CE - Auto interlocutorio 11001031500020250710100 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07101-00

Demandante: Darío Palomeque Ortiz

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA SÉPTIMA ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Pérdida de investidura - primera instancia Radicación: 11001-03-15-000-2025-07101-00

Demandante: Darío Palomeque Ortiz

Demandados: Deyssi Fraysuri Murillo Mosquera y otros

Auto de rechazo de la demanda.

La Sala Especial de Decisión se pronuncia sobre la admisibilidad de la demanda de pérdida de investidura presentada en el presente asunto.

SÍNTESIS

El demandante solicita que se disponga la pérdida de investidura de los miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica del Chocó . La Sala rechaza la demanda porque la acción no resulta procedente en contra de los demandados y ello determina que el asunto no sea susceptible de control judicial a través del proceso de pérdida de investidura o de otro medio de control.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda fue presentada el 22 de octubre de 2025 ante la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado 1, por el señor Darío Palomeque Ortiz, quien solicit ó que se disponga la pérdida de investidura de las siguientes personas, quienes fungen como miembros del Consejo Superior Universitario de

Sección Quinta del Consejo de Estado 1, por el señor Darío Palomeque Ortiz, quien solicit ó que se disponga la pérdida de investidura de las siguientes personas, quienes fungen como miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica del Chocó, “Diego Luis Córdoba”, en adelante UTCH: Deyssi Fraysuri Murillo Mosquera, representante de los estudiantes; Kathleen Hasleidy Palacios Asprilla, representante de los Egresados; Rosa Emilia Mosquera Mayo, representante de los docentes; Johnatan Espinoza, “representante del Presidente"; William Murillo, representante de los ex rectores;Radicado: 11001-03-15-000-2025-07101-00

Demandante: Darío Palomeque Ortiz

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y Adriana María López Jamboos , representante del Ministerio de Educación Nacional.

2. Como fundamento de la solicitud de desinvestidura el demandante relató las circunstancias que habrían tenido lugar con ocasión de la adopción de varias decisiones contenidas en actos administrativos proferidos por el referido Consejo Superior Universitario, supuestamente en contravención de diversas norma s constitucionales y legales, así como de órdenes impartidas en providencias judiciales, contexto en el cual los demandados habrían actuado dolosamentesiempre según lo expuesto por el demandantelo cual justificaría que se les prive

de su investidura:

(…) como quiera que la pérdida de investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por ser incompatibles con la dignidad del

sancionatorio prevista en la Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan. En ese orden de ideas, se trata de un juicio sancionatorio, que se efectúa en ejercicio del ius puniendi del Estado, previsto por el Legislador como un procedimiento jurisdiccional a cargo del Juez Contencioso administrativo – la Sala Plena del Consejo de Estado-, quien hace un juicio de reproche sobre un comportamiento, el suscrito considera que, se dan los presupuestos procesales y facticos (sic) para que se accedan (sic) a nuestras pretensiones toda vez que los miembros del Consejo Superior de la UTCH, no actuaron con rectitud, no tuvieron un comportamiento pulcro, transparente y burlaron una orden judicial que se encuentra en firme; por ello, los involucrados en estos hechos deben ser castigados en razón a la condición que ostentan en el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó y deben ser apartados de sus cargos por las razones expuestas2.

3. Mediante auto calendado el 4 de noviembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró su falta de competencia funcional para conocer del presente proceso y dispuso remitir el expediente a la Secretaría General de la Corporación para realizar el respectivo reparto entre las Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura, atendiendo lo que preceptúa en punto de la distribución de procesos entre las Secciones que integran la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024, emanados de la Sala Plena del

distribución de procesos entre las Secciones que integran la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024, emanados de la Sala Plena del Consejo de Estado, en sus artículos 13 y 33 a 363.

4.1 Repartido el expediente4, correspondió su conocimiento a esta Sala Especial de Decisión, a la cual c ompete emitir el pronunciamiento al que hay lugar respecto de la admisibilidad de la demanda.

