CE - Auto interlocutorio 11001032400020160032200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001 03 24 000 2016 00322 00

Demandante: Borgynet International Holdings Corporation

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Terceros con interés: Colombina S.A. y Nutrientes Avícolas S.A.

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Recurso de súplica contra el auto que niega prueba Decisión: Confirmar el auto del 1 de agosto de 2025

AUTO – RESUELVE RECURSO DE SÚPLICA

Se decide el recurso de súplica formulado por la parte actora en contra de la providencia proferida el 1 de agosto de 2025, por medio de la cual la magistrada sustanciadora1 denegó el decreto de una prueba.

I. ANTECEDENTES

1.1. La sociedad Borgynet International Holdings Corporation presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en la cual solicitó lo siguiente:

“PRETENSIONES

De conformidad con los hechos indicados anteriormente, con base en los argumentos de Derecho que en lo sucesivo se expondrán y con fundamento en el acervo probatorio respectivo, le solicito al Honorable Consejo de Estado se sirva hacer las siguientes

De conformidad con los hechos indicados anteriormente, con base en los argumentos de Derecho que en lo sucesivo se expondrán y con fundamento en el acervo probatorio respectivo, le solicito al Honorable Consejo de Estado se sirva hacer las siguientes declaraciones y condenas:

PRIMERA: Que DECLARE LA NULIDAD de la siguiente Resolución Administrativa

proferida dentro del Expediente No. 14-166355:

(i) Resolución número 103785 de 30 de diciembre de 2015 mediante la cual se negó el registro de la marca SUPER TRULULU ORO (Mixta) para identificar productos comprendidos en la Clase 30 Internacional.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración que antecede y a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene a la SIC, CONCEDER el registro de la marca SUPER TRULULU ORO (Mixta) para identificar productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, asignándosele número de certificado en el registro de la Propiedad Industrial dentro del plazo que para el efecto señala el artículo 192 de la Ley 1437 de

2011.

1 Nubia Margoth Peña Garzón, en encargo.Radicado: 11001 03 24 000 2016 00322 00

Demandante: Borgynet International Holdings Corporation

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

2

TERCERA: Que se ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se profiera en la Gaceta de la Propiedad Industrial.2

De igual manera, en la demanda formuló las siguientes solicitudes probatorias3:

5.1. PRUEBAS DOCUMENTALES:

1. Derecho de petición dirigido a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC para que

De igual manera, en la demanda formuló las siguientes solicitudes probatorias3:

5.1. PRUEBAS DOCUMENTALES:

1. Derecho de petición dirigido a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC para que expida copia autenticada de la Resolución No. 36817 del 22 de julio de 2015, proferida dentro del Expediente N° 14 -166355, en la que se adopta la decisión de concesión que es jurídicamente coherente.

1. Derecho de petición dirigido a la SIC para que expida copia autenticada de la Resolución N° 103785 del 30 de diciembre de 2015, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del Expediente N° 14-166355.

1. Derecho de petición dirigido a la SIC para que expida certificado de constancia de ejecutoria, agotamiento de la vía gubernativa y notificación de la Resolución N° 103785 del 30 de diciembre de 2015, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del Expediente N° 14-166355. 5.2.

5.2. OFICIOS:

1. Con el fin de demostrar que BORGYNET es propietaria de otras marcas en las que se incorpora la imagen de una huella de plantígrado, solicito al Despacho que, a nuestra costa, se sirva Oficiar a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para que, con destino a este proceso, se sirva expedir y remitir copia autenticada de los siguientes certificados de registros marcarios en los que conste su titularidad, cobertura y vigencia:

Marca Expediente Clase(s) Certificado Vigencia

sirva expedir y remitir copia autenticada de los siguientes certificados de registros marcarios en los que conste su titularidad, cobertura y vigencia:

Marca Expediente Clase(s) Certificado Vigencia TRULULU 97 29093 30 203994 10/12/2017

