CE - Auto interlocutorio 11001032400020180022200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de control de nulidad Núm. único de radicación: 110010324000201800222-00

Demandante: Carlos Augusto Rojas Neira

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

Asunto: Resuelve sobre una solicitud de medida cautelar

AUTO INTERLOCUTORIO

Este Despacho procede a resolver sobre la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Oficio núm. S-2018-002445/DITRA-ASJUD 15 de 24 de febrero de 2018 expedido por el Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. Carlos Augusto Rojas Neira , en adelante la parte demandante, presentó demanda1 contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad2.

Pretensiones

“[…] PRIMERA: Se declare la Nulidad Absoluta del Oficio No. S-2018002445/DITRA-ASJUD 15 de fecha 24 de Febrero de 2018 expedido por el señor Brigadier General RAMIRO CASTRILLÓN LARA en su calidad de Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, por haberse expedido tal acto administrativo con infracción a una norma superior en la que debía fundarse, sin

Brigadier General RAMIRO CASTRILLÓN LARA en su calidad de Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, por haberse expedido tal acto administrativo con infracción a una norma superior en la que debía fundarse, sin

1 En nombre propio el 18 de abril de 2018 (Cfr. Folios 10 a 21 del Cuaderno núm. 1 del expediente). 2 Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.2

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co competencia, falsa motivación, de forma irregular y con evidente desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió […]”.

Solicitud de medida cautelar

Infracción a norma de carácter superior – Falta de competencia

2. Aclaró que el parágrafo 4.° del artículo 2.° de la Ley 1383 de 16 de marzo de 20103, estableció que la facultad como autoridad de tránsito concedida a la Policía Nacional sería a prevención; es decir, como el deber que tienen todas las autoridades de tomar las medidas inmediatas ante la ausencia de la autoridad competente ; en consecuencia la Policía Nacional únicamente puede ejercer sus funciones como autoridad de tránsito y transporte cuando no exista autoridad competente legalmente asignada para una zona o jurisdicción.

consecuencia la Policía Nacional únicamente puede ejercer sus funciones como autoridad de tránsito y transporte cuando no exista autoridad competente legalmente asignada para una zona o jurisdicción.

3. Expresó que el Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional determinó y ordenó a los jefes y suboficiales abstenerse de imponer comparendos mediante los vehículos de foto – detección y condicionó la orden solamente a las vías de carácter nacional; lo anterior, con una interpretación amplia del artículo 4.° de la Ley 1310 de 26 de junio de 2009 4 que desconoce la clasificación de las vías que contiene el artículo 105 de la Ley 769 de 6 de julio de 2002 5, según el cual , las vías nacionales se catalogan bajo los criterios de perímetro urbano y zonas rurales.

4. Adujo que las medidas dispuestas en el acto acusado son contrarias a la ley y no pueden ser ejecutadas debido a que no existen vías catalogadas como del orden nacional; por ello, como las vías solamente se dividen en urbanas y rurales, cada jurisdicción tiene un organismo de tránsito nacional, departamental o municipal lo que anula la competencia de la parte demandada porque aquella aplicaría siempre y cuando no exista autoridad competente en una determinada zona.

3 “[…] Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones […]”. 4 “[…] Mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones […]”.

4 “[…] Mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones […]”. 5 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones […]”.3

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5. Aseguró que si no existen vías del orden nacional era otra la autoridad de tránsito competente para reglamentar la operación y abstención de imponer comparendos a través de vehículos de foto – detección atendiendo a que la facultad de la Policía Nacional es a prevención, hecho que implica que el acto acusado se haya expedido sin competencia.

Desviación de las atribuciones propias por parte del Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional

6. Manifestó que se debe observar la potestad reglamentaria del Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional porque mediante el acto administrativo acusado buscó reglamentar una situación que no se ajusta a la Ley 769 de 2002.

7. Destacó que mediante el acto administrativo acusado se persigue la inaplicación de comparendos por foto – detección en las vías nacionales aun cuando las leyes 1383 citada supra y 1843 de 14 de julio de 20176, facultan a los organismos de tránsito para instalar y operar la infraestructura de los sistemas automáticos, semiautomáticos y

citada supra y 1843 de 14 de julio de 20176, facultan a los organismos de tránsito para instalar y operar la infraestructura de los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones en su jurisdicción sin que esa atribución tenga que ser avalada por la parte demandada.

