CE - Auto interlocutorio 11001032400020230029600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-24-000-2023-00296-00 (71674)

Demandante: Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia

(Fendidoc)

Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

Referencia: Nulidad simple – CPACA

TEMAS: MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO – para su procedencia, el juez debe confrontar el acto acusado con las normas superiores invocadas por el demandante, luego de lo cual debe poder advertir una violación de estas disposiciones. POTESTAD REGLAMENTARIA – es una atribución constitucional en cabeza del presidente de la República, la cual puede ejercer en cualquier tiempo, siempre que la norma legal objeto de reglamentación se encuentre vigente. El legislador no puede someter a ningún plazo el ejercicio de esta potestad. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – la Ley 2167 de 2021 autorizó la operación de este servicio en zonas rurales por parte de las asociaciones de padres de familia y las juntas de acción comunal.

AUTO DE ÚNICA INSTANCIA

El Despacho resuelve la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Decreto 846 del 29 de mayo de 2023, «Por el cual se modifican y adicionan disposiciones al Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector

los efectos del Decreto 846 del 29 de mayo de 2023, «Por el cual se modifican y adicionan disposiciones al Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educacióny se reglamenta la Ley 2167 de 2021», expedido por el Ministerio de Educación Nacional.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 27 de noviembre de 20231, la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia (en lo sucesivo, Fendidoc) presentó demanda2, en ejercicio del medio de control de nulidad simple, con la pretensión de que se anule el Decreto 846 del 29 de mayo de 2023, «Por el cual se modifican y adicionan disposiciones al Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educacióny se reglamenta la Ley 2167 de 2021», expedido por el Ministerio de Educación Nacional.

1.2. Como fundamento jurídico de sus pretensiones, el demandante expuso tres cargos de nulidad en contra del Decreto 846 de 2023. El primero de ellos consiste en que el acto adolece de un vicio de incompetencia «ratione temporis», al considerar que la Ley 2167 de 2021, en su artículo 4, otorgó al Gobierno Nacional 1 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 1 “Reparto y radicación”. 2 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “ Demanda por ventanilla virtual”, documento denominado 2_DemandaWeb_Demanda(.pdf) NroActua 2.Radicado: 11001032400020230029600 (71674)

Demandante: Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia

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denominado 2_DemandaWeb_Demanda(.pdf) NroActua 2.Radicado: 11001032400020230029600 (71674)

Demandante: Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia

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un plazo de 6 meses para reglamentar los aspectos regulados en dicha ley, a pesar de lo cual el decreto se expidió por fuera de ese término. De manera concreta, afirmó que la Ley 2167 fue publicada el 22 de diciembre de 2021, en tanto que el decreto se expidió el 29 de mayo de 2023, excediendo el plazo de 6 meses fijado por el legislador.

Como segundo cargo, el demandante advirtió una falsa motivación en el Decreto 846 de 2023, señalando al efecto que en las consideraciones de dicho acto se afirmó que la Ley 2167 de 2021 autorizaba la contratación del servicio de alimentación escolar «con las asociaciones de padres de familia o juntas de acción comunal», a pesar de que aquella no autorizó a las juntas de acción comunal para prestar este servicio, sino únicamente a los padres de familia. En este sentido, expuso que la ley autorizó a las entidades territoriales encargadas de la prestación del servicio de alimentación escolar para realizar transferencias a los Fondos de Servicios Educativos de los establecimientos escolares, para que la prestación del servicio se ejecutara con los padres de familia, cuando (i) las instituciones se encontraran ubicadas en zona rural, y (ii) la asociación de padres de familia hubiera manifestado su interés de encargarse de la prestación del servicio, con el cumplimiento de los requisitos del programa. Además, agregó que el título del decreto indicaba

ubicadas en zona rural, y (ii) la asociación de padres de familia hubiera manifestado su interés de encargarse de la prestación del servicio, con el cumplimiento de los requisitos del programa. Además, agregó que el título del decreto indicaba reglamentar la Ley 2167 de 2021, lo cual no era cierto, ya que solamente modificó y adicionó el Decreto 1075 de 2015.

Por último, en cuanto al tercer cargo de nulidad, el demandante reiteró que la Ley 2167 de 2021 no autorizó a las juntas de acción comunal para prestar el servicio de alimentación escolar, no obstante lo cual el acto administrativo demandado, en su artículo 2, estableció que «La contratación de las asociaciones de padres de familia o de las juntas de acción comunal podrá realizarse cuando éstas hayan manifestado su interés en la prestación de este servicio en zonas rurales, previa autorización del ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativo». Por consiguiente, consideró que el Gobierno Nacional se extralimitó en el ejercicio de su potestad reglamentaria, toda vez que la autorización a las juntas de acción comunal para prestar el servicio de alimentación escolar correspondía al legislador.

2. La medida cautelar solicitada

2.1. En escrito separado3, Fendidoc solicitó el decreto de una medida cautelar, a fin de que se suspendan provisionalmente los efectos del Decreto 846 de 2023, «Por el cual se modifican y adicionan disposiciones al Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educacióny se reglamenta la Ley 2167 de 2021» , mientras se resuelve la demanda de nulidad simple.

el cual se modifican y adicionan disposiciones al Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educacióny se reglamenta la Ley 2167 de 2021» , mientras se resuelve la demanda de nulidad simple.

2.2. En respaldo de su petición, la parte accionante reiteró los cargos de nulidad expuestos en la demanda. En tal sentido, afirmó que el Decreto 846 de 2023 fue expedido por fuera del plazo de 6 meses otorgado en la Ley 2167 de 2021. 3 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “ Demanda por ventanilla virtual”, documento denominado 4_DemandaWeb_MedidaCautelar(.pdf) NroActua 2.Radicado: 11001032400020230029600 (71674)

Demandante: Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia

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Igualmente, adujo que el acto administrativo fue expedido sin competencia y con falsa motivación, e indicó que, en su concepto, este no reglamentó la Ley 2167 de 2021, pues no precisó «circunstancias ni pormenores para la prestación de servicios de alimentación escolar con calidad» . En cambio, consideró que el decreto demandado se limitó a «modificar y adicionar disposiciones al Decreto 1075 de 2015 […] amparándose para ello en la reglamentación de la Ley 2167 de 2021 y autorizando de manera ilegal a las juntas de acción comunal la prestación del servicio de alimentación escolar».

Según señaló el demandante, en el evento en que no se decrete la medida cautelar de suspensión provisional, se causaría un perjuicio irremediable a una población de

servicio de alimentación escolar».

Según señaló el demandante, en el evento en que no se decrete la medida cautelar de suspensión provisional, se causaría un perjuicio irremediable a una población de especial protección constitucional, como lo son los niños y adolescentes, poniendo en riesgo sus derechos fundamentales a la salud y a la educación. Lo anterior, dado que se dejaría el servicio de alimentación escolar «en manos inexpertas», pues las juntas de acción comunal y las asociaciones de padres de familia pasarían a encargarse de su prestación con el solo hecho de manifestar su interés en ello. Sostuvo que la alimentación escolar debe ser dirigida por «profesionales de la salud calificados», considerando que se presentan «múltiples patologías como diabetes, obesidad, desnutrición, hipertensión, problemas renales, entre otros», que exigen una «nutrición diferencial» para los niños y adolescentes.

Finalmente, el demandante indicó que las juntas de acción comunal y las asociaciones de padres de familia han tenido la responsabilidad de realizar veedurías a los programas de alimentación escolar, a partir de lo cual planteó el interrogante acerca de quién realizará la veeduría a estas cuando empiecen a operar el servicio de alimentación.

3. El trámite procesal relevante y la oposición a la solicitud de medida cautelar

3.1. El 9 de octubre de 20244 se admitió la demanda y se ordenó dar trámite a la solicitud de medida cautelar, de conformidad con lo previsto en el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011 (en lo sucesivo, CPACA).

3.2. Mediante auto separado, proferido en la misma fecha5 se corrió traslado de la

solicitud de medida cautelar, de conformidad con lo previsto en el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011 (en lo sucesivo, CPACA).