2 Índice 00002 de Samai, archivo 9_EXPEDIENTEDIGI_003Demanda_2_20251111152432443.pdf, pp. 1-4. 3 Índice 00002 de Samai, archivo 018Autoqueordena_AUTO_ACU20250019300Autore.pdf. 4 El 11 de noviembre de 2025, índice 0004 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07101-00

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4.2 Al día siguiente al del reparto, el accionante radicó un memorial mediante el cual manifestó efectuar una ampliación de la solicitud de pérdida de investidura5; en ese escrito narró circunstancias relacionadas con la expedición de varios actos administrativos por parte del Consejo Superior Universitario de la UTCH que el demandante considera que fueron proferidos en contravía de una sentencia de tutela que se habría dictado en el mes de julio de 2025, en la cual se habría decidido privar a los demandados de la posibilidad de participar en la adopción de tales decisiones del Consejo Superior.

4.3 Ello evidenciaría, en el sentir del actor, que los demandados miembros del

decidido privar a los demandados de la posibilidad de participar en la adopción de tales decisiones del Consejo Superior.

4.3 Ello evidenciaría, en el sentir del actor, que los demandados miembros del Consejo Superior Universitario de la UTCH habrían intervenido de forma consciente, reiterada y desafiante frente a órdenes judiciales vinculantes, en la expedición de por menos cinco actos ilegales, de suerte que su permanencia en el referido órgano directivo de la Universidad supone una amenaza seria y actual para el futuro de dicha Institución6.

4.4 Por lo anterior, el actor insistió en la solicitud de pérdida de investidura de los demandados; pidió que se tenga en cuenta uno de los Acuerdos proferidos por el Consejo Superior Universitario “como prueba del conocimiento y dolo con el que actuaron”; reiteró el pedimiento que había efectuado en la solicitud inicial de pérdida de investidura, en el sentido de que se ordenara como medida cautelar “el retiro inmediato y preventivo de los consejeros implicados, mientras se decide de fondo esta solicitud ”; requirió que se oficie a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación “para investigar posibles faltas disciplinarias y penales” y que se ordene “anular los efectos” respecto de “los acuerdos expedidos en contravía del fallo judicial y del estatuto electoral universitario”.

II. CONSIDERACIONES

5. La Sala rechazará la demanda en consideración a que el asunto que plantea no es susceptible de control judicial en los términos de lo normado por el numeral 3 del artículo 169 del CPACA7, aplicable a los procesos de pérdida de investidura

5. La Sala rechazará la demanda en consideración a que el asunto que plantea no es susceptible de control judicial en los términos de lo normado por el numeral 3 del artículo 169 del CPACA7, aplicable a los procesos de pérdida de investidura en virtud de la integración normativa dispuesta en el artículo 21 de la Ley 1881 de 20188.

5 Archivo 34_RECIBEMEMORIAL_Memorial_AmpliaciondedemandaP_1_20251112165727828, índice 0004 de Samai. 6 Idem. 7 De acuerdo con el cual: “Artículo 169. Rechazo de la demanda. Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos: (…) 3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial”. 8 Que preceptúa lo siguiente: “Artículo 21. Para la impugnación de autos y en los demás aspectos no contemplados en esta ley se seguirá el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de forma subsidiaria el Código General del Proceso en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07101-00

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6.1. La jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado han explicado reiteradamente que l a pérdida de investidura es un mecanismo procesal que la Constitución puso en manos de los ciudadanos con el fin de permitirles participar en el control del poder político , a través del uso del mencionado cauce procesal, en la depuración de las corporaciones públicas

procesal que la Constitución puso en manos de los ciudadanos con el fin de permitirles participar en el control del poder político , a través del uso del mencionado cauce procesal, en la depuración de las corporaciones públicas de elección popular , cuyas mesas directivas igualmente se encuentran habilitadas para activar el mismo instrumento contra sus propios i ntegrantes, cuando estos incurran en conductas contrarias al buen servicio, al interés general o a la dignidad que ostentan9.

6.2. En esencia, constituye una sanción ética y política que, por su contenido, ha sido descrit a como un mecanismo disciplinario revestido de las máximas garantías procesales y, por tanto, de naturaleza jurisdiccional ; que posee características especiales que la distinguen de otros regímenes de responsabilidad de los servidores públicos, así como también de los procesos penales, electorales, de responsabilidad fiscal e incluso de los procedimientos sancionatorios disciplinarios adelantados desde diferentes instancias por parte de la administración pública10.