8. Insistió en que la actividad material de implementar ayudas tecnológicas para detectar infracciones de tránsito se confirió a los organismos de tránsito dentro de su jurisdicción; de ahí que corresponda a ellos y no a la Policía Nacional reglamentar la operación de vehículos de foto – detección dispuestos por los organismos de tránsito; esto es, la única competencia de la Policía Nacional es la de expedir las ordenes de comparendo porque la potestad reglamentaria está en cabeza de las autoridades de tránsito dentro del perímetro rural o urbano de su jurisdicción en los términos de la Ley

1383.

Falsa motivación

6 “[…] Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras disposiciones […]”4

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9. Afirmó que se incurrió en falsa motivación en el acto acusado porque no se comprende que la parte demandada entienda que su competencia a prevención la

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9. Afirmó que se incurrió en falsa motivación en el acto acusado porque no se comprende que la parte demandada entienda que su competencia a prevención la faculta para reglamentar situaciones que se encuentran otorgadas a otra entidad ; en ese entendido, no podía pretender ordenar a los organismos de tránsito prohibir que instalen u operen los instrumentos de foto – detección para determinar infracciones de tránsito; es decir, la parte demandada se extralimitó en sus funciones.

10. Indicó que la extralimitación de funciones genera inseguridad vial que, por ley, es un principio fundamental en el ámbito de tránsito y transporte.

11. Señaló que mediante la expedición del Código Nacional de Tránsito Terrestre, para garantizar la seguridad vial, se facultó a los organismos de tránsito para implementar o contratar las ayudas tecnológicas necesarias para detectar las infracciones de tránsito en su jurisdicción ; de manera que mediante el acto acusado , insistió, no se podía “[…] prohibir el control operativo de las foto – detecciones, poniendo en riesgo la vida y bienes de todos los ciudadanos, particulares y empresas que requieren movilizarse dentro de todas las carreteras del territorio nacional […]”.

Trámite de la solicitud de medida cautelar

12. El Despacho, mediante auto proferido el 2 3 de mayo de 20197, ordenó correr traslado de la solicitud de medida cautelar a la parte demandada para que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia, se pronunciara de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Administra tivo y de lo

Contencioso Administrativo8.

los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia, se pronunciara de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Administra tivo y de lo Contencioso Administrativo8.

7 Cfr. Folio 8 del cuaderno de la medida cautelar. 8 “[…] ARTÍCULO 233. PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso. El Juez o Magistrado Ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordenará correr traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado dentro del término de cinco (5) días, plazo que correrá en forma independiente al de la contestación de la demanda. Esta decisión, que se notificará simultáneamente con el auto admisorio de la demanda, no será objeto de recursos. De la solicitud presentada en el curso del proceso, se dará traslado a la otra parte al día siguiente de su recepción en la forma establecida en el artículo 108 del Código de Procedimiento Civil. El auto que decida las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre ella. En este mismo auto el Juez o Magistrado Ponente deberá fijar la caución . La medida cautelar solo podrá hacerse efectiva a partir de la ejecutoria del auto que acepte la caución prestada.5

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que acepte la caución prestada.5

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Intervención de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

13. La parte demandada 9, se opuso a la solicitud de medida cautelar, en los

siguientes términos:

14. Precisó que la medida cautelar de suspensión provisional requiere que se cumplan los presupuestos previstos en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011; sin embargo, la violación de las normas invocadas “[…] en la demanda […]” es un asunto que está sujeto al debate probatorio y al análisis de la legalidad del acto acusado, tarea que solamente se podrá realizar en la sentencia y no en la medida cautelar.

15. Expresó que el Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional , en la comunicación oficial acusada, lo que hace es socializar, a nivel nacional, a los jefes seccionales de tránsito y transporte de la Policía Nacional, unas consideraciones que expuso la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el concepto núm. 2034 de 21 de septiembre de 2011, emitido dentro del expediente con número único de radicado 11001030600020100009700, donde se pronunció sobre la competencia y jurisdicción de las autoridades de tránsito.

