CE - Auto interlocutorio 11001032500020240019700 de 2025

Radicado: 11001-03-25-000-2024-00197-00

Demandante: Diego Fernando Rodríguez Pardo

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Extensión de jurisprudencia Radicación: 11001 03 25 000 2024 00197 00 (2947-2024)

Demandante: Diego Fernando Rodríguez Pardo

Demandado: NaciónRama Judicial - Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial

Tema: Extensión de los efectos de la Sentencia de Unificación Jurisprudencial SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de

2023

1. Decide la Sala la solicitud de extensión de los efectos de la sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -033-C-S2-2023 del 2 de n oviembre de 2023, proferida en el proceso con radicado 08001 -23-33-000-2018-00529-01.

I. ANTECEDENTES

1.1. De la solicitud de extensión

Pretensiones.

2. El señor Diego Fernando Rodríguez Pardo por intermedio de apoderado judicial, y en ejercicio del mecanismo de extensión de la jurisprudencia previsto

1.1. De la solicitud de extensión

Pretensiones.

2. El señor Diego Fernando Rodríguez Pardo por intermedio de apoderado judicial, y en ejercicio del mecanismo de extensión de la jurisprudencia previsto en los artículos 102 1 y 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó la extensión de los efectos de la sentencia «SUJ-033-CE-S2-2023» emitida el 2 de novie mbre de 2023 por la Sección Segunda de esta Corporación, dentro del proceso identificado bajo el radicado No. 08001-23-33-000-2018-00529-01 (3071-2019).

3. Como consecuencia de lo anterior, pretende:

-Se extienda a la situación concreta del solicitante, los efectos de la sentencia de unificación SUJ-033-CE-S2-2023.

1 Disposición modificada por el artículo 17 de la Ley 2080 de 2021.Radicado: 11001-03-25-000-2024-00197-00

Demandante: Diego Fernando Rodríguez Pardo

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-Como consecuencia de lo anterior, y como se ordenó en el numeral tercero de la sentencia de unificación «INAPLICAR en el caso concreto, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, la denominación Grado 23 […] Acuerdo No PSAA11-8346 de 29 de julio de 2011; el Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 […] y el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 […]»

No PSAA11-8346 de 29 de julio de 2011; el Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 […] y el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 […]»

-Se ordene el pago al señor Rodríguez Pardo de las diferencias de sueldo que corresponde al cargo de abogado asesor de Tribunal, y en lo sucesivo mientras se desempeñe en el mismo cargo de profesional especializado grado 23 (antes abogado asesor grado 23 por cambio de denom inación), y la respectiva reliquidación de todas las prestaciones sociales que ha devengado, como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones y demás emolumentos salariales y prestacionales causados y que se llegaren a causar. Estos valores deberán ser actualizados conforme al IPC.

Hechos que fundamentan la solicitud.

4. Como hechos relevantes, el apoderado judicial del solicitante señaló los

siguientes:

5. Mediante Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, se estableció de manera permanente la creación de un empleo de abogado asesor grado 23, para los despachos del Tribunal Administrativo de Boyacá .

6. Por Acuerdo PCSJA22-11968 de 30 de junio de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura cambió la denominación de abogado asesor grado 23 por profesional especializado grado 23.

7 El solicitante ocupó el cargo de profesional especializado grado 23 en el Tribunal Administrativo de Boyacá desde el 25 de julio de 2022 al 20 de noviembre de 2023; y del 22 de noviembre de 2023 hasta la actualidad .

7 El solicitante ocupó el cargo de profesional especializado grado 23 en el Tribunal Administrativo de Boyacá desde el 25 de julio de 2022 al 20 de noviembre de 2023; y del 22 de noviembre de 2023 hasta la actualidad .

8. El 10 de enero de 2024, el señor Rodríguez Pardo radicó solicitud de extensión de jurisprudencia ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja.

9. Mediante Oficio DESAJTUO24-622 del 7 de marzo de 2024, notificada en tres oportunidades, el 20 de marzo , 9 y 29 de abril de 2024, la entidad convocada resolvió negar la anterior solicitud.

10. El 24 de abril de 2024 el solicitante interpuso en contra de la Seccional acción de tutela por vulneración al debido proceso y petición , por no contestar de fondo la solicitud de extensión.Radicado: 11001-03-25-000-2024-00197-00

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11. El 30 de abril de 2024, el Juzgado de conocimiento de la acción constitucional remitió al canal digital del solicitante la respuesta emitida por la DESAJ Tunja , adjuntando el oficio DESAJTUO24-1247 del 26 de abril de 2024, mediante el cual profirió una nueva respuesta negativa a la solicitud de extensión de jurisprudencia.

Traslado de la solicitud

12. Por auto del 2 5 de noviembre de 2024 2 se ordenó correr traslado de la

profirió una nueva respuesta negativa a la solicitud de extensión de jurisprudencia.

Traslado de la solicitud

12. Por auto del 2 5 de noviembre de 2024 2 se ordenó correr traslado de la solicitud de extensión de la jurisprudencia de la referencia, por el término de 30 días, a la NaciónRama JudicialDirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público, para que se pronunciaran al respecto. Igualmente, se dispuso que las partes y el Ministerio Público podrían presentar por escrito sus alegaciones dentro de los diez (10) días siguientes, sin necesidad de auto que lo orden e.

13. En virt ud de lo anterior, la entidad convocada y la Agencia Nacional de

Defensa Jurídica del Estado se manifest aron:

Nación Rama JudicialDirección Ejecutiva de Administración Judicial 3

14. Sostuvo que el solicitante no cumple con los requisitos para que se extiendan los efectos de la sentencia de unificación SUJ -033-CE-S2-2023, en tanto no se compadece con la misma situación fáctica ni jurídica, pues nunca ostentó el cargo de abogado asesor 23.

