CE - Auto interlocutorio 11001032400020250009200 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 11001032400020250009200 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C, veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: Demandante:
Demandado: Medio de control:
Tema:
Decisión: 11001 03 24 000 2025 00092 00
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Nulidad Reglamento Operativo del Fondo de Compensación . Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Confirma auto que negó la suspensión provisional del Acuerdo 009 del 3 de abril de 2023.
Auto interlocutorio
La Sala decide el recurso de súplica interpuesto por la demandante contra la providencia de 4 de junio de 2026, mediante la cual se negó la suspensión provisional de los efectos de l Acuerdo 009 del 3 de abril de 2023 “Por el cual se adopta el Reglamento Operativo del Fondo de Compensación” expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
I. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de medida cautelar
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 1 solicitó la suspensión provisional del Acuerdo 009 del 3 de abril de 2023 o, de manera subsidiaria, del parágrafo segundo del artículo 7 del referido acto administrativo.
Como fundamento de la medida cautelar, sostuvo que el acto administrativo
provisional del Acuerdo 009 del 3 de abril de 2023 o, de manera subsidiaria, del parágrafo segundo del artículo 7 del referido acto administrativo.
Como fundamento de la medida cautelar, sostuvo que el acto administrativo cuestionado vulneraría la autonomía de las corporaciones autónomas regionales, reconocida en la Constitución Política y desarrollada por el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, que las define como entidades corporativas de carácter público, dotadas de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica.
Afirmó que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible excedió sus competencias pues, bajo el propósito de reglamentar el funcionamiento y la operación del Fondo de Compensación Ambiental, reguló un aspecto relacionado con las rentas propias de las corporaciones autónomas regionales. En su criterio, la habilitación prevista en la Ley 344 de 1996 se circunscribía a la definición de los procedimientos para el recaudo, el giro de los recursos y el trámite de las solicitudes de las corporaciones, sin comprender la facultad para establecer o modificar el concepto de rentas propias.
Sostuvo que el artículo 46 de la Ley 99 de 1993 estableció las rentas y el patrimonio de las corporaciones autónomas regionales y que, por tanto, correspondía al legislador
1 En adelante, CVC.Radicado: 11001 03 24 000 2025 00092 00
Demandante: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC
2
definir su contenido, sin que el Ejecutivo pudiera adicionar elementos no previstos en la ley mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria.
2
definir su contenido, sin que el Ejecutivo pudiera adicionar elementos no previstos en la ley mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria.
En particular, cuestionó el parágrafo segundo del artículo 7 del Acuerdo 009 de 2023 porque dispone que los aportes al Fondo de Compensación Ambiental deben efectuarse sobre la base del recaudo efectivo mensual y no sobre las clasificaciones internas que tenga cada corporación. A juicio de la demandante, esta regla no constituye un criterio meramente operativo o de reporte, sino que modifica el concepto de recurso propio y, con ello, la base sobre la cual se determinan los aportes de las corporaciones al Fondo.
Agregó que los reglamentos anteriores del Fondo de Compensación Ambiental, entre ellos el Acuerdo 4 de 2010, establecían como referente los ingresos corrientes de las corporaciones para la definición de sus recursos propios. En consecuencia, consideró que el nuevo criterio introducido por el Acuerdo 009 de 2023 supone una modificación sustancial que desborda el ámbito de la potestad reglamentaria del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Con fundamento en lo anterior, sostuvo que el parágrafo acusado vulneraría las normas constitucionales y legales que reconocen la autonomía de las corporaciones autónomas regionales y delimitan sus rentas propias, además de exceder las competencias atribuidas al Ministerio para la regulación del Fondo de Compensación Ambiental.
Finalmente, afirmó que la medida cautelar resultaba necesaria para evitar la aplicación de una disposición que, a su juicio, afecta la autonomía financiera de las corporaciones
competencias atribuidas al Ministerio para la regulación del Fondo de Compensación Ambiental.
