CE - Auto interlocutorio 11001032400020210014300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00143-00

Actor: ANDRÉS SUÁREZ VISBAL

Asunto: Deniega medida cautelar de suspensión

AUTO INTERLOCUTORIO

El Despacho decide la solicitud de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del numeral 9.4 del artículo 9° del Decreto 521 del 6 de abril del 2020 , «Por el cual se establecen los criterios para la estructuración, operación y seguimiento del saneamiento definitivo de los recobros por concepto de servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del régimen contributivo», expedido por el MINISTERIO DE SALUD Y

PROTECCIÓN SOCIAL.1

I.- ANTECEDENTES

El señor ANDRÉS SUÁREZ VISBAL, en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

1 En adelante, el Ministerio.2

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Actor: ANDRÉS SUÁREZ VISBAL

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actor: ANDRÉS SUÁREZ VISBAL

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-CPACA,2 presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad, previa suspensión provisional de los efectos del numeral 9.4 del artículo 9 ° del Decreto 521 del 6 de abril del 2020, expedido por el MINISTERIO.

II.- LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL

En el escrito de demanda,3 el actor solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto acusado, por violación de los artículos 20, 29, 49, 74, 229 y 333 de la Constitución Política.

Señaló que de conformidad con el acto acusado, para presentar las facturas a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud — ADRES,4 las entidades recobrantes deberán exhibir en el proceso de saneamiento definitivo las facturas o documentos equivalentes , con sus soportes, en la estructura y forma de presentación que defina la ADRES, y demás medios de prueba que establezca el Ministerio ; asimismo, que las recobrantes deberán allegar un “acta de compromiso suscrita con la IPS o proveedor de servicios y tecnologías en salud, en la que se establezca que esta acepta el resultado de la auditoría y se compromete a no realizar futuras reclamaciones judiciales o administrativas”.

2 En adelante CPACA. 3 Expediente digital, índice 2. 4 En adelante ADRES.3

realizar futuras reclamaciones judiciales o administrativas”.

2 En adelante CPACA. 3 Expediente digital, índice 2. 4 En adelante ADRES.3

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Bajo ese entendido, aseveró que para acceder al proceso de verificación de cuentas y eventual pago por los servicios de salud no cubiertos dentro del plan de beneficios de salud (no PBS) efectivamente prestados, las IPS deben firmar un acta en la que declaran que aceptan un resultado que no conocen y, de contera, renuncian a presentar reclamo alguno, pese a que pueda n verse perjudicados.

Dicha condición, en criterio del demandante, coarta el derecho de las IPS de acceder a la información sobre los servicios que van a ser pagados a su favor, lo que le impide, ante la ausencia de datos veraces, poder decidir si acepta, rechaza u objeta el reconocimiento; además, restringe el correcto ejercicio del derecho fundamental al debido proceso en dos aspectos, a saber: a) acceder a la información que afecta sus derechos; y b) ejercer los medios de defensa que prevé la Ley, por lo que el aparte demandado transgrede los artículos 20, 29 y 74 de la Constitución Política.

Asimismo, si las IPS no reciben los recursos por los servicios de salud no PBS efectivamente prestados, se incumpliría con el mandato

20, 29 y 74 de la Constitución Política.

Asimismo, si las IPS no reciben los recursos por los servicios de salud no PBS efectivamente prestados, se incumpliría con el mandato establecido en el artículo 49 Superior, pues la salud no estaría a cargo del Estado sino del particular que prestó el servicio, quien entraría a asumir una carga que no le corresponde.4

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Por último, aseguró que el numeral 9.4 del artículo 9 ° del Decreto 521 de 6 de abril del 2020 establece una condición contraria al mandato constitucional previsto en el artículo 229 de la Constitución, que contiene la garantía más importante del estado social de derecho: el acceso a la administración de justicia, pues le impone a las IPS la obligación de suscribir un acta en la que renuncia a este derecho, ya que, de no suscribirla, quedarían por fuera del proceso de pago de sus acreencias.

III.- TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

III.1. El MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL ,5 a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de la solicitud de la medida cautelar elevada por el actor.

Concretamente señaló que el demandante no justificó o sustentó la solicitud de suspensión provisional, pues únicamente se limitó a

medida cautelar elevada por el actor.

Concretamente señaló que el demandante no justificó o sustentó la solicitud de suspensión provisional, pues únicamente se limitó a señalar algunas normas de carácter constitucional y legal y aquellas que regulan las medidas cautelares, sin hacer una explicación clara de la situación expuesta ; además, no demostró la ocurrencia de algún perjuicio irremediable.

5 Expediente digital, índice 16.5

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Teniendo en cuenta ello, aseveró que si se accede a la suspensión provisional de los efectos de la disposición acusada podría ocasionarse un perjuicio al Estado, ya que el numeral 9.4 del artículo 9 del Decreto 521 de 2020 responde a la necesidad de preservar la legalidad de los acuerdos de transacción que deben suscribirse entre las entidades recobrantes y la ADRES, al amparo de lo establecido en el numeral 1 del artículo 237 de la Ley 1955 de 25 de mayo de 2019, los cuales son requisito indispensable para el saneamiento definitivo de las cuentas de recobro relacionadas con los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la Unidad de Pago por Capitación —UPC,6 del régimen contributivo, que hayan sido prestados antes del 25 de mayo de 2019.

de las cuentas de recobro relacionadas con los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la Unidad de Pago por Capitación —UPC,6 del régimen contributivo, que hayan sido prestados antes del 25 de mayo de 2019.

III.2. El MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ,7 descorrió el traslado de la medida y señaló que en el escrito de la demanda no se evidencia que se hayan cumplido los requisitos previstos en la ley para que resulte procedente la solicitud de medida cautelar, pues el actor solo menciona que la disposición cuestionada viola el derecho de acceso a la administración de justicia.

Además, hizo énfasis en el hecho de que la parte actora no señaló la ocurrencia de un posible perjuicio irremediable al no otorgarse l a

6 En adelante UPC. 7 Expediente digital, índice 14.6

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suspensión provisional deprecada, ya que solo propuso afirmaciones subjetivas, y que, en gracia de discusión, si se aplicaran los demás parámetros para decretar la medida cautelar enunciados en el artículo 231 del CPACA tampoco se evidencia su cumplimiento , por cuanto no se pudo identificar un juicio de ponderación ni un análisis probatorio que permita establecer que sería más gravoso decretar la

artículo 231 del CPACA tampoco se evidencia su cumplimiento , por cuanto no se pudo identificar un juicio de ponderación ni un análisis probatorio que permita establecer que sería más gravoso decretar la medida que no decretarla.

III.3. El apoderado de la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,8 expresó su oposición a que se decrete la medida cautelar de suspensión provisional, porque, a su juicio, no existe ningún vicio de forma o de fondo que permita desvirtuar la presunción de legalidad que cobija el numeral 9.4 del artículo 9 del Decreto 521 de 6 de abril de 2020.

Aunado a esto, agregó que la parte actora no cumplió con los requisitos exigidos en estos casos, luego no existe justificación para acceder a la medida , sumado a que tampoco señaló por qué la medida exigida es imperiosa para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso ni demostró que de no decretarse la medida precautoria de la «totalidad del contenido del Decreto 521 de 2020, en la sentencia no se cumpliría con la finalidad de la demanda».

8 Expediente digital, índice 15.7

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IV-. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

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IV-. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

El Capítulo XI del Título V de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 (CPACA) presenta el régimen cautelar del procedimiento contencioso administrativo como un instrumento concreto de la garantía efectiva y material de acceso a la administración de justicia que busca evitar que la duración del proceso afecte a quien acude a la Jurisdicción en procura de solucionar una determinada controversia. Su finalidad, a voces de lo señalado en el artículo 229 9 idem, consiste en “[…] proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia […]”.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 230 del CPACA, las medidas cautelares se pueden clasificar en preventivas, cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; conservativas, si buscan mantener o salvaguardar un statu quo; anticipativas, de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y de

9 “[…] Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponen te decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo […]”.8

decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo […]”.8

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suspensión, que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.

En relación con los requisitos para su otorgamiento, el CPACA señala que el juez debe verificar el cumplimiento de los siguientes criterios: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, y (iii) la ponderación entre los posibles intereses en colisión.

A este respecto, la Sección Tercera de la Corporación, mediante proveído de 13 de mayo de 201510, sostuvo:

“Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleje la pretensión de justicia, razón por la cual es dable

vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleje la pretensión de justicia, razón por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares , el Juez se enfrenta a la exposición de un razonamiento en donde, además de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora [11], debe proceder a un estudio de ponderación y sus sub principios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu,

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, número único de radicación: 11001-03-26-000-2015-00022-00(53057), providencia de 13 de mayo de 2015, C.p. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. “[11] Como ya se ha sostenido, estos principios del periculum in mora y el fumus boni iuris significan que “siempre se tendrá que acreditar en el proceso el peligro que representa el no adoptar la medida y la apariencia del buen derecho respecto del cual se pe rsigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia que ponga fin al litigio.”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto de 27 de febrero de 2013, Exp. 45316 (entre otras decisiones similares).9

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ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad[12]”. (Resaltado fuera del texto original)

2. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos

En el marco de las diversas medidas cautelares establecidas en el CPACA se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política.

Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos , mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso en el que se hubiere decretado la medida . Su finalidad, pues, es la de « evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho».13

[12] En cualquier clase de decisiones jurídicas debe considerarse la razonabilidad de esta, que no solo se agota con la simple aplicación lógico-formal de la norma, sino que supone velar porque la decisión en el caso concreto consulte criterios de justicia material y no devenga en irrazonable, desproporcionada

se agota con la simple aplicación lógico-formal de la norma, sino que supone velar porque la decisión en el caso concreto consulte criterios de justicia material y no devenga en irrazonable, desproporcionada o, en suma, contraria a la Constitución; se trata, entonces, de adoptar una decisión que satisfaga el criterio de aceptabilidad; y para lograr ello en buena medida contribuye la valoración de los principios constitucionales.” 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, número único de radicación: 11001-03-26-000-2015-00022-00(53057), providencia de 13 de mayo de 2015,

C.p. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA.10

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Esta Corporación14 ha señalado que en el examen de procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional el juez efectúa el estudio de la presunta vulneración a través de la confrontación de las normas superiores invocadas, partiendo de las referencias conceptuales y argumentativas que se esgrimen en la solicitud de suspensión, las cuales constituyen el marco sobre el que debe resolverse dicho asunto. Asimismo, ha indicado que este examen es, en todo caso, un análisis inicial que no implica prejuzgamiento, como se explicó en la providencia de la Sala Plena de 17 de marzo de 201515:

resolverse dicho asunto. Asimismo, ha indicado que este examen es, en todo caso, un análisis inicial que no implica prejuzgamiento, como se explicó en la providencia de la Sala Plena de 17 de marzo de 201515:

«[…] Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoración del acto acusado que comúnmente se ha llamado valoración inicial, y que implica una confrontación de legalidad de aquél con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud. Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumaria, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa . Y esa valoración inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2º del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituye prejuzgamiento, y es evidente que así lo sea, dado que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final […]». (Resaltado fuera del texto original).16

14 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 12 de febrero de 2016, Cp. Carlos Alberto Zambrano Barrera, número único de radicación 11001-03-26-000-2014-00101-00. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 17 de marzo de 2015, Cp.

Cp. Carlos Alberto Zambrano Barrera, número único de radicación 11001-03-26-000-2014-00101-00. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 17 de marzo de 2015, Cp. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 11001-03-15-000-2014-03799-00. 16 Ver también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 11 de marzo de 2014, Cp. Guillermo Vargas Ayala.11

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Requisitos de procedencia de la suspensión de los efectos de los actos administrativos

A voces del artículo 231 del CPACA, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, «cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud». Entonces, su procedencia está determinada por la violación del ordenamiento jurídico y la necesidad de proteger provisionalmente la legalidad, mientras se profiere la decisión definitiva respecto del acto administrativo demandado. Dice así el citado artículo:

«[…] Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto

decisión definitiva respecto del acto administrativo demandado. Dice así el citado artículo:

«[…] Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud . Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos […].» (Negrillas fuera del texto original).

Del texto normativo transcrito se desprenden, para la procedencia de la medida cautelar, los siguientes requisitos: i) que se invoque a petición de parte, ii) que exista una violación que surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las nor mas superiores12

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invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, iii) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados.

invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, iii) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados.

Cabe resaltar que, sobre el artículo en mención, la Sección Primera ha indicado que los requisitos establecidos para el decreto de toda medida cautelar consistentes en la verificación de los criterios (i) fumus boni iuris , o apariencia de buen derecho, y (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, se entienden implícitos cuando quiera que se demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas. Al respecto, en la providencia de 27 de mayo de 202117, la Sala indicó:

“[…] Para el caso de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda, porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jurídico superior pueden continuar produciendo efectos jurídicos mientras transcurre el proceso judicial.

En cuanto al “ fumus boni iuris ”, o la apariencia de buen derecho, (…) [e]n relación con la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), (…) basta que, como consecuencia de la argumentación jurídica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneración del ordenamiento jurídico superior para

efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), (…) basta que, como consecuencia de la argumentación jurídica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneración del ordenamiento jurídico superior para

17 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de radicación 54001 -23-33000-2018-00285-01, CP. Oswaldo Giraldo López.13

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acceder a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado […]”. (Negrillas fuera del texto original).18

Precisado lo anterior, el Despacho procede a verificar si en el caso sub judice se cumplen los requisitos para la procedencia de la medida cautelar deprecada por la parte actora.

3. El acto acusado

“[…] DECRETO 521 DE 2020

(abril 6)

Por el cual se establecen los criterios para la estructuración, operación y seguimiento del saneamiento definitivo de los recobros por concepto de servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del régimen contributivo

[…]

Artículo 9° Presentación de las facturas. Las entidades recobrantes deberán presentar al proceso de saneamiento definitivo, las facturas o documentos equivalentes con sus soportes, en la estructura y forma de presentación que defina la

[…]

Artículo 9° Presentación de las facturas. Las entidades recobrantes deberán presentar al proceso de saneamiento definitivo, las facturas o documentos equivalentes con sus soportes, en la estructura y forma de presentación que defina la ADRES, aportando los medios de prueba que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.

Para la presentación de las facturas, las entidades r ecobrantes deberán allegar como mínimo:

[…]

9.4. Acta de compromiso suscrita con la IPS o proveedor de servicios y tecnologías en salud, en la que se establezca que esta acepta el resultado de la auditoría y se compromete a no realizar futuras reclamaciones judiciales o administrativas frente a los ítems objeto de saneamiento, cuando estos se encuentren pendientes de p ago por parte de la entidad recobrante, o de otros que se paguen con recursos de este mecanismo. Lo

18 Criterio que la Sala ya había sostenido en providencia de 20 de junio de 2020 (número único de radicación 11001-03-24-000-2016-00295-00, CP: Hernando Sánchez Sánchez ) al señalar que: “[…] cuando el juez administrativo determina, dentro de un proceso de nulidad, que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas, se entiende que está implícita per se la verificación de los criterios de fumus boni iuris y periculum in mora […]”.14

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anterior sin perjuicio de la obligación de pago en cabeza de las EPS frente a los ítems que resulten glosados atendiendo el criterio establecido en el numeral 2º del artículo 10 del presente decreto […]”.

4. Problema jurídico

A través del Decreto 521 de 202 0, el Ministerio estableció los criterios para adelantar el proceso de saneamiento definitivo de los trámites de recobro por concepto de servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del régimen contributivo.

Los argumentos para solicitar la medida bajo estudio se concretan en que, a juicio del actor, el numeral 9.4 del artículo 9 ibidem desconoce los derechos de las IPS i) de acceder a información veraz sobre los valores que van a ser pagados a su favor; y ii) de ejercer los medios de defensa que prevé la ley tanto en instancias administrativas como judiciales, pues le impone renunciar a esa garantía constitucional para hacerse parte del mecanismo de saneamiento de cuentas.

En ese orden de ideas, corresponde a esta Sala Unitaria establecer si, con base en una primera valoración propia de esta etapa procesal, se advierte que el aparte normativo cuestionado contraviene las disposiciones superiores invocadas por el actor, en lo que concierne al presunto desconocimiento de los derechos a l acceso a la

si, con base en una primera valoración propia de esta etapa procesal, se advierte que el aparte normativo cuestionado contraviene las disposiciones superiores invocadas por el actor, en lo que concierne al presunto desconocimiento de los derechos a l acceso a la información, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia de las IPS.15

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Previo a abordar de fondo los argumentos invocados por la actora para sustentar la medida cautelar solicitada, es pertinente establecer si el acto administrativo enjuiciado está produciendo efectos jurídicos, con el fin de determinar si es procedente o no la medida de suspensión provisional.

5. Pérdida de ejecutoriedad de los actos acusados

A voces del artículo 91 del CPACA, los actos administrativos pierden obligatoriedad y no pueden ser ejecutados cuando, entre otros eventos, no están vigentes. La norma en comento es del siguiente tenor:

“Artículo 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la

hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.

5. Cuando pierdan vigencia ” (Resaltado fuera del texto original).16

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Actor: ANDRÉS SUÁREZ VISBAL

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Cabe señalar que la característica primordial de la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos es impedir que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide su legalidad en el proceso. De ahí que al desaparecer dichos efec