6.3. Por ello la Sala Plena del Consejo de Estado ha subrayado que esta institución jurídica tiene como finalidad garantizar que los representantes del pueblo ejerzan sus funciones con la dignidad requerida, es decir, ajustando su comportamiento a lo que el Constituyente y el Legislador esperan de ellos; que tiene como propósito garantizar la moralidad y el comportamiento ético de quienes ejercen poder político a través de las corporaciones públicas de elección popular, de suerte que su conducta y decisione s en el ejercicio de las mismas se ajusten ante todo al interés general y al bien común dejando de lado todo interés mezquino o privado que atente contra los intereses del pacto

elección popular, de suerte que su conducta y decisione s en el ejercicio de las mismas se ajusten ante todo al interés general y al bien común dejando de lado todo interés mezquino o privado que atente contra los intereses del pacto político surgido de la elección 11. E n este sentido , ha expresado cuanto se transcribe a continuación:

En términos generales, la acción de pérdida de la investidura se ha definido como un juicio o proceso jurisdiccional sancionatorio de propósito ético, en tanto las causales ideadas por el Constituyente son un código positivizado de conducta, que tiene por objeto reprochar y sancionar conductas contrarias a la dignidad del cargo que ejercen los representantes del pueblo. Dignidad que surge por el hecho del voto ciudadano y que enaltece el

9 En tal sentido, por vía de ejemplo, pueden verse los siguientes pronunciamientos: Corte Constitucional, sentencias SU -254A de 2012 y T -544 de 2004. Consejo de Estado, sentencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 30 de mayo de 2000, expediente AC-9877; 13 de febrero de 2001, expediente AC-11.946 y 20 de noviembre de 2001, expediente 2001 -0130; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 8 de marzo de 2018, exp ediente: 2017-00474-01, C.P. María Elizabeth García González ; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 12 Especial de Decisión, sentencia del 15 de septiembre de 2025, expediente: 11001-03-15-000-2025-03956-00, C.P. Fredy Ibarra Martínez.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 12 Especial de Decisión, sentencia del 15 de septiembre de 2025, expediente: 11001-03-15-000-2025-03956-00, C.P. Fredy Ibarra Martínez. 10 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-319 de 1994, C-507 de 1994, C-247 de 1995, T-162 de 1998, T935 de 2009, T-147 de 2011 y SU-254A de 2012. 11 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 25 de septiembre de 2008, expediente: 73001-23-31000-2008-00085-01(PI), CP Martha Sofía Sanz Tobón.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07101-00

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principio de representación democrática. A partir de la positivización de las conductas objeto de reproche, ha de entenderse que el juez de la pérdida de la investidura debe juzgar si determinado comportamiento de quien ostenta la representación popular se ajusta a lo que el Constituyente y el legislador -en el caso de los miembros de las corporaciones públicas del orden territorialesperan de él. Dicho de otro modo, el ordenamiento tiene la expectativa de que los representantes del pueblo ejerzan sus func iones con la dignidad que ello significa y, en consecuencia, no incurran en las causales de pérdida de investidura12 (negrillas añadidas).

6.4. La Corte Constitucional ha recordado que en el proceso que dio origen a la Constitución Política de 1991, uno de los principales asuntos se centró en la necesidad de fortalecer y depurar las instituciones representativas, como

6.4. La Corte Constitucional ha recordado que en el proceso que dio origen a la Constitución Política de 1991, uno de los principales asuntos se centró en la necesidad de fortalecer y depurar las instituciones representativas, como requisito fundamental para la revitalización del sistema democrático en el país13. En el acervo de medidas que se consideró necesario introducir con ese propósito se destacó la necesidad de establecer un estricto régimen de control respecto de los congresistas, los diputados, los concejales y los ediles, esto es, en relación con los miembros de las corporaciones públicas de elección popular14; en este sentido se ha explicado lo siguiente:

Así pues, el fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del cargo público de elección popular, y en esa medida, se trata de un mecanismo de democracia participativa, mediante el cual los ciudadanos ejercen control sobre sus representantes, a quienes han otorgado un mandato a través de la vía electoral. En ese orden de ideas, este juicio constituye un mecanismo de control político de los ciudadanos y un instrumento de depuración al alcance de las corporaciones públicas contra sus propi os integrantes, cuando estos incurran en conductas contrarias al buen servicio, el interés general o la dignidad que ostentan15.