Finalmente, afirmó que la medida cautelar resultaba necesaria para evitar la aplicación de una disposición que, a su juicio, afecta la autonomía financiera de las corporaciones autónomas regionales, incluida la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, y solicitó, en consecuencia, la suspensión provisional de sus efectos.
1.2. La providencia objeto del recurso de súplica
Mediante el auto de 4 de junio de 2026 se negó la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo 009 del 3 de abril de 2023, “Por el cual se adopta el Reglamento Operativo del Fondo de Compensación” , expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y del parágrafo segundo del artículo 7 ibidem, con fundamento en las siguientes consideraciones:
En primer lugar, se señaló que el acto acusado no contiene ninguna previsión dirigida a determinar la estructura orgánica de las corporaciones autónomas regionales, n o crea o suprime competencias, no modifica su naturaleza jurídica ni altera sus potestades misionales. Se precisó que la obligación de transferir recursos a favor del Fondo de Compensación Ambiental tiene origen legal y no en el acuerdo demandado, cuyo objeto consiste en establecer el criterio operativo para la ejecución y el reporte de dicha obligación.
En segundo lugar, se distinguió entre la determinación de los recursos que constituyen rentas propias de las corporaciones autónomas regionales, materia regulada por el artículo 46 de la Ley 99 de 1993, y la definición del criterio de reporte conforme al cual
En segundo lugar, se distinguió entre la determinación de los recursos que constituyen rentas propias de las corporaciones autónomas regionales, materia regulada por el artículo 46 de la Ley 99 de 1993, y la definición del criterio de reporte conforme al cual esas rentas, previamente establecidas por la ley, deben informarse al Fondo de Compensación Ambiental para efectos del cálculo de los aportes. Se consideró que la disposición acusada se refiere al segundo aspecto y, por tanto, se encuentra dentro del ámbito operativo propio del reglamento.
En tercer lugar, se indicó que la disposición demandada establece que el registro delRadicado: 11001 03 24 000 2025 00092 00
Demandante: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC
3
ingreso debe efectuarse con base en el recaudo efectivo mensual y no en las clasificaciones internas de cada corporación. Según el auto recurrido, mediante este criterio el Comité del Fondo de Compensación Ambiental precisó el parámetro temporal y metodológico para el cálculo y reporte de los aportes.
En cuarto lugar, se consideró que esta determinación no modifica los porcentajes establecidos por la ley, los cuales continúan aplicándose sobre las mismas fuentes legalmente definidas, ni altera las exclusiones previstas en la normativa. Se estimó que la disposición únicamente precisa el momento a partir del cual los recursos deben computarse para efectos del reporte y la transferencia, aspecto que corresponde a un criterio operativo susceptible de regulación mediante el reglamento.
En quinto lugar, se precisó que el hecho de que reglamentos anteriores, en particular
computarse para efectos del reporte y la transferencia, aspecto que corresponde a un criterio operativo susceptible de regulación mediante el reglamento.
En quinto lugar, se precisó que el hecho de que reglamentos anteriores, en particular el artículo 20 del Acuerdo 4 de 2010, hubieran utilizado como parámetro los ingresos corrientes no imponía la suspensión del nuevo criterio. Sobre este punto, se consideró que, en esta etapa procesal, el Comité del Fondo de Compensación Ambiental contaba con facultades para actualizar y ajustar los criterios operativos del sistema, entre ellos, la utilización del recaudo efectivo mensual como base para el reporte. Se agreg ó que el artículo 24 de la Ley 344 de 1996 impide modificar los porcentajes y las fuentes de los aportes, pero no impide ajustar el criterio operativo para su cálculo y reporte.
Con fundamento en lo anterior, se concluyó que, en principio, no se advertía una infracción de las normas invocadas como fundamento de la solicitud de suspensión provisional.
II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE SÚPLICA
El demandante presentó recurso de súplica contra el auto de l 4 de junio de 2026 y solicitó que se revoque en su integridad para que, en su lugar, se decrete la suspensión provisional de los efectos jurídicos del parágrafo segundo del artículo 7 del Acuerdo 009 del 3 de abril de 2023, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Como fundamento del recurso, sostuvo que el Despacho incurrió en un error al negar la medida cautelar, pues la confrontación entre la disposición acusada y las normas
Sostenible.
Como fundamento del recurso, sostuvo que el Despacho incurrió en un error al negar la medida cautelar, pues la confrontación entre la disposición acusada y las normas superiores invocadas en la demanda permite advertir, a su juicio, su manifiesta contradicción con el ordenamiento jurídico.
Cuestionó la premisa central del auto recurrido, según la cual el parágrafo acusado establece un criterio meramente operativo que no altera el contenido sustancial de las obligaciones a cargo de las corporaciones autónomas regionales. Afirmó que, aunque la disposición se presenta como una regla de carácter procedimental, en realidad modifica la base sobre la cual se calculan los aportes al Fondo de Compensación Ambiental, al disponer que estos se efectúen con fundamento en el recaudo efectivo mensual y no en las clasificaciones internas de cada corporación.
Señaló que los reglamentos anteriores, en particular el Acuerdo 4 de 2010, utilizaban como referente los ingresos corrientes de las corporaciones y que la sustitución de este parámetro por el recaudo efectivo mensual comporta una modificación sustancial de la base de los aportes. En su criterio, el Despacho no tuvo en cuenta esta diferencia al calificar la disposición como un simple criterio operativo.
A partir de lo anterior, alegó que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible carecía de competencia para establecer dicho criterio, pues el legislador definió elRadicado: 11001 03 24 000 2025 00092 00
Demandante: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC
4
contenido y alcance de las rentas propias de las corporaciones autónomas regionales
Demandante: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC
4
contenido y alcance de las rentas propias de las corporaciones autónomas regionales en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 344 de 1996. Sostuvo que la potestad reglamentaria no habilitaba al Ejecutivo para adicionar el contenido de esas disposiciones legales ni para establecer reglas que incidieran en la determinación de la base de los aportes al Fondo de Compensación Ambiental.
Asimismo, afirmó que la disposición acusada desconoce la autonomía de las corporaciones autónomas regionales, en particular su dimensión financiera, al imponerles una forma específica de registro de sus ingresos y de determinación de la base de los aportes. Según el recurrente, este criterio podría conducir a incluir recursos que no hacen parte del concepto legal de rentas propias, entre ellos, eventualmente, los rendimientos financieros.
De igual manera, sostuvo que la habilitación conferida por la Ley 344 de 1996 al Ejecutivo para regular el Fondo de Compensación Ambiental se limita a aspectos relacionados con el recaudo, el giro de los recursos y el trámite de las solicitudes, sin que comprenda la facultad de definir o modificar elementos sustanciales del concepto de rentas propias de las corporaciones autónomas regionales ni la metodología para determinar su cuantía.
Por último, insistió en que la regla según la cual los aportes deben calcularse sobre el recaudo efectivo mensual no constituye un criterio de reporte, sino una disposición que incide directamente en la gestión financiera y contable de las corporaciones autónomas regionales y, por tanto, en su autonomía financiera. Con fundamento en estos
recaudo efectivo mensual no constituye un criterio de reporte, sino una disposición que incide directamente en la gestión financiera y contable de las corporaciones autónomas regionales y, por tanto, en su autonomía financiera. Con fundamento en estos argumentos, solicitó que se revo que el auto recurrido y se decret e la suspensión provisional del parágrafo segundo del artículo 7 del Acuerdo 009 de 2023.
