CE - Auto interlocutorio 11001032400020240018900 de 2026

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Detalles

Título
CE - Auto interlocutorio 11001032400020240018900 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Radicación núm.: 11001-03-24-000-2024-00189-00

Demandante: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIARICBF Tercero con interés : ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES

TRADICIONALES WAYUU DE LA ZONA DE LA MAKUIRA

Auto que resuelve solicitud de medida cautelar

El Despacho decide sobre la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la Resolución núm. 2168 de 9 de noviembre de 20211.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 2 - ICBF, en adelante ICBF, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113, presentó demanda cuya pretensión es la siguiente:

“[…] Que se Declare Nula la Resolución N°2168 del 09 de noviembre de 2021, por la cual se otorga y reconoce personería jurídica y se aprueba (sic) estatutos de la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DE LA ZONA DE LA MAKUIRA identificada con […], debido a que a la Asociación en mención, conforme a la Resolución 1521 del 15 de marzo de 2017, tenía impuesta como sanción la cancelación de la personería jurídica reconocida mediante la Resolución No. 3702 del

a la Resolución 1521 del 15 de marzo de 2017, tenía impuesta como sanción la cancelación de la personería jurídica reconocida mediante la Resolución No. 3702 del 20 de noviembre de 2014, sanción que se traduce en la terminación de la existencia de la personería jurídica de dicha entidad. […]”.

2. Mediante autos de 23 de octubre de 20244 se admitió la demanda y se corrió traslado de la solicitud de medida cautelar.

I.2. La solicitud de medida cautelar

3. El demandante solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 2168 de 2021 conforme con el concepto de violación.

1 “[…] POR LA CUAL SE OTORGA Y RECONOCE PERSONERÍA JURÍDICA Y SE APRUEBA (sic) ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DE LA ZONA DE LA MAKUIRA CON NIT 900056179-5 […]”. 2 A través de apoderada judicial. 3 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 4 Cfr. Índices 4 y 5 del expediente digital.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2024-00189-00

Demandante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF

4. Manifestó que el acto acusado desconoce los artículos 1.°, 2.°, 6.°, 12, 23, 29, 64

y 295 de la Constitución Política, 3.° (numeral 1.), 47, 48, 49, 50, 51 y 52 de la Ley 1437, 16 de la Ley 1098 de 8 de noviembre de 20065, 35 y 36 de la Resolución núm. 3899 de 8 de septiembre de 20106 modificada y adicionada por la Resolución núm. 3435 de 20 de abril de 20167, y los Decretos 987 de 14 de mayo de 20128 y “[…] 1499 de 2016 […]”.

5. Expuso que mediante la Resolución núm. 3702 de 20 de noviembre de 2014 9 reconoció personería jurídica a la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu de la Zona de la Makuira, y en la Resolución núm. 1521 de 15 de marzo de 201710 sancionó a dicha asociación con la cancelación de la personería jurídica.

6. Indicó que por la cancelación de la personería jurídica dejó de existir la asociación.

7. Anotó que el 14 de julio de 2021 se solicitó nuevamente el reconocimiento de la personería jurídica a la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu de la Zona de la Makuira y debido a “[…] una interpretación errada […]” de un concepto, se expidió la Resolución 2168 de 2021 que reconoce personería a la asociación mencionada.

8. Adujo que el acto demandado transgredió las disposiciones constitucionales supra porque “[…] al estar en firme la sanción […], se traduce en la terminación de la existencia de la personería jurídica de dicha entidad y en la contrariedad a la

8. Adujo que el acto demandado transgredió las disposiciones constitucionales supra porque “[…] al estar en firme la sanción […], se traduce en la terminación de la existencia de la personería jurídica de dicha entidad y en la contrariedad a la legalidad y seguridad jurídica del ICBF enmarcada en la Resolución 3899 […]”.

9. Refirió que corresponde al ICBF (art. 16, Ley 1098 ) “[…] reconocer, otorgar, suspender y cancelar personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las Instituciones del Sistema…” (...) y con la expedición errónea de la Resolución N° 2168 […], se puede apreciar que se afecta el orden jurídico debido a que la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DE LA ZONA DE LA MAKUIRA […], le correspondía el deber de cumplir con la Ley 1098 de 20006, (sic) los manuales lineamientos y orientaciones emitidas por el ICBF, y al ser violentados y ser sujeto de vigilancia e incumplir la normatividad la Dirección General del ICBF mediante la Resolución 1521 del 15 de marzo de 2017, impuso como sanción la cancelación de la personería jurídica reconocida mediante la Resolución No. 3702 del 20 de noviembre de 2014, sanción que se traduce en la terminación de la existencia de la personería jurídica de dicha entidad. […]”.