16. Afirmó que al Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, de

de radicado 11001030600020100009700, donde se pronunció sobre la competencia y jurisdicción de las autoridades de tránsito.

16. Afirmó que al Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, de conformidad con la Resolución núm. 00202 de 26 de enero de 201010, le corresponde desarrollar y estandarizar los procedimientos; competencia que ejerció cuando transmitió a sus funcionarios lo que el Consejo de Estado, en relación con las funciones de tránsito, explicó en el concepto; es decir, la comunicación acusada desarrolla un concepto que en los términos del artículo 28 de la Ley 1437 de 2011 no es de carácter obligatorio.

17. Destacó que si se lee con detenimiento el oficio se advierte que en él se cita la normatividad vigente en materia de tránsito y las consideraciones del concepto que

Con todo, si la medida cautelar se solicita en audiencia se correrá traslado durante la misma a la otra parte para que se pronuncie sobre ella y una vez evaluada por el Juez o Magistrado Ponente podrá ser decretada en la misma audiencia […]”. 9 Por medio de apoderada el 7 de junio de 2019 (Cfr. Folios 15 a 18 del cuaderno de la medida cautelar). 10 “[…] Por la cual se define la estructura orgánica interna y se determinan las funciones de la Dirección de Tránsito y Transporte y de se deroga la Resolución 02052 del 15 de Junio de 2007 y se modifica la Resolución No. 01550 del 28 de mayo de 2009 […]”.6

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del 28 de mayo de 2009 […]”.6

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co emitió el Consejo de Estado para “[…] aterrizarlo […]” a la materia de vehículos de foto – detección.

18. Aclaró que para cumplir con el principio de legalidad de las actuaciones que adelantara el personal de tránsito de la Policía Nacional, era pertinente socializar el concepto del Consejo de Estado porque allí se absuelven dudas sobre: i) autoridad competente que asume la investigación; y ii) celebración de contratos y/o convenios con los cuerpos especializados de policía urbana de tránsito ; actuación que no compromete, desborda o pone en riesgo la seguridad vial; sin embargo, si ese era el sentir de la parte demandante no debió demandar el Oficio núm. S -2018002445/DITRA-ASJUD 15 de 2018 por tratarse de la simple transcripción de l análisis que realizó la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

19. Enfatizó que el oficio citado supra solamente es un concepto que constituye criterio auxiliar de interpretación y, en consecuencia, no genera lesión a la ciudadanía, perjuicio irremediable o violación del ordenamiento jurídico . S in embargo, la parte demandante acudió al aparato jurisdiccional para que aborde una materia carente de fundamento.

20. Señaló que la parte demandante no argumentó y no demostró cuál es el

demandante acudió al aparato jurisdiccional para que aborde una materia carente de fundamento.

20. Señaló que la parte demandante no argumentó y no demostró cuál es el perjuicio irremediable o la violación a la ley ; además, informó que mediante la Resolución núm. 718 de 22 de marzo de 201811 el Ministerio de Transporte reglamentó todo lo relacionado con la instalación y operación de medios técnicos o tecnológicos para la detección de infracciones al tránsito.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

11 “[…] Por la cual se reglamentan los criterios técnicos para la instalación y operación de medios técnicos o tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito y se dictan otras disposiciones […]”.7

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21. De conformidad con : i) el artículo 125 12 de la Ley 1437 de 2011 , sobre la expedición de las providencias en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; ii) el numeral 1.° del artículo 14913 ibidem, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y iii) el numeral 1.° del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 14, sobre distribución de los procesos entre las secciones: este Despacho es competente para resolver la solicitud de medida cautelar de suspensión

marzo de 2019 14, sobre distribución de los procesos entre las secciones: este Despacho es competente para resolver la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Oficio núm. S-2018-002445/DITRA-ASJUD 15 de 24 de febrero de 2018 expedido por el Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Problema jurídico

22. De acuerdo con la solicitud de la medida cautelar y el pronunciamiento sobre la misma, el problema jurídico consiste en determinar si el Oficio núm. S -2018002445/DITRA-ASJUD 15 de 24 de febrero de 2018 se expidió con: i) infracción de normas de carácter superior; ii) falta de competencia; iii) desviación de las atribuciones propias de la autoridad; y iv) falsa motivación ; en consecuencia, si es procedente decretar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo citado supra.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos

23. El artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 establece que las medidas cautelares son procedentes incluso antes de la notificación del auto admisorio de la demanda y

12 “[…] Artículo 125. De la expedición de providencias. Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única

los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del Magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica […]” (Norma vigente para la fecha en que se presentó la solicitud de medida cautelar). 13 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia . […] 1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden […]” (Norma vigente para la fecha en que se presentó la solicitud de medida cautelar). 14 Reglamento interno del Consejo de Estado.8

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en cualquier etapa del proceso. Su finalidad es proteger y garantizar de manera provisional el objeto del proceso, asegurando así la efectividad de la sentencia.

12. En desarrollo de lo anterior, el artículo 230 de la misma ley que estas pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión; así el juez o magistrado

provisional el objeto del proceso, asegurando así la efectividad de la sentencia.

12. En desarrollo de lo anterior, el artículo 230 de la misma ley que estas pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión; así el juez o magistrado ponente, podrá ordenar, entre otras, la de suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

13. Por su parte, el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 precisa que, si la demanda sólo busca la nulidad del acto, basta acreditar la violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

14. Conforme a lo expuesto en líneas anteriores, para decretar la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, cuando esta se fundamente en la violación de las disposiciones superiores que se invoquen, bien sea en la demanda o en escrito separado, necesariamente se le impone al juez un deber de análisis de las normas en confrontación directa con el acto demandado o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

24. Con el fin de verificar los requisitos establecidos para el decreto de una medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, esta Sala15 ha considerado que el legislador dividió el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 en tres partes: la primera, hace referencia a los requisitos para decretar una medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo 16, en el medio de

ha considerado que el legislador dividió el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 en tres partes: la primera, hace referencia a los requisitos para decretar una medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo 16, en el medio de control de nulidad; la segunda, a los requisitos para decretar una medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, en el medio de control

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez; auto de 19 de junio de 2020; núm. único de radicación: 110010324000201600295-00. 16 “[…] Artículo 231.- Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud qu e se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud […]”.9

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de nulidad y restablecimiento del derecho17; y la tercera, se refiere a los requisitos para decretar otros tipos de medidas cautelares diferentes a la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, como lo son las de carácter preventivo, conservativo y anticipativo.

decretar otros tipos de medidas cautelares diferentes a la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, como lo son las de carácter preventivo, conservativo y anticipativo.

25. El Despacho, no obstante la anterior división considera que los criterios de fumus boni iuris y periculum in mora 18 deben acreditarse en todo tipo de medidas cautelares (no solamente en las de carácter preventivas, conservativas y anticipativas sino también en las suspensivas), por cuanto estos criterios hacen parte de la esencia de las medidas cautelares para garantizar la tutela judicial efectiva.

26. En ese orden de ideas, el Despacho considera que cuando el juez administrativo determina, dentro de un proceso de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas, se entiende que está implícita, per se, la verificación de los criterios de fumus boni iuris y periculum in mora.

Las normas que se señalan como violadas

27. La parte demandante señaló como vulneradas las siguientes normas:

27.1. Parágrafo 4.° del artículo 2.° de la Ley 1383 de 2010.

27.2. Artículo 105 de la Ley 769 de 2002.

27.3. Ley 1843 de 2017.

El acto acusado

17 “[…] Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos […]”. 18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 17 de marzo de 2015; C.P.:

probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos […]”. 18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 17 de marzo de 2015; C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez; número único de radicación 110010315000201403799 00: “[…] el fumus boni iuris y periculum in mora. El primero, o apariencia de buen derecho, se configura cuando el Juez encuentra, luego de una apreciación provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho. El segundo, o perjuicio de la mora, exige la comprobación de un daño ante el transcurso del tiempo y la no satisfacción de un derecho […]”.10

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28. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

28.1. El Oficio núm. S-2018-002445/DITRA-ASJUD 15 de 24 de febrero de 2018, por medio del cual el Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional emitió unas consideraciones dirigidas a los Jefes Seccionales de Tránsito y Transporte relacionadas con: i) vehículos de foto – detección; y ii) transcripción de infracciones de tránsito en la orden nacional de comparendo.

