CE - Auto interlocutorio 11001031500020250594600 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 11001031500020250594600 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA 17 ESPECIAL DE DECISIÓN
MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05946-00 (9413)
Recurrente: Richard Gómez Vargas Demandado: Juan Carlos Pérez Vásquez Referencia: Recurso extraordinario de revisión
TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – procedencia. CAUSALES, OPORTUNIDAD Y REQUISITOS – exigencias insatisfechas. AUTO QUE INADMITE – no se acreditó el cumplimiento de los requisitos formales ni del deber preceptuado en el artículo 6 de la Ley 2213 de 2022.
AUTO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
El Despacho decide la inadmisión del recurso extraordinario de revisión interpuesto por Richard Gómez Vargas contra la sentencia proferida el 5 de junio de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado , dentro del proceso de nulidad electoral identificado con radicado núm. 17001-23-33-000-2024-00199-021.
I. ANTECEDENTES
1. El proceso de nulidad electoral en el que se profirió la sentencia objeto de revisión
El 14 de agosto de 2024, Richard Gómez Vargas presentó demanda de nulidad electoral para que se anulara el Acta 064 del 24 de julio de 2024, mediante la cual la Asamblea Departamental de Caldas eligió a Juan Carlos Pérez Vásquez como
electoral para que se anulara el Acta 064 del 24 de julio de 2024, mediante la cual la Asamblea Departamental de Caldas eligió a Juan Carlos Pérez Vásquez como contralor departamental, para el periodo 2022-2025.
En síntesis, el actor alegó que la elección desconoció lo dispuesto en el artículo 342 de la Ley 2200 de 2022, norma que estableció una reglamentación especial para la elección de contralores departamentales y ordenó que dicha designación se realizara durante el último periodo de sesiones ordinarias que anteced iera al inicio del respectivo periodo institucional.
1 Al sub júdice le resulta aplicable la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, así como las disposiciones del Código General del Proceso, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del CPACA, vigentes para la fecha en que fue inter puesto el recurso extraordinario de revisión. 2 “Artículo 34. Elección del Contralor. Los Contralores departamentales, serán elegidos por las Asambleas Departamentales conforme lo dispuesto por el Artículo 6 del Acto Legislativo 4 de 2019 y demás disposiciones que lo desarrollen o modifiquen. El contralor será elegido en el último periodo de sesiones ordinarias que antecede el inicio del periodo del nuevo contralor”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05946-00 (9413)
Recurrente: Richard Gómez Vargas
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El 6 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Caldas negó la nulidad electoral, porque consideró que la norma invocada entró en vigor el 8 de febrero de
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El 6 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Caldas negó la nulidad electoral, porque consideró que la norma invocada entró en vigor el 8 de febrero de 2022, de manera que no resultaba aplicable a la convocatoria iniciada en septiembre de 20213.
El 5 de junio de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia. Como fundamento, reiteró que el concurso se regía por las normas vigentes al momento de expedición de la Resolución 299 del 6 de septiembre de 2021, por medio de la cual se adoptó la convocatoria para la elección del contralor departamental4.
2. El recurso extraordinario de revisión
El 23 de septiembre de 2025, Richard Gómez Vargas interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el 5 de junio de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado5.
Invocó la causal 1ª del artículo 250 del CPACA, es decir, “[h]aberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
En sustento, adujo que el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, ponente de la decisión cuestionada, debió declararse impedido para conocer el asunto, toda vez que su cónyuge y su hijo laboraban en la Contraloría General de la República. Además, señaló que el mencionado magistrado fue anteriormente servidor de dicha entidad y ejerció funciones como delegado del registrador nacional del estado civil
que su cónyuge y su hijo laboraban en la Contraloría General de la República. Además, señaló que el mencionado magistrado fue anteriormente servidor de dicha entidad y ejerció funciones como delegado del registrador nacional del estado civil para el departamento de Caldas , circunstancias que, a su juicio, comprometían su imparcialidad y objetividad en la actuación judicial.
Afirmó que esta “ omisión de abstención ” equivale, en términos procesales, a un “documento falso” y revela que la sentencia se fundamentó en una “premisa falsa”.
En consecuencia, solicitó que se infirme el fallo dictado por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
3 Documento contenido en el expediente digital con certificado 6AC493BE66485C0B 74912F3EA8E93628 E9FF4FC62021C7BF BDCFC0EAEEEB4DC6 , ubicado en el índice 87 de SAMAI de la primera instancia del proceso de nulidad electoral. 4 Documento conteni do en el expediente digital con certificado E60A538CCAAF4404 A7B5A735AA4AF3C2 A69A10C0DD81C413 1692F76040302FFD , ubicado en el índice 60 de SAMAI de la segunda instancia del proceso de nulidad electoral. 5 Documento contenido en el expediente digital con c ertificado 9803852A56D0EF29 BC4C41161BDE07F1 E72310C1998DE994 42546EC1C06EC49A , ubicado en el índice 2 de SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05946-00 (9413)
Recurrente: Richard Gómez Vargas
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SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05946-00 (9413)
Recurrente: Richard Gómez Vargas
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II. CONSIDERACIONES
Para decidir sobre la inadmisión del recurso extraordinario de revisión interpuesto por Richard Gómez Vargas , e l Despacho abordará los si guientes aspectos : (1) competencia, (2) procedencia, oportunidad y requisitos formales del recurso y (3) caso concreto.
1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 6 y 249 7 del CPACA, en concordancia con el artículo 29 8 del Acuerdo 080 de 2019 9, la Sala 17 Especial de Decisión es competente para conocer este asunto.
Por otro lado, de acuerdo con los artículos 125.3 10 y 25311 ibidem, el Despacho es competente para decidir sobre la admisibilidad del recurso extraordinario objeto de estudio.
2. Procedencia, oportunidad y requisitos formales del recurso
6 “Artículo 107. Integración y composición. […] Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso. La integración y funcionamiento de dichas salas
cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso. La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el reglamento interno”. 7 “Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dicta das por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. […]”. 8 “Artículo 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
2. Los recursos extraordinarios de súplica asignados a las Salas Especiales Transitorias de Decisión creadas por el artículo 3º de la Ley 954 de 2005, mientras estuvo vigente. 3. Los demás procesos que les sean asignados por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. 4. Las revisiones eventuales en materia de acciones populares y de grupo que a la fecha de entrada en vigencia del presente acuerdo estén pendientes de decisión por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, las cuales quedarán asignadas a la respectiva Sala Especial de Decisión a la que pertenezca el ponente, en los términos de este Acuerdo. […]” (negrita fuera del texto). 9 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 10 “Artículo 125. Artículo modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, De la expedición de providencias. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: […] 3.
10 “Artículo 125. Artículo modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, De la expedición de providencias. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: […] 3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurs o de queja”. 11 “Artículo 253. Trámite. Modificado por el artículo 69 de la Ley 2080 de 2021. Recibido el expediente, el magistrado ponente resolverá sobre la admisión del recurso. Si este se inadmite por no reunir los requisitos formales exigidos en el art ículo 252, se concederá al recurrente un plazo de cinco (5) días para subsanar los defectos advertidos. El recurso se rechazará cuando: 1. No se presente en el término legal. 2. Haya sido formulado por quien carece de legitimación para hacerlo.
3. No se su bsanen en término las falencias advertidas en la inadmisión. Admitido el recurso, este auto se notificará personalmente a la otra parte y al Ministerio Público para que lo contesten dentro de los diez (10) días siguientes, si a bien lo tienen, y pidan prue bas. Dentro de este trámite no se podrán proponer excepciones previas y tampoco procederá la reforma del recurso de revisión.
PARÁGRAFO. En ningún caso, el trámite del recurso de revisión suspende el cumplimiento de la sentencia”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05946-00 (9413)
Recurrente: Richard Gómez Vargas
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El artículo 248 del CPACA prescribe que el recurso extraordinario de revisión
sentencia”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05946-00 (9413)
Recurrente: Richard Gómez Vargas
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El artículo 248 del CPACA prescribe que el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por los jueces administrativos, tribunales administrativos y el Consejo de Estado, únicamente cuando se configura alguna de las causales previstas en el artículo 250 de esa normativa, a saber:
“1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.
