CE - Auto interlocutorio 11001032400020160043200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de noviembre dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de control de nulidad Núm. único de radicación: 11001032400020160043200

Demandante: Credivalores - Crediservicios S.A.S.

Demandados: Nación – Comisión de Regulación de Comunicaciones 1 (CRC) y Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

Asunto: Resuelve sobre una solicitud de medida cautelar

AUTO INTERLOCUTORIO

Este despacho procede a resolver sobre la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos acusados: i) artículo 4° de la Resolución 4444 de 24 de marzo de 2014 , expedida por el presidente y el director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones ; y ii) Resolución 31229 de 25 de mayo de 201 6, expedida por el director de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. Credivalores – Crediservicios S.A.S., en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Nación – Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en

1 De conformidad con lo previsto en el artículo 1.° del Decreto 089 de 19 de enero de 2010, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, es una Unidad Administrativa Especial, sin personería jurídica, adscrita al

1 De conformidad con lo previsto en el artículo 1.° del Decreto 089 de 19 de enero de 2010, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, es una Unidad Administrativa Especial, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con independencia administrativa, técnica y patrimonial. 2 Cfr. Índice 56 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, descripción del documento: “CUADERNO MEDIDA CAUTELAR(.pdf) NroActua 37”, folios 39 a 60. Demanda presentada el 12 de julio de 2016.2

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ejercicio del medio de control de nulidad 3, para que se declare la nulidad de los siguientes actos:

1.1. El artículo 4 ° de la Resolución 4444 de 24 de marzo de 2014 4, expedido por el presidente y el director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones , por medio del cual adicionó el parágrafo 2° al artículo 56 de la Resolución 3066 de 18 de mayo de 20115, en los siguientes términos:

“[…] PARÁGRAFO 2. En el evento en que el usuario adquiera el equipo terminal móvil a través de un Proveedor de Servicios de Comunicaciones con el cual contrate la prestación de los servicios, el valor a pagar por concepto del equipo terminal móvil debe establecerse en forma separada y discriminada, de manera que el usuario pueda identificar claramente entre los valores a pagar por concepto del equipo y los valores a

prestación de los servicios, el valor a pagar por concepto del equipo terminal móvil debe establecerse en forma separada y discriminada, de manera que el usuario pueda identificar claramente entre los valores a pagar por concepto del equipo y los valores a pagar por concepto de la prestación de los servicios de comunicaciones móviles contratados. Los proveedores de servicios de comunicaciones móviles, deberán garantizar que frente a la falta de pago del equipo terminal móvil por parte del usuario, no procederá la suspensión de los servicios de comunicaciones contratados. Lo anterior, significa que el proveedor debe otorgar la posibilidad de efectuar el pago del equipo de manera independiente al pago de la provisión de los servicios, sin que el pago del equipo afecte en manera alguna la prestación de los servicios […].”

1.2. La Resolución 31229 de 25 de mayo de 20166, expedida por el director de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se dispuso lo siguiente:

“Artículo 1 ° Tener como criterio de interpretación del aparte reseñado en la parte considerativa de la presente resolución, contenido en el parágrafo 2° del artículo 56 de la Resolución CRC 3066 de 2011, que todos los proveedores de servicios de comunicaciones móviles que comercialicen equipos terminales móviles, ajusten su facturación a fin de que se otorgue a los usuarios, la posibilidad de efectuar el pago del equipo terminal de manera independiente al pago de los servicios de comunicaciones adquiridos, desde el instante de la expedición de la factura.

Parágrafo 1° Para tal efecto, se otorga un plazo de dos (2) meses contados a partir de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial para que los proveedores

adquiridos, desde el instante de la expedición de la factura.

Parágrafo 1° Para tal efecto, se otorga un plazo de dos (2) meses contados a partir de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial para que los proveedores de servicios de comunicaciones que a su vez comercialicen equipos terminales móviles procedan a dar cumplimiento a la presente medida administrativa, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

3 Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 4 "Por la cual se prohíbe el establecimiento de cláusulas de permanencia mínima en los servicios de comunicaciones móviles, y se dictan otras disposiciones [...]" 5 “Por la cual se establece el Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones.” 6 "Por la cual se fija un criterio de interpretación dirigido a todos los proveedores de servicios de comunicaciones móviles que a su vez comercialicen equipos terminales móviles [...]"3

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Parágrafo 2° El incumplimiento de lo señalado en el presente acto administrativo, podrá generar la imposición de las sanciones previstas en el artículo 65 de la Ley 1341 de 2009 […].”