TIENDA TRULULU 13 236522 35 488664 14/05/2024

TRULULU RETRO 09 118624 30 401590 30/04/2020

TRULULU COLORES 09 149297 30 404449 29/06/2020

SUPER TRULULU RETRO 10 054183 30 412035 25/10/2020

TRULULU FEROZ 11 104865 30 440656 16/02/2022

TRULULU SABORES 11 127690 30 452087 28/05/2022

TRULULU TENTÁCULOS 15160369 30 526232 17/12/2025

TRULULU LA GOMA QUE ENGOMA 07 035729 30 369705 30/10/2018

TRULULU OSOS 11 014362 30 475384 30/03/2022

2 Índice 27 del Sistema de Gestión de Documentación SAMAI – archivo denominado CD DEMANDA Y ANEXOS(.RAR) NroActua 27 3 IbidemRadicado: 11001 03 24 000 2016 00322 00

Demandante: Borgynet International Holdings Corporation

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

3

Marca Expediente Clase(s) Certificado Vigencia TRULULU CEREBROS 13098110 30 482340 20/11/2023

TRULULU AROS 15 174945 30 527160 24/12/2025

3

Marca Expediente Clase(s) Certificado Vigencia TRULULU CEREBROS 13098110 30 482340 20/11/2023

TRULULU AROS 15 174945 30 527160 24/12/2025

TIENDA TRULULU 13 236607 35 488660 14/05/2024

TRULULU AROS 09 079087 30 394991 28/01/2020

TRULULU GLUP'S 09 115010 30 401066 27/04/2020

GOMITAS TRULULU 15 108869 30 523227 19/10/2025

TIENDA TRULULU 13 236635 35 488661 14/05/2024

1.2. Mediante auto del 11 de agosto de 20174, el magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó la notificación a la demandada y a las sociedades Colombina S.A. y Nutrientes Avícolas S.A., terceros con interés en el presente proceso5.

1.3. La demanda fue contestada por la SIC y por la sociedad Colombina S.A. La sociedad Nutrientes Avícolas S.A. no emitió ningún pronunciamiento al respecto6.

II. EL AUTO OBJETO DEL RECURSO DE SÚPLICA

Mediante providencia de 1 de agosto de 20257, en aplicación de lo previsto en el artículo 182A del CPACA, la magistrada sustanciadora prescindió de las audiencias inicial y de pruebas, fijó el objeto del litigio y resolvió sobre las solicitudes probatorias.

En particular, f rente a la petición probatoria formulada por la demandante que es objeto del recurso que aquí se resuelve, en la providencia se dispuso lo siguiente:

En particular, f rente a la petición probatoria formulada por la demandante que es objeto del recurso que aquí se resuelve, en la providencia se dispuso lo siguiente:

[…] Ahora, cabe señalar que la parte demandante, en el escrito de demanda, solicitó decretar como prueba:

“[…] 5.2. OFICIOS

1. Con el fin de demostrar que BORGYNET es propietaria de otras marcas en las que se incorpora la imagen de una huella de plantígrado, solicito al Despacho que, a nuestra costa, se sirva Oficiar a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para que , con destino a este proceso, se sirva expedir y remitir copia autenticada de los siguientes certificados de registros marcarios en los que conste su titularidad, cobertura y vigencia: […]”.

Al respecto, el Despacho se abstendrá de su decreto dado que la interesada no acreditó sumariamente que la solicitara previamente, que no fueran entregadas o se denegara su expedición, como lo ordenan los artículos 78, numeral 10, y 173, inicio (sic) segundo, del Código General del Proceso -CGP-, aplicables por remisión expresa del artículo 211 del CPACA, […] (Negrillas de la Sala).

4 Índice 27 del historial de actuaciones del proceso de SAMAI, archivo denominado “CUADERNO

PRINCIPAL NUMERO 1(.PDF) NroActua 27”

5 Páginas 114 a 119 ibidem. 6 Según la constancia secretarial del 27 de noviembre de 2017 que obra en la página 206 ibidem.

PRINCIPAL NUMERO 1(.PDF) NroActua 27”

5 Páginas 114 a 119 ibidem. 6 Según la constancia secretarial del 27 de noviembre de 2017 que obra en la página 206 ibidem. 7 Índice 45 del historial de actuaciones del proceso de SAMAI.Radicado: 11001 03 24 000 2016 00322 00

Demandante: Borgynet International Holdings Corporation

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

4

III. EL RECURSO DE SÚPLICA

3.1. El apoderado de la actora interpuso recurso de súplica8 contra el auto del 1 de agosto de 2025 en el que solicitó que se revoque la decisión citada para que, en su lugar, se decrete la práctica de la prueba referida a los certificados de registro enlistados en el ordinal 5.2. de la demanda y se ordene su obtención a través del aplicativo SIPI de la SIC. En subsidio, pidió que se decrete de oficio la práctica de la referida prueba para garantizar el esclarecimiento de los hechos y una adecuada administración de justicia. Al respecto manifestó que el despacho sustanciador erró al negar la prueba solicitada y expuso los siguientes argumentos:

En primer lugar, se refirió al memorando de intención suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC con el propósito de agilizar la administración de justicia en los trámites relacionados con la propiedad industrial. Destacó que el instrumento provee al despacho de herramientas tecnológicas que permiten el acceso ágil a la plataforma SIPI de la SIC. En ese contexto, manifestó que la negativa de la prueba solicitada afecta de manera desproporcionada el derecho de la parte demandante a

al despacho de herramientas tecnológicas que permiten el acceso ágil a la plataforma SIPI de la SIC. En ese contexto, manifestó que la negativa de la prueba solicitada afecta de manera desproporcionada el derecho de la parte demandante a probar el supuesto de hecho de las normas que invoca, pues la carga procesal a la que aludió el despacho pierde relevancia si se tiene en cuenta que la información solicitada se encuentra al alcance inmediato del juez, a través del canal institucional habilitado.

En ese sentido, destacó que la solicitud probatoria efectuada no obedece a un capricho de la parte demandante ni a un descuido o desinterés procesal, sino que se formuló teniendo en cuenta que las barreras tecnológicas e institucionales que existían en ese momento dificultaban el acceso directo a dichos registros. Afirmó que, en tal contexto, resultaba más efectivo y ajustado a los principios de economía procesal que el despacho sustanciador hiciera uso de sus facultades oficiosas y de los canales institucionales disponibles para recaudar la prueba.

Planteó que el artículo 173 del C ódigo General del Proceso (CGP) establece una facultad discrecional que el juez puede ejercer al momento de resolver sobre el decreto y práctica de pruebas. Es decir, la norma le otorga un margen de apreciación al juez que, en este caso, dadas las herramientas tecnológicas actuales y la relevancia de los documentos solicitados, debió ejercerse para evitar sacrificar injustificadamente el derecho de la parte demandante.

Finalmente, se refirió al artículo 213 del CPACA que regula la facultad de decretar pruebas de oficio. Señaló que los certificados de registro marcario solicitados como

injustificadamente el derecho de la parte demandante.

Finalmente, se refirió al artículo 213 del CPACA que regula la facultad de decretar pruebas de oficio. Señaló que los certificados de registro marcario solicitados como prueba cumplen con los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad , en la medida que permiten comprobar objetivamente la existencia de derechos adquiridos sobre la figura de una huella de oso, siendo esta una cuestión esencial para descartar el riesgo de confusión de los signos objeto del litigio . Por lo tanto, afirmó que su decreto facilitaría alcanzar el convencimiento pleno sobre el asunto objeto de debate, circunstancia que activa el deber del juez de decretar pruebas de oficio.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia y oportunidad

8 Índice 51 ibidem.Radicado: 11001 03 24 000 2016 00322 00

Demandante: Borgynet International Holdings Corporation

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

5

De conformidad con el numeral 2 del artículo 2469 del CPACA, el recurso de súplica procede contra los autos enlistados en los numerales 1 a 8 del artículo 243 ibidem, entre los que se encuentra el que niegue el decreto o la práctica de pruebas (numeral 7), cuando sean dictados en el curso de la única instancia. En consecuencia, el recurso de súplica que se formuló en contra del auto de 1 de agosto de 2025 resulta procedente.

De otra parte, se tiene que el auto recurrido fue notificado por estado de 14 de agosto de 202510 y el recurso de súplica contra dicha decisión se presentó mediante

procedente.

De otra parte, se tiene que el auto recurrido fue notificado por estado de 14 de agosto de 202510 y el recurso de súplica contra dicha decisión se presentó mediante mensaje de datos el 15 del mismo mes y año 11. Por lo tanto, se radicó en la oportunidad prevista en el artículo 246 del CPACA, modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021.

