CE - Auto interlocutorio 11001031500020240700100 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07001-00

Accionante: Procuraduría General de la Nación

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., diecisØis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07001-00

Accionante: Procuraduría General de la Nación Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y B Referencia: Acción de tutela

AUTO QUE RESUELVE IMPEDIMENTO

La Sala decide sobre el impedimento manifestado por el magistrado NicolÆs Yep es Corrales para conocer de la solicitud de amparo de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela y trÆmite

Jorge Humberto Serna Botero, obrando en su condición de jefe de la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación 1, presentó acción de tutela con la que solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa y contradicción, que consideró vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A y B, con ocasión de las sentencias del 30 de octu bre y 25 de julio de 2024, proferidas en el marco de los procesos de nu lidad y restablecimiento del derecho, identificados bajo los radicados nœm. 73001-2333de julio de 2024, proferidas en el marco de los procesos de nu lidad y restablecimiento del derecho, identificados bajo los radicados nœm. 73001-2333000-2019-00480-01 y 52001-23-33-000-2019-00305-01.

El asunto fue asignado por reparto al Despacho de la magistrada ponente, quien mediante auto del 13 de enero de 20252 admitió la solicitud de amparo. Agotado el trÆmite correspondiente, el expediente ingresó al Despacho ponente e l 25 de marzo de 20253 y en la misma fecha4 se registró el proyecto de fallo para ser discutido en Sala de Subsección.

1˝ndice 00002 del aplicativo SAMAI, con certificado nœm. 61DB780F9E312C55 3D0F528EC9EFBADB 42C9DA49A555C9C0 BAD7B86287D24945. 2 ˝ndice 00004 del aplicativo SAMAI, con certificado nœm. A0664035D801D95E 450D94644F47362B 7C05B93AD4D3F93B AE286E2D461E05C3. 3 ˝ndice 00034 del aplicativo SAMAI. 4 ˝ndice 00035 del aplicativo SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2024-07001-00

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2. Manifestación de impedimento

El 11 de abril de 2025 5 el Consejero de Estado NicolÆs Yepes Corrales manifestó impedimento para conocer de este amparo, con fundamento en el numeral 1° del

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2. Manifestación de impedimento

El 11 de abril de 2025 5 el Consejero de Estado NicolÆs Yepes Corrales manifestó impedimento para conocer de este amparo, con fundamento en el numeral 1° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, en razón a que, en la actualidad su cónyuge ocupa el cargo de Procuradora Judicial II para la Conciliación Administrativa.

En virtud de lo anterior, considera que comprometería su imparcialidad toda vez que:

1. Estaría llamado a emitir un pronunciamiento respecto de las facultades con las que cuenta la entidad accionante.

1. La decisión que se adopte podría eventualmente afectar o beneficiar a su cónyuge, segœn se defina sobre la constitucionalidad de las competencias del Ministerio Pœblico para sancionar a funcionarios elegidos por voto popular.

1. La resolución del caso podría tener un impacto positivo o negativo sobre la supuesta vulneración de derechos en la que habría incurrido la Sección Segunda de esta Corporación al anular varios fallos disciplinarios emitidos por el Ministerio Pœblico.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 dispone que el juez de tutela d eberÆ manifestar impedimento cuando concurra algunas de las causales p revistas en el Código de Procedimiento Penal. No obstante, esa disposición no reguló asu ntos relacionados con el trÆmite procesal y la competencia para resolver los impedimentos.

Por consiguiente, resulta procedente remitirse a lo normado en el artículo

Código de Procedimiento Penal. No obstante, esa disposición no reguló asu ntos relacionados con el trÆmite procesal y la competencia para resolver los impedimentos.

Por consiguiente, resulta procedente remitirse a lo normado en el artículo 2.2.3.1.1.36. del Decreto 1069 de 20157, segœn el cual, para la interpretación de las disposiciones sobre el trÆmite de la acción de tutela previstas en el Decreto 2591 de 1991, se aplicarÆn los principios generales del Código General del Proceso, en todo aquello que resulte contrario a dicha norma.

