CE - Auto interlocutorio 11001031500020250524100 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-05241-001

Demandante : Liliana Marcela Urda Romero Demandados : Coosalud EPS, Promotores de Salud de la Costa – Previsalud

S.A.S. y Sabbag Radiólogos Acción : Tutela Decisión : Remite por competencia

La señora Liliana Marcela Urda Romero, quien actúa a nombre propio, demanda el amparo de sus derechos fundamentales a la salud, seguridad social y dignidad humana, presuntamente vulnerados por Coosalud EPS, Promotores de Salud de la Costa – Previsalud S.A.S. y Sabbag Radiólogos.

En consecuencia, solicita:

«2. Se le ordene a la accionada agendar y realizar de manera urgente la cita para el estudio en el término de 48 horas RESONANCIA MAGNETICA DE CEREBRO CONTRASTADA. conforme fue ordenado por el médico tratante. Igualmente, se le suministre el TRATAMIENTO INTEGRAL que requiere dada a su condición patológica.

3. En el futuro garantice el acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud que requiera de acuerdo con el diagnóstico médico»

En este orden de ideas, se precisa que las reglas de reparto de la acción de tutela, previstas en el artículo 2.2.3.1.2.1 (numeral 1) del Decreto 1069 de 2015 2,

En este orden de ideas, se precisa que las reglas de reparto de la acción de tutela, previstas en el artículo 2.2.3.1.2.1 (numeral 1) del Decreto 1069 de 2015 2, modificado por el Decreto 333 de 6 de abril de 20213, prevén:

«Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:

[…]

1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares

1 Expediente digital disponible en Samai. 2 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”. 3 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2. 1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3. 1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sec tor Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05241-00

Demandante: Liliana Marcela Urda Romero

Demandados: Coosalud EPS y otros

serán repartidas, para su conocimiento en p rimera instancia, a los Jueces Municipales».

Con fundamento en la normativa citada, y en razón a que , la acción de tutela está

Demandados: Coosalud EPS y otros

serán repartidas, para su conocimiento en p rimera instancia, a los Jueces Municipales».

Con fundamento en la normativa citada, y en razón a que , la acción de tutela está dirigida contra tres (3) particulares, se concluye que, la autoridad judicial competente para asumir el conocimiento del asunto en primera instancia es el Juzgado Municipal.

Por otra parte, en lo concerniente a la competencia en razón al territorio, la Corte Constitucional4 ha indicado:

“[…] es preciso recordar que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 señala que “ son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.

Respecto de esta norma, la Corte ha concluido que no necesariamente el lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente ha violado derechos fundamentales, coincide con el sitio de ocurrencia de la vulneración 5; y, que el conocimiento no s iempre corresponde al juez con competencia donde se expidió un acto violatorio, sino al del sitio donde se produzcan sus efectos, es decir, del lugar donde se presentó, ocurrió o repercutió la vulneración que se busca contrarrestar 6”. (Énfasis propio)

Conforme a lo anterior y, de acuerdo con el escrito presentado, se observa que, el lugar donde ocurre la violación de los derechos de la accionante es el Distrito de Barranquilla7; razón por la cual , quien debe asumir el conocimiento son los Juzgados Municipales de Barranquilla.

lugar donde ocurre la violación de los derechos de la accionante es el Distrito de Barranquilla7; razón por la cual , quien debe asumir el conocimiento son los Juzgados Municipales de Barranquilla.

En consecuencia, se impone que el proceso sea repartido a lo s Juzgados Municipales de Barranquilla, por ser los competentes para tramitar esta acción de tutela, tal como lo dispone el inciso 2° del artículo 37 del Decreto 2591 de 19918.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se

DISPONE:

PRIMERO. REMITIR por competencia, con carácter INMEDIATO, a la oficina de apoyo judicial de los Juzgados Municipales de Barranquilla, la presente acción de

4 Auto 188 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. 5 Autos 125 de 2009, 95 de 2006 y 025 de 1997. 6 Ibídem. 7 Visible expediente digital SAMAI, índice 2 8 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».Radicado: 11001-03-15-000-2025-05241-00

Demandante: Liliana Marcela Urda Romero

Demandados: Coosalud EPS y otros

tutela incoada por Liliana Marcela Urda Romero para que, se realice el respectivo reparto, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. COMUNICAR, por el medio más expedito y eficaz, este proveído a l demandante, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015.

demandante, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

(Firmado electrónicamente)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Consejero de Estado

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.