CE - Auto interlocutorio 11001032400020250008700 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Radicación núm.: 11001-03-24-000-2025-00087-00

Demandantes: IVÁN DARÍO ZULUAGA PIMIENTA Y OTRA

Demandados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE

MINAS Y ENERGÍA

Auto que rechaza demanda

Los señores Iván Darío Zuluaga Pimienta y Sandra Carolina Cadavid Fernández en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20111, presentaron demanda contra el presidente de la República y el Ministerio de Minas y Energía, cuyas pretensiones son las siguientes:

“[…] PRIMERO: Que se declare la nulidad absoluta del acto del Gobierno Nacional dado por el Presidente de la República en el Consejo de Ministros del 10 de marzo de 2025, en la cual le solicitó al Ministro de Minas y Energía actuar de inmediato en contra de Empresas Públicas de Medellín y sus filiales por la decisión tomada por el Juzgado Décimo (10°) Civil del Circuito de Bogotá que ordenó el emba rgo de las cuentas de la nación, por estructurarse una desviación de poder.

SEGUNDO: Que se declare la nulidad absoluta de la solicitud presentada por el Ministerio de Minas y Energía a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (sic) ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre

SEGUNDO: Que se declare la nulidad absoluta de la solicitud presentada por el Ministerio de Minas y Energía a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (sic) ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre Empresas públicas de Medellín EPM y sus filiales, por estructurarse una desviación de poder.

TERCERO: Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, se solicita al Gobierno Nacional que, en lo sucesivo, se abstenga de ejercer acciones de esta índole sin fundamentación jurídica, fáctica y técnica […]” (negrilla original del texto).

El artículo 43 de la Ley 1437 establece que son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación.

La Sección Primera del Consejo de Estado 2 ha considerado que “[…] aquellas decisiones de la administración producto de la conclusión de un procedimiento administrativo, o los actos de trámite que hacen imposible la continuación de esa actuación, son susceptibles de ser controlados por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de modo tal que los actos de trámite o preparatorios distintos de los antes señalados se encuentran excluidos de dicho control, en tanto no deciden el fondo de la actuación administrativa ni ponen fin a la misma […]”.

1 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de ponente de 30 de septiembre de 2024.

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00105-00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2025-00087-00

Demandantes: Iván Darío Zuluaga Pimienta y otra

Al respecto, se advierte que la demanda se dirige contra: (i) la declaración realizada por el presidente de la República en el Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2025 y (ii) la “[…] Solicitud del ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control […] sobre EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN EPM y sus filiales […]”, suscrita por el ministro de Minas y Energía.

En relación con l a declaración del presidente de la República, su contenido es el siguiente:

“[…] Entonces EPM que es una empresa pública, a la cual la Nación la ha ayudado mucho, acá es el que embarga cuentas de la Nación. O sea, no solo el uribismo sabotea la financiación del Gobierno, sino que además los pocos recursos que tiene los embarga. Esa es una acción política, no va ni bajo el interés de Antioquia, ni por el interés de Medellín, cuyos barrios pobres no tienen agua potable. Ni por el interés nacional. Eso no se puede permitir. El presidente tiene la función constitucional de control, de vigilancia de los servicios públicos de Colombia. No se pasan por la faja los derechos constitucionales del Gobierno y del presidente por política y sectarismo político, la ciudad en donde los alcaldes dejaron que mataran los jóvenes de la comuna 13 y los enter raran en la escombrera y no fueron capaces de descubrirlo,

los derechos constitucionales del Gobierno y del presidente por política y sectarismo político, la ciudad en donde los alcaldes dejaron que mataran los jóvenes de la comuna 13 y los enter raran en la escombrera y no fueron capaces de descubrirlo, siendo un servicio público de Medellín. Entonces le pido aquí a Angie que tome las medidas que hay que tomar. Ministro de Minas y Energía eléctrica, ¡Hay que tomarlas, punto! ¡Entonces debe actuar de inmediato! […]”3.

En la “[…] Solicitud del ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control […] sobre EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN EPM y sus filiales […]”, suscrita por el ministro de Minas y Energía se señala:

“[…] Señor

YANOD MARQUEZ ALDANA

Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios

[…]

Asunto: Solicitud del ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control señaladas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994 y del Decreto 1369 de

2020.