Análisis del caso concreto

29. Este Despacho procederá a llevar a cabo el análisis de los actos demandados

tránsito en la orden nacional de comparendo.

Análisis del caso concreto

29. Este Despacho procederá a llevar a cabo el análisis de los actos demandados confrontándolos con las normas invocadas como violadas y el respectivo estudio en conjunto de las pruebas allegadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201219, aplicando las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda.

30. El Despacho para mejor comprensión de la decisión, procede a realizar el

siguiente cuadro comparativo:

NORMAS VIOLADAS OFICIO NÚM. S-2018-002445/DITRA-ASJUD 15 DE 2018

Parágrafo 4.° del artículo 2.° de la Ley 1383 de 2010

“[…] Artículo 2°. El artículo 3° de la Ley 769 de 2002, quedará así:

Artículo 3°. Autoridades de tránsito . Para los efectos de la presente ley entiéndase que son autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes: […]

La Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte.

Parágrafo 4°. La facultad de Autoridad de Tránsito otorgada a los cuerpos especializados “[…] Asunto: Concepto operación de vehículos foto-detección

En atención a las novedades informadas a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, frente a la operación de vehículos de

“[…] Asunto: Concepto operación de vehículos foto-detección

En atención a las novedades informadas a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, frente a la operación de vehículos de foto detección sobre las vías nacionales, de manera atenta me permito exponer las razones jurídicas que deben ser t enidas en cuenta por cada uno de los señores Jefes de Seccional de Tránsito y Transporte al momento de presentarse dicha novedad, a fin se tomen las medidas necesarias en aras de prevenir que otras autoridades ejerzan el control operativo en jurisdicción de esta Dirección:

En cuanto al particular me permito citarles las consideraciones de la Sala de Consulta y Servicio

19 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.11

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Policía Nacional se ejercerá como una competencia a prevención […]”.

Artículo 105 de la Ley 769 de 2002

“[…] Artículo 105. Clasificación de vías . Para efectos de determinar su prelación, las vías se clasifican así:

1. Dentro del perímetro urbano:

Vía de metro o metrovía

Vía troncal

Férreas

Autopistas

Arterias

Principales

Secundarias

Colectoras

1. Dentro del perímetro urbano:

Vía de metro o metrovía

Vía troncal

Férreas

Autopistas

Arterias

Principales

Secundarias

Colectoras

Ordinarias

Locales

Privadas

Ciclorrutas

Peatonales

2. En las zonas rurales:

Férreas

Autopistas

Carreteras Principales

Carreteras Secundarias

Carreteables

Privadas

Peatonales.

La presencia de peatones en las vías y zonas para ellos diseñadas, les otorgarán prelación, excepto sobre vías férreas, autopistas y vías arterias.

Civil del Consejo de Estado mediante radicación No. 2034 donde se destaca lo siguiente; las disposiciones legales en materia de tránsito se han esforzado en territorializar la competencia de los agentes de tránsito en función de diferentes criterios, a saber […]:

La regla fundamental se encuentra en el artículo 7º de la Ley 769 de 2002 que dice así: “Cada organismo de tránsito contará con un cuerpo de agentes de tránsito que actuará únicamente en su respectiva jurisdicción”. Dicha regla se complementa con esta otra , que aparece en el artículo 134 de la misma ley, que es igualmente fundamental: “Los organismos de tránsito conocerán de las faltas ocurridas dentro del territorio de su jurisdicción”.

[…]

Jurisdicción de los agentes de tránsito de la Policía Nacional.

fundamental: “Los organismos de tránsito conocerán de las faltas ocurridas dentro del territorio de su jurisdicción”.

[…]

Jurisdicción de los agentes de tránsito de la Policía Nacional.

El parágrafo 2º del artículo 6º de la Ley 769 de 2002 atribuye a la Policía Nacional, en su cuerpo especializado de carreteras, el control de las normas de tránsito y la aplicación de este código en todas las vías nacionales por fuera del perímetro urbano de los municipios y distritos. Esta regla aparece reproducida en el artículo 7º de la misma ley en los siguientes términos: “… el Ministerio de Transporte tendrá a su cargo un cuerpo especializado de agentes de