Solicitud de medida cautelar

2. La parte demandante solicitó, como medida cautelar la suspensión provisional de

generar la imposición de las sanciones previstas en el artículo 65 de la Ley 1341 de 2009 […].”

Solicitud de medida cautelar

2. La parte demandante solicitó, como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, con fundamento en el concepto de la violación de

la demanda7, en el que señaló lo siguiente:

Desconocimiento del principio de proporcionalidad y de los artículos 333 y 334 de la Constitución Política

2.1. Manifestó que l as resoluciones demandadas violan el principio de proporcionalidad, el cual exige que las medidas estatales equilibren fines legítimos con el menor impacto posible sobre derechos afectados.

2.2. Explicó que aunque su finalidad, proteger a los usuarios de abusos en contratos de telefonía móvil es válida, la medida de permitir pagos separados (equipo vs. servicio) no es adecuada ni necesaria. Discriminar los valores en la factura sería suficiente para garantizar transparencia, sin necesidad de afectar el derecho de los acreedores a recibir pagos oportunos.

2.3. Adujo que l a medida aument aría riesgos para empresas financieras como Credivalores, que elevaría su cartera vencida en más del 100%, sin que la SIC evaluara este impacto. Las resoluciones afectaron derechos como la libre empresa y la seguridad jurídica de los acreedores , al permitir que los usuarios evadan pagos de equipos sin suspender el servicio, se desincentivó la financiación de teléfonos móviles, poniendo en riesgo la viabilidad del sector.

2.4. Señaló que e l artículo 333 de la Constitución Política consagra la libertad de

equipos sin suspender el servicio, se desincentivó la financiación de teléfonos móviles, poniendo en riesgo la viabilidad del sector.

2.4. Señaló que e l artículo 333 de la Constitución Política consagra la libertad de empresa y competencia como pilares de la economía social de mercado, permitiendo al Estado intervenir solo para proteger el interés general, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Sin embargo, los actos censurados, al permitir a los usuarios pagar

7 Ibidem pie de página 2.4

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co selectivamente servicios móviles sin cubrir el costo de los equipos, afectan el núcleo esencial de la libertad empresarial.

2.5. Indicó que el artículo 334 de la Constitución exige que toda intervención estatal en la economía sea autorizada por ley. La Ley 1341 de 2009 faculta a la CRC para regular aspectos como facturación y competencia en telecomunicaciones, lo que constituye una intervención legítima en principio. Sin embargo, la Resolución 4444 de 2014 de la CRC, aunque basada en estas facultades, resulta inconstitucional al incumplir los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, como se demostró previamente.

Desconocimiento de normas en las que debían fundarse

2.6. Esgrimió que l as Resoluciones 4444 de 2014 y 31229 de 2016 priorizan unilateralmente los derechos de los usuarios al imponer el pago diferenciado de

Desconocimiento de normas en las que debían fundarse

2.6. Esgrimió que l as Resoluciones 4444 de 2014 y 31229 de 2016 priorizan unilateralmente los derechos de los usuarios al imponer el pago diferenciado de equipos y servicios, ignorando los impactos negativos en la industria, lo cual ignora los fines en el sector las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones establecidas en el del artículo 4 ° de la Ley 1341 de 2009 (numerales 8 y 12), como promover la industria tecnológica y la competitividad. Así, sacrifica ban injustificadamente fines como la competitiv idad y generación de empleo, excediendo el marco legal y justificando su nulidad.

Falsa o falta de motivación

2.7. Alegó que las Resoluciones 4444 de 2014 y 31229 de 2016 adolecen de falsa o falta de motivación, causal de nulidad. La primera, aunque alegó proteger el derecho a la información de los usuarios al exigir facturación discriminada (equipo vs. servicio), no demostró como permitir el pago diferenciado, en lugar de solo informar los valores, garantiza mejor dicha protección.

2.8. Manifestó que l a Resolución 31229 de 2016, que desarrolló la Resolución 4444, repitió el vicio al obligar el pago selectivo sin suspender el servicio, incluso si los usuarios no cancelaban el equipo. Además, la SIC interpretó arbitrariamente que la obligación comenzaba desde la emisión de la factura, sin explicar por qué esta opción era la más favorable para los usuarios frente a otras alternativas. La SIC omitió analizar5

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obligación comenzaba desde la emisión de la factura, sin explicar por qué esta opción era la más favorable para los usuarios frente a otras alternativas. La SIC omitió analizar5

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alternativas menos lesivas, como especificar valores sin modificar códigos de pago, y no demostró beneficios concretos para los usuarios. Además, su decisión se basó en motivaciones engañosas al no considerar datos reales del mercado, configurando una "falsa motivación”.

