CE - Auto interlocutorio 11001031500020260410902 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 11001031500020260410902 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04109-02
Accionante: Germán López Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A
Tema: Auto se abstiene de dar trámite a incidente de desacato
En Sentencia del 27 de agosto de 2026, la Sección Quinta de esta corporación , revocó parcialmente el fallo de primera instancia, en cuanto declaró la improcedencia de la tutela respecto del cargo de desconocimiento del precedente y, en su lugar, amparó el derecho al debido proceso del actor y, en consecuencia ordenó:
«(…) TERCERO: Dejar sin efectos el auto de 30 de enero de 2026, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A negó la solicitud elevada por el tutelante para que se dispusiera el levantamiento de las sanciones impuestas en los autos de 7 de marzo de 2017, 29 de junio de 2017 y 18 de mayo de 2018.
CUARTO: Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A que, dentro del término de 10 días contado a partir de la notificación de esta sentencia, emita una decisión de reemplazo que tenga en cuenta lo expuesto en esta providencia».
Subsección A que, dentro del término de 10 días contado a partir de la notificación de esta sentencia, emita una decisión de reemplazo que tenga en cuenta lo expuesto en esta providencia».
Las consideraciones plasmadas en la providencia y que dieron lugar a la anterior decisión fueron las siguientes:
«(…) Para la sala es claro que el precedente a que se ha hecho alusión exigía que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomara en consideración los informes rendidos por la DISAN (incluso aquellos allegados con posterioridad a la imposición de las sanciones por desacato), para valorar las gestiones adelantadas por la entidad para satisfacer las órdenes de cumplimiento y descartar así la hipótesis de un incumplimiento deliberado del fallo que dispuso: i) establecer un procedimiento de suministro de medicamentos cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud, a través del cual se asegurara la entrega completa e inmediata de estos y, ii) disponer de un mecanismo para la entrega de medicamentos al afiliado.
En todo caso, de conformidad con lo informado por el tribunal accionado en el auto de 30 de enero de 2026 y de conformidad con las pruebas allegadas al interior delRadicado: 11001 03 15 000 2026-04109-02
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último trámite de desacato presentado por el señor Franklin Cifuentes, se advierte que las anteriores órdenes ya se satisficieron por parte de la DISAN.
En este punto, el tutelante reprocha que la autoridad acusada no haya accedido a levantar o inaplicar las sanciones de multa que le fueron impuestas, a pesar de que, como se viene de reseñar, la DISAN atendió el requerimiento judicial mediante la
En este punto, el tutelante reprocha que la autoridad acusada no haya accedido a levantar o inaplicar las sanciones de multa que le fueron impuestas, a pesar de que, como se viene de reseñar, la DISAN atendió el requerimiento judicial mediante la dispensación de medicamentos al hijo del señor Cifuentes Fernández y se han realizado todas las gestiones correspondientes para dar cumplimiento al fallo.
En lugar de ello, el tribunal demandado se arraigó en su opinión de que la DISAN debió pedir la inaplicación de las sanciones en la contestación de la demanda y en los trámites de los incidentes de desacato que dieron lugar a la imposición de las sanciones, solicitudes que, como se advirtió en precedencia, sí fueron realizadas por el tutelante. Sin embargo, antes de asumir esa inflexible postura, era menester analizar si existía o no responsabilidad subjetiva en la actuación del funcionario de la entidad co mpelida, de conformidad con la reiterada jurisprudencia constitucional sobre la naturaleza y finalidad del incidente de desacato.
Por otro lado, el tribunal mal podía negar el levantamiento de las sanciones con argumentos como que las mismas se encontraban en firme y que el desacato es un dispositivo para castigar al renuente, pues ello desconoce la doctrina desarrollada de forma pac ífica por la Corte Constitucional en la sentencia SU -034 de 201828, invocada por el actor, en cuanto a que el propósito perseguido por la sanción es conminar al obligado como medio para garantizar el cumplimiento de la sentencia, mas no sancionar por sancionar.
Bajo esa óptica, ante las solicitudes de inaplicación de las sanciones, el tribunal
conminar al obligado como medio para garantizar el cumplimiento de la sentencia, mas no sancionar por sancionar.
Bajo esa óptica, ante las solicitudes de inaplicación de las sanciones, el tribunal estaba llamado a incorporar en su razonamiento la jurisprudencia consolidada por la Corte Constitucional y aplicar el mandato constitucional de prevalencia de lo sustancial (que en este caso sería la constatación de las acciones positivas orientadas al cumplimiento), para con base en ello reconsiderar si se justificaba mantener las medidas coercitivas impuestas.
Ejecutar la sanción una vez se ha evidenciado el cumplimiento de la orden de cumplimiento conlleva a transformar una medida de apercibimiento en una medida punitiva asimilable al derecho penal con funciones de prevención general. En esa medida, lo que corr espondía era realizar el estudio de la solicitud de inaplicación o levantamiento de las sanciones de multa impuestas y determinar si era procedente o no dicho levantamiento, en atención al precedente constitucional sobre la naturaleza y finalidad del incidente de desacato».
La magistrada ponente del caso indicó que el expediente de la referencia es físico, y estaba en préstamo en el Consejo de Estado para trámite de esta tutela y solo hasta el 29 de septiembre del año en curso fue devuelto al Tribunal.
Adicionalmente, dijo que en cumplimiento del fallo de tutela del 27 de agosto de 2026 profirió proyecto de decisión de reemplazo con fecha 14 de octubre de 2026, el cual puso en rotación para aprobación y firma de los magistrados que conforman la Sala de decisión.
Se decidirá previas las siguientes,Radicado: 11001 03 15 000 2026-04109-02
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en rotación para aprobación y firma de los magistrados que conforman la Sala de decisión.
Se decidirá previas las siguientes,Radicado: 11001 03 15 000 2026-04109-02
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CONSIDERACIONES
En relación con los elementos que deben constatarse para la imposición de la sanción por desacato, el Consejo de Estado adujo:
«La declaratoria de que un funcionario es acreedor a las sanciones legales por desacato, requiere estar precedida de la constatación de unos supuestos objetivos y subjetivos. Debe establecerse la existencia y firmeza de un fallo estimatorio de tutela, (…). Además, es preciso verificar que la orden emitida por el juez constitucional aún está pendiente de cumplirse, no obstante haber expirado el término judicialmente otorgado con tal fin; y que no haya alguna razón que materialmente justifique la conducta omisiva del destinatario de la orden de amparo, pues nadie está obligado a lo imposible»1.
Al examinar el cumplimiento de la orden impartida en el fallo de tutela, se observa que esta consistió en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A emit iera una nueva decisión donde res olviera la solicitud de inaplicación de las sanciones impuestas: el 7 de marzo de 2017, confirmada el 20 de abril de 2017; el 29 de junio de 2017, confirmada el 17 de septiembre de 2017; y el 18 de mayo de 2018, confirmada el 26 de julio de 2018 ; teniendo en cuenta que las órdenes impartidas en el fallo de tutela del 16 de junio de 2016 ya habían sido cumplidas por la DISAN.
confirmada el 26 de julio de 2018 ; teniendo en cuenta que las órdenes impartidas en el fallo de tutela del 16 de junio de 2016 ya habían sido cumplidas por la DISAN.
Sobre el particular , se evidencia que el Tribunal el 14 de octubre de 2026 expidió auto por medio del cual atendió la orden dad a en el fallo de tutela del 27 de agosto de 2026, dado que resolvió la solicitud de inaplicar las sanciones que tenía el actor, conforme a las consideraciones que expuso el juez de tutela. Dicha providencia está pendiente de notificación.
Ahora, si bien hasta el momento no se ha notificado dicha providencia lo cierto es que ello no genera un incumplimiento del fallo de tutela por parte del Tribunal, en la medida que ya existe la decisión de reemplazo, por lo que, no existe mérito para dar apertura al incidente de desacato.
En mérito de lo expuesto, se
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C. P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 26 de abril de 2018, radicado núm. 25000-23-42-000-2017-05999-01.Radicado: 11001 03 15 000 2026-04109-02
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RESUELVE
Primero: Abstenerse de dar apertura al incidente de desacato formulado por el señor Germán López Guerrero, conforme a lo expresado en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: En firme esta providencia, archívense las diligencias
Notifíquese y cúmplase,
Germán López Guerrero, conforme a lo expresado en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: En firme esta providencia, archívense las diligencias
Notifíquese y cúmplase,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente