CE - Auto interlocutorio 11001032400020240001500 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 11001032400020240001500 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
1
Radicado: 11001 03 24 000 2024 00015 00
Demandante: Antonio José Reyes Quintero
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiséis (2026) Radicación núm.: 11001 03 24 000 2024 00015 00
Actor: Antonio José Reyes Quintero Demandado: Presidente de la República y Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.
Tesis: No procede la suspensión provisional del artículo 19 del Decreto 3600 de 2007 por el cual extendió a las actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en suelo rural la exigencia de cesiones urbanísticas obligatorias gratuitas denominadas Tipo A, previamente concebidas por el Legislador de manera expresa para los desarrollos en suelo urbano y de expansión urbana.
AUTO INTERLOCUTORIO
Corresponde al Despacho resolver la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional formulada por el señor Antonio José Reyes Quintero, en ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, respecto del artículo 19 del Decreto 3600 de 2007, modificado por el artículo 8 del Decreto 4066 de 2008, “por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo
Decreto 4066 de 2008, “por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones”.
I. DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL
1. El demandante solicitó la suspensión provisional1 del artículo 19 del Decreto 3600 de 2007, modificado por el artículo 8 del Decreto 4066 de 2008, en cuanto dicha disposición extendió a las actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en suelo rural la exigencia de cesiones urbanísticas obligatorias gratuitas denominadas Tipo A, previamente concebidas por el Legislador únicamente para los desarrollos en suelo urbano y de expansión urbana. Advirtió que tal ampliación
1 Cfr. Índice 02 del expediente digital de SAMAI.2
Radicado: 11001 03 24 000 2024 00015 00
Demandante: Antonio José Reyes Quintero
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co reglamentaria desconocía el marco fijado por la ley para el ordenamiento del suelo rural.
2. Sustentó su solicitud en la violación de los artículos 14 y 37 de la Ley 388 de
1997. Señaló que el artículo 14 regula el componente rural de los planes de ordenamiento territorial sin autorizar cesiones obligatorias gratuitas para las actuaciones que allí se adelanten, mientras que el artículo 13 ibidem sí las previó,
1997. Señaló que el artículo 14 regula el componente rural de los planes de ordenamiento territorial sin autorizar cesiones obligatorias gratuitas para las actuaciones que allí se adelanten, mientras que el artículo 13 ibidem sí las previó, pero exclusivamente para el suelo urbano y de expansión urbana. Indicó que el artículo 37, invocado por el reglamento como su fundamento, regula las cesiones asociadas a actuaciones urbanísticas de urbanización y renovación urbana, sin extender su alcance al suelo rural.
3. Adujo, adicionalmente, la vulneración del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, por exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria, en tanto el Gobierno Nacional habría ampliado, mediante decreto, el ámbito material de una ley que n o contemplaba las cesiones cuestionadas para el suelo rural. En respaldo de su tesis citó la sentencia de 26 de mayo de 2022, expediente 25000 23 24 000 2011 00881 02, en la que esta Sección aplicó la excepción de ilegalidad a los artículos 19 del Decreto 3600 de 2007 y 8 del Decreto 4066 de 2008, por razones sustancialmente coincidentes con las ahora planteadas en la demanda.
II. NORMAS OBJETO DE ANÁLISIS
4. El artículo 19 del Decreto 3600 de 2007, modificado por el artículo 8 del Decreto 4066 de 2008, dispone en su tenor literal:
“Artículo 19. Cesiones obligatorias. De conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley 388 de 1997, las reglamentaciones municipales y distritales deberán determinar las cesiones obligatorias que los propietarios de inmuebles
“Artículo 19. Cesiones obligatorias. De conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley 388 de 1997, las reglamentaciones municipales y distritales deberán determinar las cesiones obligatorias que los propietarios de inmuebles deben hacer con destino a vías locales, equipamientos col ectivos y espacio público para las actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en suelo rural.
Los propietarios quedan obligados a realizar las cesiones obligatorias de terrenos que establezca el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que los desarrollen y complementen. En los planos que acompañan la licencia se hará la identificación precisa de las áreas objeto de cesión obligatoria.