6.5. Se ha adicionado a lo anterior que “l a investidura 16 de los representantes elegidos popularmente –congresistas, diputados, concejales o ediles – es, en esencia, la expresión del mandato democrático de la ciudadanía otorgado mediante el derecho fundamental al sufragio universal –art 40 C Pol. 17– en el marco del proceso electoral”18, circunstancia que llevó a caracterizar el medio de

esencia, la expresión del mandato democrático de la ciudadanía otorgado mediante el derecho fundamental al sufragio universal –art 40 C Pol. 17– en el marco del proceso electoral”18, circunstancia que llevó a caracterizar el medio de

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, s entencia del 27 de septiembre de 2016 , expediente: 11001-03-15-000-2014-03886-00(PI), CP Alberto Yepes Barreiro. 13 Así, por ejemplo, se subraya que en la exposición de motivos de la ponencia para debate la Comisión Tercera de la Asamblea Nacional Constituyente se sostuvo: “ El altísimo nivel que supone la categoría de congresista exige que las sanciones por la violación de sus deberes sean drásticas. No sería aceptable que a un parlamentario se le aplicaran medidas benevolentes como, por ejemplo, descuento de sus salarios o dietas o suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones. El congresista debe ser tan riguroso en su conducta, que el resultado de un mal comportamiento sea la pérdida de investidura. (…) De igual manera el evidente incumplimiento de los deberes del co ngresista debe ser motivo para la sanción” . Cfr. Gaceta Constitucional núm. 51, pág. 27. 14 Corte Constitucional, sentencias T-938 de 2007 y T-147 de 2011. 15 Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2016. 16 Nota original de la sentencia citada: Respecto al concepto de investidura esta no hace alusión simplemente al sinónimo de cargo público sino como equivalente a dignidad u honor referido al mandato que se ha conferido a un funcionario elegido popularmente mediante sufragio –voto– universal.

simplemente al sinónimo de cargo público sino como equivalente a dignidad u honor referido al mandato que se ha conferido a un funcionario elegido popularmente mediante sufragio –voto– universal. 17 Nota original de la sentencia citada: “(…) todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”, (…) “interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley” (numeral 6°). 18 Corte Constitucional, sentencia SU-632 de 2017.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07101-00

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control de pérdida de investidura como un corolario “del principio de separación de poderes y de colaboración armónica, esencialmente, del sistema de pesos y contrapesos ( checks and balances ), que caracteriza a los sistemas constitucionales contemporáneos”19 y explica que

[C]on base en estos principios esenciales el Constituyente decidió que el control sancionatorio a los integrantes de las mencionadas corporaciones democráticas no está sujeto a la misma institución a la que pertenecen sino a la Rama Judicial como entidad independiente y a-política del Estado, y de allí la razón para que la competencia para declararla no recaiga en una autoridad administrativa sino en una judicial. La sentencia T -935 de 2009, recordó que en la Asamblea Nacional Constituyente se discutió la importancia de la consagración de la pérdida de investidura para el caso de los congresistas. En la Carta Política la misma fue extendida a los diputados y conceja les en el artículo 291 en los siguientes términos: “los miembros de las corporaciones públicas de las entidades

investidura para el caso de los congresistas. En la Carta Política la misma fue extendida a los diputados y conceja les en el artículo 291 en los siguientes términos: “los miembros de las corporaciones públicas de las entidades territoriales no podrán aceptar cargo alguno en la administración pública, y si lo hicieren perderán su investidura20.

7. Cuanto se viene de reseñar explica y fundamenta por qué razones el Constituyente tomó la determinación de circunscribir la procedencia de la utilización del instrumento procesal de la pérdida de investidura, exclusivamente en relación con miembros de corporaciones públicas de elección popular , no solamente respecto de los congresistas -artículo 183 superiorsino también en contra de los integrantes de las corporaciones públicas de elección popular del nivel territorial según lo prevén los artículos constitucionales 110, 291 y 299, para el caso de los diputados y 110, 312, 318 y 323 , para el de concejales y ediles.

8. Como igualmente se expuso que lo han explicado la jurisprudencia del Consejo de Estado y la de la Corte Constitucional, los procedimientos jurisdiccionales de pérdida de investidura tienen naturaleza sancionatoria y, por consiguiente, las normas tanto constitucionales como legales que los regulan frente a elementos sustanciales tan relevantes como las conductas constitutivas de infracción, el alcance de las sanciones a imponer y los sujetos pasibles de la aplicación de tales medidas en ejercicio del pode r punitivo del Estado, son de interpretación restrictiva y taxativa, en modo alguno analógica o extensiva.

9. Consecuencialmente, el medio de control de pérdida de investidura no puede

tales medidas en ejercicio del pode r punitivo del Estado, son de interpretación restrictiva y taxativa, en modo alguno analógica o extensiva.

9. Consecuencialmente, el medio de control de pérdida de investidura no puede válidamente ser promovido en contra de servidores públicos o de agentes estatales distintos de los miembros de las corporaciones públicas de elección popular, en los términos y por las razones que se han dejado expuestas en este pronunciamiento. En ese orden de ideas, resulta abiertamente improcedente su utilización en contra de los integrantes del Consejo Superior de un ente

19 Corte Constitucional, sentencia SU-501 de 2015. 20 Corte Constitucional, sentencia SU-632 de 2017.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07101-00

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universitario autónomo como la Universidad Tecnológica del Chocó, “Diego Luis Córdoba”, como lo pretende el accionante en el presente caso.

10. La Constitución Política, en el artículo 184, dispone que la “pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la ley”; en desarrollo de esta norma constitucional el Legislador expidió Ley 144 de 1994 y, posteriormente, la 1881 de 2018 , esta última actualmente vigente en cuanto al procedimiento de pérdida de investidura de los congresistas, cuyas disposiciones son aplicables, “ en lo que sea compatible, a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados” -artículo 22-.

11. El artículo 2 de la Ley 1881 de 2018 establece que corresponde a l as Salas

son aplicables, “ en lo que sea compatible, a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados” -artículo 22-.

11. El artículo 2 de la Ley 1881 de 2018 establece que corresponde a l as Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado conocer en primera instancia de la pérdida de investidura de los congresistas a solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente o de cualquier ciudadano y que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir el recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia, sin la participación de los magistrados que decidieron el fallo recurrido. En cuanto a la admisión de la demanda, prevé lo siguiente el artículo 8 de dicho cuerpo

normativo:

Artículo 8. Recibida la solicitud en la Secretaría General, será repartida el día hábil siguiente al de su recibo, y se designará el Magistrado ponente, quien procederá a admitirla o no, según el caso, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su reparto. En el mismo término notificará al Congresista la decisión respectiva. El Magistrado ponente devolverá la solicitud cuando no cumpla con los requisitos o no se alleguen los anexos exigidos en la ley y ordenará a quien corresponda y dentro del plazo que considere oportuno, completar o aclarar los requisitos o documentos exigidos.

12. Como se aprecia, según lo establece la norma trascrita, el Magistrado Ponente es el competente para proferir el auto de admisión o de inadmisión de la demanda por no cumplir los requisitos legales -que ha de entenderse que es una referencia

12. Como se aprecia, según lo establece la norma trascrita, el Magistrado Ponente es el competente para proferir el auto de admisión o de inadmisión de la demanda por no cumplir los requisitos legales -que ha de entenderse que es una referencia hecha a los requisitos formales de la solicitud enlistados en el artículo 5 ídem21-; no obstante, ni este precepto ni alguno otro de la Ley 1881 de 2018 se ocupa de regular (i) cuál es la decisión que debe tomarse en el evento en el cual la demanda sea sustancialmente inepta o improcedente porque el asunto sometido