3.2. Mediante auto separado, proferido en la misma fecha5 se corrió traslado de la solicitud de medida cautelar a la Nación - Ministerio de Educación Nacional, decisión que fue notificada hasta el 29 de octubre de 20246—.

4 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 11 “Auto que admite demanda”, documento denominado 16Autoqueadmite_admitedem_71674admisiondemanda(.pdf) NroActua 11. 5 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 12 “Auto que ordena correr traslado de memorial”, documento denominado 17Autoqueordena_trasladom_71674Trasladosuspens(.pdf) NroActua 12. 6 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 17 “Notificaciones personales”, documento denominado 22NOTIFICACIONES_NotifiMinisteriodeEd(.docx) NroActua 17.Radicado: 11001032400020230029600 (71674)

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3.3. Con escrito del 6 de noviembre de 20247 el Ministerio de Educación Nacional solicitó negar la medida cautelar8. En primer lugar, señaló que la potestad reglamentaria es una atribución otorgada constitucionalmente al presidente de la República, por medio del artículo 189, numeral 11, superior9. En este sentido, no necesita norma legal expresa que la confiera, ni puede ser limitada temporalmente por el legislador, y, por el contrario, el ejecutivo puede hacer uso de ella mientras se encuentre vigente la norma legal objeto de reglamentación.

necesita norma legal expresa que la confiera, ni puede ser limitada temporalmente por el legislador, y, por el contrario, el ejecutivo puede hacer uso de ella mientras se encuentre vigente la norma legal objeto de reglamentación.

En segundo lugar, manifestó que la sentencia C-1005 de 2008 de la Corte Constitucional, en línea con la jurisprudencia de esa corporación, expresó que la potestad reglamentaria del presidente de la República no puede ser sometida a una limitación de orden temporal, pues ello significaría desconocer lo establecido en el artículo 189, numeral 11 de la Carta Política. Lo anterior, dado que a partir de dicha norma superior el presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, conserva la facultad reglamentaria durante toda la vigencia de la ley, con el fin de asegurar su cumplida ejecución, de tal suerte que el legislador no puede someter a un plazo específico el ejercicio de dicha potestad.

A partir de lo anterior, concluyó que no se configuró una falta de competencia «ratione temporis», pues si bien el artículo 4 de la Ley 2167 de 2021 autorizó al Gobierno Nacional para reglamentar dicha ley en un término de 6 meses, lo cierto es que esta habría sido reglamentada durante su vigencia —a través del Decreto 846 de 2023—.

En tercer lugar, el Ministerio de Educación expuso los motivos que llevaron a la expedición del Decreto 846 de 2023, resaltando las ventajas que este representa para la prestación del servicio de alimentación escolar. En este sentido, indicó que el citado decreto permite que asociaciones de padres de familia y juntas de acción comunal puedan encargarse de la operación del Programa de Alimentación Escolar

para la prestación del servicio de alimentación escolar. En este sentido, indicó que el citado decreto permite que asociaciones de padres de familia y juntas de acción comunal puedan encargarse de la operación del Programa de Alimentación Escolar (en adelante, PAE) en zonas geográficamente dispersas, donde es difícil contratar operadores externos debido a problemas de acceso, movilidad y bajo número de estudiantes. Explicó que se trata de centros educativos donde pueden asistir menos de 30 estudiantes y que, en muchos casos, carecen de un acceso vial adecuado, por lo cual un operador tradicional se enfrenta a «grandes dificultades logísticas y operativas». En su criterio, este contexto justifica que organizaciones comunitarias, tales como las señaladas anteriormente, que comprenden las necesidades de su región, sean quienes presten el servicio de alimentación escolar, pues se encuentran «en una posición más favorable para brindar el servicio de manera continua y oportuna».

7 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 27 “Recibe memoriales online”, documento denominado 36_MemorialWeb_Constanciaenviomemorial-ENVIOMEMORIALALAS(.pdf) NroActua 27. 8 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 27 “Recibe memoriales online”, documento denominado 34_MemorialWeb_Concepto-CONCEPTOMEDIDACAUT(.pdf) NroActua 27. 9 “Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: […] 11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”.Radicado: 11001032400020230029600 (71674)

expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”.Radicado: 11001032400020230029600 (71674)

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El demandado explicó que el Decreto 846 de 2023 modificó el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, para adaptarlo a las necesidades específicas de la Ley 2167 de 2021, que estableció lineamientos específicos para la contratación y transferencia de fondos a los establecimientos educativos.

Para finalizar, sostuvo que la medida cautelar solicitada implicaría «un grave perjuicio» en la prestación del PAE, especialmente en las zonas rurales del país, pues el Decreto 846 de 2023 busca garantizar que el servicio de alimentación escolar se preste de manera continua y eficiente en todo el territorio nacional, incluyendo tales zonas. Así, argumentó que la posibilidad de prestar el servicio a través de asociaciones de padres de familia y juntas de acción comunal obedece a la realidad territorial y a la necesidad de cubrir el 100% del calendario académico, y resaltó que la suspensión de los efectos del decreto «obstaculizaría la entrega de alimentos a estudiantes de estas áreas, especialmente vulnerables» , y comprometería la continuidad del PAE.

II. CONSIDERACIONES

Para resolver la solicitud de medida cautelar formulada por la parte demandante el Despacho abordará en su orden los siguientes aspectos: (1) marco normativo aplicable; (2) la medida cautelar de suspensión provisional de actos administrativos y sus requisitos; (3) caso concreto.

1. Marco normativo aplicable

Despacho abordará en su orden los siguientes aspectos: (1) marco normativo aplicable; (2) la medida cautelar de suspensión provisional de actos administrativos y sus requisitos; (3) caso concreto.

1. Marco normativo aplicable

1.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30810 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ( CPACA), este estatuto se aplica a las demandas y procesos instaurados con posterioridad a su entrada en vigencia, que tuvo lugar el 2 de julio de 2012. Como en el sub examine la demanda fue interpuesta el 27 de noviembre de 2023, este asunto se rige por las disposiciones del CPACA. Adicionalmente, resultan aplicables las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, toda vez que, de conformidad con lo previsto en el artículo 8611 ejusdem, esta normativa rige desde su publicación, que tuvo lugar 10 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. // Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. // Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. 11 “Artículo 86. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se pres enten un año después de

modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se pres enten un año después de publicada esta ley […]. // De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. // En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”.Radicado: 11001032400020230029600 (71674)

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el 25 de enero de 2021, fecha anterior al inicio del proceso.

Asimismo, por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, en los aspectos no regulados en dicho estatuto resultan aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (en adelante, CGP).

2. La medida cautelar de suspensión provisional de actos administrativos y sus requisitos

2.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 229 del CPACA12, las medidas

General del Proceso (en adelante, CGP).

2. La medida cautelar de suspensión provisional de actos administrativos y sus requisitos

2.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 229 del CPACA12, las medidas cautelares en los procesos declarativos tramitados ante esta jurisdicción buscan «proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia», a fin de impedir que el perjuicio derivado de la eventual vulneración de un derecho sustancial se torne más gravoso como consecuencia del tiempo que transcurre hasta la culminación del proceso judicial, sin que la adopción de dicha medida implique prejuzgamiento sobre el fondo del asunto.

En consonancia con lo anterior, el artículo 230 del CPACA13 prevé que las medidas cautelares pueden revestir el carácter de «preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión» y deben guardar relación directa con las pretensiones formuladas en la demanda, por lo que el juez se encuentra facultado para adoptar, según las necesidades lo requieran, una o varias de las siguientes medidas: (i) ordenar que se mantenga o restablezca una situación particular; (ii) suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso si tiene naturaleza contractual; (iii) ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra; (iv) impartir órdenes o imponerles obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes; y (v) suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

12 “Artículo 229. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte

12 “Artículo 229. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. // La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento […]”. 13 “Artículo 230. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas: // 1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible. // 2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida. // 3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo. // 4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio

provisionalmente los efectos de un acto administrativo. // 4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos. // 5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer. // Parágrafo. si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente”.Radicado: 11001032400020230029600 (71674)

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En lo que concierne a la facultad del juez de lo contencioso administrativo para suspender los efectos de los actos administrativos, cabe recordar que se trata de una potestad de rango constitucional, consagrada en el artículo 238 de la Constitución Política14, que fue concebida con el propósito de proteger el «ordenamiento superior cuando los actos administrativos incurren en violación de las normas en las que deben fundarse, [comoquiera que], con la adopción de esta medida cautelar se detienen temporalmente los efectos de los actos administrativos y, por lo mismo, se suspende su fuerza obligatoria»15, mientras se resuelve de fondo sobre su legalidad.

2.2. Bajo este contexto, el artículo 231 del CPACA 16 consagra las condiciones

y, por lo mismo, se suspende su fuerza obligatoria»15, mientras se resuelve de fondo sobre su legalidad.

2.2. Bajo este contexto, el artículo 231 del CPACA 16 consagra las condiciones especiales para la procedencia de las medidas cautelares, diferenciando entre aquellas relativas a la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo cuando se pretenda su nulidad y los demás supuestos. En lo que respecta a las primeras —que son las que interesan en el presente asunto—, la norma citada establece que su procedencia está supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que se presente una violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado; (ii) que dicha violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o con las pruebas allegadas; y (iii) que, en caso de que el medio de control ejercido sea el de nulidad y restablecimiento del derecho, se acredite, al menos sumariamente, el perjuicio que el acto demandado cause o podría causar al demandante.

14 “Artículo 238. La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial”. 15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 28 de octubre 2024, exp. 68018. “Conforme a la regulación del procedimiento administrativo, una vez agotados los recursos en la vía gubernativa, el acto administrativo queda en firme. En ese momento el acto adquiere su capacidad

“Conforme a la regulación del procedimiento administrativo, una vez agotados los recursos en la vía gubernativa, el acto administrativo queda en firme. En ese momento el acto adquiere su capacidad de ser ejecutado por la Administración, sin que sea necesar io que medie la actuación de otra autoridad (artículo 89 del CPACA). Ello quiere decir que los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no sean anulados por esta Jurisdicción y perderán su obligatoriedad y, en consecuencia, la posibilidad de ser ejecutados, entre otros eventos, cuando sus efectos sean suspendidos provisionalmente”. 16 “Artículo 231. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. // En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos: // 1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho. // 2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados. //

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla. // 4. Que, adicionalmente, se cumpla

que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla. // 4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: // a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o // b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios”.Radicado: 11001032400020230029600 (71674)

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Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en auto del 17 de marzo de 201517, precisó que, a diferencia de las demás medidas cautelares previstas en el artículo 230 del CPACA, en el caso de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos no se requiere la acreditación de los requisitos de apariencia de buen derecho —fumus boni iuris—, perjuicio de la mora —periculum in mora— ni ponderación de intereses, dado que el análisis que corresponde es un examen preliminar de legalidad, el cual se realiza bajo una apreciación sumaria propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido plenamente su derecho de defensa, en la medida en que no se han surtido la totalidad de las etapas procesales, y que, se reitera, no implica un prejuzgamiento.

2.3. Finalmente, en providencia reciente, la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación resaltó que, sin perjuicio de los requisitos anteriormente referidos para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional, «es

2.3. Finalmente, en providencia reciente, la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación resaltó que, sin perjuicio de los requisitos anteriormente referidos para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional, «es presupuesto básico de la medida que el acto administrativo esté produciendo sus efectos jurídicos, ya que su finalidad no puede ser otra que la de evitar, transitoriamente, que el acto administrativo sea ejecutable, salvaguardando los intereses generales y del Estado de derecho»18.

3. Caso concreto

Como se expuso anteriormente, la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos cuya nulidad se pretende implica un examen preliminar de legalidad que, al no haberse surtido la totalidad de las etapas procesales ni ejercido plenamente el derecho de defensa y contradicción, se trata de una apreciación sumaria que no implica, en manera alguna, un prejuzg