Señor Superintendente:

En atención a las competencias que la Constitución Política y la ley asignan a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en materia de inspección, vigilancia y control de las entidades prestadoras de servicios públicos, el Ministerio de Minas y Energía, en el marco de sus funciones de formulación, adopción y coordinación de la política pública en el sector, se permite solicitar a su despacho el ejercicio de dichas funciones sobre las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN EPM y sus filiales, con el fin de verificar el cumplimiento del marco normativo y contractual aplicable, así como garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos

ejercicio de dichas funciones sobre las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN EPM y sus filiales, con el fin de verificar el cumplimiento del marco normativo y contractual aplicable, así como garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios a los usuarios y en consideración a que:

[…]

Al respecto, es de precisar que, las funciones descritas en los artículos 79 (sic) la Ley 142 de 1994 y 6 del Decreto 1369 de 2020 son numerosas, pero de forma general

3 Cfr. Índice 2 del expediente digital. Enlace visible en el folio 3 de la demanda.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2025-00087-00

Demandantes: Iván Darío Zuluaga Pimienta y otra

circunscriben el ámbito de competencia de la Superintendencia a ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de los contratos de servicios públicos que celebren los prestadores de estos servicios y los usuarios de los mis mos, así como sobre el cumplimiento de las leyes, reglamentos y regulación a los que se encuentran sujetos quienes presten servicios públicos o actividades complementarias a los mismos, en cuanto afecten en forma directa e inmediata a usuarios determinados y, en consecuencia, sancionar sus violaciones

En ese sentido, desde el Ministerio de Minas y Energia (sic) solicitamos desarrollar cada una de las funciones a su cargo, realizando diferentes actividades y acciones tendientes al cumplimiento de las leyes, reglamentos y regulación a los que se encuentran sujeto las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN EPM y sus filiales.

[…]

En mérito de lo expuesto, agradecemos la atención prestada a la presente solicitud

encuentran sujeto las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN EPM y sus filiales.

[…]

En mérito de lo expuesto, agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y reiteramos la disposición del Ministerio de Minas y Energía para brindar el apoyo y la información que se requiera en el marco de sus actuaciones. Confiamos en que el ejercicio oportuno y eficaz de las funciones de inspección, vigilancia y control a cargo de esa Superintendencia contribuirá a fortalecer la prestación eficiente, continua y de calidad de los servicios públicos domiciliarios en beneficio de los usuarios y del interés general. […]” (negrilla del texto y subrayado fuera del texto).

De las transcripciones anterior es, se observa que la declaración realizada por el presidente de la República en su intervención y el oficio suscrito por el ministro de Minas y Energía no contienen una decisión que crea, extinga o modifi que una situación jurídica, o ponga fin a un procedimiento administrativo.

El presidente de la República solicitó al ministro de Minas y Energía actuar conforme a sus competencias, y el ministro de Minas y Energía solicitó al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios el “[…] ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control señaladas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994 y del Decreto 1369 de 2020 […]”.

Al respecto, l a Sección Primera del Consejo de Estado en providencia de 20 de febrero de 2020 precisó que, “[…] serán pasibles de enjuiciamiento ante la jurisdicción las decisiones administrativas, independientemente de su denominación, solo aquellas que tengan la capacidad de producir efectos jurídicos

febrero de 2020 precisó que, “[…] serán pasibles de enjuiciamiento ante la jurisdicción las decisiones administrativas, independientemente de su denominación, solo aquellas que tengan la capacidad de producir efectos jurídicos vinculantes […]”4.

Por lo tanto, se considera que los actos demandados no son susceptibles de control judicial porque de estos no se desprende un efecto vinculante “[…] frente a los administrados […]”5.

En consecuencia, como los actos demandados no son susceptibles de control judicial, se rechazará la demanda por configurarse el supuesto del numeral 3. del artículo 169 de la Ley 1437.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de febrero de 2020 , Exp., núm: 11001-03-24-000-2010-00317-00. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón. 5 Ibidem.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2025-00087-00

Demandantes: Iván Darío Zuluaga Pimienta y otra

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria,

RESUELVE:

PRIMERO: RECHAZAR la demanda presentada por los señores Iván Darío Zuluaga

Pimienta y Sandra Carolina Cadavid Fernández.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER los anexos de la demanda, previas las anotaciones de rigor en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial

SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

previas las anotaciones de rigor en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.