Falta de competencia del director de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones de la SIC

2.9. Adujo que la Resolución 31229 de 2016 de la SIC adolece de falta de competencia del director de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones para expedirla, conforme al Decreto 4886 de 20118. En este caso, el decreto atribuye exclusivamente al Superintendente de Industria y Comercio, no a sus delegados o directores, la facultad de impartir instrucciones generales en protección al consumidor (art. 3°, numeral 5°).

2.10. Expresó que el artículo 13 del Decreto 4886 enumera las funciones del director de Investigaciones de Protección de Usuarios, limitadas a supervisar instrucciones ya emitidas, resolver quejas o sancionar incumplimientos específicos, no a expedir regulaciones generales. Sin embargo, la Resolución 31229 , que impuso obligaciones amplias sobre pagos diferenciados, fue firmada por este funcionario, quien carecía de competencia material para emitir actos de tal alcance.

Actuación procesal

regulaciones generales. Sin embargo, la Resolución 31229 , que impuso obligaciones amplias sobre pagos diferenciados, fue firmada por este funcionario, quien carecía de competencia material para emitir actos de tal alcance.

Actuación procesal

3. La parte demandante presentó solicitud de medida cautelar de urgencia en el escrito de la demanda , consistente en la suspensión provisional de los efectos de los actos acusados. El asunto fue repartido al despacho el 22 de julio del año 20169. El despacho, mediante auto de 31 de agosto de l mismo año 10, resolvió inadmitir la demanda, en consideración a que la parte demandante no explicó en forma clara, concreta y precisa el concepto de violación de las normas establecidas en la Ley 1341

8 “Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.” 9 Cfr. Índice 37 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, descripción del documento: “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 37”, folio 61. 10 Cfr. Índice 37 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, descripción del documento: “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 37”, folios 63 y 64.6

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 30 de julio de 200911, aunado a que no aportó copia de la Resolución núm. 4444 de 2014.

www.consejodeestado.gov.co de 30 de julio de 200911, aunado a que no aportó copia de la Resolución núm. 4444 de 2014.

4. La parte demandante subsanó la demanda 12. En el escrito indicó que las Resoluciones 4444 de 2014 y 31229 de 2016 infringen lo dispuesto en los numerales 8 y 12 del artículo 4° de la Ley 1341 de 2009 y aportó copia de la Resolución 4444 de

2014.

Admisión de la demanda

5. Este despacho13, mediante 28 de noviembre de 2019, admitió la demanda en única instancia, ordenó notificar a la parte demandada, al igual que a la parte demandante y al Ministerio Público. Asimismo, ordenó remitir copia electrónica de la providencia, en conjunto con la demanda y sus anexos, al buzón electrónico de la Agencia Nacional

de Defensa Jurídica del Estado.

Procedimiento de la solicitud de medida cautelar

6. Mediante auto del 28 de noviembre de 2019 14, este despacho: i) negó la medida cautelar solicitada por la demandante por no acreditar un perjuicio irremediable; y ii) concedió traslado a la demandada para que se pronuncie dentro del término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la decisión, conforme al artículo 233 de la Ley 1437 de 2011.

Pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio

7. La Superintendencia de Industria y Comercio 15 se opuso a la solicitud de medida cautelar, con fundamento en los siguientes argumentos:

Pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio

7. La Superintendencia de Industria y Comercio 15 se opuso a la solicitud de medida cautelar, con fundamento en los siguientes argumentos:

11 “[…] Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones […]”. 12 Cfr. Índice 37 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, descripción del documento: “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 37”, folios 67 y 68. 13 Cfr. Índice 37 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, descripción del documento: “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 37”, folios 84 a 89. 14 Cfr. Índice 37 del Sistema de de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, actuación denominada: “CUADERNO MEDIDA CAUTELAR(.pdf) NroActua 37”, folios 62 a 68. 15 Cfr. Índice 37 del Sistema de de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, actuación denominada: “CUADERNO MEDIDA CAUTELAR(.pdf) NroActua 37”, folios 78 a 84.7

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.1. Adujo que l a parte demandante incumplió con la carga de probar , por lo menos sumariamente, los perjuicios que pretende evitar con el decreto de la medida cautelar,

www.consejodeestado.gov.co 7.1. Adujo que l a parte demandante incumplió con la carga de probar , por lo menos sumariamente, los perjuicios que pretende evitar con el decreto de la medida cautelar, teniendo en cuenta que esto constituye un requisito sine qua non de la solicitud.