Las cesiones obligatorias incluirán entre otros componentes las franjas de aislamiento y las calzadas de desaceleración de que trata el artículo 11 del presente decreto.3
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Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co En ningún caso, las áreas de cesión obligatoria en suelo rural suburbano con destino a vías y espacio público podrán ser compensadas en dinero, ni podrán canjearse por otros inmuebles.
Parágrafo 1°. Para el otorgamiento de licencias urbanísticas que autoricen el desarrollo de parques, conjuntos o agrupaciones industriales en suelo rural suburbano con índices de ocupación superiores al 30%, las reglamentaciones municipales y distritales deberán definir la cantidad de suelo que debe
desarrollo de parques, conjuntos o agrupaciones industriales en suelo rural suburbano con índices de ocupación superiores al 30%, las reglamentaciones municipales y distritales deberán definir la cantidad de suelo que debe obtenerse por concepto de cesiones urbanísticas obligatorias adicionales a las previstas en el presente artículo, que compensen el impacto urbanístico y ambiental producido por la mayor ocupación autorizada.
Las cesiones adicionales deberán localizarse en las zonas que se hayan delimitado en el plan de ordenamiento territorial para consolidar el sistema de espacio público en aquellas áreas de que trata el numeral 1 del artículo 4° del presente decreto.
En ningún caso, la cesión adicional podrá ser inferior a la cantidad de metros cuadrados de suelo de mayor ocupación con áreas construidas que se autoricen por encima del 30%.
Parágrafo 2°. Para efectos de lo dispuesto en el inciso 2° del parágrafo anterior, los municipios y distritos adoptarán, previa concertación con la respectiva Corporación Autónoma Regional, la delimitación específica de las áreas en donde se permitirá la localización d e las cesiones adicionales, en todo de conformidad con la localización y dimensionamiento que haya definido el plan de ordenamiento de las áreas de conservación y protección ambiental a que se refiere el numeral 1 del artículo 4° del presente decreto.
Parágrafo 3°. Para el otorgamiento de la respectiva licencia se requiere acreditar la transferencia de la propiedad de las áreas de cesión adicional al municipio o distrito, las cuales deberán estar demarcadas por localización, alinderamiento y amojonamiento y libres d e cualquier limitación al derecho de dominio, tales como condiciones resolutorias, daciones en pago, embargos,
municipio o distrito, las cuales deberán estar demarcadas por localización, alinderamiento y amojonamiento y libres d e cualquier limitación al derecho de dominio, tales como condiciones resolutorias, daciones en pago, embargos, hipotecas, anticresis, arrendamiento por escritura pública, servidumbres y libres de construcciones, invasiones u ocupaciones temporales o perman entes. Igualmente, se encontrarán a paz y salvo por concepto de pago de tributos municipales.”
III. TRASLADO DE LA SOLICITUD
5. Mediante auto de 2 de abril de 20242, el Despacho ordenó correr traslado de la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional formulada por la parte demandante, por el término de 5 días, para que las partes se pronunciaran al respecto.
6. En memorial del 5 de abril de 2024 3, el demandante presentó reforma de la demanda y solicitó corregir los autos interlocutorio s y de trámite de 2 de abril de
2 Cfr. Índice 15 del expediente digital de SAMAI. 3 Cfr. Índice 22 del expediente digital de SAMAI.4
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Demandante: Antonio José Reyes Quintero
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 2024, en el sentido de precisar que la norma modificatoria del artículo 19 del Decreto 3600 de 2007 es el artículo 8 y no el artículo 9 del Decreto 4066 de 2008. En auto
www.consejodeestado.gov.co 2024, en el sentido de precisar que la norma modificatoria del artículo 19 del Decreto 3600 de 2007 es el artículo 8 y no el artículo 9 del Decreto 4066 de 2008. En auto del 21 de junio de 2024 se aceptó dicha reforma y se corrió traslado de esta a la parte demandada.
7. En memorial del 8 de abril de 2024, la apoderada de l Presidente de la República se opuso a la medida cautelar solicitada, al considerar que el demandante no acreditó el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA, pues se limitó a alegar la incompatibilidad normativa sin demostrar la concurrencia de los presupuestos adicionales exigidos para la procedencia de la suspensión provisional.