A partir de lo anterior, y a efecto de establecer la competencia en este asunto, se acude a lo preceptuado en el artículo 140 del Código General del Proceso, que

5 ˝ndice 00036 del aplicativo SAMAI, con certificado nœm. 5A8AAD95BC783B27 21526869C394A56E 6414484D3C7CBB95 4AC5AA4D31163604. 6 “Para la interpretación de las disposiciones sobre trÆmite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarÆn los principios generales del Código G eneral del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto”. 7 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.Radicado: 11001-03-15-000-2024-07001-00

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reguló la declaración de impedimento de magistrados, jueces y conjueces, y se indicó que quien “se considere impedido pondrÆ los hechos en conocimiento del que

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reguló la declaración de impedimento de magistrados, jueces y conjueces, y se indicó que quien “se considere impedido pondrÆ los hechos en conocimiento del que le sigue en turno en la respectiva sala, con expresión de la causal invocada y de los hechos en que se funda, para que resuelva sobre el impedimento y en ca so de aceptarlo pase el expediente a quien deba reemplazarlo o fije fecha y hora para el sorteo de conjuez, si hubiere lugar a ello”.

En consecuencia, la Sala es competente para conocer y decidir el impedimento manifestado por el Consejero de Estado NicolÆs Yepes Corrales.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el impedimento manifestado por el magistrado Nicolas Yepes Corrales, integrante de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, encuentra fundamento en la causal prevista en el artículo 56 numeral 1° del Código de Procedimiento Penal.

3. Propósito de los impedimentos

Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado8, recor dó que “ los impedimentos y las recusaciones son mecanismos jurídicos establecidos en la ley para garantizar que las decisiones adoptadas por los jueces estØn enmarcadas en los principios de imparcialidad, independe ncia y transparencia”.

La Corte Constitucional ha indicado que el rØgimen de impedimentos y recusaciones efectiviza el principio de imparcialidad del juez, que se erige en el orden amiento como pilar esencial de la administración de justicia. Asimismo, precisó que el

La Corte Constitucional ha indicado que el rØgimen de impedimentos y recusaciones efectiviza el principio de imparcialidad del juez, que se erige en el orden amiento como pilar esencial de la administración de justicia. Asimismo, precisó que el derecho fundamental al debido proceso de quienes acuden a la administració n de justicia se garantiza a travØs de una decisión imparcial que resuelva su controversia9.

En punto a lo anterior, siempre que el funcionario judicial advierta l a existencia de motivos que puedan comprometer imparcialidad para decidir un asunto, tie ne el deber de apartarse del conocimiento con el fin de garantizar que la decisión de fondo no se vea afectada 10. Esto, en atención a que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la manifestación de impedimentos no se entiende como “omnímoda, arbitraria o caprichosa”11 dado que encuentra soporte en causales taxativas, las que merecen un anÆlisis detallado de los argumentos y de circunstancias partic ulares con el fin de establecer si en efecto encuentran fundamento, y así evitar restricciones desproporcionadas al derecho de acceso a la administración de justicia12.

8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrati vo. Auto del 12 de junio de 2024. Radicación 11001-03-15-000-2023-03252-01. 9 Corte Constitucional, Auto 740 de 2024. 10 Corte Constitucional, Autos 447 A de 2017 y 285 de 2021. 11Corte Constitucional, Sentencia C-019 de 1996. 12 Corte Constitucional Auto 740 de 2024.Radicado: 11001-03-15-000-2024-07001-00

11Corte Constitucional, Sentencia C-019 de 1996. 12 Corte Constitucional Auto 740 de 2024.Radicado: 11001-03-15-000-2024-07001-00

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4. Caso concreto

4.1. El proceso ordinario en el que se profirieron las sentencias cuestionadas por la actora en esta sede presenta el siguiente contexto:

• El accionante manifestó que, los servidores pœblicos de elección popular Teleforo Bernal VelÆsquez 13; Milton Raœl Barrera Cano; FabiÆn Daniel Toro Riascos; Ruthcelly Mora Luna; Luis Eduardo CortØs Vargas y Oliver Alexander Charry CÆrdenas 14, fueron sancionados disciplinariamente por la

Procuraduría General de la Nación.

• Inconformes con la decisión del organismo de control, interpusieron dem anda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con la pretensión de declaración de nulidad de los fallos disciplinarios impuestos en su contra.