7.2. Explicó que la parte demandante no sustentó cuales son las normas que considera contrariadas y tal omisión no puede considerarse subsanad a con el concepto de violación que fundamenta las pretensiones de la demanda.

Pronunciamiento de la Comisión de Regulación de Comunicaciones

8. La Comisión de Regulación de Comunicaciones 16 se opuso a la prosperidad de la solicitud cautelar, con fundamento en los siguientes argumentos:

8.1. Señaló que no procede la confrontación normativa entre las normas invocadas por el parte demandante y la Resolución 4444, pues el análisis propuesto exige valorar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la norma, lo cual trasciende el ámbito de competencia del juez en este trámite.

8.2. Expresó que, r especto a la supuesta afectación a la industria de venta y financiamiento de equipos móviles, no se aportaron pruebas que demuestren dicho perjuicio. Tampoco se acredita la apariencia del buen derecho, ya que no se evidencia violación de las normas superiores invocadas, ni por la comparación con la Resolución demandada ni por las pruebas presentadas.

8.3. Indicó que l a Resolución CRC 4444 de 2014 solo impone a los proveedores la obligación de informar de manera clara y separada los costos del servicio y del equipo

demandada ni por las pruebas presentadas.

8.3. Indicó que l a Resolución CRC 4444 de 2014 solo impone a los proveedores la obligación de informar de manera clara y separada los costos del servicio y del equipo móvil, evitando confusión y garantizando que el usuario elija libremente según sus necesidades.

8.4. Precisó que los actos impugnados no vulneran la libre competencia, pues buscan proteger el interés general, manteniendo la libertad de comercialización y financiación de equipos en Colombia.

16 Cfr. Índice 37 del Sistema de de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, actuación denominada: “CUADERNO MEDIDA CAUTELAR(.pdf) NroActua 37”, folios 91 a 103.8

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.5. Aclaró que e n cuanto al periculum in mora , la parte demandante no acreditó perjuicios concretos ni justificó la urgencia de la medida. Por el contrario, la regulación demandada es necesaria, pues garantiza transparencia en los precios, evitando que los usuarios desconozcan las condiciones reales de financiación.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

9. Vistos: i) el artículo 12517 de la Ley 1437, sobre la expedición de las providencias; ii) el numeral 1° del artículo 14918 ibidem, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y iii) el numeral 1 ° del artículo 1319 del Acuerdo núm. 80 de 12 de

el numeral 1° del artículo 14918 ibidem, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y iii) el numeral 1 ° del artículo 1319 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 20, sobre distribución de los procesos entre las secciones: este despacho es competente para resolver la solicitud del asunto.

Problema jurídico

10. De acuerdo con la solicitud de la medida cautelar y los pronunciamientos sobre la misma, el problema jurídico consiste en determinar si los actos acusados violan o no las normas de carácter superior invocadas y, en consecuencia, si se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en los artículos 229, 230 y 231 de la Ley 1437, para decretar o no la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos indicados en la solicitud21.

Marco normativo y el desarrollo jurisprudencial de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos

11. El artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 establece que las medidas cautelares son procedentes incluso antes de la notificación del auto admisorio de la demanda y en

17 Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 -y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”. 18 En concordancia con el artículo 86, sobre régimen de vigencia y transición normativa de la Ley 2080 de 25 de

disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”. 18 En concordancia con el artículo 86, sobre régimen de vigencia y transición normativa de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”. 19 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”. 20 Reglamento interno del Consejo de Estado. 21 Ibidem pie de página 2.9

Radicado: 11001032400020160043200

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cualquier etapa del proceso. Su finalidad es proteger y garantizar de manera provisional el objeto del proceso, asegurando así la efectividad de la sentencia.

