CE - Auto interlocutorio 11001032400020180038300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., primero (1º) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00383 00

Actores: JOSÉ OTONIEL SOTO LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL SARRIA LOZANO Y LUIS

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de la cual se transfieren Áreas de Cesión al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá de la URBANIZACIÓN EL TEJAR ”, expedida por el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (INURBE)

hoy MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.2

II.- SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES

La parte actora solicitó decretar la suspensión de todas las actuaciones de las entidades distritales (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, Alcaldía Menor de Puente Aranda, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, y Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital) , que se encuentren sustentadas en la Resolución núm. 52501 de 13 de noviembre de 2007, expedida por el extinto Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana – INURBE-,3 y/o el plano de loteo 427/4 elaborado por el Instituto de Crédito Territorial4 en 1961. En ese sentido, se ordene la cesación inmediata de citaciones, autos, resoluciones, actos administrativos y órdenes de demolición y liquidación de multas en contra de los propietarios de los inmuebles del barrio El Tejar que se hayan generado, estén

de citaciones, autos, resoluciones, actos administrativos y órdenes de demolición y liquidación de multas en contra de los propietarios de los inmuebles del barrio El Tejar que se hayan generado, estén

2 En adelante MINVIVIENDA. 3 En adelante INURBE. 4 En adelante ICT.3

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generándose o puedan llegar a hacerlo, hasta tanto se definan las pretensiones de la demanda.

Asimismo, como medida cautelar de carácter anticipativo, solicitaron ordenar a MINVIVIENDA que proceda de inmediato con la elaboración d el “plano récord de identificación de zonas de uso público” y lo remita al Distrito Capital para ser incorporado en la cartografía oficial, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 7º del Decreto Nacional 1197 de 21 de julio de 2016.

En el contexto de dich as peticiones explicaron que, de acuerdo con la información expedida por la Alcaldía Local de Puente Aranda, existen 132 procesos en los cuales se han ordenado demoliciones, impuesto multas e iniciado actuaciones administrativas por la presunta ocupación del espacio público de las viviendas de la Urbanización del Barrio El Tejar . Asimismo, se ha n realizado 268

existen 132 procesos en los cuales se han ordenado demoliciones, impuesto multas e iniciado actuaciones administrativas por la presunta ocupación del espacio público de las viviendas de la Urbanización del Barrio El Tejar . Asimismo, se ha n realizado 268 visitas para impulsar actuaciones administrativas bajo la falsa premisa de que el plano de loteo 427/4 elaborado por el ICT en 1961 es el plano definitivo de dicha urbanización, por ello en aras de evitar agravios injustificados y perjuicios irremediables producidos por el actuar de la administración resulta necesaria y conveniente la adopción de las medidas cautelares deprecadas.4

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III.- TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

III.1. El MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO,5 indicó que la medida cautelar solicitada se dirige a suspender actuaciones realizadas por entidades del orden territorial diferentes a esa cartera ministerial, de tal suerte que , en atención al derecho fundamental al debido proceso , deben ser estas las entidades llamadas a pronunciarse, pues se pretende la suspensión de los procesos que aquellas hayan iniciado con fundamento en la Resolución núm. 52501 de 13 de noviembre de 2007 y/o en el plano

llamadas a pronunciarse, pues se pretende la suspensión de los procesos que aquellas hayan iniciado con fundamento en la Resolución núm. 52501 de 13 de noviembre de 2007 y/o en el plano de loteo 427/4 elaborado por el ICT en 1961.

Aunado a ello, sostuvo que los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA no se cumplen en la solicitud, máxime si se tiene en cuenta que la Resolución núm. 52501 data del año 2007 y el plano de loteo 427/4, del año 1961, es decir, que el posible perjuicio que pueden causar estos actos y los derivados de ellos no están ad portas de ocasionar un perjuicio irremediable, pues desde hace más de 16 años y 50 años fueron expedidos , respectivamente, por lo que la medida cautelar no sería procedente.

5 Expediente digital, índice 51.5

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Respecto de la solicitud consistente en que se proceda de inmediato a elaborar el plano récord de identificación de zonas de uso público, indicó que dicha petición en el fondo persigue el cumplimiento anticipado de las pretensiones de la demanda, ya que este tipo de

Respecto de la solicitud consistente en que se proceda de inmediato a elaborar el plano récord de identificación de zonas de uso público, indicó que dicha petición en el fondo persigue el cumplimiento anticipado de las pretensiones de la demanda, ya que este tipo de órdenes probablemente dependería de la decisión final que se adopte en este proceso, luego no es una cuestión para resolver como medida precautelativa.

Finalmente, informó que en desarrollo del proceso 11001 03 24 000 2017 00238 00, que cursa en es ta Corporación, mediante providencia de 3 de mayo de 2019, se decretó una medida cautelar por lo que la solicitada en esta oportunidad no sería procedente.

III.2. Los terceros con interés directo en las resultas del proceso intervinieron en esta etapa de la siguiente manera:

• DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO.6 Señaló que la Resolución núm. 52501 de 2007, a través de la cual se transfirieron a la entidad áreas de cesión de la Urbanización El Tejar, goza de presunción de legalidad y debe ser acatada tanto por los ciudadanos como por las entidades

6 Expediente digital, índice 53.6

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públicas, por lo que no sería procedente suspender las actuaciones administrativas iniciadas y mucho menos las órdenes dadas con fundamento en dicho acto administrativo, máxime cuando durante el desarrollo de aquellas se les garantiza a los administrados los derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso.

• SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN .7 Explicó que la medida cautelar no se dirige contra algún acto expedido por esa entidad; y que, a demás, sobre las actuaciones administrativas que hubieren sido iniciadas por la Alcaldía Local de Puente Aranda no tiene competencia para emitir pronunciamiento alguno, ya que el artículo 24 del Acuerdo Distrital 0735 de 2019 establece que dicha facultad se encuentra en cabeza de la Secretaría Distrital de Gobierno, al haber sido iniciadas antes del 31 de diciembre de 2019.

• UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISRITAL.8 Respecto de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de las competencias de la entidad en relación con los predios de que trata la demanda, informó que través del Oficio UAECD2014ER31789 de 22 de diciembre de 2014, por solicitud que hiciera el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

7 Expediente digital, índices 56 y 57. 8 Expediente digital, índice 54.7

el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

7 Expediente digital, índices 56 y 57. 8 Expediente digital, índice 54.7

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de incorporar las zonas de cesión de uso público de la Urbanización El Tejar, contenidas en la Resolución núm. 52501 de 2007, el 15 de enero de 2015 incorpor ó a la base catastral los folios de matrículas inmobiliarias (95 folios) derivada de la matriz 50S -576530, información esta que se encuentra en el Sistema Integrado de Información Catastral - SIIC.

Que por ello, los asientos registrales y por consiguiente los folios de matrículas derivados de la matriz 50S - 576530, y que hacen parte del archivo de predios de la unidad (correspondientes a las zonas de cesión), gozan de presunción de legitimidad, considerando que dichos folios no tienen anotación o salvedad respecto de su naturaleza y validez jurídica, por lo que sería improcedente decretar una medida cautelar como la solicitada, toda vez que no se evidencia en los respectivos folios cambio jurídico o soporte alguno para su cancelación, actualización o mutación (englobe-desenglobe) en la

una medida cautelar como la solicitada, toda vez que no se evidencia en los respectivos folios cambio jurídico o soporte alguno para su cancelación, actualización o mutación (englobe-desenglobe) en la base catastral , ya que los folios de matrícula inmobiliaria se encuentran en estado activo.

IV-. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo8

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El Capítulo XI del Título V de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 (CPACA) presenta el régimen cautelar del procedimiento contencioso administrativo como un instrumento concreto de la garantía efectiva y material de acceso a la administración de justicia que busca evitar que la duración del proceso afecte a quien acude a la Jurisdicción en procura de solucionar una determinada controversia. Su finalidad, a voces de lo señalado en el artículo 229 9 idem, consiste en “[…] proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia […]”.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 230 del CPACA, las medidas cautelares se pueden clasificar en preventivas, cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho;

efectividad de la sentencia […]”.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 230 del CPACA, las medidas cautelares se pueden clasificar en preventivas, cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; conservativas, si buscan mantener o salvaguardar un statu quo; anticipativas, de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y de suspensión, que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.

9 “[…] Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente su stentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo […]”.9

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En relación con los requisitos para su otorgamiento, el CPACA señala que el juez debe verificar el cumplimiento de los siguientes criterios:

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En relación con los requisitos para su otorgamiento, el CPACA señala que el juez debe verificar el cumplimiento de los siguientes criterios: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, y (iii) la ponderación entre los posibles intereses en colisión.

A este respecto, la Sección Tercera de la Corporación, mediante proveído de 13 de mayo de 201510, sostuvo:

“Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleje la pretensión de justicia, razón por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares , el Juez se enfrenta a la exposición de un razonamiento en donde, además de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora [11], debe proceder a un estudio de ponderación y sus sub principios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad[12]”. (Resaltado fuera del texto original)

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, número

ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad[12]”. (Resaltado fuera del texto original)

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, número único de radicación: 11001-03-26-000-2015-00022-00(53057), providencia de 13 de mayo de 2015, C.p. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. “[11] Como ya se ha sostenido, estos principios del periculum in mora y el fumus boni iuris significan que “siempre se tendrá que acreditar en el proceso el peligro que representa el no adoptar la medida y la apariencia del buen derecho respecto del cual se pe rsigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia que ponga fin al litigio.”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto de 27 de febrero de 2013, Exp. 45316 (entre otras decisiones similares). [12] En cualquier clase de decisiones jurídicas debe considerarse la razonabilidad de esta, que no solo se agota con la simple aplicación lógico-formal de la norma, sino que supone velar porque la decisión en el caso concreto consulte criterios de justicia material y no devenga en irrazonable, desproporcionada o, en suma, contraria a la Constitución; se trata, entonces, de adoptar una decisión que satisfaga el10

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2. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos

En el marco de las diversas medidas cautelares establecidas en el CPACA se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política.

Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos , mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso en el que se hubiere decretado la medida. Su finalidad, pues, es la de «evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho».13

criterio de aceptabilidad; y para lograr ello en buena medida contribuye la valoración de los principios constitucionales.” 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, número único de radicación: 11001-03-26-000-2015-00022-00(53057), providencia de 13 de mayo de 2015,

C.p. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA.11

único de radicación: 11001-03-26-000-2015-00022-00(53057), providencia de 13 de mayo de 2015,

C.p. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA.11

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Esta Corporación14 ha señalado que en el examen de procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional el juez efectúa el estudio de la presunta vulneración a través de la confrontación de las normas superiores invocadas, partiendo de las referencias conceptuales y argumentativas que se esgrimen en la solicitud de suspensión, las cuales constituyen el marco sobre el que debe resolverse dicho asunto. Asimismo, ha indicado que este examen es, en todo caso, un análisis inicial que no implica prejuzgamiento, como se expl icó en la providencia de la Sala Plena de 17 de marzo de 2015:15

«[…] Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoración del acto acusado que comúnmente se ha llamado valoración inicial, y que implica una confrontación de legalidad de aquél con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud. Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con

de legalidad de aquél con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud. Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumaria, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa . Y esa valoración inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2º del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituye prejuzgamiento, y es evidente que así lo sea, dado que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final […]». (Resaltado fuera del texto original).16

14 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 12 de febrero de 2016, Cp. Carlos Alberto Zambrano Barrera, número único de radicación 11001-03-26-000-2014-00101-00.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 17 de marzo de 2015, Cp. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 11001-03-15-000-2014-03799-00. 16 Ver también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 11 de marzo de 2014, Cp. Guillermo Vargas Ayala.12

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de 11 de marzo de 2014, Cp. Guillermo Vargas Ayala.12

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3. Requisitos de procedencia de la suspensión de los efectos de los actos administrativos

A voces del artículo 231 del CPACA, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, «cuando tal violación surja del análisis del acto dem andado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud». Entonces, su procedencia está determinada por la violación del ordenamiento jurídico y la necesidad de proteger provisionalmente la lega lidad, mientras se profiere la decisión definitiva respecto del acto administrativo demandado. Dice así el citado artículo:

«[…] Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas

procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud . Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos […].» (Negrillas fuera del texto original).

Del texto normativo transcrito se desprenden, para la procedencia de la medida cautelar, los siguientes requisitos: i) que se invoque a petición de parte, ii) que exista una violación que surja del análisis13

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del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, iii) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados.

Cabe resaltar que, sobre el artículo en mención, la Sección Primera ha indicado que los requisitos establecidos para el decreto de toda medida cautelar consistentes en la verificación de los criterios (i)

los perjuicios que se alegan como causados.

Cabe resaltar que, sobre el artículo en mención, la Sección Primera ha indicado que los requisitos establecidos para el decreto de toda medida cautelar consistentes en la verificación de los criterios (i) fumus boni iuris , o apariencia de buen derecho, y (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, se entienden implícitos cuando quiera que se demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas. Al respecto, en la providencia de 27 de mayo de 202117, la Sala indicó:

“[…] Para el caso de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda, porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jurídico superior pueden continuar produciendo efectos jurídicos mientras transcurre el proceso judicial.

En cuanto al “ fumus boni iuris ”, o la apariencia de buen derecho, (…) [e]n relación con la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), (…) basta que, como consecuencia de la argumentación jurídica planteada por el peticionario, el juez advierta la

17 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de radicación 54001 -23-33000-2018-00285-01, CP. Oswaldo Giraldo López.14

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vulneración del ordenamiento jurídico superior para acceder a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado […]”. (Negrillas fuera del texto original).18

4. Medidas cautelares diferentes a la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos

Como se indicó previamente, la Ley 1437 de 2011 establece diversas medidas en los procesos contencioso —administrativo, según lo dispuesto en el artículo 230:

«Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:

1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.

o varias de las siguientes medidas:

1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

18 Criterio que la Sala ya había sostenido en providencia de 20 de junio de 2020 (número único de radicación 11001-03-24-000-2016-00295-00, CP: Hernando Sánchez Sánchez ) al señalar que: “[…] cuando el juez administrativo determina, dentro de un proceso de nulidad, que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas, se entiende que está implícita per se la verificación de los criterios de fumus boni iuris y periculum in mora […]”.15

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4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.

Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente […]. » (Resaltado fuera del texto original).

Por su parte, el artículo 231 idem plantea dos escenarios que pueden presentarse en la solicitud de medidas cautelares. El primero de ellos es «[…] Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo […]», caso en el cual la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado. El segundo escenario se

caso en el cual la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado. El segundo escenario se refiere a «[…] los demás casos […]», es decir, cuando se solicitan medidas diferentes a la suspensión provisional de los actos administrativos. La disposición normativa en cita señala lo siguiente:

«[…] Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del anál isis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del16

Número único de radicación: 11001 03 24 000 2018 00383 00

Actores: JOSÉ OTONIEL SOTO LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL SARRIA LOZANO Y LUIS

ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad d