CE - Auto interlocutorio 11001032400020200022400 de 2025

Radicación: 11001-03-24-000-2020-00224-00

Demandante: Daniel Rueda Gómez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (01) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad Radicado: 11001-03-24-000-2020-00224-00

Demandante: Daniel Rueda Gómez

Demandado: La Nación – Gobierno Nacional - Ministerio de Comercio

Industria y Turismo, Ministerio de Educación Nacional.

AUTO NIEGA MEDIDA CAUTELAR

Corresponde al Despacho resolver la solicitud de suspensión provisional de los efectos jurídicos solicitada en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

El ciudadano Daniel Rueda Gómez, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), promovió demanda el 2 de julio de 2020 en contra de la definición “Certificados de Aptitud Profesional” contenida en el artículo 3° del Decreto nro. 556 del 14 de marzo de 2014 y de la definición “Certificación de Aptitud Ocupacional” contemplada en los artículos 6°, 8 ° y 9 ° del mismo decreto, expedido por el Presidente de la República, el Minist ro de de Comercio, Industria y Turismo y la Ministra de

la definición “Certificación de Aptitud Ocupacional” contemplada en los artículos 6°, 8 ° y 9 ° del mismo decreto, expedido por el Presidente de la República, el Minist ro de de Comercio, Industria y Turismo y la Ministra de Educación Nacional.

La pretensión formulada es la siguiente: «solicito al Honorable Consejo de Estado declarar la nulidad de la definición de “Certificados de Aptitud Profesional” dispuesta en el Artículo 3° del Decreto N°556 del 14 de marzo de 2014, proferido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Acto Administrativo publicado en el Diario Oficial N°49092, del 14 de marzo de 2014; así como las expresiones establecidas en los artículos 6°, 8° y 9° del mismo documento normativo».

Mediante auto de 12 de abril de 2021 , el Despacho inadmitió la demanda, al considerar que solo existía evidencia del envío vía correo electrónico de laRadicación: 11001-03-24-000-2020-00224-00

Demandante: Daniel Rueda Gómez

2 copia de la demanda al Ministerio de Educación, por lo que el actor debía cumplir el requisito en su totalidad, remitiendo copia de la demanda con sus anexos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y a la Presidencia de la República, a los canales digitales por ellos autorizados para tal fin; dentro del término concedido, el demandante, mediante memorial de 29 de abril de 20211, presentó escrito de subsanación, corrigiendo el defecto señalado.

El Despacho, a través de auto del 7 de julio de 2021 , admitió la demanda al

término concedido, el demandante, mediante memorial de 29 de abril de 20211, presentó escrito de subsanación, corrigiendo el defecto señalado.

El Despacho, a través de auto del 7 de julio de 2021 , admitió la demanda al encontrar que el defecto señalado había sido corregido.

I.2. La solicitud de medida cautelar

En escrito seguido de la demanda 2, el demandante solicitó la suspensión provisional de la definición “certificados de aptitud profesional” contenida en el articulo 3° del Decreto 556 del 14 de marzo de 2014 y de la definición “certificación de aptitud ocupacional” contemplada en los artículos 6°, 8° y 9° del mismo decreto, con fundamento en los siguientes argumentos:

Manifestó que, a través de la Ley 1673 del 19 de julio de 2013, se reglamentó la actividad de avaluador e impuso la obligación de la inscripción como avaluador en el Registro Abierto de Avaluadores.

Inició por señalar que, el ejecutivo sin competencia alguna permitió que personas con un “certificado de aptitud ocupacional” se inscriban en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA), contrariando lo establecido por la Ley 1673 de 2013, la cual solo permite la inscripción en el RAA a quienes tengan un "título de aptitud profesional", no ocupacional.

Es decir, que el certificado de aptitud ocupacional, no cumple con los requisitos legales para esa inscripción.

Afirmó que, según establece el parágrafo segundo del artículo 6 ° de la Ley 1673 de 2013, las instituciones de educación superior o las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano deberán expedir los títulos

Afirmó que, según establece el parágrafo segundo del artículo 6 ° de la Ley 1673 de 2013, las instituciones de educación superior o las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano deberán expedir los títulos académicos y las certificaciones de aptitud profesional que, de acuerdo con la ley, demuestren la adecuada formación académica de la persona natural que solicita su inscripción como avaluador en el Registro Abierto de Avaluadores.

Aclaró que la formación académica, tal y como fue dispuesta por el legislador, debía ser acreditada mediante títulos académicos o certificados de aptitud

1 Índice 12 de SAMAI 2 Índice nro. 3 del expediente electrónico.Radicación: 11001-03-24-000-2020-00224-00

Demandante: Daniel Rueda Gómez

3 profesional, los cuales, de forma errónea por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fueron equiparados o reducidos a los certificados de aptitud ocupacional.

Refirió que, la definición contenida en el artículo 3° del Decreto 556 del 14 de marzo de 2014, mediante el cual se reglamentó la Ley 1673 de 2013, contradice lo establecido en los artículos 1°, 37 y el parágrafo 2 del artículo 6° de dicha Ley.

Aseguró que, los Ministerios de Educación Nacional y de Comercio, Industria y Turismo, al expedir esta disposición, no acataron lo ordenado por las normas legales y constitucionales superiores. De este modo, actuaron por fuera del marco de competencias que les atribuye la Constitución y la ley, ejerciendo funciones que no les corresponden.

legales y constitucionales superiores. De este modo, actuaron por fuera del marco de competencias que les atribuye la Constitución y la ley, ejerciendo funciones que no les corresponden.

Enfatizó que, los demandados se abrog aron la facultad de modificar lo dispuesto por el legislador en relación a la acreditación de los avaluadores de su formación académica ; particularmente, al modificar la naturaleza de los títulos de formación de “profesional” a “ocupacional”, se vulneraron principios de jerarquía normativa, transgrediendo lo dispuesto por el Congreso de la República mediante la Ley 1673 de 2013, norma de res erva legal y superior jerarquía constitucional.

Consideró que, la acreditación de la formación académica de los avaluadores se debe efectuar mediante: i) títulos académicos, y ii) certificados de aptitud profesional, que expiden las instituciones de educación superior o las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 6° de la Ley 1673 de 2013.

Afirmó que los certificados de aptitud profesional son aquellos que son expedidos únicamente por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en atención a su función de formación profesional integral y que corresponden al primer nivel de la pirámide ocupacional que para el efecto sea adoptada por la entidad correspondiente.

En este contexto, del análisis de la definición contenida en el artículo 3 del Decreto 556 del 14 de marzo de 2014, se concluye que los Ministerios de Educación Nacional y de Comercio, Industria y Turismo incurrieron en un error al equiparar, de manera equivocada, los certificados de aptitud profesional con

Decreto 556 del 14 de marzo de 2014, se concluye que los Ministerios de Educación Nacional y de Comercio, Industria y Turismo incurrieron en un error al equiparar, de manera equivocada, los certificados de aptitud profesional con los certificados de aptitud ocupacional.Radicación: 11001-03-24-000-2020-00224-00

Demandante: Daniel Rueda Gómez

4 En su criterio, los textos demandados han propiciado que personas con “certificados de aptitud ocupacional ”, -el cual tiene una naturaleza jurídica diferente del “certificado de aptitud profesional” de que trata el parágrafo 2° del artículo 6° de la Ley 1673 de 2013 3-, puedan inscribirse en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA) establecido en tal normativa. Lo que desconoce por sí solo el marco Constitucional (art. 26), y pone en riesgo a la comunidad en general, « en los términos establecidos por el artículo 1º de la Ley 1673, (sic) la cual desarrolla los artículos 26, 1º y 2º de la Constitución».

Insistió en que el texto demandado permite la inscripción en el Registro Abierto de Avaluadores establecido en la Ley 1673 de 2013 a personas que han recibido el certificado de aptitud ocupacional en técnicos laborales por competencias como “ auxiliar de avalúos”; no como personas que hayan adelantado los estudios propios de los tasadores establecidos en la ley, lo que permite que personas no idóneas sean inscritas como tasadores (avaluadores) en el Registro Abierto de Avaluadores.

Anotó que, con relación a los auxiliares, estos hacen parte del personal de apoyo administrativo y de los cuales se predica un segundo nivel de

permite que personas no idóneas sean inscritas como tasadores (avaluadores) en el Registro Abierto de Avaluadores.

Anotó que, con relación a los auxiliares, estos hacen parte del personal de apoyo administrativo y de los cuales se predica un segundo nivel de competencias, por lo que afirmó que en Colombia se equipararon los tasadores y los peritos avaluadores con los auxiliares, los cuales hacen parte de un grupo diferente y se requiere un nivel de competencias distinto.

Aseguró que se permitió que personas que obtuvieron un certificado de aptitud ocupacional se inscribieran en el Registro Abierto de Avaluadores, a pesar de que el legislador, a través de la Ley 1673 de 2013, únicamente permitió la inscripción en el registr o de avaluadores de títulos de aptitud profesional.

Precisó que, dicha equiparación es improcedente, pues ambos tipos de certificación tienen alcances y fundamentos normativos distintos. En efecto, los certificados de aptitud profesional se otorgan a quienes han culminado programas académicos registrados, bajo la modalidad de formación técnica laboral por competencias, sin que se exija que dichos títulos sean expedidos por instituciones de educación superior. En contraste, los certificados de aptitud ocupacional no cumplen con estas condiciones, ni garantiza n el mismo nivel formativo, lo que evidencia una reducción injustificada en la categoría y validez del reconocimiento académico.

3 “Por la cual se reglamenta la actividad del avaluador y se dictan otras disposiciones”.Radicación: 11001-03-24-000-2020-00224-00

Demandante: Daniel Rueda Gómez

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3 “Por la cual se reglamenta la actividad del avaluador y se dictan otras disposiciones”.Radicación: 11001-03-24-000-2020-00224-00

Demandante: Daniel Rueda Gómez

5 Concluyó señalando que, es claro que la definición objetada y contenida en el artículo 3° del Decreto 556 del 14 de marzo de 2014, infringe lo dispuesto en los artículos 1, 37 y el Parágrafo 2 del artículo 6 de la Ley 1673 de 2013 por ser incompatible con las mismas di sposiciones, teniendo en cuenta que el Ministerio de Comercio Industria y Turismo a través de esta disposición normativa, no atendió los fines que le fueron encomendados a través de la Ley 1673 de 2013, norma a la cual debía acatamiento y respeto.

I.3. Traslado de la solicitud

Por auto del 7 de julio de 2021 4 se ordenó correr traslado de la solicitud de medida cautelar formulada; durante el término concedido una de las entidades demandadas contestó a la solicitud de suspensión en los siguientes términos5.

I.3.1. El apoderado del Presidente de la República , manifestó que , el Decreto 556 de 2014 había sido derogado con la entrada en vigencia del Decreto Único Reglamentario 1074 de 26 de mayo de 2015, por lo que considera no es pertinente discutir la eventual suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo que no está vigente. Se habría configurado un caso de sustracción de materia.

Señaló que, en el presente caso no existe, y no hay evidencia alguna, de esa

efectos jurídicos de un acto administrativo que no está vigente. Se habría configurado un caso de sustracción de materia.

Señaló que, en el presente caso no existe, y no hay evidencia alguna, de esa pretendida vulneración del orden constitucional. El Decreto 556 de 2014 cuenta con una base legal más que suficiente y las medidas adoptadas en el no son nuevas y todas reposan ya en la ley, en especial la Ley 1673 de 2013 “por la cual se reglamenta la actividad del avaluador y se dictan otras disposiciones”, que en el parágrafo 2 de su artículo 6.

Refirió que, el demandante incurre en un error al considerar que hablar de certificados de aptitud profesional y de aptitud ocupacional son dos cosas distintas; ya que unos y otros son el resultado de un curso de formación, con la única diferencia que los certificados de aptitud profesional (CAP) son aquellos “…que se expiden en los Centros de Formación Profesional Integral del SENA a los alumnos que culminan satisfactoriamente el proceso de Formación Profesional Integral correspondiente a un programa de formación”, mientras que los certificados de aptitud ocupacional (CAO) es la denominación que se obtiene de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano.

4 Índice nro. 15 del expediente electrónico. 5 Índice nro. 24 del expediente electrónico.Radicación: 11001-03-24-000-2020-00224-00

Demandante: Daniel Rueda Gómez

6 Asimismo, la propia Ley 1673 de 2013, en el parágrafo 26 del artículo 6, habilitó a las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano a formar

Demandante: Daniel Rueda Gómez

6 Asimismo, la propia Ley 1673 de 2013, en el parágrafo 26 del artículo 6, habilitó a las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano a formar personas en estos campos y a expedir las constancias pertinentes, por lo que esos certificados son perfectamente válidos para la inscripción en el RAA.

II. ACTO QUE SE SOLICITA SUSPENDER

“CAPÍTULO I

Normas generales (…)

Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de este Decreto, se establecen las siguientes definiciones7:

(…) Certificados de Aptitud Profesional: Los certificados de aptitud profesional de que trata el parágrafo 2° del artículo 6° de la Ley 1673 de 2013 para referirse a las certificaciones que expiden los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano al momento de su culminación, corresponden a los certificados de aptitud ocupacional que expiden las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, legalmente reconocidas por autoridad competente, de conformidad con lo ordenado por el numeral 3.3 del Decreto 4904 de 2009.

6 “PARÁGRAFO 2°. Las instituciones de educación superior o las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano deberán expedir los títulos académicos y las certificaciones de aptitud profesional, según el caso y de acuerdo con la Ley, que d emuestren la adecuada formación académica de la persona natural que solicita su inscripción como avaluador en el Registro Abierto de Avaluadores.” 7 Afiliados o miembros: Son aquellas personas que, en el ejercicio del derecho de asociación, son aceptados para

inscripción como avaluador en el Registro Abierto de Avaluadores.” 7 Afiliados o miembros: Son aquellas personas que, en el ejercicio del derecho de asociación, son aceptados para que concurran y, de estar habilitados para ello, deliberen y voten en las decisiones del máximo órgano de dirección de una Entidad Reconocida de Autorregulación, de conformidad con los estatutos de la respectiva entidad. Además, tendrán los derechos y obligaciones que determinen las normas internas de la entidad. Los avaluadores afiliados o miembros de una Entidad Reconocida de Autorregulación deberán estar inscritos en el Registro Abierto de Avaluadores, a más tardar al finalizar el plazo establecido en los artículos 6° y 23 de la Ley 1673 de 2013.

Entidad gremial: Corresponde a la entidad creada por avaluadores personas naturales para el desarrollo de sus intereses comunes, por gremios de avaluadores o por asociaciones de gremios de avaluadores. Una entidad gremial de las señaladas anteriormente podrá contar con gremios de usuarios y asociaciones de gremios de usuarios de los servicios de valuación o con personas, gremios o asociaciones de gremios que pertenezcan al Sector Inmobiliario.

Inscritos: Son las personas naturales que realizan las actividades de valuación y que previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6° de la Ley 1673 de 2013, han sido inscritos por la Entidad Reconocida de Autorregulación en el Registro Abiert o de Avaluadores. La inscripción conlleva la obligación de autorregulación por parte de la Entidad Reconocida de Autorregulación ante la cual el avaluador se ha inscrito.

Registro Abierto de Avaluadores (RAA): Es el protocolo único, de acceso abierto a cualquier interesado, a cargo

parte de la Entidad Reconocida de Autorregulación ante la cual el avaluador se ha inscrito. Registro Abierto de Avaluadores (RAA): Es el protocolo único, de acceso abierto a cualquier interesado, a cargo de las Entidades Reconocidas de Autorregulación de avaluadores, en donde se registra, conserva y actualiza la información relativa a la inscripción de avaluadores, a las sanciones disciplinarias a las que haya lugar en desarrollo de la actividad de autorregulación y demás información que de acuerdo con las regulaciones deba o pueda ser registrada en él.Radicación: 11001-03-24-000-2020-00224-00

Demandante: Daniel Rueda Gómez

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CAPÍTULO II

De la actividad de valuación

Artículo 6°. Certificados académicos. La formación académica de los avaluadores de que trata el literal a) del artículo 6° de la Ley 1673 de 2013, se acreditará con el título y/o la certificación de aptitud ocupacional del respectivo programa académico debidamente reconocido por autoridad competente y con el correspondiente certificado de las asignaturas cursadas y aprobadas.

Las Entidades Reconocidas de Autorregulación (ERA) tendrán en cuenta las certificaciones de asignaturas que allegue el interesado en ser inscrito como avaluador, expedidas por instituciones de educación superior y/o las instituciones de educación para el t rabajo y desarrollo humano, debidamente reconocidas de acuerdo con las leyes vigentes.

Artículo 8°. Disposiciones aplicables en materia de educación para el trabajo y el desarrollo humano . Además de las disposiciones establecidas en el presente decreto, las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano que deseen expedir certificaciones de

Artículo 8°. Disposiciones aplicables en materia de educación para el trabajo y el desarrollo humano . Además de las disposiciones establecidas en el presente decreto, las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano que deseen expedir certificaciones de aptitud ocupacional para avaluadores, deberán cumplir con las normas aplicables a este tipo de instituciones, en especial las establecidas en las Leyes 115 de 1994 y 1064 de 2006 y los Decretos 2020 de 2006 y 4904 de 2009 o las que las sustituyan o modifiquen.

Artículo 9°. Requisitos para la expedición de las certificaciones de aptitud ocupacional. Las instituciones oferentes de educación para el trabajo y el desarrollo humano que deseen expedir certificaciones de aptitud ocupacional para avaluadores, deberán cumplir con los requisitos de formación para una ocupación laboral y un número de horas mín imas de estudio y prácticas requeridas, no menor a setecientas (700) horas. (…)” (rayas y negrillas del despacho).

III. CONSIDERACIONES

III.1. Cuestión Previa

El despacho, antes de abordar las acusaciones formuladas por la parte actora, considera pertinente establecer si las normas demandadas están o no produciendo efectos jurídicos, teniendo en cuenta que las mismas fueron compiladas por el Decreto 1074 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo".Radicación: 11001-03-24-000-2020-00224-00

Demandante: Daniel Rueda Gómez

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Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo".Radicación: 11001-03-24-000-2020-00224-00

Demandante: Daniel Rueda Gómez

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Al realizar una comparación de los artículos demandados (artículos 3°, 6°, 8° y 9° del decreto 556 de 2014) y los compilados (de los artículo 2.2.2.17.1.3., 2.2.2.17.2.3, 2.2.2.17.2.5 y 2.2.2.17.2.6 del Decreto 1074 de 2015.), se advierte que no se presentan cambios entre los textos originales de los artículos del Decreto 556 de 2014 y los compilados en el Decreto 1074 de 2015, cuestión que, en principio, conduce a concluir que se encuentran vigentes, asumiendo una nueva numerac ión dentro del ordenamiento legal vigente.

Ahora bien, el despacho precisa que en relación con la expresión “compilar” y los alcances de esta labor, la propia Corte Constitucional mediante la sentencia C-839 de 2008, explicó lo siguiente:

“[…] 3.2. Sobre el alcance de la expresión compilar la Corte se ha pronunciado en múltiples oportunidades precisando que “la compilación implica “agrupar o recopilar en un solo texto, disposiciones jurídicas sobre un tema específico, sin variar en nada su naturaleza y contenido normativo. Esta tarea, no involucra en estricto sentido ejercicio de actividad legislativa”.8

Quien compila, ha dicho la Corte “ limita su actividad a la reunión o agregación de normas o estatutos dentro de un criterio de selección que incide en la

estricto sentido ejercicio de actividad legislativa”.8

Quien compila, ha dicho la Corte “ limita su actividad a la reunión o agregación de normas o estatutos dentro de un criterio de selección que incide en la compilación misma, sin trascendencia al ordenamiento jurídico en cuanto tal. La función compiladora se encuentra limitada por las normas objeto de ella, de tal manera que el compilador no las puede modificar o sustituir, ni tiene la posibilidad de retirar o excluir disposiciones del sistema jurídico, así se las estime innecesarias, superfluas o repetidas y, claro está, tampoco le es atribu ida la función, típicamente legislativa, de reordenar, con efectos obligatorios erga omnes el articulado de un conjunto normativo”.9 Es una facultad que “no puede conllevar la expedición de un nuevo texto jurídico con una numeración y una titulación propia e independiente, pues ello, de conformidad con lo expuesto, equivale a expedir un código ”,10 ya que la

8 Sentencia C-340 de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Ver igualmente la sentencia C -582 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería. 9 Sentencia C-397 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 10 Sentencia C-129 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. En esta sentencia, la Corte estudió el artículo 199 de la ley 136 de 1994, sobre modernización de los municipios, que autorizaba al Presidente de la República, mediante facultades extraordinarias a “com pilar las disposiciones constitucionales y legales vigentes para la organización y funcionamiento de los municipios. Para este efecto se podrá reordenar la numeración de las diferentes normas y

facultades extraordinarias a “com pilar las disposiciones constitucionales y legales vigentes para la organización y funcionamiento de los municipios. Para este efecto se podrá reordenar la numeración de las diferentes normas y eliminar aquellas que se encuentren repetidas o derogadas”. En esa oportunidad, la norma acusada fue declarada inexequible, así como el Decreto Ley 2626 de 1994 que se expidió en cumplimiento de tales facultades, - por unidad normativa -, porque a juicio de la Corte se “desconoció la prohibición taxativamente prevista en esa disposición, pues a través del Decreto 2626 de 1994 lo que [se] hizo no fue una simple compilación, sino que se expidió un nuevo ordenamiento jurídico, agrupado en un sólo texto formalmente promulgado, lo que constituye, por ende, un código. (…)En efecto, puede observarse que en él se expidió una diferente numeración y titulación y, lo que es más importante, se creó un ordenamiento jurídico nuevo. (…)”. Así, no obstante que el legislador ordinario utilizó la palabra “compilar”, advirtió la sentencia, compilar no puede comportar la expedición de un nuevo texto jurídico en el que seRadicación: 11001-03-24-000-2020-00224-00

Demandante: Daniel Rueda Gómez

9 compilación “ en nada debe alterar la naturaleza misma de las normas agrupadas”.11

La jurisprudencia ha concluido entonces sobre los alcances de esta diferenciación entre codificación y compilación en casos concretos, lo siguiente: (i) si “para efectos de expedir un estatuto o una recopilación se concede al Ejecutivo facultades generales para eliminar normas repetidas o superfluas, se supera el

entre codificación y compilación en casos concretos, lo siguiente: (i) si “para efectos de expedir un estatuto o una recopilación se concede al Ejecutivo facultades generales para eliminar normas repetidas o superfluas, se supera el estadio de los estatutos o de las recopilaciones y se ingresa al de los códigos”12. (ii) La facultad de compilar “no puede conllevar la expedición de un nuevo texto jurídico con una numeración y una titulación propia e independiente pues ello equivale a expedir un código”13 […]”.

Sobre este mismo tema esta Corporación14 se pronunció en providencia del 21 de junio de 201815, en los siguientes términos:

“[…] En este punto resulta importante advertir que el Decreto 1073 de 2015 16 es de naturaleza compilatoria. Según lo ha dicho la Corte Constitucional17,

incorporen disposiciones nuevas, o se deroguen o refundan otras, por ser ello una atribución eminentemente legislativa. 11 Sentencia C-129 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 12 Sentencia C-255 de 1995 M.P. Jorge Arango Mejía. En esta providencia, la Corte estudió el Decreto Ley 1298 de 1994, relacionado con el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional de Salud; decreto expedido en razón de las facultades extraordinarias asignadas al Presidente por la Ley 100 de 1993, artículo 248, para el efecto, con el objeto de “expedir el estatuto orgánico del sistema nacional de salud, de numeración continua, con el objeto de sistematizar incorporar y armonizar en un solo cuerpo jurídico las normas vigentes en materia de salud (…) Con tal propósito podrá reordenar

el estatuto orgánico del sistema nacional de salud, de numeración continua, con el objeto de sistematizar incorporar y armonizar en un solo cuerpo jurídico las normas vigentes en materia de salud (…) Con tal propósito podrá reordenar la numeración de las diferentes disposiciones (…) sin que se altere su contenido y podrá eliminar las normas repetidas o superfluas”. Dijo la Corte Constitucional en esa oportunidad que expedir “un estatuto orgánico del sistema de salud, de numeración continua, con el objeto de sistematizar, integrar, incorporar y armonizar en un solo cuerpo jurídico las normas vigentes en materia de salud, no es diferente a expedir un código. Con mayor razón, si la facultad permite al Presidente "eliminar las normas repetidas o superfluas", lo que podría conducir a la derogación por esta vía de normas que hacen parte de leyes orgánicas o estatutarias”. Concluyó la providencia, acogiendo la jurisprudencia sentada por la sentencia C-129 de 1995 ya enunciada, que tanto el decreto ley como el artículo de la ley 100 de 1993 que concedía tales facultades eran inexequibles, dado que el Estatuto Orgánico del Sistema General de Seguridad Social en Salud era “un verdadero código”. Así lo demuestran “su extensión, pues consta de 723 artículos, y el hecho de enumerarse en el artículo 722 todas las leyes que "incorpora y sustituye", que son ocho, expedidas entre los años de 1979 y 1994”. 13 Sentencia C-129 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 14 Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Consejero ponente: Jorge Octavio

de 1979 y 1994”. 13 Sentencia C-129 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 14 Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-03-27000-2015-00066-00(22069). Actor: Lucy Cruz De Quiñones. Demandado: Ministerio de Educación Nacional. Auto. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico. Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 11001-03-26-000-2016-00144-00(57917). Actor: Asociación De Areneros y Volqueteros de Yondó. Demandado: Agencia Nacional de Minería. 16 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía”, con el objetivo “de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo”. 17 En la sentencia C-508 de 1996 se lee: “3Para la Corte sigue siendo indudable que, desde el punto de vista formal, estos decretos compiladores no tienen fuerza de ley, pues se limitan a compilar unas normas legales sin cambiar su redacción y contenido, todo con el único fin de facilitar la consulta de las disposiciones agrupadas. Tienen entonces únicamente una finalidad sistemática, pero no derogan ni crean nuevas normas legales. En tal sentido, esos decretos

redacción y contenido, todo con el único fin de facilitar la consulta de las disposiciones agrupadas. Tienen entonces únicamente una finalidad sistemática, pero no derogan ni crean nuevas normas legales. En tal sentido, esos decretos son actos administrativos al servicio de la con sulta de las leyes, pero no constituyen una nueva disposición legal autónoma. Tal fue la razón por la cual la Corte consideró qu