CE - Auto interlocutorio 11001032400020260042000 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 11001032400020260042000 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
1
Radicado: 11001 03 24 000 2026 00420 00
Demandante: Sondra Macollins Garvin Pinto
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiséis (2026) Número único de radicación: 11001 03 24 000 2026 00420 00
Demandante: Sondra Macollins Garvin Pinto
Demandado: Presidencia de la República y Ministerio de Defensa Nacional
I. Antecedentes
1. La señora Sondra Macollins Garvin, obrando en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad previsto en el artículo 135 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), e invocando también los artículos 40 numeral 6 y 237 numeral 2 de la Constitución Política, solicitó la nulidad del Decreto 1368 de 8 de septiembre de 2026, «Por el cual se levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones », expedido por el Presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional1.
2. En escrito separado, solicitó el decreto de la medida cautelar de urgencia consistente en la suspensión provisional de los efectos del mismo acto2.
3. La demanda fue sometida a reparto el 10 de septiembre de 2026 y allegada
2. En escrito separado, solicitó el decreto de la medida cautelar de urgencia consistente en la suspensión provisional de los efectos del mismo acto2.
3. La demanda fue sometida a reparto el 10 de septiembre de 2026 y allegada a este Despacho el día 11 del mismo mes y año3.
II. Consideraciones
4. Previo a analizar el cumplimiento de los requisitos formales de admisión de
la demanda, el Despacho advierte lo siguiente:
2.1. Cuestión previa
1 Índice 2, SAMAI. 2 Índice 2, SAMAI. Archivo: 7_DemandaWeb_MedidaCautelarmedidascautelaresdecreto1368.pdf(.pdf). 3 Índices 1 y 3 respectivamente, SAMAI.2
Radicado: 11001 03 24 000 2026 00420 00
Demandante: Sondra Macollins Garvin Pinto
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
2.1.1. Adecuación medio de control
5. La parte actora señaló que el medio de control por el que se debe tramitar la demanda es el de nulidad por inconstitucionalidad. No obstante, esta Corporación ha sostenido que los requisitos que deben concurrir para que proceda el medio previsto en el artículo 135 del CPACA, son los siguientes: (i) que la norma demandada sea un reglamento autónomo o constitucional, requisito principal del medio de control, (ii) que la confrontación o juicio de validez se haga directamente con la Constitución Política.
en el artículo 135 del CPACA, son los siguientes: (i) que la norma demandada sea un reglamento autónomo o constitucional, requisito principal del medio de control, (ii) que la confrontación o juicio de validez se haga directamente con la Constitución Política. Ello independientemente de quién lo haya expedido, siempre que haya autorización constitucional4. Se ha indicado con especial énfasis, igualmente, que no procede simplemente porque en la demanda se invoque la transgresión directa de un precepto constitucional. En ese sentido, no es de recibo entender que el solo hecho de señalar que el acto administrativo viola una o varias normas de rango constitucional haga viable o procedente el medio de control mencionado5.
4 Al respecto, téngase en cuenta Sección en auto del 12 de noviembre de 2015, emitido en el proceso 2014 00573, con ponencia de la entonces Consejera de Estado María Elizabeth García González, expuso: “En sentido similar se han pronunciado también las Secciones Segunda y Tercera de esta Corporación4, con ocasión de la consagración del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad en el C.P.A.C.A. y han sostenido que: “(…) el Despacho considera que el medio de control -antes denominado por la ley acciónde nulidad por inconstitucionalidad, no corresponde a cualquier juicio de validez que se haga sobre un reglamento o acto administrativo que presuntamente viola la Constitución Política , porque este sólo es un presupuesto para el ejercicio de este mecanismo de control. En efecto, es claro que el art. 135 establece que la nulidad se produce “por infracción directa de la Constitución”. No obstante, esto no
es un presupuesto para el ejercicio de este mecanismo de control. En efecto, es claro que el art. 135 establece que la nulidad se produce “por infracción directa de la Constitución”. No obstante, esto no significa que todo juicio de inconstitucionalidad de los reglamentos o actos administrativos en general corresponda al ejercicio de este medio de control, pues existe otro requisito, no establecido por la naturaleza de la norma violada, sino por la naturaleza de la disposición demandada. Establece el art. 135 que lo demandado serán: “… los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Política”, y el inciso segundo agrega que: “También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional”. Aunque una lectura ligera de la norma admite pensar que cualquier disposición administrativa que viole la Constitución se examina con este medio de control, lo cierto es que la filosofía que recoge el art. 135 no es esa; más bien establece un medio de control especial para aquellas normas que carecen de fuerza de ley, pero que desarrollan directamente la Constitución, y que expiden tanto el Gobierno Nacional como otras entidades u organismos, sin ley que trate previamente el tema . Se alude a los denominados reglamentos autónomos, o praeter legem, o constitucionales o independientes, cuya naturaleza es la de un reglamento no la de una ley. En estos términos, el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad exige varios requisitos,
independientes, cuya naturaleza es la de un reglamento no la de una ley. En estos términos, el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad exige varios requisitos, entre ellos –para efectos de esta providenciase destacan tres: i) que la norma demandada sea un reglamento autónomo o constitucional, requisito principal del medio de control; ii) que la confrontación o juicio de validez se haga directamente contra la Constitución Política; y iii) no importa la autoridad que expida el acto, porque puede ser el Gobierno Nacional u otra autoridad, siempre que expidan un reglamento autónomo -por autorización de la Constitución -.” (Subrayas del Despacho). 5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 16 de noviembre de 2016. M.P. Guillermo Vargas Ayala3
Radicado: 11001 03 24 000 2026 00420 00
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6. Vistas así las cosas y atendiendo los anotados criterios esgrimidos por la jurisprudencia, se observa que en el presente caso no se cumplen los requisitos para que proceda el aludido medio de control, dado que: (i) el decreto acusado no es un reglamento constitucional autónomo, pues para su expedición no tuvo solo en cuenta la Constitución Política, sino también una norma de rango legal, como lo es el artículo 41 del Decreto Ley 2535 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 1119 de
reglamento constitucional autónomo, pues para su expedición no tuvo solo en cuenta la Constitución Política, sino también una norma de rango legal, como lo es el artículo 41 del Decreto Ley 2535 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 1119 de 20066, (ii) el juicio de validez no se puede efectuar solamente confrontando el Decreto acusado con disposiciones constitucionales, debido a que si bien es cierto la parte actora señala como normas violadas los artículos 2, 11, 22, 93, 189 numerales 3 y 4, 216 y 223 de la Constitución Política, e invoca como integrantes del bloque de constitucionalidad los artículos 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concordancia con sus artículos 1.1 y 2, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, también hace referencia a la facultad prevista en el Decreto Ley 2535 de 1993 y (iii) el acto
6 Artículo 10. Suspensión. El artículo 41 del Decreto 2535 de 1993, quedará así: Artículo 41. Suspensión. Las autoridades de que trata el artículo 32 del Decreto 2535 de 1993, podrán suspender de manera general la vigencia de los permisos, para tenencia o para porte de armas expedidos a personas naturales, personas jurídicas o inmuebles rurales. Estas autorid ades,
podrán suspender de manera general la vigencia de los permisos, para tenencia o para porte de armas expedidos a personas naturales, personas jurídicas o inmuebles rurales. Estas autorid ades, también podrán ordenar la suspensión de los permisos de manera individual a personas naturales, personas jurídicas o inmuebles rurales, previo concepto del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional, cuando a juicio de las mismas, las condici ones que dieron origen a la concesión original han desaparecido. Si el titular del permiso respecto del cual se dispuso la suspensión individual, no devuelve el arma a la autoridad militar competente en un término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de la disposición que la ordenó, procederá su decomiso , sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Cuando la suspensión sea de carácter general, los titulares no podrán portar las armas. Parágrafo 1°. Los gobernadores y alcaldes, podrán solicitar a la autoridad militar competente la adopción de la suspensión general, de manera directa o por conducto del Ministerio de Defensa Nacional. Parágrafo 2°. La autoridad militar que disponga la suspensión general de la vigencia de los permisos, podrá autorizar o no de manera especial o individual el porte de armas a solicitud del titular o del gobernador o alcalde respectivo, previo estudio detallado de las c ircunstancias y argumentos de seguridad nacional y seguridad pública que la invocan. Parágrafo 3°. El Gobierno Nacional a través de las autoridades contempladas en el artículo 32 del Decreto 2535 de 1993 podrá prohibir en algunas partes del territorio nacional el porte y/o tenencia de armas de fuego a las personas naturales, jurídicas y extranjeras.
Decreto 2535 de 1993 podrá prohibir en algunas partes del territorio nacional el porte y/o tenencia de armas de fuego a las personas naturales, jurídicas y extranjeras. Se exceptúan a las empresas de servicios de vigilancia y seguridad privada y los departamentos de seguridad debidamente constituidos ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y autorizadas por esta. Las personas que al entrar en vigencia esta medida de suspensión disposición, contemplada en este parágrafo, y tengan en su poder o porten armas de fuego con permiso vigente, deberán presentarlas entregarlas en la Unidad Militar de su jurisdicción dentro d e los treinta (30) días siguientes a la publicación de esta disposición, por lo cual se les reconocerá una compensación en dinero por cada arma entregada, conforme a la tabla de avalúo del Comando de las Fuerzas Militares establecida y se les descargará del sistema.4
Radicado: 11001 03 24 000 2026 00420 00
Demandante: Sondra Macollins Garvin Pinto
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demandado no es un Decreto Ley expedido en ejercicio de facultades extraordinarias ni tampoco es un decreto legislativo, que amerite su remisión a la Corte Constitucional.
7. Así las cosas, el Despacho, en uso de la facultad otorgada por el artículo 171 del CPACA7, considera que el medio de control apropiado para examinar la pretensión de la demanda de la referencia no es el de nulidad por inconstitucionalidad como lo afirma la parte actora, sino el de nulidad, que se encuentra previsto en el artículo 137
del CPACA7, considera que el medio de control apropiado para examinar la pretensión de la demanda de la referencia no es el de nulidad por inconstitucionalidad como lo afirma la parte actora, sino el de nulidad, que se encuentra previsto en el artículo 137 ibidem, razón por la cual la demanda será adecuada a este último.
2.2. De la dirección de notificaciones de la parte demandada
8. Se advierte que la actora no cumplió con el requisito previsto en el numeral 7 del artículo 162 del CPACA, modificado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 20218, relativo a indicar el lugar y dirección física en la que la parte demandada recibirá notificaciones personales, así como el canal digital.
9. Lo anterior por cuanto en el acápite de notificaciones, la demandante se limitó a señalar que el Presidente de la República y el Ministerio de Defensa Nacional podrán ser notificados en las direcciones que obren registradas ante esta Corporación, sin indicar su canal digital ni el lugar y dirección física para efectos de las notificaciones personales.
10. Por lo tanto, la demandante deberá indicar la dirección física y el canal digital en los que los demandados recibirán las notificaciones.
2.3. De la remisión previa de la demanda y sus anexos a la contraparte
11. El numeral 8 del artículo 162 del CPACA señala:
«Artículo 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá: […]
7 “Artículo 171. Admisión de la demanda. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el trámite que le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal
[…]
7 “Artículo 171. Admisión de la demanda. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el trámite que le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada (…)” 8«Artículo 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá: […] 7.El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.» (Subrayas del Despacho)5
Radicado: 11001 03 24 000 2026 00420 00
Demandante: Sondra Macollins Garvin Pinto
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8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el de mandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digi tal de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.»
12. Respecto del anterior requisito, no es posible establecer si la parte actora cumplió con el envío de la demanda y sus anexos a la contraparte. El correo
sus anexos.»
12. Respecto del anterior requisito, no es posible establecer si la parte actora cumplió con el envío de la demanda y sus anexos a la contraparte. El correo allegado se remitió desde la cuenta byga.abogadosconsultores@gmail.com y no desde sondramacol@gmail.com que la demandante informó como su canal digital.
Ni en la demanda ni en sus anexos se indica quién es el titular de la primera cuenta ni qué relación tiene con la demandante, que actúa en nombre propio, de modo que el mensaje no permite atribuirle a ella el envío de esta demanda. Además, se dirigió a los correos contactenos@mindefensa.gov.co y contacto@presidencia.gov.co, dispuestos para la atención a la ciudadanía y no para notificaciones judiciales.
13. Por lo tanto, la demandante deberá acreditar el envío de la demanda y de la totalidad de sus anexos a los demandados, desde el correo electrónico que informó como su canal digital y a los canales dispuestos por aquellos para notificaciones judiciales, medi ante una constancia en la que sean visibles las direcciones electrónicas completas del remitente y de los destinatarios, la fecha de remisión y los archivos adjuntos.
14. Se advierte que se otorgarán 10 días para que la parte actora subsane la demanda en los términos señalados, so pena de rechazo, conforme a lo dispuesto en el artículo 169 del CPACA9.
15. Al momento de presentar la subsanación de la demanda, la parte actora deberá cumplir lo señalado en el numeral 8 del artículo 162 del CPACA, remitiendo copia de la demanda, subsanación y anexos a la parte demandada.
15. Al momento de presentar la subsanación de la demanda, la parte actora deberá cumplir lo señalado en el numeral 8 del artículo 162 del CPACA, remitiendo copia de la demanda, subsanación y anexos a la parte demandada.
9 Artículo 169. Rechazo de la demanda. Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:
1. Cuando hubiere operado la caducidad.
2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida.
3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial.6
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Así las cosas, el Despacho:
RESUELVE
PRIMERO: ADECUAR la demanda de nulidad por inconstitucionalidad de la referencia al medio de control de nulidad simple, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: INADMITIR la demanda instaurada por la señora Sondra Macollins Garvin, en contra del Decreto 1368 de 8 de septiembre de 2026, «Por el cual se levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones», expedido por el Presidente de la República y el Ministerio de Defensa Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
nacional y se dictan otras disposiciones», expedido por el Presidente de la República y el Ministerio de Defensa Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: CONCEDER a la demandante un plazo de 10 días, contados a partir de la notificación de esta providencia, para que corrija la demanda de conformidad con lo dispuesto en esta providencia, so pena de rechazo.
Notifíquese y cúmplase,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Magistrado Consejo de Estado
La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley