con una exposición de motivos. En caso de ser afirmativa la respuesta, pido se me suministre copia de dicha exposición”.

00167627, en su primer numeral solicita “1. Se me informe si el Decreto Ley 1793 de 2000 cuenta con una exposición de motivos. En caso de ser afirmativa la respuesta, pido se me suministre copia de dicha exposición”. Sobre el mismo, me permito informarle que una vez verificada la solicitud con el Grupo de Archivo Central del Departamento Administrativo de la Presidencia – DAPRE.

Se encontró que el Decreto Ley 1793 del 14 de septiembre de 2000, fue expedido por el seæor Presidente de la Repœblica, en el uso de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 578 de 2000, que otorgó las facultades extraordinarias al Presidente de la Repœblica para expedir normas relacionadas con las Fuerzas Militares y de Policía Nacional”; Ley que fue debidamente tramitada por el Congreso de la Repœblica en cumplimiento de la Constitución Nacional.

Siendo así que el Decreto Ley 1793 de 2000 no presenta antecedentes de la cual emitir copia, distinto a la información previamente suministrada” (sic)

Asimismo, aportó la certificación identificada como CERT25-000928 / GFPU 13083000, expedida el 18 de febrero de 2025 por el Jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información de la entidad accionada, en la que se indicó que “el día 11 de febrero de 2025 siendo las 12:11:54, se entregó la respuesta por correo de forma satisfactoria desde la cuenta: No_Responder@presidencia .gov.co a los destinatarios: redessociales951753@gmail.com, lo anterior con ocasión a la revisión de los registros de LOG del correo electrónico”.

II. CONSIDERACIONES

correo de forma satisfactoria desde la cuenta: No_Responder@presidencia .gov.co a los destinatarios: redessociales951753@gmail.com, lo anterior con ocasión a la revisión de los registros de LOG del correo electrónico”.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir sobre la apertura del incidente de des acato promovido por el accionante, de conformidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2311 y 2712, inciso segundo, del Decreto 2591 de 1991.

10 ˝ndice 0010 del expediente digital con nœmero de radicado 11001-03-15-000-2024-06109-01 11 Decreto 2591 de 1992, articulo 23. “Protección del derecho tutelado. Cuando la solicitud se dirija contra una acción de la autoridad el fallo que conceda la tutela tendrÆ por objeto ga rantizar al agraviado el pleno goce de su derecho, y volver al estado anterior a la violac ión, cuando fuere posible.Cuando lo impugnado hubiere sido la denegación de un acto o una omisión, el fallo ordenarÆ realizarlo o desarrollar la acción adecuada, para lo cual se otorgarÆ un plazo pr udencial perentorio. Si la autoridad no expide el acto administrativo de alcance particular u lo remite al juez en el tØrmino de 48 horas, Øste podrÆ disponer lo necesario para que el derecho sea libremente ej ercido sin mÆs requisitos. Si se hubiere tratado de una mera conducta o actuación material, o de una amenaza, se ordenarÆ su inmediata cesación, así como evitar toda nueva violación o amenaza, perturbac ión o restricción.

requisitos. Si se hubiere tratado de una mera conducta o actuación material, o de una amenaza, se ordenarÆ su inmediata cesación, así como evitar toda nueva violación o amenaza, perturbac ión o restricción. En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto”. 12 Decreto 2591 de 1992, articulo 27. “Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio deberÆ cumplirla sin demora. Si no lo hiciere dentro de lasRadicado: 11001031500020240610901

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2. Problema jurídico

Corresponde al Despacho determinar si da apertura al incidente de desacato en contra de la Presidencia de la Repœblica, por el presunto incumplimiento de la sentencia de tutela proferida el 17 de enero de 2025 por la Subsección C d e la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con la respuesta al punto 1 de la petición que la seæora Maritza Isabel Martínez Flórez presentó el 17 de octub re de 2024.

3. Regulación normativa del incidente de desacato

El Decreto 2591 de 1991 13 establece dos mecanismos para garantizar el cumplimiento de las órdenes impartidas a travØs de tutela, con el propósito de asegurar la protección de los derechos fundamentales sobre los que recaigan el

El Decreto 2591 de 1991 13 establece dos mecanismos para garantizar el cumplimiento de las órdenes impartidas a travØs de tutela, con el propósito de asegurar la protección de los derechos fundamentales sobre los que recaigan el amparo. Estos mecanismos son: i) el cumplimiento del fallo y, ii) la imposición de sanciones a la autoridad renuente, mediante el trÆmite del incidente de desacato.

En lo que respecta al cumplimiento del fallo, el artículo 27 13 ejusdem dispone que corresponde al juez de tutela de primera instancia14 de la acción de tutela velar por su ejecución efectiva. Para ello, estÆ facultado para adoptar medidas orien tadas a asegurar la materialización de la orden y lograr la efectiva protección de los derechos fundamentales. En tal sentido, se dirigirÆ al superior de la autorida d renuente, a fin de requerirlo para que la haga cumplir.

Por su parte, el incidente de desacato de conformidad con el artículo 52 15 del mencionado decreto, se erige como un mecanismo procesal en cuyo de sarrollo el juez constitucional se encuentra facultado para sancionar la inobservancia de u na orden judicial proferida en sede de tutela.

cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirÆ al superior del r esponsable y le requerirÆ para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplina rio contra aquØl. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenarÆ abrir proceso contra el superior que no hubiere proc edido conforme a lo ordenado y adoptarÆ directamente todas las medidas para el cabal cumpli miento del

otras cuarenta y ocho horas, ordenarÆ abrir proceso contra el superior que no hubiere proc edido conforme a lo ordenado y adoptarÆ directamente todas las medidas para el cabal cumpli miento del mismo. El juez podrÆ sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso. En todo caso, el juez establecerÆ los demÆs efectos del fallo para el caso concreto y mantendrÆ la competenc ia hasta que estØ completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”. 13Citado ut supra. 14 Esta competencia fue reconocida por la Corte Constitucional en el auto 136 A de 2002 y en la sentencia C367 de 2014. 15 “Artículo 52. Desacato. la persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirÆ en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere seæal ado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción serÆ impuesta por el mismo juez mediante trÆmite incidental y serÆ consultada al superior jerÆrquico quien decidirÆ dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción. la consulta se harÆ en el efecto devolutivo.”Radicado: 11001031500020240610901

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La jurisprudencia constitucional ha precisado que el incidente de desacato procede a solicitud de parte, se deriva del incumplimiento de la orden de tutela y emana de los poderes disciplinarios del juez constitucional 16; ademÆs, constituye un procedimiento especial cuyo objeto es inducir el cumplimiento de la orden impartida en el fallo de tutela, en aquellos casos en que el obligado no lo haya efectuado en los tØrminos establecidos en la decisión judicial. Dicho trÆmite requiere adelantarse con pleno respeto del debido proceso dado que se encuentra estrechamen te vinculado a las potestades sancionatorias de las autoridades judiciales17.

La Corte Constitucional ha establecido una diferenciación entre los trÆmites de cumplimiento y de desacato, en los siguientes tØrminos:

“(…) Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte ha sintetizado las diferencias entre ambos instrumentos de la siguiente manera: (i) el cumplimiento es obligatorio en tanto hace parte de la garantía constitucional, mientras que el desacato es incidental porque se trata de un instrumento disciplinario de creación legal; (ii) la responsabilidad exigida para el cumplimiento es objetiva, la exigida para el desacato es subjetiva; (iii) el cumplimiento es de oficio, aunque puede ser impulsado por el interesado o por el Ministerio Pœblico, mientras que

exigida para el cumplimiento es objetiva, la exigida para el desacato es subjetiva; (iii) el cumplimiento es de oficio, aunque puede ser impulsado por el interesado o por el Ministerio Pœblico, mientras que el desacato es a petición de la parte interesada; y (iv) el trÆmite del cumplimiento no es un prerrequisito para el desacato, ni el trÆmite del desacato es la vía para el cumplimiento, puesto que son dos mecanismos procesales distintos, ya que puede ocurrir que a travØs del trÆmite de desacato se logre el cumplimiento, pero esto no significa que la tutela no cumplida sólo tenga como alternativa este incidente.”18

A partir de lo anterior, se concluye que, si bien el trÆmite de cumpl imiento de una acción de tutela y el incidente de desacato son figuras jurídicas distintas, comparten una finalidad sustancial: garantizar la efectiva salvaguarda del derecho fundamento protegido por el juez constitucional. En consecuencia, el beneficiario pued e acudir a cualquiera de estas herramientas para obtener la materialización del cumplimiento de una sentencia de tutela19.

Cabe precisar que el objeto primordial del incidente no es la imposición de la sanción, sino compelir al responsable para que acate la orden contenida en el fallo de tutela 20 . En tal sentido, una vez verificado el cumplimiento de lo ordenado, y previo el anÆlisis de las particularidades del caso concreto, el juez constitucional estÆ facultado para declarar la terminación del trÆmite incidental 21.

4. Caso concreto

16 Sentencia C-367 de 2014. 17 Auto A-300 de 2019.

estÆ facultado para declarar la terminación del trÆmite incidental 21.

4. Caso concreto

16 Sentencia C-367 de 2014. 17 Auto A-300 de 2019. 18 Auto 508 de 2018, reiterado en Auto 288 de 2020. 19 Corte Constitucional. Sentencia T-280 de 2017. 20 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2013. 21 Ibidem.Radicado: 11001031500020240610901

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La Sala anuncia que las pruebas aportadas al expediente acreditaron el cumplimiento de la orden de tutela, y en este orden, dispondrÆ el cierr e del trÆmite incidental, por las razones que se exponen a continuación: 4.1. En fallo de tutela proferido el 17 de enero de 2025 la Sala d e Subsección amparó el derecho fundamental de petición de Maritza Isabel Martínez Flórez y, en consecuencia, ordenó a la Presidencia de la Repœblica resolver de fondo el punto 1 de la solicitud presentada por la accionante el 17 de octubre de 2024. La petición objeto del amparo es la siguiente: “1. Se me informe si el Decreto Ley 1793 de 2000 cuenta con una exposición de motivos. En caso de ser afirmativa la respuesta, pido se me suministre copia de dicha exposición”. 4.2. En respuesta al requerimiento del Despacho ponente, la Presidencia de la

1793 de 2000 cuenta con una exposición de motivos. En caso de ser afirmativa la respuesta, pido se me suministre copia de dicha exposición”. 4.2. En respuesta al requerimiento del Despacho ponente, la Presidencia de la Repœblica informó que la Coordinadora del Grupo de Atención de la Ciudadaní a remitió a la accionante el oficio OFI25-00023415 / GFPU 13150000 del 11 de febrero de 2025, enviado al buzón redessociales951753@gmail.com. En dicho documento, dio respuesta a la petición y, en síntesis, seæaló que el Decreto 1793 de 2000 fue expedido por el seæor presidente de la Repœblica en uso de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 578 de 2000, razón por la cual dicha norma no cuenta con antecedentes22. Asimismo, la entidad presentó una certificación emitida por el jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, en la que se acredita que el mencio nado oficio fue enviado y entregado a la dirección electrónica indicada el 11 de febrero de 2025.

4.3. En consecuencia, se encuentra debidamente acreditado que la Presidencia de la Repœblica cumplió a cabalidad la orden impartida en el fallo de tutela. En efecto, en el marco del trÆmite incidental la entidad demostró haber dado respuesta d e fondo al primer punto de la petición presentada el 17 de octubre de 2024 y, ademÆs, acreditó la debida notificación de dicha respuesta mediante el envío de un mensaje de datos a la dirección electrónica suministrada por la accionante.

Teniendo en cuenta que la finalidad del incidente de desacato es garan tizar la

acreditó la debida notificación de dicha respuesta mediante el envío de un mensaje de datos a la dirección electrónica suministrada por la accionante.

Teniendo en cuenta que la finalidad del incidente de desacato es garan tizar la efectividad del fallo de tutela y asegurar el cumplimiento de lo ordenado en la decisión judicial y, como en este caso se ha demostrado que la autoridad accionada acató la orden en los tØrminos exigidos, no existe fundamento para continuar co n el trÆmite incidental. Por lo tanto, la Sala dispondrÆ la terminación del incidente.

En mØrito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Conten cioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la Repœblica y por autoridad de la ley,

22 Esta fue la dirección electrónica desde la que la seæora Martínez Flórez remitió la petición de información sobre la que se concedió el amparo constitucional, como lo constató e l Despacho ponente.Radicado: 11001031500020240610901

Accionante: Maritza Isabel Martínez Flórez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR TERMINADO el incidente de desacato relacionado con la orden de tutela contenida en la sentencia del 17 de enero de 2025, proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

orden de tutela contenida en la sentencia del 17 de enero de 2025, proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ABSTENERSE de dar apertura al incidente de desacato en contra de Angie Lizeth Rodríguez, en su calidad de directora (E) del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repœblica, y a Claudia Milena Murillo Buitrago, en su calidad de coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano de la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano de la misma entidad, por las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: En consecuencia, ARCHIVAR el expediente

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio mÆs expedito.

Notifíquese y Cœmplase

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOL`S YEPES CORRALES

Magistrada Magistrado

SFGS