8. Argumentó, en particular que , el Decreto 3600 de 2007 se encuentra amparado por la presunción de legalidad prevista en el artículo 88 del CPACA, la cual solo puede desvirtuarse mediante sentencia, y que dicho decreto fue expedido en ejercicio de la potestad reglamentaria del numeral 1 1 del artículo 189 de la Constitución Política, en desarrollo de las Leyes 99 de 1993, 142 de 1994 y 388 de
1997. Concluyó solicitando que se negara la medida cautelar por no reunirse los requisitos del artículo 231 del CPACA.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Competencia
9. El Despacho es competente para resolver la solicitud de suspensión provisional del acto demandado, con fundamento en los artículos 229 y siguientes del CPACA. Así mismo, de conformidad con el numeral 3 del artículo 125 del
4.1. Competencia
9. El Despacho es competente para resolver la solicitud de suspensión provisional del acto demandado, con fundamento en los artículos 229 y siguientes del CPACA. Así mismo, de conformidad con el numeral 3 del artículo 125 del CPACA, “[s]erá competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja”.
4.2. De los requisitos para la imposición de una medida cautelar
10. Esta Sección ha sostenido que, para decretar la medida cautelar, deben configurarse los siguientes presupuestos: i) solicitud de parte debidamente sustentada; ii) que de la confrontación del acto demandado con el marco normativo5
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Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co que se invoca como infringido, o del análisis de las pruebas allegadas con la solicitud, se concluya la violación del ordenamiento jurídico; y iii) cuando se trate de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acrediten, de manera sumaria, los perjuicios alegados.
11. Para la procedencia de la suspensión provisional en el medio de control de nulidad simple -como el que aquí se ejerce-, basta con que se satisfaga el primero de los requisitos señalados, esto es, que de la confrontación del acto demandado con el marco normativo que se invoca como infringido, o del análisis de las pruebas
nulidad simple -como el que aquí se ejerce-, basta con que se satisfaga el primero de los requisitos señalados, esto es, que de la confrontación del acto demandado con el marco normativo que se invoca como infringido, o del análisis de las pruebas allegadas con la solicitud, se concluya la violación del ordenamiento jurídico, sin que sea exigible la acreditación sumaria de perjuicios, propia de otras medidas cautelares o de otros medios de control.
4.3. Del cumplimiento de los requisitos
12. Previo a resolver de fondo, corresponde al Despacho verificar si la solicitud cumple con los requisitos que habilitan su estudio, pues el Presidente adujo que carecía de ellos.
13. Al respecto, se advierte que el demandante identificó de manera concreta las disposiciones legales y constitucionales que estima vulneradas: artículos 14 y 37 de la Ley 388 de 1997 y numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y desarrolló un ejercicio comparativo entre el contenido del acto acusado y dichas normas. En consecuencia, se encuentra satisfecha la carga argumentativa mínima exigida, lo que habilita continuar con el estudio de fondo de la solicitud.
4.4. De la cesión en área rural
14. Le corresponde al Despacho establecer si debe suspenderse provisionalmente la norma mediante la cual se establecieron cesiones obligatorias que los propietarios de inmuebles deben hacer con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público para las actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación , en cuanto extendió a las actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en suelo rural la exigencia de cesiones urbanísticas obligatorias gratuitas Tipo A.6
equipamientos colectivos y espacio público para las actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación , en cuanto extendió a las actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en suelo rural la exigencia de cesiones urbanísticas obligatorias gratuitas Tipo A.6
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15. Las cesiones urbanísticas obligatorias gratuitas han sido entendidas, tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, como una contraprestación a la que se obligan los propietarios de inmuebles al solicitar licencia para urbanizar o edificar, en desarrollo de la función social urbanística de la propiedad (artículo 58 de la Constitución Política) y del poder de intervención del Estado en el uso del suelo, con miras a la integración del espacio público (artículos 82 y 334 ibidem). Así lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C -295 de 19934, criterio reiterado en la sentencia C -495 de 1998 5, que declaró exequible la expresión del artículo 37 de la Ley 388 de 1997 relativa al destino de dichas cesiones.
