CE - Auto interlocutorio 11001031500020250128600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA 17 ESPECIAL DE DECISIÓN

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01286-00 (1949)

Sancionado: Arnulfo Gasca Trujillo Autoridad: Procuraduría General de la Nación Referencia: Revisión automática de sanciones disciplinarias

TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CONTRA DECISIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – procedencia restringida a aquellas que impongan sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular en ejercicio del cargo, o cuando, pese a no est ar en el desempeño de sus funciones, se les limite n sus derechos políticos. SENTENCIA C -030 de 2023 – declara inexequibles las facultades jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación y les devuelve la naturaleza administrativa a sus decisiones. AUTO DE UNIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO – fija reglas sobre la procedencia y el trámite del recurso extraordinario de revisión formulado contra decisiones de la Procuraduría General de la Nación. AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO – la decisión objeto de revisión comporta inhabilidad para el ejercicio de cargos o funciones públicas y afecta el ejercicio efectivo del mandato popular y los derechos políticos.

AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO DE REVISIÓN AUTOMÁTICA

El Despacho avoca conocimiento en sede de revisión extraordinaria automática de

mandato popular y los derechos políticos.

AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO DE REVISIÓN AUTOMÁTICA

El Despacho avoca conocimiento en sede de revisión extraordinaria automática de la d ecisión dictada el 22 de agosto de 2024 por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación , dentro del proceso disciplinario identificado con radicado núm. IUS-E-2020-308669 / IUC-D-2020-1538245.

I. ANTECEDENTES

El 26 de junio de 2024, dentro del r adicado IUS-E-2020-308669 / IUC -D-20201538245, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3 sancionó con destitución e inhabilidad general para ejercer la función pública al servidor de elección popular Arnulfo Gasca Trujillo, por el término de 8 años y 6 meses. El 22 de agosto de 2024, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación confirmó la decisión de primera instancia.

El 5 de marzo de 2025, el Ministerio del Interior remitió el proceso disciplinario a esta Corporación, para que se tramitara el recurso extraordinario de revisión correspondiente1.

1 Índice 2 de SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01286-00 (1949)

Sancionado: Arnulfo Gasca Trujillo

2

II. CONSIDERACIONES

Para decidir sobre la viabilidad de la revisión automática, el Despacho abordará

Sancionado: Arnulfo Gasca Trujillo

2

II. CONSIDERACIONES

Para decidir sobre la viabilidad de la revisión automática, el Despacho abordará los siguientes aspectos: (1) competencia, (2) problema jurídico y (3) verificación de los presupuestos de procedencia.

1. Competencia

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 238B 2 de la Ley 1952 de 2019, adicionado por el artículo 55 de la Ley 2094 de 2021, la Sala 17 Especial de Decisión es competente para conocer el recurso extraordinario de revisión de la referencia.

Por otro lado, el Despacho es competente para decidir sobre la procedencia de la revisión automática de la referencia, según lo dispuesto en el auto de unificación del 3 de diciembre de 20243, en concordancia con el artículo 238F 4 de la Ley 1952 de 2019, adicionado por el artículo 59 de la Ley 2094 de 2021.

2. Problema jurídico

De conformidad con lo dispuesto en la Sentencia C -030 de 2023 y en el auto de unificación del 3 de diciembre de 2024 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, corresponde al Despacho determinar si es procedente la revisión extraordinaria automática de la decisión emitida el 22 de agosto de 2024 por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación.

3. Verificación de los presupuestos de procedencia de la revisión automática

3.1. El control disciplinario de los servidores públicos está regulado especialmente

la Procuraduría General de la Nación.

3. Verificación de los presupuestos de procedencia de la revisión automática

3.1. El control disciplinario de los servidores públicos está regulado especialmente por la Ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide el “Código General Disciplinario” y se deroga la Ley 734 de 2002, que en su momento tuvo como propósito compilar en un solo estatuto los distintos regímenes de responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos5.

2 “Artículo 238B. Competencia. Las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado conocerán de los recursos extraordinarios de revisión contra las decisiones de segunda instancia o de doble conformidad dictadas por el Procurador General de la Nación, las Salas de Juzgamiento y los Procuradores Delegados. Igualmente, contra las decisiones producto de la doble conformidad dictadas por el Procurador General de la Nación”. 3 “[…] una vez se remite el expediente administrativo a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el juez debe proferir auto que “avoca conocimiento”, y no aquel que admite el recurso, como estaba originalmente previsto en la ley. Lo anterior, habida cuenta de que el auto admisorio supone que estamos frente a un recurso formulado a instancia de parte, sujeto a exigencias formales calificadas expresamente por la ley, cuyo incumplimiento puede dar lugar a un proveído de inadmisión, como lo reseñaba el artículo 59 de la ley 2094, lo cual cambió por virtud de la modulación del recurso efectuado por el fallo de constitucionalidad. […]”. 4 “Artículo 238F. Trámite. Adicionado por el artículo 59 de la Ley 2094 de 2021. Una vez radicado

la modulación del recurso efectuado por el fallo de constitucionalidad. […]”. 4 “Artículo 238F. Trámite. Adicionado por el artículo 59 de la Ley 2094 de 2021. Una vez radicado el recurso y efectuado el reparto correspondiente, el magistrado al que le corresponda, resolverá sobre su admisión en el término máximo de diez (10) días. […]”. 5 Exposición de motivos proyecto de ley número 19 de 2000 Senado de la República : “[…] el legislador debe simplificar la interpretación mediante normas de fácil comprensión y aplicación. ElRadicado: 11001-03-15-000-2025-01286-00 (1949)

Sancionado: Arnulfo Gasca Trujillo

3

A su turno, la Ley 2094 de 2021 reformó la Ley 1952 de 2019, entre otras modificaciones, para otorgarle funciones jurisdiccionales en materia disciplinaria a la Procuraduría General de la Nación , en el juzgamiento de la conducta oficial de los servidores públicos, incluidos los de elección popular . Esto, con el ánimo de armonizar el sistema legislativo interno sobre la materia con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, según el cual las autoridades administrativas no pueden restringir derechos políticos de servidores públicos elegidos democráticamente, pues esto solo puede ordenarlo un juez penal6.

No obstante, mediante Sentencia C-030 de 2023, la Corte Constitucional concluyó que la asignación de funciones jurisdiccionales efectuada por la Ley 2094 de 2021 a la Procuraduría General de la Nación vulneró el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución, toda vez que no implicó el traslado de una competencia

que la asignación de funciones jurisdiccionales efectuada por la Ley 2094 de 2021 a la Procuraduría General de la Nación vulneró el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución, toda vez que no implicó el traslado de una competencia originariamente atribuida a los jueces, sino la variación en la naturaleza de la potestad administrativa de la que ya era titular dicho organismo de control. Así, la Corte aclaró que la Procuraduría General de la Nación no tiene el carácter de órgano judicial ni puede ostentar funciones jurisdiccionales.

Así, en una interpretación sistemática, armónica y ponderada de los mandatos superiores contenidos en los artículos 29 7, 40.1 8, 92 9, 93 10 y 277.6 11 de la

presente proyecto pretende regular la acción disciplinaria en forma detallada, comprensible y, si se quiere, didáctica y pormenorizada en cuanto a faltas, sanciones, derechos, deberes, prohibiciones y trámites, para reducir la imprecisión que afecta a los funcionarios encargados de su aplicación. (…) Se consideró que los regímenes disciplinarios propios que por mandato constitucional debe establecer la ley tanto para los particulares que desempeñen funciones públicas (art. 123) como para los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (arts. 217 y 218), pueden incluirse en el Código Disciplinario Único, en un aparte especial. De este modo se preserva la especificidad que requieren estos dos sectores de la función pública en la regulación de los aspectos sustanciales de las normas disciplinarias que les son aplicables (faltas, sanciones,

especificidad que requieren estos dos sectores de la función pública en la regulación de los aspectos sustanciales de las normas disciplinarias que les son aplicables (faltas, sanciones, deberes, prohibiciones, inhabilidades), a la vez que se les garantiza la igualdad respecto de los demás servidores públicos, en la aplicación de los principios rectores y los derechos y garantías procesales. […]”. 6 Según consta en la exposición de motivos : “El proyecto de la referencia tiene como finalidad esencial dar cumplimiento a la sentencia de 8 de junio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego contra Colombia en la que, entre otros aspectos, señaló la necesidad de generar mayores garantías para los destinatarios de la ley disciplinaria, en aplicación del artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos. La sentencia en mención, valga enunciarlo, ordena al Estado colombiano adecuar en un plazo razonable el ordenamiento jurídico interno, debido a que, en su criterio, existen algunas disposiciones que no admiten una interpretación conforme a la Convención. Asimismo, fijó el término de un año para que el Estado colombiano rinda un informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la sentencia, el cual vence el próximo 19 de agosto de 2021. En ese orden de ideas, el proyecto de la referencia, en el marco de la mencionada decisión y, como una respuesta del Estado colombiano a los requerimientos de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se propone, sin desfigurar su tradición institucional: i) El reconocimiento de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación para investigar y juzgar a todos los servidores públicos,

desfigurar su tradición institucional: i) El reconocimiento de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación para investigar y juzgar a todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular; ii) Garantizar la distinción entre la etapa de instrucción o investigación y el juzgamiento en el proceso disciplinario y, iii) Garantizar la doble instancia y conformidad” 7 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. […]”. 8 “Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01286-00 (1949)

Sancionado: Arnulfo Gasca Trujillo

4

Constitución y 8 12 y 23.2 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Constitucional advirtió que la potestad disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación correspondía a una función administrativa y que, en tal sentido, no le era dable imponer sanciones disciplinarias definitivas de destitución, suspensión e inhabilidad contra servidores públicos de elección popular en ejercicio del cargo. En concreto, el máximo tribunal constitucional resolvió:

(i) Declarar la inexequibilidad de las expresiones “ jurisdiccionales” y

destitución, suspensión e inhabilidad contra servidores públicos de elección popular en ejercicio del cargo. En concreto, el máximo tribunal constitucional resolvió:

(i) Declarar la inexequibilidad de las expresiones “ jurisdiccionales” y “jurisdiccional”, contenidas en los artículos 1º14, 5415, 7316 y 7417 de la Ley 2094 de 2021, y de la expresión “ejecutoriadas”, contenida en el artículo 54;

9 “Artículo 92. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas”. 10 “Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él”. 11 “Artículo 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y

contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él”. 11 “Artículo 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: 6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley”. 12 “Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

preparación de su defensa; d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e)Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3.La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”. 13 “Artículo 23. Derechos Políticos. […] 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”. 14 “Artículo 1. Modificase el artículo 2o de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: Artículo 2o.

Titularidad de la potestad disciplinaria, funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la

14 “Artículo 1. Modificase el artículo 2o de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: Artículo 2o. Titularidad de la potestad disciplinaria, funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación e independencia de la acción. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria. Se le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para la vigilanciaRadicado: 11001-03-15-000-2025-01286-00 (1949)

Sancionado: Arnulfo Gasca Trujillo

5

(ii) Declarar la exequibilidad condicionada del artículo 1º ibidem (que modificó el artículo 2° de la Ley 1952 de 2019), en el entendido de que la determinación de las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular corresponderá al juez contencioso administrativo, conforme lo establece el inciso cuarto de esa misma norma;

(iii) Declarar la exequibilidad condicionada de los artículos 13 18, 1619 y 1720 de la Ley 2094 de 2021, bajo el entendido de que las funciones disciplinarias que ejerce

superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley. Las decisiones sancionatorias que pongan fin a la actuación disciplinaria y producto de las funciones jurisdiccionales que se le reconocen a la Procuraduría General de la Nación serán susceptibles de

sancionatorias que pongan fin a la actuación disciplinaria y producto de las funciones jurisdiccionales que se le reconocen a la Procuraduría General de la Nación serán susceptibles de ser revisadas ante la jurisdicción de lo contencioso -administrativo, en los términos establecidos en esta Ley. Para los servidores públicos de elección popular, la ejecución de la sanción se supeditará a lo que decida la autoridad judicial. Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias. A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal. La competencia de la Procuraduría General de la Nación es privativa para conocer de los procesos disciplinarios contra los servidores públicos de elección popular y de sus propios servidores, salvo los que, tengan fuero especial y el régimen ético disciplinario en el ejercicio de la función de conformidad con el artículo 185 de la Constitución Política. La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta ”. 15 “Artículo 54. Adiciónese el artículo 238A de la Ley 1952 de. 2019, el cual quedará así: Artículo 238A. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las decisiones

15 “Artículo 54. Adiciónese el artículo 238A de la Ley 1952 de. 2019, el cual quedará así: Artículo 238A. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las decisiones sancionatorias ejecutoriadas dictadas por la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de la potestad disciplinaria jurisdiccional. Igualmente, contra los fallos absolutorios y los archivos, cuando se trate violaciones a los derechos humanos o el derecho internacional humanitario. Igualmente, contra las decisiones producto de la doble conformidad dictadas por el Procurador General de la Nación”. 16 “Artículo 73. Modificase el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: Artículo 265. Vigencia y derogatoria. Las disposiciones previstas en la presente ley, y las contenidas en la Ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma, entrarán a regir nueve (9) meses después de su promulgación. Durante este período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas. Deróguese el artículo 248 de la Ley 1952 de 2019 y deróguese la referencia a las palabras “y la consulta” que está prevista en el numeral 1 del artículo 59 de la ley 1123 de 2007. Los regímenes especiales en materia disciplinaria y las norma relacionadas con la Comisión de Ética del Congreso conservarán su vigencia. PARÁGRAFO 1o. El artículo 1o de la presente Ley, relativo a las funciones jurisdiccionales entrará a regir a partir de su promulgación. PARÁGRAFO 2o. El artículo 7o de la presente ley entrará a regir treinta meses (30) después de su promulgación.

relativo a las funciones jurisdiccionales entrará a regir a partir de su promulgación. PARÁGRAFO 2o. El artículo 7o de la presente ley entrará a regir treinta meses (30) después de su promulgación. Mientras tanto, mantendrá su vigencia el artículo 30 de la ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la ley 1474 de 2011”. 17 “Artículo 74. Reconocimiento y ejercicio de funciones jurisdiccionales. El reconocimiento y ejercicio de las funciones jurisdiccionales que se le atribuyen a la Procuraduría General de la Nación en esta ley, comenzarán a regir al día siguiente de su promulgación. En todos los procesos en los cuales se investiguen servidores de elección popular se adoptarán las medidas internas para garantizar que el funcionario que formule el pliego de cargos no sea el mismo que profiera el fallo, mientras entra en vigencia esta ley . Los expedientes disciplinarios contra servidores públicos de elección popular que, a la entrada en vigencia de esta ley, estén en curso en las personerías municipales serán enviados inmediatamente a la Procuraduría General de la Nación. A la Procuraduría General de la Nación le compete en forma privativa conocer de los procesos disciplinarios contra sus servidores”. 18 “Artículo 13. Modificase el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: Artículo 92. Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y, por servicios, disciplinar a sus servidores; salvo que la competencia esté asignada a otras autoridades y, sin perjuicio delRadicado: 11001-03-15-000-2025-01286-00 (1949)

Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y, por servicios, disciplinar a sus servidores; salvo que la competencia esté asignada a otras autoridades y, sin perjuicio delRadicado: 11001-03-15-000-2025-01286-00 (1949)

Sancionado: Arnulfo Gasca Trujillo

6

la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa y no jurisdiccional; y

poder preferente de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación conocerá de la investigación y el juzgamiento de las faltas disciplinarias imputables a los servidores públicos de elección popular y las de sus propios servidores. El particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión. Cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexas intervengan servidores públicos y particulares disciplinables, la competencia será exclusivamente: de la Procuraduría General de la Nación y se determinará conforme a las reglas de competencia para los primeros. Las personerías municipales y distritales se organizarán de tal forma que cumplan con todas las garantías del proceso disciplinario, para lo cual deberán contar con la infraestructura necesaria para su observancia. En el evento en que las garantías de instrucción y juzgamiento no se puedan satisfacer el conocimiento del asunto, será de competencia de la Procuraduría General de la Nación, según la calidad del disciplinable”.

necesaria para su observancia. En el evento en que las garantías de instrucción y juzgamiento no se puedan satisfacer el conocimiento del asunto, será de competencia de la Procuraduría General de la Nación, según la calidad del disciplinable”. 19 “Artículo 16. Modificase el artículo 101 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: Artículo 101. Competencia de las salas disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación contará con tres (3) Salas Disciplinarias, encargadas de conocer, según sus competencias, de la etapa de instrucción y juzgamiento. Estas Salas serán competentes, en lo que les corresponda, para conocer de los procesos disciplinarios contra los siguientes servidores públicos. El Vicepresidente de la República, los Ministros del Despacho, los Congresistas, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, el Gerente del Banco de la República y demás miembros de su Junta Directiva, el Alcalde Mayor de Bogotá, D. C., los Magistrados del Consejo Nacional Electoral, el Auditor General de la República, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Contador General, los Generales de la República y oficiales de rango equivalente, el Personero y el Contralor de Bogotá, D.C., los Directores de Departamentos Administrativos del orden nacional y del Distrito Capital, los miembros de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Viceprocurador, los Procuradores Delegados, los Procuradores Auxiliares, el Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, el Veedor, el Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, el Director Nacional de Investigaciones Especiales y el Secretario

Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, el Veedor, el Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, el Director Nacional de Investigaciones Especiales y el Secretario Privado de la Procuraduría General. También conocerán de los procesos disciplinarios de los demás servidores públicos del orden nacional de igual o superior categoría a los mencionados, siempre que la competencia no esté asignada a otra autoridad disciplinaria. La competencia de las Salas Disciplinarias se ejercerá respecto de las faltas cometidas con anterioridad a la adquisición de la calidad de los servidores enunciados en este artículo o durante su ejercicio, en este último caso, aunque hayan hecho dejación del cargo. PARÁGRAFO 1o. Las Salas Disciplinarias estarán conformadas cada una por tres (3) integrantes. Según las competencias internas, las Salas Disciplinarias conocerán de la consulta de la suspensión provisional y de los recursos de apelación y queja interpuestos contra las decisiones de primera instancia de las procuradurías delegadas. Igualmente, de la segunda instancia y de la doble conformidad, en los procesos con asignación especial, siempre y cuando el funcionario desplazado tenga la competencia de procurador delegado y de las demás que le sean señaladas. PARÁGRAFO 2o. La Procuraduría General de la Nación conocerá de los procesos disciplinarios contra los Congresistas, siempre y cuando no corresponda a conductas en ejercicio de la función congresional de conformidad con la Constitución, el Reglamento del Congreso y las normas ético disciplinarias incorporadas a este”. 20 “Artículo 17. Conformación de la sala disciplinaria de juzgamiento de los servidores públicos de elección popular. Esta Sala estará conformada por tres (3) integrantes que serán elegidos así: La

20 “Artículo 17. Conformación de la sala disciplinaria de juzgamiento de los servidores públicos de elección popular. Esta Sala estará conformada por tres (3) integrantes que serán elegidos así: La Comisión Nacional del Servicio Civil adelantará un concurso público de méritos con el fin de conformar una lista de elegibles que tendrá una vigencia de cuatro años, de acuerdo a los criterios de selección establecidos pública y previamente para dicho concurso. Las faltas absolutas o temporales de los miembros de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de los servidores públicos de elección popular; deberán suplirse por orden de mérito de acuerdo a la lista conformada para el efecto y por el lapso que faltare para terminar el periodo de quien generó la falta definitiva o por el lapso que dure la falta temporal, sin que, en este último caso, se pierda el derecho a ser nombrado en propiedad por el periodo que faltare, si se genera vacancia del cargo con posterioridad. Esta Sala conocerá del juzgamiento de servidores públicos de elección popular. Los integrantes de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de los Se