21 Que dispone lo siguiente: Artículo 5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá formularse por escrito y contener, al menos: a) Nombres y apellidos, identificación y domicilio de quien la formula; b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional; c) Invocación de la causal por la cual se solicita la pérdida de la investidura y su debida explicación; d) La solicitud de práctica de pruebas, si fuere el caso; e) Dirección del lugar en donde el solicitante recibirá las notificaciones a que haya lugar. Parágrafo 1. No será necesario formular la solicitud a través de apoderados. Parágrafo 2. Cuando el solicitante pretenda hacer valer dentro del proceso una prueba pericial, deberá aportar el dictamen con la solicitud.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07101-00

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al conocimiento Consejo de Estado no sea enjuiciable y (ii) cuál es la autoridad competente para adoptarla, si el Magistrado Ponente o la Sala Especial de

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al conocimiento Consejo de Estado no sea enjuiciable y (ii) cuál es la autoridad competente para adoptarla, si el Magistrado Ponente o la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura correspondiente.

13. Con respecto al primer interrogante, tomando en consideración que la pérdida de investidura es un procedimiento judicial cuyo conocimiento está constitucional y legalmente atribuido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el artículo 21 de la propia Ley 1881 de 2018 plantea una integración normativa de conformidad con la cual

(P)ara la impugnación de autos y en los demás aspectos no contemplados en esta ley se seguirá el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de forma subsidiaria el Código General del Proceso en lo que sea compatible con la nat uraleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

14. En ese orden de ideas, debe acudirse a lo preceptuado por las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, sobre la inadmisión y rechazo de la demanda, normas del

siguiente tenor:

Artículo 169. Rechazo de la demanda. Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:

1. Cuando hubiere operado la caducidad.

2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida.

3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial (negrilla fuera del texto).

1. Cuando hubiere operado la caducidad.

2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida.

3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial (negrilla fuera del texto).

Artículo 170. Inadmisión de la demanda. Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos señalados en la ley por auto susceptible de reposición, en el que se expondrán sus defectos, para que el demandante los corrija en el plazo de diez (10) días. Si no lo hiciere se rechazará la demanda.

15.1 De las disposiciones transcritas se desprende que frente a la presentación de una demanda que adolece de deficiencias que puedan conducir a su rechazo, resulta jurídicamente viable (i) rechazarla de plano, cuando hubiere operado la caducidad o el asunto no sea susceptible de control judicial, o (ii) rechazarla luego de que vencido el término para corregirla, el demandante no lo haya hecho.

15.2 En ocasiones anteriores el Consejo de Estado ha entendido que ante eventos en los cuales se constata la falta de requisitos materiales o sustanciales de la demanda de pérdida de investidura, lo procedente es su rechazo de plano en aplicación de la previsión del numeral 3 del artículo 169 del CPACA:

Adicionalmente debe señalarse que no es subsanable el incumplimiento del requisito material relativo a invocar la causal (descripción jurídica) y expresar el sustento factico de la misma (descripción fáctica) cuando se observe que laRadicado: 11001-03-15-000-2025-07101-00

Demandante: Darío Palomeque Ortiz

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sustento factico de la misma (descripción fáctica) cuando se observe que laRadicado: 11001-03-15-000-2025-07101-00

Demandante: Darío Palomeque Ortiz

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acusación del demandante no puede ser objeto del medio de control de pérdida de investidura, pues la opción de dar lugar a una inadmisión para corregir el libelo implicaría un remplazo total de la demanda inicial ante la necesaria reforma que el demandante tendría que realizar de los hechos y de la acusación. (…) El incumplimiento del mencionado requisito, atendiendo a la integración normativa con la Ley 1437 de 2011 –ver cuadro N° 1 de esta providencia-, da lugar al rechazo de plano de la demanda, en la medida en que, el asunto puesto a consideración de este despacho legal y jurisprudencialmente no es susceptible de control judicial a través de la pérdida de investidura… (…) En las anteriores circunstancias, por la configuración de un defecto en la solicitud que resulta materialmente insubsanable, tal y como lo ha realizado esta Corporación en oportunidad anterior22, en virtud de los principios de economía y eficiencia en el ejercicio de la administración de justicia, la demanda de pérdida de investidura debe rechazarse de plano23.

16. En el presente caso, como se indicó previamente, la demanda se dirigió en contra de integrantes del Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica del Chocó, “Diego Luis