III. TRASLADO DEL RECURSO
Durante el término de traslado del recurso de súplica, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible guardó silencio.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Competencia
Aunque la parte demandante denominó el medio de impugnación como recurso de apelación, lo cierto es que, por la naturaleza de la providencia recurrida, el mecanismo procedente es el recurso de súplica. En efecto, el artículo 246 del C ódigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2 prevé este recurso contra los autos que, por su naturaleza, serían apelables, cuando son dictados por el magistrado ponente, supuesto que se configura en este caso, toda vez que la providencia recurrida resolvió la solicitud de suspensión provisional. Por consiguiente, el medio de impugnación se tramitará y decidirá como recurso de súplica.
De conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo 125 del CPACA, en concordancia con el literal d) del artículo 246 ibidem, modificados, respectivamente, por los artículos 20 y 66 de la Ley 2080 de 2021, corresponde a los demás integrantes de la Sala resolver el recurso de súplica.
4.2. Oportunidad
por los artículos 20 y 66 de la Ley 2080 de 2021, corresponde a los demás integrantes de la Sala resolver el recurso de súplica.
4.2. Oportunidad
La Sala advierte que el recurso objeto de estudio fue interpuesto oportunamente, toda
2 En adelante, CPACA.Radicado: 11001 03 24 000 2025 00092 00
Demandante: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC
5
vez que el auto recurrido fue notificado por estado el 11 de junio de 20263 y el recurso se presentó el 12 de junio siguiente4.
4.3. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo
La jurisprudencia de la Corte Constitucional5 ha indicado que “el inevitable tiempo que dura un proceso puede a veces provocar daños irreversibles, o difícilmente reparables, en el derecho pretendido por un demandante” por lo que “Es entonces necesario que el ordenamiento establezca dispositivos para prevenir esas afectaciones al bien o derecho controvertido, a fin de evitar que la decisión judicial sea vana” . Tales instrumentos son precisamente las medidas cautelares que “se caracterizan porque a través de ellas el ordenamiento jurídico protege, provisionalmente, mientras dura el proceso, la integridad de un derecho discutido dentro del mismo. Además de garantizar que la decisión adoptada logre ser materialmente ejecutada”6.
Por su parte, el artículo 229 del CPACA establece que las medidas cautelares tienen como finalidad proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, y, además, prevé que son procedentes “en todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado,
como finalidad proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, y, además, prevé que son procedentes “en todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada”.
El artículo 230 del CPACA clasifica las medidas cautelares en cuatro categorías: (i) preventivas, cuando tienen por finalidad evitar la consolidación de una afectación a un derecho; (ii) conservativas, cuando buscan mantener el statu quo; (iii) anticipativas, cuando pretenden evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y satisfacen de manera provisional la pretensión; y (iv) de suspensión, cuando privan temporalmente de efectos a la decisión administrativa.
Respecto de los requisitos para la procedencia de una medida cautelar de suspensión provisional previstos por el artículo 231 del CPACA, la Sección Primera de esta Corporación ha precisado que la verificación de los criterios de: (i) fumus boni iuris y (ii) periculum in mora , se entienden acreditados en el evento en que el demandante demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas7.
En tal sentido, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia del 27 de mayo de 20218, consideró lo siguiente:
Para el caso de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda,
Para el caso de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda, porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jurídico superior puedan continuar produciendo efectos jurídicos mientras transcurre el proceso judicial.
En cuanto al “fumus boni iuris”, o la apariencia de buen derecho (…) [e]n relación con la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA) (…) basta que, como consecuencia de la argumentación jurídica planteada por
3 Índice 28 de SAMAI. 4 Índice 29 de SAMAI. 5 Corte Constitucional. Sentencia C 490 del 4 de mayo de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 6 Corte Constitucional. Sentencia C 043 del 25 de febrero de 2021. M.P. Cristina Pardo. 7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 19 de junio de 2020. Radicación 11001-03-24-000-2016-00295-00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 27 de mayo de 2021. Radicación 54001-23-33-000-2018-00285-01. C.P. Oswaldo Giraldo López.Radicado: 11001 03 24 000 2025 00092 00
Demandante: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC
6
Demandante: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC
6
el peticionario, el juez advierta la vulneración del ordenamiento jurídico superior para acceder a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado.
Se destaca que la figura de la suspensión provisional de los actos administrativos prevista en el artículo 238 de la Constitución Política y desarrollada por los artículos 229 y siguientes del CPACA, se caracteriza por su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, que pretende evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso en el que se hubiere decretado la medida, con el fin de proteger los intereses generales dentro de un Estado Social de Derecho9.
En consideración al alcance de las medidas cautelares, como garantía del derecho a la tutela judicial efectiva y de la necesidad de salvaguardar el objeto del litigio mientras transcurre y se agotan las etapas propias del procedimiento judicial ordinario, se observa que, tratándose de la medida de suspensión provisional, resulta primordial que quien la invoque demuestre que el acto administrativo objeto de tal solicitud, confrontado con las normas superiores que se estiman infringidas, es contrario a estas. En tal evento, se impone la necesidad de suspender sus efectos mientras se resuelve de fondo sobre su validez en la sentencia.
4.4. Análisis del caso concreto
Esta Sección ha señalado que la suspensión provisional tiene por finalidad impedir que un acto administrativo continúe produciendo efectos mientras se profiere la decisión que pone fin al proceso. Por ello, la medida cautelar presupone que el acto acusado
Esta Sección ha señalado que la suspensión provisional tiene por finalidad impedir que un acto administrativo continúe produciendo efectos mientras se profiere la decisión que pone fin al proceso. Por ello, la medida cautelar presupone que el acto acusado se encuentre vigente y produzca efectos jurídicos susceptibles de suspensión10.
En el caso concreto, la Sala advierte que, con posterioridad a la expedición del auto recurrido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el Acuerdo 010 del 23 de julio de 2026 11, “Por el cual se adopta el Reglamento Operativo del Fondo de Compensación Ambiental”, cuyo artículo 29 dispuso:
Artículo 29. Vigencia y derogatoria. El presente Reglamento Operativo entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación y deroga de manera expresa el Acuerdo 009 del 3 de abril de 2023 del Comité del Fondo de Compensación Ambiental . (subrayas y negritas de la Sala).
En consecuencia, el Acuerdo 009 de 2023 perdió vigencia y, por tanto, obligatoriedad, de conformidad con el numeral 5 del artículo 91 del CPACA, que dispone:
Artículo 91. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:
(…)
5. Cuando pierdan vigencia.
Así las cosas, en la actualidad no existen efectos jurídicos del Acuerdo 009 de 2023
siguientes casos:
(…)
5. Cuando pierdan vigencia.
Así las cosas, en la actualidad no existen efectos jurídicos del Acuerdo 009 de 2023
9 Consejo de Estado. Sección Primera. Auto de 15 de diciembre de 2017. Radicación: 11001 -03-24-000-201500163-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 28 de enero de 2019. Radicación 11001-0324-000-2014-00439-00. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. Se destaca: “[…] es supuesto para imponer esta cautela que el acto administrativo se encuentre vigente y produciendo efectos”. 11 https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/fondo-de-compensacion-ambiental-fca/.Radicado: 11001 03 24 000 2025 00092 00
Demandante: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC
7
cuya suspensión provisional pueda ordenarse. Por esta razón, habida cuenta de que medida cautelar solicitada carece de objeto actual, la Sala confirmará el auto recurrido, aunque por una circunstancia sobreviniente a su expedición , esto es, la pérdida de vigencia del acto acusado.
Lo anterior no impide que, al momento de proferir sentencia, se examine la legalidad del acto demandado en los términos que resulten procedentes, pese a su pérdida de vigencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
RESUELVE
del acto demandado en los términos que resulten procedentes, pese a su pérdida de vigencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el auto de 4 de junio de 2026, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al despacho de origen.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en las normas aplicables.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.