CE - Auto interlocutorio 11001032500020220023800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Solicitud de extensión de la jurisprudencia Radicación: 11001-03-25-000-2022-00238-00 (0575-2022)

Solicitante: Martha Carolina Flórez Peña

Demandada: Bogotá, D.C. – Secretaría Distrital de Integración Social

Tema: solicitud de extensión de la jurisprudencia. Subtema 1: relación laboral encubierta. Subtema 2: maestra profesional para la educación inicial desde el proceso de atención integral a la primera infancia en jardines infantiles.

AUTO QUE RESUELVE SOLICITUD DE EXTENSION DE LA JURISPRUDENCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud de extensión de la jurisprudencia presentada por la señora Martha Carolina Flórez Peña con el fin de que se ordene a la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, D.C., extienda los efectos de la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Martha Carolina Flórez Peña, en su condición de maestra «de tiempo completo en los jardines infantiles distritales para la integración a la primera infancia», solicitó a la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, D.C. que extienda los

completo en los jardines infantiles distritales para la integración a la primera infancia», solicitó a la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, D.C. que extienda los efectos de la sentencia de unificación jurisprudencial CE -SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016. Concretamente, pretende el reconocimiento de una relación laboral encubierta con esa entidad, el consecuente pago de las prestaciones y demás emolumentos derivados de dicha relación, así como la devolución de los valores pagados en exceso «respecto de la cuota parte correspondiente al empleado por el mismo concepto».

II. ANTECEDENTES

2.1. Solicitud de extensión de la jurisprudencia ante la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, D.C.

1. La señora Martha Carolina Flórez Peña, a través de escrito del 9 de diciembre

de 20211, solicitó a la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, D.C. (en adelante SDIS) que, de conformidad con los artículos 102 y 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), se extiendan los efectos de la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-0051 Samai, índice 3. 2_DemandaWeb_Demanda-.pdf. págs. 20 a 30.Radicación: 11001-03-25-000-2022-00238-00 (0575-2022)

Solicitante: Martha Carolina Flórez Peña

Convocado: Bogotá, D.C. – Secretaría Distrital de Integración Social

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 16 del 25 de agosto de 2016, al considerar que se encuentra en idéntica situación fáctica a la prevista en el asunto que fue objeto de estudio en dicha providencia.

2. Lo anterior, con el propósito de que: i) se reconozca la existencia de una relación laboral con esa entidad entre el 1 de agosto de 2018 y el 29 de diciembre de 2021; ii) se ordene el pago de las prestaciones laborales y demás emolumentos previstos en el régimen salarial y prestacional aplicable a la entidad; y iii) se ordene la devolución del «valor pagado en exceso respecto de la cuota parte correspondiente al empleado por el mismo concepto». Con el fin de sustentar sus pretensiones, estructuró los siguientes

argumentos:

3. La sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016 estableció que los docentes contratistas no prestan sus servicios de manera autónoma e independiente. Por el contrario, en dicha providencia, se consideró que esta labor se lleva a cabo bajo una subordinación directa, en concordancia con los reglamentos propios del servicio público de educación. Esta falta de independencia y la existencia de subordinación fueron elementos determinantes para que el Consejo de Estado considerara este tipo de prácticas como una relación laboral encubierta.

4. Esta sentencia creó una regla de decisión que aplica a casos donde las condiciones de trabajo de los docentes contratistas presentan características similares

de Estado considerara este tipo de prácticas como una relación laboral encubierta.

4. Esta sentencia creó una regla de decisión que aplica a casos donde las condiciones de trabajo de los docentes contratistas presentan características similares de subordinación y continuidad. Así, el fallo se ha convertido en un precedente que deben seguir las autoridades administrativas y judiciales, reconociendo la existencia de relaciones laborales en circunstancias similares, sin importar la forma de contratación aparente.

5. A partir de lo expuesto, en el caso concreto, la solicitante prestó sus servicios en la SDIS, como maestra «de tiempo completo en los jardines infantiles distritales para la integración a la primera infancia», a través de varios contratos de prestación de servicios, sin solución de continuidad y bajo una constante subordinación, ejercida por coordinadoras, subdirectores y otros funcionarios de esa misma entidad.

6. Las condiciones en las cuales la señora Martha Carolina Flórez Peña prestó sus servicios como maestra contratista, se asemejan a las de los empleados vinculados formalmente. Agregado a lo anterior, los contratos de prestación de servicios se renovaron sucesivamente sin interrupción y bajo condiciones de subordinación estricta a la normativa y directrices de la SDIS. En consecuencia, el vínculo contractual implicaba obligaciones como el cumplimiento de un horario y la sujeción al reglamento institucional, sin que existiera autonomía en el desarrollo de sus funciones, lo que evidencia la existencia de una auténtica relación laboral encubierta.

7. Otros maestros contratados bajo condiciones similares a las de la solicitante han obtenido sentencias favorables que reconocen su relación laboral, por lo que se

evidencia la existencia de una auténtica relación laboral encubierta.

7. Otros maestros contratados bajo condiciones similares a las de la solicitante han obtenido sentencias favorables que reconocen su relación laboral, por lo que se deben extender al caso particular los efectos de la sentencia de unificación CE-SUJ2005-16 del 25 de agosto de 2016. Lo anterior supone el reconocimiento de beneficios laborales como cesantías, primas y aportes a la seguridad social, que no recibió bajo la modalidad de contratación por prestación de servicios.Radicación: 11001-03-25-000-2022-00238-00 (0575-2022)

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8. Finalmente, es importante recordar que la extensión de las sentencias de unificación busca garantizar igualdad de trato, conforme al artículo 13 de la Constitución Política, por lo que la calidad de maestra debe ser vista en los mismos términos que un docente vinculado en la planta de personal de la SDIS.

2.2. Respuesta a la solicitud de extensión de la jurisprudencia por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá

9. La SDIS, por medio de comunicación del 18 de enero de 20222, negó la solicitud de extensión de los efectos de la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016 presentada por la señora Martha Carolina Flórez Peña , con los

siguientes argumentos:

de extensión de los efectos de la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016 presentada por la señora Martha Carolina Flórez Peña , con los siguientes argumentos:

10. La intención de la providencia de unificación invocada fue fijar reglas sobre dos aspectos específicos: i) el ingreso base que ha de tenerse en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales en las relaciones laborales encubiertas; y ii) la prescripción de los derechos reclamados. E s decir, no se estableció una regla jurisprudencial respecto al estudio de la subordinación de esos casos. Aunque la sentencia concluyó que la labor docente era subordinada, dicha afirmación obedeció al análisis realizado con ocasión del recurso de apelación interpuesto en ese caso, una vez agotada la etapa probatoria dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En ese sentido, es de resaltar que:

el mismo apoderado de la parte solicitante eleva solicitudes probatorias en el evento que se rechace la petición que nos ocupa, lo que pone de presente la necesidad ineludible de acudir a una etapa probatoria en la que el juez competente dentro del medio de control de nulidad y restable cimiento del derecho sea quien, conforme a lo probado, determine si se configuran o no, los elementos de una relación de trabajo […].

11. Por otra parte, en el caso que dio origen a la sentencia de unificación invocada, la maestra prestó sus servicios a la Secretaría de Educación de una entidad territorial a la que le resulta aplicable la Ley General de Educación. En cambio, la señora Martha Carolina Flórez Peña fue contratada para prestar sus servicios en la SDIS, entidad que

la maestra prestó sus servicios a la Secretaría de Educación de una entidad territorial a la que le resulta aplicable la Ley General de Educación. En cambio, la señora Martha Carolina Flórez Peña fue contratada para prestar sus servicios en la SDIS, entidad que no tiene dentro de su misionalidad la prestación de servicios educativos, pues a esta le «corresponde brindar servicios sociales en Educación Inicial con enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco de la diversidad, la identidad étnica y cultural».

12. Agregado a lo anterior, no es cierto que la celebración de los contratos haya ocurrido sin solución de continuidad, pues entre algunos de ellos transcurrió un lapso superior a 30 días. Tampoco se configura una similitud fáctica respecto de la sentencia de unificación invocada, ya que no hay coincidencia entre los objetos contractuales de ambas maestras. Sobre el particular, en el caso de la señora Martha Carolina Flórez Peña, cada contrato tuvo un objeto contractual distinto, «en algunos como maestra profesional y en otros solamente como prestación de servicios para la atención integral a la primera infancia».

2 Ibidem. 3_DemandaWeb_AnexosDemanda.pdf. págs. 3 a 13.Radicación: 11001-03-25-000-2022-00238-00 (0575-2022)

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13. Finalmente, es importante destacar que el problema jurídico planteado por la

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13. Finalmente, es importante destacar que el problema jurídico planteado por la solicitante difiere del abordado en la sentencia de unificación de 2018, pues el análisis realizado en la solicitud de extensión de la jurisprudencia se fundamenta en la obiter dicta de la mencionada providencia judicial.

2.3. Solicitud de extensión de la jurisprudencia ante el Consejo de Estado

14. En los términos del artículo 269 del CPACA, y con fundamento en la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, la señora Martha Carolina Flórez Peña solicitó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral con la SDIS3, ante la configuración de los elementos esenciales de este tipo de relación, a saber, la prestación personal, remunerada y subordinada del servicio como maestra en jardines infantiles del Distrito de Bogotá, a partir de los siguientes argumentos:

15. La solicitante ha prestado sus servicios en condiciones de subordinación y continuidad en los jardines infantiles de Bogotá, por medio de la ejecución de actividades similares a las desarrolladas por las maestras vinculadas a la planta de personal de la SDIS, lo que por sí solo justifica el reconocimiento de una relación laboral encubierta.

16. La prestación de los servicios por parte de la solicitante fue ininterrumpida entre 2018 y 2021, a través de los contratos de prestación de servicios 7936 de 2018, 4439

encubierta.

16. La prestación de los servicios por parte de la solicitante fue ininterrumpida entre 2018 y 2021, a través de los contratos de prestación de servicios 7936 de 2018, 4439 de 2019, 9165 de 2020 y 2986 de 2021. Durante ese período, cumplió horarios, acató reglamentos y atendió directrices bajo la supervisión directa de coordinadores y subdirectores de la SDIS, circunstancias propias de una relación laboral y no de una simple vinculación contractual.

17. A la fecha, existen múltiples «pronunciamientos judiciales» que han extendido los efectos de la sentencia CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016 a casos análogos al de la señora Martha Carolina Flórez Peña, donde las maestras de la SDIS, prestan sus servicios de manera personal, remunerada y subordinada.

18. El carácter educativo de la labor docente en jardines infantiles se encuentra previsto por la Ley General de Educación, por lo que sin importar quien lo preste debe considerarse como ejercicio de la docencia en instituciones que forman parte del sistema educativo oficial. Además, «también debe señalarse que la Sentencia (sic) invocada NO hizo distinción alguna entre educación formal o no formal».

19. Por último, la solicitud de extensión de los efectos de una sentencia de unificación es un mecanismo alternativo, a los tradicionales medios de control, que permite evitar un proceso judicial y los costos asociados a estos, en garantía de los derechos laborales de manera eficiente y en línea con el principio de igualdad frente a la aplicación del precedente judicial del Consejo de Estado4.

permite evitar un proceso judicial y los costos asociados a estos, en garantía de los derechos laborales de manera eficiente y en línea con el principio de igualdad frente a la aplicación del precedente judicial del Consejo de Estado4.

3 Ibidem. 2_DemandaWeb_Demanda-.pdf. págs. 1 a 13. 4 Solicitud radicada el 7 de febrero de 2022, según se ve en el índice 3 de Samai.Radicación: 11001-03-25-000-2022-00238-00 (0575-2022)

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5 2.4. Trámite de la solicitud de extensión de la jurisprudencia

20. La solicitud de la referencia fue radicada ante esta corporación judicial el 7 de febrero de 20225. Posteriormente, mediante auto del 11 de marzo de 20256, se admitió y corrió traslado de la solicitud, por el término común de 30 días, a la SDIS y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Así mismo, se comunicó al Ministerio Público, todo ello de conformidad con lo previsto en el inciso 6, del artículo 269 del

CPACA.

2.5. Intervenciones

2.5.1. La Procuraduría General de la Nación solicitó que se acceda a la solicitud de extensión de los efectos de la sentencia CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 20167, según los argumentos que se resumen a continuación:

de extensión de los efectos de la sentencia CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 20167, según los argumentos que se resumen a continuación:

21. Las actividades desarrolladas por la señora Martha Carolina Flórez Peña como maestra del SDIS se asemejan a la docencia, la cual, por sí misma, conlleva el elemento de la subordinación, tal como lo ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado. En ese sentido, el asunto no debe girar «alrededor del tipo de educación o sus semejanzas o diferencias del servicio educativo sino de la existencia de las condiciones propias de aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas».

22. A partir de la lectura de las obligaciones contractuales de la solicitante, se evidencia una enorme carga laboral dispuesta para la contratista, «no solamente en la atención a la primera infancia sino además en gestiones puramente institucionales».

Al respecto, se puede comprender que la señora Martha Carolina Flórez Peña desarrollaba sus actividades durante la jornada laboral de la institución, «siguiendo órdenes de su superior jerárquico, cumpliendo la programación, horarios, y turnos del centro por la naturaleza del cuidado de los niños en su primera infancia». Esto demuestra una continua subordinación y dependencia, típica de un ambiente ordinario de labores docentes.

23. Aunque la subordinación debe acreditarse a partir de un análisis detallado de las pruebas, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que, en los contratos de prestación de servicios celebrados entre entidades públicas y maestros, se evidencia la existencia de subordinación y dependencia, por lo que corresponde a la entidad demandada desvirtuar dicha presunción. Por tal razón, en virtud del principio

de prestación de servicios celebrados entre entidades públicas y maestros, se evidencia la existencia de subordinación y dependencia, por lo que corresponde a la entidad demandada desvirtuar dicha presunción. Por tal razón, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formas, es evidente que existe una relación laboral en cubierta entre la señora Martha Carolina Flórez Peña y el SDIS.

24. Finalmente, la SDIS debe asumir el pago de las prestaciones laborales generadas en los siguientes periodos: del 9 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2019, del 3 de septiembre de 2019 al 31 de mayo de 2020, del 19 de agosto de 2020 al 18 de diciembre de 2020 y del 30 de marzo de 2021 al 29 de diciembre de 2021, sin solución de continuidad. Aunque entre la celebración de los contratos hubo interrupciones superiores a treinta días, lo que conforme a la regla de unificación

5 Samai, índice 3. 6 Samai, índice 10. 7 Samai, índice 14.Radicación: 11001-03-25-000-2022-00238-00 (0575-2022)

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6 implica pérdida de la solución de continuidad, dicha circunstancia solo tiene efectos en materia de prescripción para los periodos anteriores al 9 de diciembre de 2018, sin

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6 implica pérdida de la solución de continuidad, dicha circunstancia solo tiene efectos en materia de prescripción para los periodos anteriores al 9 de diciembre de 2018, sin afectar los demás periodos objeto de reconocimiento.

2.5.2. La Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá , D.C. (SDIS) se opuso a la solicitud de extensión de la jurisprudencia con los siguientes argumentos8:

25. El mecanismo de extensión de la jurisprudencia permite agilizar las controversias que surgen entre las autoridades y los ciudadanos, por lo que se descarta una etapa probatoria «partiendo de la idea de que, el escrito razonado de solicitud y las pruebas allegadas, deben demostrar con suficiencia la identidad fáctica y jurídica de los casos». Sin embargo, en el caso bajo estudio, se observa un asunto litigioso en el que es necesario probar cada uno de los elementos que configuran el vínculo laboral, así como la posibilidad de la entidad de aportar pruebas que permitan ejercer la contradicción. En consecuencia, «no es dable presumir ni invertir la carga de la prueba para dar por sentada la existencia del factor subordinación».

26. La coordinación de actividades en el contrato de prestación de servicios no configura una relación laboral. Al respecto, las Secciones Segunda y Tercera del Consejo de Estado han sostenido que entre contratista y contratante puede existir una relación de coordinación en sus actividades. Este aspecto puede incluir el cumplimiento de un horario «o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados». Es decir, la existencia

relación de coordinación en sus actividades. Este aspecto puede incluir el cumplimiento de un horario «o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados». Es decir, la existencia de un horario de ingreso y salida, por sí sola, no implica la existencia de una subordinación propia de un contrato laboral.

27. Por otra parte, la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016 no creó una regla jurisprudencial sobre el reconocimiento de una relación de trabajo y el posterior pago de las prestaciones sociales. La providencia en mención se limitó a abordar dos aspectos puntuales: i) la prescripción y ii) el ingreso base de liquidación y restablecimiento del derecho. Es decir, el análisis de los elementos que configuran la relación laboral encubierta fue parte de la obiter dicta de la sentencia invocada. Además, «no existe una regla unificadora que invierta la carga de la prueba y presuma la existencia de subordinación frente a la contratista».

28. Por último, no hay identidad fáctica ni jurídica entre el caso de la señora Martha Carolina Flórez Peña y el analizado en la sentencia de unificación invocada, pues la situación de la primera no se encuentra regulada por la Ley General de Educación. La solicitante prestó «un servicio social, propio de la misión de la Secretaría de Integración Social, dentro de la cual no se encuentra la prestación de servicios educativos». En ese sentido, la SDIS adelanta actividades de atención integral a la primera infancia, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley 1098 de 2006, así como en el Acuerdo 138 del Concejo de Bogotá, el Decreto Distrital 057 de 2009, la

primera infancia, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley 1098 de 2006, así como en el Acuerdo 138 del Concejo de Bogotá, el Decreto Distrital 057 de 2009, la Resolución Interna 0325 de 2009, la Ley 1804 de 2016 y la Ley 80 de 1993.

2.5.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJ) abogó por la prosperidad de la solicitud de extensión de la jurisprudencia y expuso los siguientes

8 Samai, índice 16. 13_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-DESCORRETRASLADOEX.pdf.Radicación: 11001-03-25-000-2022-00238-00 (0575-2022)

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7 argumentos9:

29. A partir del acervo probatorio que obra en el expediente, se puede concluir la identidad fáctica y jurídica para extender los efectos de la sentencia de unificación CESUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016. Concretamente, los contratos suscritos tienen el objeto de prestar servicios como maestra para la atención integral de la primera infancia, por lo que ese vínculo contractual se dio en el contexto de la labor docente.

En ese sentido, se destaca que «la sentencia invocada no hizo distinción de la labor docente en el ámbito de la prestación de la educación formal, no formal o informal».

infancia, por lo que ese vínculo contractual se dio en el contexto de la labor docente. En ese sentido, se destaca que «la sentencia invocada no hizo distinción de la labor docente en el ámbito de la prestación de la educación formal, no formal o informal». Agregado a lo anterior, los contratos celebrados, fueron dentro de la misión institucional de la SDIS, esto es, dentro de su función permanente.

30. Teniendo en cuenta lo expuesto, la señora Martha Carolina Flórez Peña tiene derecho al pago de las prestaciones derivadas del contrato realidad, sin aplicación de la prescripción, dado que presentó su reclamación dentro del plazo de tres años tras finalizar su última vinculación. También tiene derecho a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, conforme a la sentencia de unificación cuya extensión solicita, y en armonía con lo decidido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en casos análogos.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

31. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo establecido en los artículos 102 y 269 del CPACA, modificado por los artículos 17 y 77 de la Ley 2080 de 2021 y el artículo 14, numeral 3, del Acuerdo 080 de 2019,

Reglamento Interno del Consejo de Estado.

3.2. Problema jurídico

32. Con el propósito de definir si es procedente extender los efectos de la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, en los términos solicitados en este asunto , la Sala deberá resolver el siguiente

interrogante:

sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, en los términos solicitados en este asunto , la Sala deberá resolver el siguiente interrogante:

33. ¿La señora Martha Carolina Flórez Peña, en su condición de maestra «de tiempo completo en los jardines infantiles distritales para la integración a la primera infancia», entre el 1 de agosto de 2018 y el 29 de diciembre de 2021, se encuentra en la misma situación de hecho y de derecho analizada en la sentencia de unificación cuyos efectos se persiguen?

34. Con el propósito de resolver este interrogante, la Sala en adelante se referirá a: i) características generales del mecanismo de extensión de la jurisprudencia; ii) caso concreto; iii) conclusión de la decisión; y iv) costas.

9 Samai, índice 17.Radicación: 11001-03-25-000-2022-00238-00 (0575-2022)

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8 3.3. Mecanismo de extensión de la jurisprudencia

35. La jurisprudencia, en tanto fuente de derecho en el CPACA, marca un avance significativo al consolidarse como herramienta de aplicación directa para la resolución de controversias en determinadas circunstancias y estableció su obligatoria observancia tanto a las autoridades administrativas como a quienes administran

significativo al consolidarse como herramienta de aplicación directa para la resolución de controversias en determinadas circunstancias y estableció su obligatoria observancia tanto a las autoridades administrativas como a quienes administran justicia en el ámbito de sus respectivas competencias. Este cambio legislativo reflejó un proceso de adaptación que, desde la Constitución Política de 1991, ha buscado integrar la jurisprudencia como mecanismo esencial para alcanzar la igualdad de trato en la administración de justicia, al favorecer la solución uniforme de conflictos de tipo jurídico.

36. Lo anterior responde a la complejidad creciente de los conflictos sociales y a la necesidad de un sistema de justicia que garantice una resolución justa y congruente en casos análogos, con base en criterios establecidos previamente. Bajo este nuevo marco constitucional, el legislador de 2011 a través del CPACA (artículo 1) estableció que el Estado debe actuar en todos sus niveles para proteger los derechos y libertades, con sujeción a la Constitución, el marco legal y, por su puesto, a los criterios que se adoptan en las sentencias de unificación con el propósito de evitar conflictos judiciales futuros garantizando así un adecuado funcionamiento de la administraciones de justicia.

37. Por su parte, el artículo 10 del CPACA instruye a las autoridades en lo referente a la aplicación de manera uniforme de las disposiciones legales y las sentencias de unificación del Consejo de Estado cuando existan similitudes fácticas y jurídicas al garantizar que los ciudadanos vean resueltos sus conflictos de acuerdo con decisiones previas en casos similares, promoviendo la justicia material y fortaleciendo la seguridad jurídica.

garantizar que los ciudadanos vean resueltos sus conflictos de acuerdo con decisiones previas en casos similares, promoviendo la justicia material y fortaleciendo la seguridad jurídica.

38. Este novedoso sistema, de aplicación uniforme de la jurisprudencia, se concreta en el deber de la administración de extender los efectos de la jurisprudencia del Consejo de Estado y la posibilidad de acudir a este último tribunal cuando la administración guarde silencio o niegue la solicitud formulada con tal propósito.

39. En concreto, el artículo 102 del CPACA permite a terceros solicitar la extensión de los efectos de una sentencia de unificación, siempre que acrediten estar en condiciones fácticas y jurídicas equivalentes a las del fallo que invocan. Para ello, el solicitante debe presentar una petición debidamente fundamentada, así como las pruebas relevantes y una referencia a la sentencia aplicable. A su vez, l a administración debe responder en un plazo de 30 días, puede negar la extensión si considera que la situación del solicitante difiere del precedente.

40. En caso de que la autoridad guarde silencio o niegue la solicitud, el interesado, a través de apoderado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 269 del CPACA puede acudir al Consejo de Estado, para manifestar que se encuentra en similar situación de hecho y derecho respecto del demandante al que se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada, caso en el cual se dispondrá la extensión de la jurisprudencia y se ordenará el consecuente reconocimiento del derecho a que hubiereRadicación: 11001-03-25-000-2022-00238-00 (0575-2022)

Solicitante: Martha Carolina Flórez Peña

jurisprudencia y se ordenará el consecuente reconocimiento del derecho a que hubiereRadicación: 11001-03-25-000-2022-00238-00 (0575-2022)

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9 lugar, siempre que la situación del s