CE - Auto interlocutorio 11001032500020180101800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025) Radicado : 11001-03-25-000-2018-01018-00 (3264-2018)1

Demandante : Franciliano Díaz Díaz Demandada : Nación – Departamento Administrativo de la Función Pública – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Ministerio de Justicia y del Derecho - Fiscalía General de la Nación Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho Tema : Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992) Decisión : Avoca conocimiento y remite por competencia Ha venido el expediente de la referencia, remitido por el respectivo conjuez ponente, habida cuenta de los cambios ocurridos en la integración de esta Subsección.

Sobre el particular, debe recordarse que, conforme al artículo 116 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), «[l]os conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto

de aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos». Por lo tanto, la finalización del período constitucional de los anteriores integrantes de la Subsección y la nueva conformación de la Sala, imponen dar aplicación a la norma citada y avocar conocimiento del litigio, toda vez que, por parte del suscrito consejero de Estado, no se advierte causal de impedimento para tramitar y decidir la controversia2. 1 Expediente híbrido. 2 Cabe anotar que, en asuntos relacionados con la naturaleza e incidencia de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y las bonificaciones por compensación y judicial, el suscrito Consejero de Estado y los integrantes de esta Subsección manifestaban su impedimento, declaraciones venían siendo aceptadas. Sin embargo, esas posiciones fueron rectificadas por esta Corporación, en el sentido de establecer que la configuración del interés directo o indirecto del juzgador en ese tipo de controversias: (i) no procede de plano por el hecho de haber devengado la prestación referida, pues es necesario acreditar la existencia de «circunstancias directas o indirectas y vigentes que puedan afectar su imparcialidad, […] verbigracia, que se encuentren ejerciendo su derecho de acción con pretensiones similares, o que hubiesen elevado una reclamación en similares términos a aquella formulada por la parte demandante»; (ii) tampoco se constituye por «percibir una prestación contenida en la

misma ley»; y (iii) en cuanto al interés indirecto, es indispensable que «se predique respecto de los terceros definidos en la norma». Tales consideraciones también se han venido acogiendo por la Subsección B, respecto de los impedimentos manifestados por los magistrados de los Tribunales Administrativos del país.

Citas tomadas de: exp. 25000-23-42-000-2017-04499-02 (1702-2021), auto de 4 de septiembre de 2024; y exp. 76001-23-33-0002018-00326-01 (0502-2023), auto de 5 de diciembre de 2023.Número Interno: 3264-2018

Demandante: Franciliano Díaz Díaz Demandada: Nación – Departamento Administrativo de la Función Pública y otros Por otro lado, se tiene que el demandante formuló pretensiones de nulidad parcial contra los decretos expedidos por el Gobierno Nacional entre 1993 y 2017 respecto de los salarios y prestaciones de la Fiscalía General de la Nación, y contra la Resolución 23317 de 9 de noviembre de 2017. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y la reliquidación de sus demás factores salariales y prestacionales.

Con auto de 9 de febrero de 2021, el respectivo conjuez dispuso escindir la demanda, de tal suerte que admitió la demanda de nulidad contra los aludidos decretos de

salarios y prestaciones, y escindió las pretensiones de anulación de la Resolución 23317 de 9 de noviembre de 2017 y restablecimiento del derecho, que ordenó remitir al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Visto lo anterior, y una vez revisado el expediente en su integridad, el despacho considera que los motivos y finalidades que guarda la parte actora no se orientan a discutir, en abstracto, la legalidad o constitucionalidad de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional entre 1993 y 2017 respecto de los salarios y prestaciones de la Fiscalía General de la Nación, sino a obtener una reparación de los daños presuntos que alude sobre sus derechos subjetivos. En ese orden, se advierte que las pretensiones de nulidad no comportan un proceso distinto al de nulidad y restablecimiento del derecho y realmente refieren al medio de control por vía de excepción preceptuado por el artículo 148 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en virtud del cual, «[e]n los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley». En consecuencia, comoquiera que el medio de control admitido no guarda autonomía respecto de lo pretendido por el actor, y que las razones argumentadas por el

accionante pueden ser tramitadas a través del control por vía de excepción, se impone ahora, por celeridad y economía procesal, dejar sin efecto las actuaciones desde el auto de 9 de febrero de 2021, que admitió la demanda de nulidad, y ordenar la remisión completa del expediente a la autoridad judicial que haya avocado conocimiento del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho escindido, tal como será dispuesto en la parte resolutiva de esta actuación. 2Número Interno: 3264-2018

Demandante: Franciliano Díaz Díaz Demandada: Nación – Departamento Administrativo de la Función Pública y otros Por último, teniendo en cuenta que se dejará sin efectos ni valor jurídico el proveído de 9 de febrero de 2021, por medio del cual se admitió la demanda, el Despacho se abstendrá de pronunciarse respecto del incidente de nulidad3 presentado por el apoderado judicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, el Despacho, RESUELVE PRIMERO: AVOCAR conocimiento de la presente controversia, en el estado en que se encuentra, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 116 del CPACA.

SEGUNDO: DEJAR sin efecto ni valor jurídico, las disposiciones contenidas en todas las actuaciones proferidas desde el auto de 9 de febrero de 2021, en virtud de las cuales se admitieron las pretensiones de nulidad y se escindieron las de nulidad y

restablecimiento del derecho.

TERCERO: ABSTENERSE de emitir pronunciamiento sobre el incidente de nulidad presentado por el apoderado judicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo aquí expuesto.

CUARTO: REMITIR, por competencia, el expediente, a la autoridad judicial que haya avocado conocimiento sobre las mencionadas pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, para que se surta el respectivo trámite mediante el mecanismo de control por vía de excepción.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, efectuar todas las gestiones necesarias para su cumplimiento, previas las constancias y anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. 3 Actuación registrada a índice 31 y 32 de SAMAI.

3Número Interno: 3264-2018

Demandante: Franciliano Díaz Díaz Demandada: Nación – Departamento Administrativo de la Función Pública y otros

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