5 “[…] Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia […]” 6 “[…] Por la cual se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías

5 “[…] Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia […]” 6 “[…] Por la cual se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que prestan servicios de protección integral, y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional. […]”. 7 “[…] Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución número 3899 del 8 de septiembre de 2010. […]”. 8 “[…] Por el cual se modifica la estructura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras” y se determinan las funciones de sus dependencias. […]”. 9 “[…] POR LA CUAL SE RECONOCE PERSONERÍA JURÍDICA A LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDAD TRADICIONAL WAYU (sic) DE LA ZONA DE LA MAKUIRA. […]”. 10 “[…] POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO SEGUIDO EN CONTRA DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DE LA ZONA DE LA MAKUIRA,

IDENTIFICADA CON NIT 900.056.179-5 […]”.3

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I.3. Traslado de la solicitud de medida cautelar

10. Notificada11 la providencia que corrió traslado de la solicitud de medida cautelar, la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu de la Zona de la Makuira guardó silencio12.

II. CONSIDERACIONES

10. Notificada11 la providencia que corrió traslado de la solicitud de medida cautelar, la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu de la Zona de la Makuira guardó silencio12.

II. CONSIDERACIONES

II.1. Competencia

11. El Despacho es competente para resolver la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la Resolución 2168 de 2021 , de conformidad con el numeral 3. del artículo 125 13 de la Ley 1437 y el artículo 229 ibidem.

II.2. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

12. Uno de los motivos para la expedición de la Ley 1437 está relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez , siendo muestra de ello el contenido del artículo 229 de la referida codificación, norma que le confiere una amplia facultad a la autoridad judicial para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias en aras de “[…] proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia […]”.

13. El artículo citado supra previó que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier estado del proceso ; ii) a petición de parte ; y iii) en todos los procesos declarativos promovidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

14. Aunado a lo anterior , el artículo 230 de la Ley 1437 clasifica las medidas cautelares en: i) preventivas, cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; ii) conservativas , si buscan mantener o salvaguardar un statu quo ; iii) anticipativas, que buscan evitar la consolidación de un perjuicio irremediable, por lo

derecho; ii) conservativas , si buscan mantener o salvaguardar un statu quo ; iii) anticipativas, que buscan evitar la consolidación de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante ; y iv ) de suspensión, que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de suspensión temporal de los efectos de una decisión administrativa.

II.3. La medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo

15. En el marco de las medidas cautelares contempladas en el proceso contencioso administrativo, se encuentra la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos prevista en el artículo 238 de la Constitución Política y desarrollada en los artículos 231 y siguientes de la Ley 1437. Entre sus características principales

11 Cfr. Índice 9 del expediente digital. 12 Cfr. Índice 12 del expediente digital. 13 Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]”.4

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se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a “[…] evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el

se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a “[…] evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho14 […]”15.

16. Respecto de los requisitos previstos en el artículo 231 de la Ley 1437 para la procedencia de una solicitud cautelar de suspensión provisional, la Sección Primera de esta Corporación ha precisado que la verificación de los criterios de: (i) fumus boni iuris16, y (ii) periculum in mora17, se entienden acreditados en el evento en que el demandante demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas18.

17. En tal sentido, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia de 27

de mayo de 202119, consideró lo siguiente:

“[…] Para el caso de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda, porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jurídico superior pueden continuar produciendo efectos jurídicos mientras transcurre el proceso judicial.

En cuanto al “fumus boni iuris”, o la apariencia de buen derecho, […] [e]n relación con la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), […] basta que, como consecuencia de la argumentación jurídica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneración del ordenamiento

con la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), […] basta que, como consecuencia de la argumentación jurídica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneración del ordenamiento jurídico superior para acceder a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado […]” (negrilla fuera del texto).

II.4. Caso concreto

18. Corresponde determinar si se cumplen o no los requisitos establecidos en el artículo 231 de la Ley 1437 para el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto acusado.

19. El demandante remitió al concepto de violación, en el que adujo que se vulneraron los artículos 1.°, 2.°, 6.°, 12, 23, 29, 64 y 295 de la Carta Política, 3.°

(numeral 1.), 47, 48, 49, 50, 51 y 52 de la Ley 1437, 16 de la Ley 1098, 35 y 36 de la Resolución 3899 y los Decretos 987 y “[…] 1499 de 2016 […]”.

20. Sostuvo que el acto enjuiciado desconocía que en la Resolución 1521 de 2017 había sido cancelada la personería jurídica de la Asociación de Autoridades

14 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Tratado de derecho administrativo. Contencioso Administrativo, T.III, 3ª reimp., Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p.482. 15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia de 13 de mayo de

Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p.482. 15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia de 13 de mayo de

2015. Radicación 11001-03-26-000-2015-00022-00 (53057). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 16 Apariencia de buen derecho. 17 Perjuicio de la mora. 18 Consejo de Estado . Sala de lo Contencioso Administrativo . Sección Primera. Auto de 19 de junio de 2020 . Expediente: 11001-03-24-000-2016-00295-00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo . Sección Primera. Auto de 27 de mayo de 2021 . Expediente:

54001-23-33-000-2018-00285-01. C.P. Oswaldo Giraldo López.5

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Tradicionales Wayuu de la Zona de la Makuira , por lo que no procedía su reconocimiento.

21. Respecto de los artículos que se aducen desconocidos se tiene que:

22. Los artículos 1.°, 2.°, 6.°, 12, 23, 29, 64 y 295 Superiores refieren, en su orden, a: i) que Colombia es un Estado social de derecho ; ii) los fine s esenciales del Estado; iii) las responsabilidades de los particulares y de los servidores públicos; iv) la prohibición de desaparición forzada; v) el derecho fundamental de petición; vi) el

a: i) que Colombia es un Estado social de derecho ; ii) los fine s esenciales del Estado; iii) las responsabilidades de los particulares y de los servidores públicos; iv) la prohibición de desaparición forzada; v) el derecho fundamental de petición; vi) el derecho fundamental al debido proceso; vii) el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra ; y viii) la facultad de las entidades territoriales de emitir títulos y bonos de deuda pública.

23. Las disposiciones de la Ley 1437 regulan: i) el principio de l debido proceso en las actuaciones administrativas (art. 3.°, numeral 1.) ; ii) el procedimiento administrativo sancionatorio (art. 47); iii) el período probatorio en el procedimiento administrativo sancionatorio (art. 48); iv) el contenido de l acto administrativo que decide el procedimiento administrativo sancionatorio (art. 49); v) la graduación de las sanciones (art. 50); vi) la renuencia a suministrar información (art. 51); y vii) la caducidad de la facultad sancionatoria (art. 52).

24. Según e l artículo 16 de la Ley 1098 son sujetos d e vigilancia del ICBF , las organizaciones con personería jurídica expedida por dicha entidad, que alberguen o cuiden niños, niñas o adolescentes . Además, le compete a l ICBF reconocer, otorgar, suspender y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y prestan servicios de protección a los menores de edad o a la familia, y las que desarrollan el programa de adopción.

funcionamiento a las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y prestan servicios de protección a los menores de edad o a la familia, y las que desarrollan el programa de adopción.

25. Los artículos 35 y 36 de la Resolución 389920 refieren a: i) las facultades del ICBF en relación con las funciones de control y seguimiento ; y ii) las sanciones administrativas por el incumplimiento de las normas sobre protección integral y garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus familias.

26. El Decreto 987 modificó la estructura del ICBF y determinó las funciones de sus dependencias, y el citado Decreto “[…] 1499 de 2016 […]” no se encontró.

27. Mediante la Resolución 1521 de 2017 expedida por el ICBF se canceló la personería jurídica concedida a la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu de la Zona de la Makuira a través de la Resolución 3702 de 2014.

28. Posteriormente, la Resolución 2168 de 2021 demandada, dispuso: i) otorgar y reconocer personería jurídica a la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu de la Zona de la Makuira y aprobar sus estatutos ; ii) inscribir a la señora Omaira Josefina Fernández Fernández como su representante legal; y iii) incluir a la

20 Derogada por el artículo 57 de la Resolución 6300 de 26 de diciembre de 2024, “[…] Por la cual se establece el régimen para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se efectúan unas delegaciones y se dictan otras disposiciones […]”.6

para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se efectúan unas delegaciones y se dictan otras disposiciones […]”.6

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Demandante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF

Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu de la Zona de la Makuira en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

29. El bienestar familiar es un servicio público a cargo del Estado (art. 12 de la Ley 7 de 24 de enero de 1979 21) que se presta a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar , por los organismos oficiales y particulares legalmente autorizados.

30. El Sistema Nacional de Bienestar Familiar comprende “[…] el conjunto de agentes, instancias de coordinación y articulación y de relaciones existentes entre estos para dar cumplimiento a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y el fortalecimiento familiar en los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal. […]”.

31. El otorgamiento, reconocimiento y cancelación de per sonería jurídica son funciones a cargo del ICBF, que están previstas en el inciso segundo del artículo 16 de la Ley 1098, y reglamentadas en los artículos 7.°, 8.°, 9.°, 10, 11, 36, 41 y 42 de la Resolución 3899.

32. El artículo 7.° de la Resolución 3899 establece que los interesados en obtener el otorgamiento o reconocimiento de la personería jurídica por el ICBF debían aportar los soportes documentales que demostraran el cumplimiento de los siguientes

32. El artículo 7.° de la Resolución 3899 establece que los interesados en obtener el otorgamiento o reconocimiento de la personería jurídica por el ICBF debían aportar los soportes documentales que demostraran el cumplimiento de los siguientes requisitos: i) estar debidamente representados, ii) encontrarse legalmente constituidos, iii) que quienes ocupan los cargos de representante legal de miembros del consejo de fundadores, de junta directiva o los que hagan sus veces , no han sido sancionados ni tienen impedimentos o inhabilidades; y iv) contar con bienes y patrimonio suficiente para el cumplimiento de su objeto.

33. El artículo 15 ídem dispone que para obtener licencia de funcionamiento y prestar servicios de protección integral a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias, el interesado debía contar con personería jurídica vigente.

34. En tal virtud, la personería jurídica otorgada o reconocida por el ICBF confiere la capacidad a las instituciones para formar parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y solicitar licencia de funcionamiento.

35. El artículo 36 ibidem dispone que cuando una persona jurídica incumpliera las normas de protección y garantía de los derechos de los niños y niñas, se aplicarían entre otras sanciones administrativas, la cancelación de la personería jurídica.

36. De un estudio preliminar de las normas que se aducen vulneradas, no se observa que estas impidan que se otorgue o reconozca personería jurídica a una institución a la que con anterioridad s e le haya sancionado con la cancelación de dicha personería, si se tiene en cuenta que se refieren a que Colombia es un Estado social

que estas impidan que se otorgue o reconozca personería jurídica a una institución a la que con anterioridad s e le haya sancionado con la cancelación de dicha personería, si se tiene en cuenta que se refieren a que Colombia es un Estado social de derecho, los fines esenciales del Estado, los derechos fundamentales de petición y debido proceso , la prohibición de desaparición forzada , el procedimiento

21 “[…] Por la cual se dictan normas para la protección de la Niñez, se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones […]”.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2024-00189-00

Demandante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF

administrativo sancionatorio general (arts. 47 al 52, Ley 1437), los sujetos vigilados por el ICBF y el procedimiento administrativo sancionatorio previsto en la Resolución 3899.

37. En cuanto a la transgresión de los Decretos 987 y “[…] 1499 de 2016 […]” , la solicitud cautelar no cumple con la carga mínima argumentativa debido a que no indicó los artículos infringidos y el Decreto “[…] 1499 de 2016 […]” no se encontró.

38. La Sección Primera del Consejo de Estado ha señalado que, “[…] para la prosperidad de la suspensión provisional, deben indicarse en forma precisa y concreta las disposiciones que se consideran manifiestamente infringidas por el acto acusado y expresar el concepto de su violación, sin que sea suficiente para el efecto solicitar simplemente el decreto de la medida, sin explicar cuál es la razón normativa para que se acceda a ello […]”22.

acusado y expresar el concepto de su violación, sin que sea suficiente para el efecto solicitar simplemente el decreto de la medida, sin explicar cuál es la razón normativa para que se acceda a ello […]”22.

39. Así las cosas, en esta etapa procesal no se encuentra contradicción entre la resolución acusada y las normas superiores invocadas como transgredidas.

40. Por lo anterior, se negará la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la Resolución 2168 de 9 de noviembre de 2021.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria,

RESUELVE:

NEGAR la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la Resolución 2168 de 9 de noviembre de 2021.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

(g)

22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de Sala de 18 de abril de 2024. Radicación núm. 25000-23-41-000-2020-00718-01. C.P. Oswaldo Giraldo López.

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