12. En desarrollo de lo anterior, el artículo 230 de la misma ley que estas pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión; así el juez o magistrado ponente, podrá ordenar, entre otras, la de suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

13. Por su parte, el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 precisa que, si la demanda

ponente, podrá ordenar, entre otras, la de suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

13. Por su parte, el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 precisa que, si la demanda sólo busca la nulidad del acto, basta acreditar la violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

14. Conforme a lo expuesto en líneas anteriores, para decretar la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, cuando esta se fundamente en la violación de las disposiciones superiores que se invoquen, bien sea en la demanda o en escrito separado, necesariamente se le impone al juez un deber de análisis de las normas en confrontación directa con el acto demandado o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

15. Con el fin de verificar los requisitos previstos para el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, la Sección Primera de esta Corporación , mediante auto de 19 de junio de 2020 22, consideró que el legislador dividió el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 en tres partes: la primera, hace referencia a los requisitos para decretar una medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, en el medio de control de nulidad; la segunda, a los requisitos para decretar una medida cau telar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, en el medio de control de nulidad y restablecimiento

de los efectos de un acto administrativo, en el medio de control de nulidad; la segunda, a los requisitos para decretar una medida cau telar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; y la tercera, se refiere a los requisitos para decretar otros tipos de medidas cautelares diferentes a la su spensión provisional de los efectos de un acto administrativo, como son las de carácter preventivo, conservativo y anticipativo.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020160029500.10

Radicado: 11001032400020160043200

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16. Asimismo, la Sección consideró que, cuando se trata de medidas cautelares de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo y se acredita que el acto acusado contraviene el ordenamiento jurídico superior, de manera implícita se satisfacen los requisitos de periculum in mora y fumus boni iuris porque en un Estado Social de Derecho estos elementos siempre concurren cuando se trata de la transgresión del ordenamiento jurídico por las autoridades públicas23.

17. Conforme a la normativa indicada supra, la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

Análisis del caso concreto

18. En el sub examine la parte demandante solicita la suspensión provisional de las

17. Conforme a la normativa indicada supra, la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

Análisis del caso concreto

18. En el sub examine la parte demandante solicita la suspensión provisional de las Resoluciones 4444 de 2014 (CRC) y 31229 de 2016 (SIC) por considerar que violan principios constitucionales y legales, al imponer el pago diferenciado de equipos y servicios de telefonía móvil s in justificación, generando graves perjuicios al sector financiero, como el incremento de la cartera vencida, y afectando la libre empresa.

19. Así, la parte demandante para fundamentar lo anterior, síntesis , señaló: i) las medidas son desproporcionadas, pues existían alternativas menos lesivas como solo discriminar valores en facturas; ii) desconocen los fines de desarrollo industrial previstos en el artículo 4° de la Ley 1341 de 2009; iii) adolecen de falsa motivación al basarse en supuestos no demostrados; y iv) la Resolución 31229 fue expedida por funcionario incompetente (Director de Protección de Usuarios), pues según el Decreto 4886 de 2011 solo el Superintendente puede emitir este tipo de regulaciones generales.

20. En ese orden de ideas, el despacho, frente a los cargos propuestos en la demanda,

señalará lo siguiente:

Desconocimiento del principio de proporcionalidad

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; auto de 24 de febrero de 2022; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020210042100.11

Radicado: 11001032400020160043200

Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020210042100.11

Radicado: 11001032400020160043200

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

21. El artículo 333 de la Constitución establece la libertad económica y la iniciativa privada, dentro de los límites del bien común. Prohíbe exigir permisos previos sin autorización legal y reconoce la libre competencia como un derecho con responsabilidades. Además, establece que las empresas tienen una función social y que el Estado debe prevenir abusos de posición dominante, regulando la libertad económica cuando lo exijan el interés social, el ambiente o el patrimonio cultural.

22. Por su parte, el artículo 334 ibidem atribuye al Estado la dirección general de la economía, facultándolo para intervenir, mediante ley, en sectores como los recursos naturales, la producción, los servicios públicos y privados, con el fin de racionalizar la economía, mejorar la calidad de vi da, garantizar la equidad y proteger el medio ambiente, siempre dentro de un marco de sostenibilidad fiscal.

23. En síntesis, estos artículos establecen un equilibrio entre libertad económica e intervención estatal, pues mientras se garantiza la iniciativa privada y la competencia, el Estado actúa como rector para asegurar el bienestar social, la equidad y la sostenibilidad ambiental.

24. Adicionalmente, el artículo 365 Constitucional señaló que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos es tarán

24. Adicionalmente, el artículo 365 Constitucional señaló que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos es tarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.

25. Así, en desarrollo del principio de intervención constitucional, la Ley 1341 de 200924 en el artículo 4° estableció que el Estado intervendrá en el sector las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el fin de proteger los derechos de los usuarios, promover el acceso universal, fomentar la competencia leal, garantizar el despliegue eficiente de infraestructura, optimizar el uso del espectro radioeléctrico, ampliar la cobertura, asegurar la interco nexión de rede