16. Por su parte, el artículo 14 de la Ley 388 de 1997 define:
“Artículo 14.- Componente rural del plan de ordenamiento . El componente rural del plan de ordenamiento territorial es un instrumento para garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, la conveniente utilización del suelo rural y las actuaciones públicas tendientes al suministro de infraestructuras y equipamientos básicos para el servicio de los
adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, la conveniente utilización del suelo rural y las actuaciones públicas tendientes al suministro de infraestructuras y equipamientos básicos para el servicio de los pobladores rurales. Este componente deberá contener por lo menos:
1. Las políticas de mediano y corto plazo sobre ocupación del suelo en relación con los asentamientos humanos localizados en estas áreas.
2. El señalamiento de las condiciones de protección, conservación y mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera.
3. La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales paisajísticos, geográficos y ambientales, incluyendo las áreas de amenazas y riesgos, o que formen parte de los sistemas de provisión de los servicios públicos domicilia rios o de disposición final de desechos sólidos o líquidos.
4. La localización y dimensionamiento de las zonas determinadas como suburbanas, con precisión de las intensidades máximas de ocupación y usos admitidos, las cuales deberán adoptarse teniendo en cuenta su carácter de ocupación en baja densidad, de acuerdo con las posibilidades de suministro de servicios de agua potable y saneamiento, en armonía con las normas de conservación y protección de recursos naturales y medio ambiente.
5. La identificación de los centros poblados rurales y la adopción de las previsiones necesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de infraestructura de servicios básicos y de equipamiento social.
6. La determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales a corto y mediano plazo
dotación de infraestructura de servicios básicos y de equipamiento social.
6. La determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales a corto y mediano plazo y la localización prevista para los equipamientos de salud y educación.
4 Corte Constitucional, M.P. Carlos Gaviria Díaz, sentencia C-295 de 29 de julio de 1993. 5 Corte Constitucional, M.P. Antonio Barrera Carbonell, sentencia C-495 de 15 de septiembre de 1998.7
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7. La expedición de normas para la parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre, las cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria y ambiental.
17. En ese sentido, la confrontación directa entre el artículo 19 del Decreto 3600 de 2007, modificado por el artículo 8 del Decreto 4066 de 2008 , y el artículo 14 de la Ley 388 de 1997 evidencia un vacío normativo: este último, al fijar el contenido mínimo del componente rural del plan de ordenamiento territorial, no incluyó las cesiones urbanísticas obligatorias gratuitas entre sus previsiones, ni siquiera al referirse expresamente a l a parcelación de predios rurales. Ese vacío no se presenta en el componente urbano, pues el artículo 13 ibidem sí contempló, de manera explícita, dichas cesiones para los desarrollos en suelo urbano y de
referirse expresamente a l a parcelación de predios rurales. Ese vacío no se presenta en el componente urbano, pues el artículo 13 ibidem sí contempló, de manera explícita, dichas cesiones para los desarrollos en suelo urbano y de expansión urbana. La ausencia de previsión en el artículo 14, frente a la disposición expresa del artículo 13, constituye un indicio de que el reglamento pudo exceder el marco legal al extender la exigencia al suelo rural.
18. Por otra parte, el artículo 37 de la Ley 388 de 1997 advierte:
“Artículo 37. Espacio público en actuaciones urbanísticas . Las reglamentaciones distritales o municipales determinarán, para las diferentes actuaciones urbanísticas, las cesiones gratuitas que los propietarios de inmuebles deben hacer con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público en genera l, y señalarán el régimen de permisos y licencias a que se deben someter así como las sanciones aplicables a los infractores a fin de garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo XI de esta Ley.
También deberán especificar, si es el caso, las afectaciones a que estén sometidos por efectos de reservas de terreno para construcción de infraestructura vial, de transporte redes matrices y otros servicios de carácter urbano o metropolitano. Para las act uaciones que lo requieran como la urbanización en terrenos de expansión y la urbanización o construcción en terrenos con tratamientos de renovación urbana, deberá señalarse el procedimiento previo para establecer la factibilidad de extender o ampliar las redes de servicios públicos, la infraestructura vial y la dotación adicional de
terrenos con tratamientos de renovación urbana, deberá señalarse el procedimiento previo para establecer la factibilidad de extender o ampliar las redes de servicios públicos, la infraestructura vial y la dotación adicional de espacio público, así como los procesos o instrumentos mediante los cuales se garantizará su realización efectiva y la equitativa distribución de cargas y beneficios derivados de la correspondiente actuación”. (Subrayas del Despacho).
19. La confrontación del artículo 19 del Decreto 3600 de 2007 con el artículo 37 de la Ley 388 de 1997 no ofrece la misma claridad que el anterior, pues dicha norma no hace referencia específica sobre qu é tipo de suelos se darán las cesiones gratuitas, solo indica: “las reglamentaciones distritales o municipales determinarán,8
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Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co para las diferentes actuaciones urbanísticas, las cesiones gratuitas que los propietarios de inmuebles deben hacer” . Se entiende entonces que este hace un ejercicio de remisión al artículo 36, el cual señala cuáles son los tipos de actuaciones urbanísticas, así:
“Artículo 36. Actuación urbanística. Son actuaciones urbanísticas la parcelación, urbanización y construcción de inmuebles . Cada una de estas actuaciones comprenden procedimientos de gestión y formas de ejecución con base en las decisiones administrativas contenidas en la acción urbanística, de acuerdo con los contenidos y criterios de prevalencia establecidos en los
parcelación, urbanización y construcción de inmuebles . Cada una de estas actuaciones comprenden procedimientos de gestión y formas de ejecución con base en las decisiones administrativas contenidas en la acción urbanística, de acuerdo con los contenidos y criterios de prevalencia establecidos en los artículos 13, 15, 16 y 17 y demás disposiciones de la presente ley.
Los actos administrativos de contenido particular y concreto en firme que autorizan las actuaciones urbanísticas consolidan situaciones jurídicas en cabeza de sus titulares y, los derechos y las obligaciones contenidos en ellas. La autoridad municipal o di strital competente deberá respetar los derechos y obligaciones que se derivan de tales actos.
Son actos administrativos de contenido particular y concreto las licencias de parcelación, urbanización, construcción y demás establecidas por la normatividad nacional.
Cuando por efectos de la regulación de las diferentes actuaciones urbanísticas los municipios, distritos y las áreas metropolitanas deban realizar acciones urbanísticas que generen mayor valor para los inmuebles, quedan autorizados a establecer la participación en plusvalía en los términos que se establecen en la presente ley. Igualmente, las normas urbanísticas establecerán específicamente los casos en que las actuaciones urbanísticas deberán ejecutarse mediante la utilización del reparto de cargas y beneficios tal como se determina en el artículo 38 de esta ley.
En los programas, proyectos y obras que deban ejecutar las entidades públicas, como consecuencia de las actuaciones urbanísticas previstas en los planes de ordenamiento o en los instrumentos que los desarrollen, las entidades municipales y distritales comp etentes, sin perjuicio de su realización material por particulares, podrán crear entidades especiales de carácter público o mixto
ordenamiento o en los instrumentos que los desarrollen, las entidades municipales y distritales comp etentes, sin perjuicio de su realización material por particulares, podrán crear entidades especiales de carácter público o mixto para la ejecución de tales actuaciones, de conformidad con las normas legales generales y con las especiales contenidas en la presente Ley y en la Ley 142 de 1994.
Igualmente, las entidades municipales, distritales y las áreas metropolitanas podrán participar en la ejecución de proyectos de urbanización y programas de vivienda de interés social, mediante la celebración, entre otros, de contratos de fiducia con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial. (Subrayas del Despacho)
20. Es de anotar que de la lectura del artículo 36 no se puede concluir de manera tajante la expulsión de actuaciones urbanísticas sobre suelo rural, lo primero porque incluye en su listado la parcelación, la cual comúnmente se da sobre suelo rural o suburbano. Lo segundo, porque si bien indica de manera expresa la prevalencia de los criterios establecidos en los artículo s 13, 15, 16 y 17, dejando por fuera de la9
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Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co literalidad el artículo 14 relativo al componente rural del plan de ordenamiento, acto seguido indica: “y demás disposiciones de la presente ley”.
21. A esto se suma un número de actos a lo largo de la ley en las que se habla
www.consejodeestado.gov.co literalidad el artículo 14 relativo al componente rural del plan de ordenamiento, acto seguido indica: “y demás disposiciones de la presente ley”.
21. A esto se suma un número de actos a lo largo de la ley en las que se habla de actuaciones urbanísticas sobre suelo rural, por ejemplo, el artículo 99, numeral 1, exige licencia para adelantar obras de " urbanización y parcelación en terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales", reconociendo expresamente que existen actuaciones urbanísticas en suelo rural.
22. Ante el vacío del artículo 14 y la falta de precisión del artículo 37 frente al suelo rural, el Consejo de Estado, Sección Primera, en providencia de 26 de mayo de 20226, optó, en ejercicio del control difuso de legalidad, por aplicar la excepción de ilegalidad al artículo 19 del Decreto 3600 de 2007, al considerar que la reglamentación excedió el alcance de la Ley 388 . Providencia en la que confirmó la nulidad del artículo 120 del Decreto 022 de 2009 de la Alcaldía de Gachancipá, en el que impuso cesiones gratuitas en suelo rural y suburbano.
23. No obstante, el Despacho se aparta, en esta etapa cautelar, de dicha lectura
por las razones que a continuación se exponen:
24. La primera se fundamenta en el alcance sustancial y los límites de la excepción de ilegalidad, cuya aplicación posee efectos estrictamente inter partes y carece de eficacia erga omnes. Al amparo del artículo 4º de la Constitución Política
(supremacía constitucional) y del artículo 148 del CPACA, el control difuso de
carece de eficacia erga omnes. Al amparo del artículo 4º de la Constitución Política (supremacía constitucional) y del artículo 148 del CPACA, el control difuso de legalidad faculta al juez a inaplicar un acto administrativo general, pero restringe sus consecuencias jurídicas de forma exclusiva al caso debatido.
25. En segundo lugar, el artículo 37 de la Ley 388 de 1997 habilita expresamente al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales para determinar, mediante reglamentación, las cesiones gratuitas asociadas a las actuaciones urbanísticas, sin que el silencio del artículo 14 sobre el punto pueda entenderse, sin más, como una prohibición. La potestad reglamentaria del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, ejercida en desarrollo de esa habilitación legal, permite al
6 Consejo de Estado, Sección Primera, M.P. Hernando Sánchez Sánchez, sentencia de 26 de mayo de 2022, radicación 25000232400020110088102.10
Radicado: 11001 03 24 000 2024 00015 00
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Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co Ejecutivo precisar y complementar los aspectos que la ley no desarrolló en detalle, siempre que no contraríe su texto ni su espíritu, lo que en este caso no aparece desbordado.
26. La potestad reglamentaria, consagrada en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, faculta al Presidente de la República para expedir los
desbordado.
26. La potestad reglamentaria, consagrada en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, faculta al Presidente de la República para expedir los decretos necesarios que garanticen la cumplida ejecución de las leyes, mediante el desarrollo, precisión y complemento de los aspectos que el legislador no reguló en detalle. Esta potestad no constituye una facultad legislativa autónoma ni un poder de sustitución del Congreso, sino un instrumento subordinado a la ley, que no puede ejercerse para ampliar o restringir sus alcances, ni para apartarse de su sentido original. Con todo, el silencio de una norma legal sobre un aspecto puntual no equivale, por sí solo, a una prohibición expresa; corresponde al juez determinar, en cada caso, si el reglamento se limitó a llenar un vacío compatible con el espíritu de la ley o si, por el contrario, desbordó su ámbito material.
27. Sobre el asunto, la Sección Primera del Consejo de Estado ha ratificado el propósito y los límites de esta competencia. En providencia de 2 de septiembre de 2010, radicación 11001-03-24-000-2007-00265-00, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó la Sección que las facultades reglamentarias del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política "fueron instituidas por el Constituyente como un mecanismo tendiente a garantizar la cumplida ejecución de las leyes", de modo que el Ejecutivo, al ejercerlas, debe inspirarse en el único propósito de " aclarar y hacer mucho más explícita la norma de carácter legal", facilitando su interpretación,
que el Ejecutivo, al ejercerlas, debe inspirarse en el único propósito de
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