Por su parte, el artículo 251 ibidem establece diferentes términos para ejercer de manera oportuna el recurso extraordinario de revisión de acuerdo con la causal que se invoque, como se explica a continuación:
Causal Término Cómputo Causales 3ª y 4ª 1 año A partir de la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare. Causal 7ª 1 año A partir de la ocurrencia de los hechos que motiven la causal. Causal del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 5 años Contados a partir de (i) la ejecutoria de la providencia judicial o (ii) desde el perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio, según el caso. Para las causales 1ª, 2ª, 5ª, 6ª y 8ª 1 año A partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05946-00 (9413)
Recurrente: Richard Gómez Vargas
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Finalmente, sobre los requisitos formales del recurso, el artículo 252 del CPACA establece que el escrito del recurso extraordinario de revisión debe contener lo siguiente: (i) la designación de las partes y sus representantes; (ii) el nombre y el
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Finalmente, sobre los requisitos formales del recurso, el artículo 252 del CPACA establece que el escrito del recurso extraordinario de revisión debe contener lo siguiente: (i) la designación de las partes y sus representantes; (ii) el nombre y el domicilio del recurrente; (iii) los hechos u omisiones que le sirven de fundamento al recurso; (iv) la indicación de la causal de revisión con los fundamentos de esta; (v) las pruebas documentales en su poder y la solicitud de las que se pretenden hacer valer; y (vi) el poder conferido para la interposición del recurso.
Adicionalmente, el artículo 6 de la Ley 2213 de 2022 , el cual adoptó de manera definitiva el artículo 6º del Decreto 806 de 2020, establece que “[e]n cualquier jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautel ares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado, el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados”, y que, “de no conocerse el canal digital de la parte demandante, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos”.
Ahora bien, al estudiar la exequibilidad del artículo 6º del Decreto 806 de 2020 , en sentencia C-420 de 2020, la Corte Constitucional señaló que est a carga procesal forma parte del deber superior de colaboración de los sujetos procesales con los órganos jurisdiccionales y que “ contribuye a la celeridad procesal, por cuanto el
sentencia C-420 de 2020, la Corte Constitucional señaló que est a carga procesal forma parte del deber superior de colaboración de los sujetos procesales con los órganos jurisdiccionales y que “ contribuye a la celeridad procesal, por cuanto el conocimiento antelado de la información por parte del demandado agiliza el trámite de notificación del auto admisorio de la demanda y su contestación ”. En consecuencia, concluyó que la medida es razonable, en tanto persigue fines constitucionalmente legítimos como la celeridad y la economía procesal.
Esta decisión fue avalada por la misma Corte Constitucional que en sentencia posterior, C-522 de 2023 expresamente sostuvo: “las expresiones demandadas del artículo 6º de la Ley 2213 de 2022 establecen una carga procesal en cabeza del accionante en el sentido que cuando se presente la demanda, deberá simultáneamente enviar copia de ese texto y sus anexos a los demandados, so pena de inadmisión. Ese mismo mandato se exige respecto del escrito de subsanación de la demanda. Habida cuenta de que las anotadas reglas ahora tienen un carácter permanente”.
Así, en palabras de la Corte el artículo 6º de la Ley 2213 de 2022 establece una exigencia formal y una carga procesal para el accionante que opera como requisito de admisión de la demanda en todas las jurisdicciones, excepto en el trámite de la acción de tutela. De manera que, l a omisión de este requisito da lugar a la inadmisión de la demanda y, si no se subsana dentro del término legal, a su rechazo12.
En este sentido, estas reglas de inadmisión constituyen una sencilla carga del
inadmisión de la demanda y, si no se subsana dentro del término legal, a su rechazo12.
En este sentido, estas reglas de inadmisión constituyen una sencilla carga del demandante, destinada a garantizar la comunicación y a materializar los principios
12 Corte Constitucional, C-522 de 2023.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05946-00 (9413)
Recurrente: Richard Gómez Vargas
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de publicidad, economía, celeridad, lealtad y buena fe procesal que, a su vez, permiten asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de defensa y contradicción, y el respeto del debido proceso de la parte accionada.
3. Caso concreto
Frente a los requisitos formales y de procedencia del recurso, se advierte que la parte demandante:
(i) Designó las partes y sus represent antes, así: (a) recurrente: Richard Gómez Vargas, abogado en ejercicio que actúa en nombre propio; y (b) demandados: Juan Carlos Pérez Vásquez y Asamblea Departamental de Caldas;
(ii) No señaló con precisión el domicilio del recurrente;
(iii) Expuso los hechos u omisiones que le sirven de fundamento al recurs o, concretamente, la omisión del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra de manifestar impedimento para conocer la demanda de nulidad electoral . Sin embargo, omitió especificar cuál es el documento que invoca como encontrado o recobrado, con el cual se hubiera podido proferir una decisión diferente, y las razones por las cuales no pudo aportarlo al proceso.
(iv) Adjuntó las pruebas documentales que tenía en su posesión y solicitó las que
cual se hubiera podido proferir una decisión diferente, y las razones por las cuales no pudo aportarlo al proceso.
(iv) Adjuntó las pruebas documentales que tenía en su posesión y solicitó las que pretendío hacer valer;
(v) No allegó el poder conferido para la interposición del recurso, en tanto actúa en su calidad de abogado, en nombre propio. (vi) Invocó la causal 1ª del artículo 250 del CPACA; y (vii) No acreditó el envío, por medio electrónico, de la copia del recurso y sus anexos a la parte demandada. Bajo ese contexto, el recurrente omitió acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 252 ibidem y del deber que preceptúa el artículo 6 de la Ley 2213 de 2022. En consecuencia, la ponente inadmitirá el presente recurso extraordinario de revisión y otorgará al demandante el término de cinco (5) días para que proceda a subsanar las falencias advertidas, de conformidad con el artículo 25313 del CPACA.
13 “Artículo 253. Trámite. Modificado por el artículo 69 de la Ley 2080 de 2021. Recibido el expediente, el magistrado ponente resolverá sobre la admisión del recurso. Si este se inadmite por no reunir los requisitos formales exigidos en el artículo 252, se co ncederá al recurrente un plazo de cinco (5) días para subsanar los defectos advertidos. […]” (negrita fuera del texto).Radicado: 11001-03-15-000-2025-05946-00 (9413)
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Del escrito de subsanación de la demanda también deberá enviarse copia a la parte
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Del escrito de subsanación de la demanda también deberá enviarse copia a la parte demandada, de acuerdo con lo señalado en el numeral 8 del artículo 162 del CPACA, en concordancia con el artículo 6 de la Ley 2213 de 2022. Por último, como antes se dijo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del CPACA, el término para interponer la revisión extraordinaria depende de la causal de revisión que se invoque. En el caso de autos, se invocó la causal 1ª de revisión del artículo 250 ibidem, de manera que el término de oportunidad para interponer el recurso es de un (1) año contado a partir de la ejecutoria de la providencia recurrida. Así, teniendo en cuenta que la sentencia quedó ejecutoriada el 10 de julio de 202514, el término para la interposición del recurso extraordinario de revisión transcurrió entre el 11 de julio de 2025 y el 11 de julio de 2026. En ese orden de ideas, como la parte actora formuló el recurso el 23 de septiembre de 2025, debe colegirse que lo hizo dentro de la oportunidad legal. En mérito de lo expuesto, el Despacho
RESUELVE
PRIMERO: INADMITIR el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Richard Gómez Vargas contra la sentencia proferida el 5 de junio de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado , dentro del proceso de nulidad electoral identificado con radicado núm. 17001-23-33-000-2024-00199-02.
SEGUNDO: CONCEDER el término de cinco (5) días a la parte recurrente, para que
con radicado núm. 17001-23-33-000-2024-00199-02.
SEGUNDO: CONCEDER el término de cinco (5) días a la parte recurrente, para que subsane las falencias que se indicaron en esta providencia.
TERCERO: Vencido el término otorgado, remitir el expediente al despacho para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada
SP1
14 Constancia expedida por la secretaria de la Sección Quinta, documento contenido en el expediente digital con certificado A9F71D90ABCB80DC 0670B87B0FD3882E C10A43415BA34AC6 874C3078F1F32322, ubicado en el índice 71 de la segunda instancia del proceso de nulidad electoral.