CE - Auto interlocutorio 11001032500020180109900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera

BogotÆ, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-25-000-2018-01099-00 (3972-2018)1

Demandante : Diego Fernando VelÆsquez CÆrdenas Demandada : Nación – Fiscalía General de la Nación y otros.2

Medio de control : Nulidad simple Tema : Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4“ de 1992) Decisión : Avoca conocimiento

Ha venido el expediente de la referencia, remitido por el respectivo conjue z ponente, habida cuenta de los cambios ocurridos en la integración de esta Subsección.

Sobre el particular, debe recordarse que, conforme al artículo 116 del Cód igo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), «[l]os conjueces que entren a conocer de un asunto deberÆn actuar hasta que termine completamente la instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarÆn a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dØ lugar al nombramiento de estos ».

Por lo tanto, la finalización del período constitucional de los anteriores integrant es de la Subsección y la nueva conformación de la Sala, imponen dar aplicación a la norma citada y avocar conocimiento del litigio, toda vez que, por parte del suscrito consejero de Estado,

Subsección y la nueva conformación de la Sala, imponen dar aplicación a la norma citada y avocar conocimiento del litigio, toda vez que, por parte del suscrito consejero de Estado, no se advierte causal de impedimento para tramitar y decidir la controversia3.

Por otro lado, se tiene que el demandante formuló pretensiones de nulidad parcial contra los decretos expedidos por el Gobierno Nacional entre 1993 y 2017 respecto de los

1 Expediente híbrido. 2 Ministerio de Hacienda y CrØdito Pœblico, Ministerio de Justicia y del Derecho y Departamento Administrativo de la función Pœblica. 3 Cabe anotar que, en asuntos relacionados con la naturaleza e incidencia de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4“ de 1992, y las bonificaciones por compensación y judicial, el suscrito Consejero de Estado y los integrante s de esta Subsección manifestaban su impedimento, declaraciones venían siendo aceptadas. Sin embargo, esas posiciones fueron rectificadas por esta Corporación, en el sentido de establecer que la c onfiguración del interØs directo o indirecto del juzgador en ese t ipo de controversias: (i) no procede de plano por el hecho de haber devengado la prestación referida, pues es necesario acreditar la existencia de «circunstancias directas o indirectas y vigentes que puedan afectar su imparcialidad, […] verbigracia, que se encuentren ejerciendo su derecho de acción con pretensiones similares, o que hubiesen elevado una reclamación en similares tØrminos a aquella

formulada por la parte demandante»; (ii) tampoco se constituye por «percibir una prestación cont enida en la misma ley»; y (iii) en cuanto al interØs indirecto, es indispensable que «se predique r especto de los terceros definidos en la norma». Tales consideraciones tambiØn se han venido acogiendo por la Subsección B, respect o de los impedimentos manifestados por los magistrados de los Tribunales Administrativos del país.

Citas tomadas de: exp. 25000-23-42-000-2017-04499-02 (1702-2021), auto de 4 de septiembre de 2024; y exp . 76001-23-33-0002018-00326-01 (0502-2023), auto de 5 de diciembre de 2023.Nœmero Interno: 3972-2018

Demandante: Diego Fernando VelÆsquez CÆrdenas Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

2 salarios y prestaciones de la Fiscalía General de la Nación, y contra la Resolución 2-2008 de 30 de junio de 2017. A título de restablecimiento del derecho, soli citó el pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4“ de 1992 y la reliquidación de sus demÆs factores salariales y prestacionales.

Con auto de 22 de febrero de 2021, el respectivo conjuez dispuso escind ir la demanda, de tal suerte que admitió la demanda de nulidad contra los aludidos decretos de salarios y prestaciones, y escindió las pretensiones de anulación de la Resolución 2-2008 de 3 0 de junio de 2017 y restablecimiento del derecho, que ordenó remitir al T ribunal Administrativo de Cundinamarca.

y prestaciones, y escindió las pretensiones de anulación de la Resolución 2-2008 de 3 0 de junio de 2017 y restablecimiento del derecho, que ordenó remitir al T ribunal Administrativo de Cundinamarca.

Visto lo anterior, y una vez revisado el expediente en su integridad, el despacho considera que los motivos y finalidades que guarda la parte actora no se orienta n a discutir, en abstracto, la legalidad o constitucionalidad de los decretos expedidos por el Gob ierno Nacional entre 1993 y 2017 respecto de los salarios y prestaciones de la Fiscalía General de la Nación, sino a obtener una reparación de los daæos presuntos que alude sobre sus derechos subjetivos.

En ese orden, se advierte que las pretensiones de nulidad no comport an un proceso distinto al de nulidad y restablecimiento del derecho y realmente refieren al m edio de control por vía de excepción preceptuado por el artículo 148 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en virtud del cual, «[e]n los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrÆ, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley».

En consecuencia, comoquiera que el medio de control admitido no guarda autonomía respecto de lo pretendido por el actor, y que las razones argumentadas por el accionante pueden ser tramitadas a travØs del control por vía de excepción, se impo ne ahora, por celeridad y economía procesal, dejar sin efecto las actuaciones desde el auto de 22 de

pueden ser tramitadas a travØs del control por vía de excepción, se impo ne ahora, por celeridad y economía procesal, dejar sin efecto las actuaciones desde el auto de 22 de febrero de 2021, que admitió la demanda de nulidad, y ordenar la remisió n completa del expediente a la autoridad judicial que haya avocado conocimiento del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho escindido, tal como serÆ dispuesto en la parte res olutiva de esta actuación.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, el Despacho,

RESUELVENœmero Interno: 3972-2018

Demandante: Diego Fernando VelÆsquez CÆrdenas Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

3 FSG PRIMERO. AVOCAR conocimiento de la presente controversia, en el estado en que se encuentra, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 116 del CPACA.

SEGUNDO. DEJAR sin efecto ni valor jurídico, las disposiciones contenidas en todas las actuaciones desde el auto de 22 de febrero de 2021, en virtud del cual se admitieron las pretensiones de nulidad y se escindieron las de nulidad y restablecimiento del derecho.

TERCERO. REMITIR, por competencia, el expediente, a la autoridad judicial que haya avocado conocimiento sobre las mencionadas pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, para que se surta el respectivo trÆmite mediante el mecanismo d e control por vía de excepción.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, efectuar todas las gestiones necesarias para su cumplimiento, previas las constancias y anotaciones de rigor.

por vía de excepción.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, efectuar todas las gestiones necesarias para su cumplimiento, previas las constancias y anotaciones de rigor.

NOTIF˝QUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.