4.2. Análisis del asunto

4.2.1 De acuerdo con los antecedentes reseñados, el problema jurídico que la Sala deberá resolver consiste en determinar si se ajusta a derecho la decisión que negó el decreto de la prueba consistente en oficiar a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC para que expida copia autenticada de varios certificados de registro s marcarios, habida cuenta de que la parte interesada no demostró haber solicitado previamente dichos documentos, ni que estos no le fueron entregados, o que se le hubiere negado su expedición.

Pues bien, sea lo primero recordar que el inciso segundo del artículo 173 del Código General del Proceso12, establece que el juez debe abstenerse de ordenar la práctica de pruebas cuya obtención haya estado al alcance de la parte interesada, así:

[…] ARTÍCULO 173. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código.

En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. El juez se abstendrá de

En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente […]

La anterior disposición implica que, si la parte pudo obtener directamente esos elementos probatorios, bien sea por sus propios medios o mediante la formulación de un derecho de petición ante la autoridad competente, no corresponde que el despacho judicial intervenga para lograrl os. Solo se exceptúa de esta regla la situación en que el derecho de petición presentado con tal propósito no haya sido resuelto por la autoridad respectiva, caso en el cual sí procede la intervención del juez para decretar la prueba en cuestión.

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 78 del CGP dispone que las partes deben cumplir con el deber procesal de no requerir a la autoridad judicial para la obtención de documentos que se encuentran a su alcance. Esta prohibición significa que, cuando una parte interesada cuenta con la posibilidad de acceder por sí misma

9 Modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021. 10 Índice 48 del Sistema de Gestión Documental - SAMAI. 11 Índice 34 ibidem. 12 norma aplicable en virtud de lo establecido en el inciso 2º del literal d) del numeral 1 del artículo

182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021Radicado: 11001 03 24 000 2016 00322 00

Demandante: Borgynet International Holdings Corporation

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

6

a determinada información o documento, ya sea mediante gestiones directas ante quien lo posea o ejerciendo el derecho de petición, no es procedente que traslade esa responsabilidad al juez dentro del proceso. La norma busca evitar que el trámite judicial s e utilice para suplir diligencias que las partes pueden realizar sin intervención del despacho sustanciador. De esta manera, se pretende optimizar la actividad probatoria, reducir cargas innecesarias al aparato judicial y fomentar la diligencia y responsabilidad de los sujetos procesales en la obtención de sus medios de prueba.

En este punto, es procedente traer a colación lo manifestado por esta Sección13, en un caso con supuestos fácticos similares a los aquí estudiados:

Por su parte, el inciso 2º del artículo 173 del CGP, norma aplicable en virtud de lo establecido en el inciso 2º del literal d) del numeral 1 del artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080, prevé que el juez debe abstenerse de ordenar la práctica de pruebas que la parte interesada hubiese podido conseguir, directamente o a través de derecho de petición, excepto si éste no hubiese sido resuelto, así:

(…)

Sobre este particular, la Sección Quinta de la Corporación, en proveído de 21 de abril de 2022, precisó que el artículo 173 del CGP, es aplicable a los asuntos contencioso

resuelto, así:

(…)

Sobre este particular, la Sección Quinta de la Corporación, en proveído de 21 de abril de 2022, precisó que el artículo 173 del CGP, es aplicable a los asuntos contencioso administrativos por expresa remisión normativa del CPACA, adicionado por la Ley

2080. De la providencia en cita se destaca:

“[…] Con ese propósito, el actor allegó copia simple de la petición presentada el 11 de octubre de 2021 ante esa autoridad electoral, en cumplimiento del artículo 173 del Código General del Proceso –aplicable en los trámites contencioso–administrativos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 – que consagra que las solicitudes probatorias de tipo documental serán atendidas por los jueces, siempre y cuando se acredite que la parte que los depreca empleó previamente el derecho de pe tición […]”. (Negrilla fuera de texto).

De igual forma el numeral 10 del artículo 78 de la misma norma establece como deber de las partes y sus apoderados, el de “Abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir.”

Las referidas disposiciones tienden a la materialización de los principios de economía procesal y eficiencia en la administración de justicia, dado que imponen a las partes la gestión previa del recaudo de los medios de convicción con los que pretenden demostrar sus posiciones jurídicas al interior del proceso.

Precisado lo anterior, en el presente caso la Sala encuentra que le asistió razón al Magistrado sustanciador al no haber accedido a dicha prueba, debido a que la actora

demostrar sus posiciones jurídicas al interior del proceso.

Precisado lo anterior, en el presente caso la Sala encuentra que le asistió razón al Magistrado sustanciador al no haber accedido a dicha prueba, debido a que la actora NO acreditó la solicitud previa de las certificaciones ante la SIC, como lo ordenan los artículos 78, numeral 10, y 173, inicio (sic) 2º, del CGP.

4.2.2. En atención a expuesto, al examin ar el caso específico y las pruebas solicitadas por la parte demandante , la Sala observa que dichas peticiones no

13 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022), radicado: 11001-03-24-0002018-00197-00, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de veinte (20) de enero de dos mil veintitrés (2023), radicado: 11001-03-24-000-2019-00527-00, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.Radicado: 11001 03 24 000 2016 00322 00

Demandante: Borgynet International Holdings Corporation

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

7

cumplían las condiciones jurídicas ni procesales exigidas para su decreto. Esta conclusión se sustenta en que la parte interesada no acreditó haber efectuado con anterioridad el trámite necesario ante la SIC para obtener los documentos que ahora pretende hacer valer como medios de prueba. En consecuencia, resulta evidente

conclusión se sustenta en que la parte interesada no acreditó haber efectuado con anterioridad el trámite necesario ante la SIC para obtener los documentos que ahora pretende hacer valer como medios de prueba. En consecuencia, resulta evidente que en este asunto no se satisf izo el presupuesto procesal previsto en el CGP explicado supra y, por tal razón, se advierte que la decisión del despacho sustanciador de negar las pruebas s olicitadas en el acápite 5.2. de la demanda , objeto del presente estudio, fue ajustada a la ley.

4.2.3. De otra parte, de forma subsidiaria la recurrente solicitó que se decret e de oficio la prueba que pretende. Al respecto, la Sala insiste en que el artículo 173 del CGP impuso a las partes la carga de allegar oportunamente las pruebas que estén a su alcance. En esa medida, si bien es cierto que los jueces cuentan con facultades oficiosas para decretar pruebas, no están llamados a sustituir las responsabilidades procesales de las partes.

En este punto, es preciso resaltar que las facultades oficiosas del juez se reservan para casos en los que, pese a la diligencia de las partes, sea necesario despejar dudas o esclarecer aspectos relevantes para decidir con pleno apego a la ley, utilizando para ello herramientas como los autos para mejor proveer o el memorando de entendimiento suscrito entre la SIC y el Consejo de Estado.

Al respecto, resulta relevante la conclusión expuesta por esta Sección 14 en un asunto similar:

Cabe señalar que no es de recibo el argumento de los actores según el cual, por la prevalencia del derecho sustancial o la naturaleza del medio de control deba decretarse la prueba aludida, porque el cumplimiento de las reglas procesales

asunto similar:

Cabe señalar que no es de recibo el argumento de los actores según el cual, por la prevalencia del derecho sustancial o la naturaleza del medio de control deba decretarse la prueba aludida, porque el cumplimiento de las reglas procesales prestablecidas deriva directamente del derecho fundamental al debido proceso, previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, lo cual implica una garantía de igualdad para que las partes del litigio t engan claras las condiciones bajo las cuales se desarrollará el tr ámite respectivo. (Negrillas de la Sala)

Por esa razón, para la Sala no resulta de recibo la pretensión de la parte actora, encaminada a que el juez supla la falta de diligencia de una parte en la obtención de una prueba, pues ello desnaturalizaría las reglas procesales y rompería la igualdad entre las partes generando un desequilibrio que atentaría contra el derecho de defensa de los involucrados en el proceso. Por lo tanto, no se accederá a la solicitud presentada de forma subsidiaria.

4.3. Conclusión

Por lo expuesto, la Sala confirmará la decisión tomada por el despacho sustanciador mediante el auto del 1 de agosto de 2025 y, en consecuencia, se ordenará devolver el expediente al despacho de origen para que continúe con el trámite que corresponda.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de veinte (20) de enero de dos mil veintitrés (2023), radicado: 11001-03-24-000-2019-00527-00, C.P.: Nubia

Margoth Peña Garzón.Radicado: 11001 03 24 000 2016 00322 00

Demandante: Borgynet International Holdings Corporation

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

8

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto del 1 de agosto de 2025, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al despacho de origen, para lo pertinente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 11 de diciembre de 2025.

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.