CE - Auto interlocutorio 11001032400020220026100 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00261-00

Actor: HUGO ALEJANDRO PALACIOS SANTAFÉ

Asunto: Deniega medida cautelar

AUTO INTERLOCUTORIO

El Despacho decide la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de los artículos 36 a 60 de la Resolución 3899 de 8 de septiembre de 20101, «Por la cual se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que prestan servicios de protección integral, y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional», expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar2.

I-. ANTECEDENTES

La demanda

El ciudadano Hugo Alejandro Palacios Santafé , actuando en nombre propio, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto

1 Que fueron adicionados y modificados por la Resolución 3435 de 20 de abril de 2016. 2 En adelante, ICBF2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00261-00

Actor: HUGO ALEJANDRO PALACIOS SANTAFÉ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Actor: HUGO ALEJANDRO PALACIOS SANTAFÉ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, presenta demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad, previa suspensión provisional, de los efectos de la Resolución 3899 de 2010, expedida por el ICBF.

II-. LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL

El actor solicitó la nulidad de los artículos 36 a 60 de la Resolución 3899 de 201 0, expedida por el ICBF, habida cuenta que dichas disposiciones fueron dictadas sin competencia legal , vulnerando el principio de legalidad, particularmente , en lo relacionado con la potestad sancionadora de la Administración.

En el escrito que sustenta la solicitud de la medida cautelar, el demandante plantea las siguientes vulneraciones normativas:

Violación de los artículos 29 y 150 de la Constitución Política: el actor señaló que el acto administrativo demandado desconoció el principio de legalidad, dado que la potestad sancionatoria de la Administración debe estar regulada por una norma, con fuerza material de ley; no obstante, el acto cuestionado, sin facultades para ello, creó un régimen sancionatorio que regula faltas, sanciones y procedimientos administrativos, invadiendo la competencia exclusiva del legislador.3

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00261-00

ello, creó un régimen sancionatorio que regula faltas, sanciones y procedimientos administrativos, invadiendo la competencia exclusiva del legislador.3

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00261-00

Actor: HUGO ALEJANDRO PALACIOS SANTAFÉ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Explicó que la tipificación de faltas y sanciones en materia administrativa es de estricta reserva legal, por lo que la Administración no puede establecer un régimen sancionador sin contar con una habilitación expresa de la ley y, en consecuencia, la expedición de estas normas por parte de la demandada vulnera el principio de separación de poderes y excede la facultad reglamentaria , toda vez que, carece de competencia para crear un procedimiento sancionatorio.

Sostuvo que la Resolución 3899 de 2010, modificada por la Resolución 3435 de 2016, contiene disposiciones abiertas e indeterminadas sobre infracciones y sanciones, dejando su interpretación a discreción del ICBF, lo cual contraviene el derecho al debido proceso y el principio de legalidad.

Asimismo, precisó que se desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado que establece que únicamente el legislador se encuentra facultado para regular el régimen sancionatorio en el ámbito administrativo, tesis avalada por la Corte Constitucional, que ha declarado la inexequibilidad de algunas normas que delegan en el Ejecutivo la potestad de definir faltas y sanciones sin contar con un marco legal previo.

administrativo, tesis avalada por la Corte Constitucional, que ha declarado la inexequibilidad de algunas normas que delegan en el Ejecutivo la potestad de definir faltas y sanciones sin contar con un marco legal previo.

Con base en lo anterior, el demandante solicit ó la suspensión provisional de los efectos del acto acusado, bajo el argumento de que4

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00261-00

Actor: HUGO ALEJANDRO PALACIOS SANTAFÉ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

su aplicación está generando perjuicios derivados de la imposición de sanciones ilegales.

III.- TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

III.1. El ICBF solicitó denegar la medida cautelar consistente en la suspensión provisional del acto cuestionado, por falta de argumentos que respaldaran tal solicitud.

Afirmó que la normativ a demandada no constituye una extralimitación de funciones, sino un desarrollo de su facultad de inspección, vigilancia y control sobre las entidades que prestan servicios dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Aseguró que la reglamentación demandada fue expedida con fundamento en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el cual faculta al presidente de la República y a sus delegatarios para reglamentar la ley.

Explicó que el acto controvertido no impone un nuevo régimen sancionatorio, sino que desarrolla la normativa preexistente,

Política, el cual faculta al presidente de la República y a sus delegatarios para reglamentar la ley.

Explicó que el acto controvertido no impone un nuevo régimen sancionatorio, sino que desarrolla la normativa preexistente, estableciendo parámetros para garantizar el cumplimiento de los deberes de las entidades sometidas a su vigilancia.

Relató que el demandante no acreditó una violación manifiesta del ordenamiento jurídico , ni demostró que la norma impugnada5

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00261-00

Actor: HUGO ALEJANDRO PALACIOS SANTAFÉ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

excediera las facultades legales del ICBF, pues el derecho administrativo sancionador permite el uso de normas que pueden ser desarrolladas mediante reglamentos administrativos, siempre y cuando se respeten los principios de tipicidad y legalidad.

Adujo que no se cumplen los requisitos para decretar la suspensión provisional de los efectos del acto acusado , pues la solicitud no evidencia una afectación irreparable , ni una infracción evidente de normas superiores.

Manifestó que la presunción de legalidad de los actos administrativos impide la adopción de una medida cautelar sin una prueba idónea y manifiesta que acredite su contradicción con el ordenamiento jurídico.

IV-. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

manifiesta que acredite su contradicción con el ordenamiento jurídico.

IV-. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

El Capítulo XI del Título V de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 (CPACA) presenta el régimen cautelar del procedimiento contencioso administrativo como un instrumento concreto de la garantía efectiva y material de acceso a la administración de justicia que busca evitar que la duración del proceso afecte a quien acude a la Jurisdicción en procura de solucionar una determinada controversia. Su finalidad, a6

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00261-00

Actor: HUGO ALEJANDRO PALACIOS SANTAFÉ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

voces de lo señalado en el artículo 229 3 idem, consiste en “[…] proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia […]”.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 230 del CPACA, las medidas cautelares se pueden clasificar en preventivas, cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; conservativas, si buscan mantener o salvaguardar un statu quo; anticipativas, de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y de suspensión, que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.

satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y de suspensión, que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.

En relación con los requisitos para su otorgamiento, el CPACA señala que el juez debe verificar el cumplimiento de los siguientes criterios: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, y (iii) la ponderación entre los posibles intereses en colisión.

3 “[…] Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo […]”.7

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00261-00

Actor: HUGO ALEJANDRO PALACIOS SANTAFÉ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

A este respecto, la Sección Tercera de la Corporación, mediante proveído de 13 de mayo de 20154, sostuvo:

“Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por

A este respecto, la Sección Tercera de la Corporación, mediante proveído de 13 de mayo de 20154, sostuvo:

“Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleje la pretensión de justicia, razón por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares , el Juez se enfrenta a la exposición de un razonamiento en donde, además de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora [5], debe proceder a un estudio de ponderación y sus sub principios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad[6]”. (Resaltado fuera del texto original)

2. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos

En el marco de las diversas medidas cautelares establecidas en el CPACA se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, número

efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, número único de radicación: 11001-03-26-000-2015-00022-00(53057), providencia de 13 de mayo de 2015, C.p. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. “[5] Como ya se ha sostenido, estos principios del periculum in mora y el fumus boni iuris significan que “siempre se tendrá que acreditar en el proceso el peligro que representa el no adoptar la medida y la apariencia del buen derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia que ponga fin al litigio.”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto de 27 de febrero de 2013, Exp. 45316 (entre otras decisiones similares). [6] En cualquier clase de decisiones jurídicas debe considerarse la razonabilidad de esta, que no solo se agota con la simple aplicación lógico-formal de la norma, sino que supone velar porque la decisión en el caso concreto consulte criterios de justicia material y no devenga en irrazonable, desproporcionada o, en suma, contraria a la Constitución; se trata, entonces, de adoptar una decisión que satisfaga el criterio de aceptabilidad; y para lograr ello en buena medida contribuye la valoración de los principios constitucionales.”8

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00261-00

Actor: HUGO ALEJANDRO PALACIOS SANTAFÉ

constitucionales.”8

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00261-00

Actor: HUGO ALEJANDRO PALACIOS SANTAFÉ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos , mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso en el que se hubiere decretado la medida . Su finalidad, pues, es la de « evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho».7

Esta Corporación8 ha señalado que en el examen de procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional el juez efectúa el estudio de la presunta vulneración a través de la confrontación de las normas superiores invocadas, partiendo de las referencias conceptuales y argumentativas que se esgrimen en la solicitud de suspensión, las cuales constituyen el marco sobre el que debe resolverse dicho asunto. Asimismo, ha indicado que este examen es, en todo caso, un análisis inicial que no implica prejuzgamiento, como se explicó en la providencia de la Sala Plena de 17 de marzo de 20159:

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, número

se explicó en la providencia de la Sala Plena de 17 de marzo de 20159:

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, número único de radicación: 11001-03-26-000-2015-00022-00(53057), providencia de 13 de mayo de 2015, C.p. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. 8 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 12 de febrero de 2016, Cp. Carlos Alberto Zambrano Barrera, número único de radicación 11001-03-26-000-2014-00101-00. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 17 de marzo de 2015, Cp. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 11001-03-15-000-2014-03799-00.9

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00261-00

Actor: HUGO ALEJANDRO PALACIOS SANTAFÉ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

«[…] Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoración del acto acusado que comúnmente se ha llamado valoración inicial, y que implica una confrontación de legalidad de aquél con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud. Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumaria, propia de una instancia

invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud. Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumaria, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa . Y esa valoración inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2º del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituye prejuzgamiento, y es evidente que así lo sea, dado que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final […]». (Resaltado fuera del texto original).10

Requisitos de procedencia de la suspensión de los efectos de los actos administrativos

A voces del artículo 231 del CPACA, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, «cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud». Entonces, su procedencia está determinada por la violación del ordenamiento jurídico y la necesidad de proteger provisionalmente la legalidad, mientras se profiere la decisión definitiva respecto del acto administrativo demandado. Dice así el citado artículo:

10 Ver también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 11 de marzo de 2014, Cp. Guillermo Vargas Ayala.10

así el citado artículo:

10 Ver también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 11 de marzo de 2014, Cp. Guillermo Vargas Ayala.10

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00261-00

Actor: HUGO ALEJANDRO PALACIOS SANTAFÉ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

«[…] Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud . Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos […].» (Negrillas fuera del texto original).

Del texto normativo transcrito se desprenden, para la procedencia de la medida cautelar, los siguientes requisitos: i) que se invoque a petición de parte, ii) que exista una violación que surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las nor mas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, iii) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria,

del acto demandado y su confrontación con las nor mas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, iii) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados.

Cabe resaltar que, sobre el artículo en mención, la Sección Primera ha indicado que los requisitos establecidos para el decreto de toda medida cautelar consistentes en la verificación de los criterios (i) fumus boni iuris , o apariencia de buen derecho, y (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, se entienden implícitos cuando quiera que se demuestre que el acto acusado es contrario a las normas11

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00261-00

Actor: HUGO ALEJANDRO PALACIOS SANTAFÉ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

superiores invocadas. Al respecto, en la providencia de 27 de mayo de 202111, la Sala indicó:

“[…] Para el caso de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda, porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jurídico superior pueden continuar produciendo efectos jurídicos mientras transcurre el proceso judicial.

invocadas en la demanda, porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jurídico superior pueden continuar produciendo efectos jurídicos mientras transcurre el proceso judicial. En cuanto al “ fumus boni iuris ”, o la apariencia de buen derecho, (…) [e]n relación con la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), (…) basta que, como consecuencia de la argumentación jurídica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneración del ordenamiento jurídico superior para acceder a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado […]”. (Negrillas fuera del texto original).12

Precisado lo anterior, el Despacho procede a verificar si en el caso sub judice se cumplen los requisitos para la procedencia de la medida cautelar deprecada por la parte actora.

3. El acto acusado

El acto acusado lo constituye la Resolución 3899 de 2010, modificada a través de la Resolución 3435 de 2016, cuyos artículos demandados señalan:

“RESOLUCIÓN 3899 DE 2010”

(septiembre 8)

11 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de radicación 54001 -23-33000-2018-00285-01, CP. Oswaldo Giraldo López. 12 Criterio que la Sala ya había sostenido en providencia de 20 de junio de 2020 (número único de radicación 11001-03-24-000-2016-00295-00, CP: Hernando Sánchez Sánchez ) al señalar que: “[…]

12 Criterio que la Sala ya había sostenido en providencia de 20 de junio de 2020 (número único de radicación 11001-03-24-000-2016-00295-00, CP: Hernando Sánchez Sánchez ) al señalar que: “[…] cuando el juez administrativo determina, dentro de un proceso de nulidad, que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas, se entiende que está implícita per se la verificación de los criterios de fumus boni iuris y periculum in mora […]”.12

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00261-00

Actor: HUGO ALEJANDRO PALACIOS SANTAFÉ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

“Por la cual se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que prestan servicios de protección integral, y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional”.

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO

DE BIENESTAR FAMILIAR – CECILIA DE LA FUENTE DE

LLERAS,

en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las consagradas en los artículos 9o, 10, 12 y 78 de la Ley 489 de 1998, el literal n) del artículo 2o del Decreto 276 de 1988, el artículo 21 de la Ley 7a de 1979, los artículos 13 y 84 del

1998, el literal n) del artículo 2o del Decreto 276 de 1988, el artículo 21 de la Ley 7a de 1979, los artículos 13 y 84 del Decreto 2388 de 1979, y el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006, y

CONSIDERANDO

(…)

TÍTULO VI.

INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO

CAPÍTULO I. TRÁMITE ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

Artículo 36. Competencia. De conformidad con la estructura orgánica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, compete a la Dirección General del ICBF adelantar el proceso administrativo sancionatorio.

Artículo 37. Formas de iniciar la actuación administrativa. La actuación administrativa para determinar la comisión de infracciones podrá iniciarse por informes recibidos de terceros, mediante la práctica de visitas administrativas de inspección, vigilancia y control, por traslado de otras autoridades, por quejas o informes de personas naturales o jurídicas, en ejercicio del derecho de petición de carácter general o particular, como resultado de la aplicación de medidas cautelares y, en general, por cualquier otro medio que ofrez ca credibilidad.

Cuando no exista mérito para adelantar la investigación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrá declarar improcedente la iniciación de un procedimiento administrativo sancionatorio, mediante la expedición de un informe.

La presentación del anterior informe no impide la posterior iniciación de un procedimiento administrativo sancionatorio.13

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00261-00

mediante la expedición de un informe.

La presentación del anterior informe no impide la posterior iniciación de un procedimiento administrativo sancionatorio.13

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00261-00

Actor: HUGO ALEJANDRO PALACIOS SANTAFÉ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Artículo 38. Averiguaciones preliminares. En caso de duda sobre la procedencia de iniciar un proceso administrativo sancionatorio, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad o quien haga sus veces, podrá ordenar la apertura de averiguacion es preliminares, por medio de auto que no requerirá notificación, mediante el cual se ordenará la realización de visitas de inspección, vigilancia y control por parte del equipo interdisciplinario designado para tal fin.

Artículo 39. Plan de mejoramiento. Cuando de la visita de Inspección, Vigilancia y Control, se establezca que existen hallazgos que pueden ser subsanados, se ordenará a través de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad del ICBF o quien haga sus veces, la ejecución de un plan de mejoramiento.

El inicio de un proceso administrativo sancionatorio no dependerá de la presentación, ejecución o seguimiento del plan de mejoramiento.

Artículo 40. Medida especial. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrá intervenir técnica, administrativa y/o financieramente y de manera inmediata a las instituciones que presten el servicio público de bienestar familiar, cuando por acción u omisión se ponga

Artículo 40. Medida especial. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrá intervenir técnica, administrativa y/o financieramente y de manera inmediata a las instituciones que presten el servicio público de bienestar familiar, cuando por acción u omisión se ponga en riesgo o se cause daño a la integridad física y emocional de los niños, niñas y adolescentes, que, a su juicio, hagan necesaria la medida y previo concepto del Comité de Inspección, Vigilancia y Control de la Sede de la Dirección General.

La intervención tendrá por objeto establecer si es posible colocar a la entidad en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, que permitan lograr mejores condiciones para la debida prestación de los servicios de los niños, niñas y adolescen tes, o establecer si la entidad debe ser objeto de liquidación. La decisión correspondiente deberá adoptarse en un término no mayor de tres (3) meses, prorrogables por un término igual.

Artículo 41. Comunicación de inicio. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, el Comité de Inspección, Vigilancia y Control del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar considere que existe mérito para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Contra esta decisión no procede recurso.

Artículo 42. Auto de formulación de cargos. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, se formularán cargos mediante acto administrativo en el que se señalarán, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serán procedentes.

mediante acto administrativo en el que se señalarán, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serán procedentes.

Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede recurso.14

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00261-00

Actor: HUGO ALEJANDRO PALACIOS SANTAFÉ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Artículo 43. Término para rendir descargos. Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del auto de pliego de cargos, presentar descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer.

Artículo 44. Pruebas. Cuando deban practicarse pruebas solicitadas por las partes o decretadas de oficio, se señalará un término no mayor a treinta (30) días. Cuando no deban practicarse, se dará traslado para alegar de conclusión.

Serán rechazadas de manera motivada las inconducentes, las impertinentes y las inútiles o las superfluas, y no se atenderán las practicadas ilegalmente. Contra el auto que niega o rechaza la solicitud de pruebas no procede ningún recurso.

Artículo 45. Alegatos de conclusión. Vencido el periodo probatorio, las partes contarán con un término de diez (10) días

solicitud de pruebas no procede ningún recurso.

Artículo 45. Alegatos de conclusión. Vencido el periodo probatorio, las partes contarán con un término de diez (10) días hábiles para presentar sus alegatos de conclusión. El auto por medio del cual se dé traslado para presentar alegatos de conclusión será comunicado a lo