• En ese contexto, se tramitaron dos procesos independientes de la siguient e

manera:

4.1.1. Proceso promovido por Teleforo Bernal VelÆsquez, bajo el radicado nœm. 73-001-23-33-000-2019-00480-01.

El Tribunal Administrativo del Tolima conoció del proceso en primera instancia, autoridad judicial que, mediante providencia del 15 de junio de 2 023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Inconformes con la decisión, las partes interpusieron recurso de apelación.

autoridad judicial que, mediante providencia del 15 de junio de 2 023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Inconformes con la decisión, las partes interpusieron recurso de apelación. Mediante fallo del 30 de octubre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, ordenó modificar la sentencia en el sentido de negar el reconocimiento de perjuicios morales al demandante, siendo confirmada en los demÆs aspectos.

4.1.2. Proceso instaurado por los seæores Milton Raœl Barrera Cano, FabiÆn Daniel Toro Riascos, Ruthcelly Mora Luna, Luis Eduardo CortØs Vargas y Oliver Alexander Charry CÆrdenas, bajo el radicado nœm. 52-001-23-33-0002019-00305-01.

El Tribunal Administrativo de Nariæo tramitó el proceso en primera instancia y, mediante providencia del 8 de septiembre de 2021, accedió a las pretensi ones del extremo activo.

13 Alcalde de Flandes (Tolima) período 2012 – 2015. Sancionado disciplinariamente en el aæo 2019 por irregularidades en la contratación del servicio de transporte de estudian tes de varias veredas rurales del municipio, con destitución e inhabilidad por 16 aæos. 14 Concejales de Puerto Leguizamo (Putumayo) período 2012 – 2015. Sancionados disciplinariamente en 2018 por haber elegido al personero del municipio estando inhabilidad con destitución e inhabilidad por 10 aæos.Radicado: 11001-03-15-000-2024-07001-00

disciplinariamente en 2018 por haber elegido al personero del municipio estando inhabilidad con destitución e inhabilidad por 10 aæos.Radicado: 11001-03-15-000-2024-07001-00

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La parte demandada interpuso recurso de apelación. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, resolvió la alzada y profirió fallo el 25 de julio de 20 24, en el que dejó incólume lo decidido por el a quo.

4.2. La parte actora interpuso la solicitud de amparo constitucional con el fin de que se dejen sin efectos las decisiones judiciales anteriormente referidas y se ordene a las autoridades accionadas dictar un nuevo pronunciamiento que dispong a la inclusión de la posición adoptada por la Corte Constitucional respecto de la competencia que tiene la entidad respecto del control disciplinario sobre los servidores pœblicos de elección popular.

4.3. Dentro del trÆmite de la presente acción constitucional, el Consejero de Estad o NicolÆs Yepes Corrales manifestó encontrarse incurso en la causal de impedimento descrita en el numeral 1° del artículo 56 de la Ley 906 de 2004 en vir tud de una posible afectación a su imparcialidad.

Esta situación se fundamenta en el hecho de que su cónyuge se de sempeæa actualmente como Procuradora Judicial II para la Conciliación Administrativa, por tanto, al manifestarse en el presente trÆmite constitucional emitiría un pronunciamiento respecto de la facultad sancionadora de los funcionarios eleg idos por voto popular.

actualmente como Procuradora Judicial II para la Conciliación Administrativa, por tanto, al manifestarse en el presente trÆmite constitucional emitiría un pronunciamiento respecto de la facultad sancionadora de los funcionarios eleg idos por voto popular.

Adicionalmente, la resolución del caso podría tener un impacto positivo o negativo frente la aludida vulneración de derechos en la que habría incurrido la Sección Segunda de esta Corporación al anular varios fallos disciplinarios emitido s por el Ministerio Pœblico.

4.4. El numeral 1° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal prevØ que el juez deberÆ apartarse del conocimiento del proceso por tener interØs en la a ctuación procesal, o lo tenga su cónyuge, compaæero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad15.

En relación con esta causal, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo Estado16, mediante providencia del 12 de junio de 2024, reiteró los criterios establecidos en el auto del 19 de marzo de 200217 en el que se precisó que el interØs directo o indirecto, ademÆs de ser real y serio, debe tener relación inmediata con el objeto mismo de la cuestión a decidir; y ser de tal trascendencia que imp lique un

15 El Consejo de Estado, al referirse al interØs en el proceso con motivo de las causales de impedimento seæaladas en los artículos 150.1 CPC y 141.1 CGP, ha expresa do que la manifestación de interØs debe evidenciar la afectación de la imparcialidad y expresa r los hechos en que se funda de manera clara y precisa.

seæaladas en los artículos 150.1 CPC y 141.1 CGP, ha expresa do que la manifestación de interØs debe evidenciar la afectación de la imparcialidad y expresa r los hechos en que se funda de manera clara y precisa. Así, debe tratarse de un interØs particular, cierto y actual qu e tenga relación siquiera mediata con el objeto del proceso, de modo que afecte el criterio del juez y comprometa su independencia e imparcialidad. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 19 de marzo de 2002, Rad. 11001-03-15-0002002-0094-01; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Conte ncioso Administrativo, auto del 21 de abril de 2009, Rad. 11001-03-25-000-2005-00012-01; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 24 de mayo de 2023, Rad. 2020-00471-00. 16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativ o. Auto del 12 de junio de 2024. Radicación 11001-03-15-000-2023-03252-01. 17 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 19 de marzo de 2022. Expediente 2002-0094-01 (MP-135)Radicado: 11001-03-15-000-2024-07001-00

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verdadero trastorno en la imparcialidad del fallados que pueda afectar su capacidad de juzgamiento y el desempeæo eficaz ajustado a derecho.

En igual sentido, la jurisprudencia constitucional precisó que “el interØs que tenga el

verdadero trastorno en la imparcialidad del fallados que pueda afectar su capacidad de juzgamiento y el desempeæo eficaz ajustado a derecho.

En igual sentido, la jurisprudencia constitucional precisó que “el interØs que tenga el funcionario judicial en el resultado del proceso debe ser de tal entidad que afecte su imparcialidad” y en tal sentido “para que prospere el impedimento debe demostrarse por quØ, razonablemente, la objetividad del juez se afectaría al momento de proferir o participar en una decisión”18.

4.4. A partir de lo anterior, la Sala advierte que el Consejero de Estado Ni colÆs Yepes Corrales podría tener interØs jurídicamente relevante en el presente trÆm ite constitucional.

Cabe resaltar que las sentencias ordinarias cuestionadas por la parte actora resolvieron sobre la competencia del órgano para ejercer su potestad disciplina ria contra servidores electos popularmente; así como el hecho de que actualme nte su cónyuge se desempeæa como Procuradora Judicial II para la Conciliación Administrativa y que la decisión que se adopte podría beneficiar o afecta r a su familiar, segœn se defina sobre la constitucionalidad de la mencionada competencia.

De ahí, que podría tener un interØs debido al estudio de la faculta d sancionadora que eventualmente podría tener un impacto en las funciones desempeæadas por su cónyuge.

Por consiguiente, las circunstancias aducidas se enmarcan en los supuestos de la causal del artículo 56 numeral 1° del Código de Procedimiento Penal. En ese orden de ideas, esta Judicatura declararÆ fundado el impedimento manifestado por el

Por consiguiente, las circunstancias aducidas se enmarcan en los supuestos de la causal del artículo 56 numeral 1° del Código de Procedimiento Penal. En ese orden de ideas, esta Judicatura declararÆ fundado el impedimento manifestado por el magistrado Yepes Corrales y lo separarÆ del conocimiento del presente trÆmite constitucional.

En mØrito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Con tencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero de Estado NicolÆs Yepes Corrales para conocer del proceso constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte considerativa de este auto.

SEGUNDO: SEPARAR del conocimiento del trÆmite de la referencia al magistrado

Yepes Corrales.

18 Auto A740 de 2024 y auto 447A de 2015.Radicado: 11001-03-15-000-2024-07001-00

Accionante: Procuraduría General de la Nación

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TERCERO: ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación que, una vez ejecutoriada esta decisión, ingrese el expediente al despacho de la magistrada ponente para el trÆmite pertinente.

NOTIF˝QUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Magistrada Magistrado

LMMT