15. Por otro lado, afirmó que el 10 de enero de 2024, el señor Rodríguez Pardo solicitó a la DESAJ Tunja que se le extendieran los efectos de la sentencia SUJ033-CE-S2-2023, proferida por el Consejo de Estado; a partir del día siguiente, la entidad tenía máximo 60 días para contestar, es decir, hasta el 8 de abril de

2024. La petición fue resuelta el 7 de marzo de 2024, notificada el 20 de marzo

la entidad tenía máximo 60 días para contestar, es decir, hasta el 8 de abril de

2024. La petición fue resuelta el 7 de marzo de 2024, notificada el 20 de marzo de 2024, es decir, dentro del término legal.

16. Así pues, el término de 30 días para acudir a esta Corporación se contabiliza a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo que resolvió la solicitud, es decir, desde el 7 de mayo de 2024; sin embargo, la misma fue radicada el 17 de may o de 2024. Por lo tanto, la solicitud fue presentada de manera extemporánea.

17. Además, concluyó que no es procedente la solicitud de extensión de jurisprudencia, toda vez que, la posesión en el cargo de profesional especializado grado 23 se dio el 25 de julio de 2022, fecha posterior a la entrada en vigor del

2 Índice 14 de SAMAI. 3 Índice 25 de SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2024-00197-00

Demandante: Diego Fernando Rodríguez Pardo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Acuerdo PCCSJA22 -11968 del Consejo Superior de la Judicatura, por lo tanto, no se encuentra en los mismos supuestos de hecho y de derecho del demandante de la sentencia de unificación invocada.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 4

18. Indicó que el 10 de enero de 2024, Diego Fernando Rodríguez Pardo pidió a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja la extensión

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 4

18. Indicó que el 10 de enero de 2024, Diego Fernando Rodríguez Pardo pidió a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja la extensión de jurisprudencia, por lo que contaba con 60 días para responder la solicitud, es decir, tenía hasta el 8 de abril de 2024. La entidad convocada negó la petición el 7 de marzo de 2024, a través del oficio DESAJTUO24 -622, el cual fue notificado en 3 oportunidades, 20 de marzo, 4 y 29 de abril de 20 24.

19. Por su parte, el solicitante tenía hasta el 7 de mayo de 2024, es decir, se cuenta el término de la primera notificación, para presentar la solicitud ante el Consejo de Estado. Adicionalmente, el 24 de abril de 2024, el señor Rodríguez Pardo interpuso acción de tutela en contra de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, por vulneración del debido proceso y petición.

El 30 de abril del mismo año , el Juzgado de conocimiento remitió al actor la respuesta emitida por la entidad mediante el Oficio DESAJTUO24 -1247 del 26 de abril de 2024, en el cual dio una nueva respuesta a la solicitud de extensión de jurisprudencia.

20. Así las cosas, la solicitud fue presentada dentro del término legal, teniendo en cuenta que, desde el 30 de abril hasta el 17 de mayo, solo transcurrieron 11 días, por lo que se deberá tener en cuenta el respeto al debido proceso y demás garantías procesales con los que cuenta el actor al interponer la acción de tutela en contra de la respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración

días, por lo que se deberá tener en cuenta el respeto al debido proceso y demás garantías procesales con los que cuenta el actor al interponer la acción de tutela en contra de la respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja.

21. Por otro lado, señaló que no es procedente la solicitud de extensión de jurisprudencia, toda vez que, la posesión en el cargo de profesional especializado grado 23 se d io el 25 de julio de 2022, fecha posterior a la entrada en vigor del Acuerdo PCCSJA22 -11968 del Consejo Superior de la Judicatura, por lo tanto, no se encuentra en los mismos supuestos de hecho y de derecho del demandante de la sentencia de unificación inv ocada.

Alegaciones

22. La entidad convocada y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.

4 Índice 21 de SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2024-00197-00

Demandante: Diego Fernando Rodríguez Pardo

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23. La parte solicitante 5 alegó de conclusión y reiteró los argumentos expuestos en el escrito de solicitud de extensión de jurisprudencia.

El Ministerio Público 6

24. Consideró que están dadas las condiciones fácticas y jurídicas para extender la solicitud jurisprudencial de unificación presentada, pues la respuesta dada en

vía administrativa y la Circular Externa No. 9 del 4 de abril de 2024 de la ANDJE,

24. Consideró que están dadas las condiciones fácticas y jurídicas para extender la solicitud jurisprudencial de unificación presentada, pues la respuesta dada en

vía administrativa y la Circular Externa No. 9 del 4 de abril de 2024 de la ANDJE, no tuvieron en cuenta la asimilación y equivalencia del cargo de abogado asesor grado 23, con el de profesional especializado grado 23, que ostenta el solicitante.

25. La sentencia de unificación invocada inaplicó el grado 23 referido, tanto en los acuerdos del prim er cargo y su denominación como del segundo y su nueva denominación (Acuerdo PCSJAA -11968 de 2022 del CSJ), con las consecuencias jurídicas que ello comporta, en cuanto a reconocer y pagar las diferencias generadas respecto de los derechos laborales con lo s que cuenta el cargo de abogado asesor (sin grado) de tribunales.

II. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

26. Le corresponde a la Sala determinar si resulta procedente extender al señor Diego Fernando Rodríguez Pardo, la sentencia «SUJ-033-CE-S2-2023» emitida el 2 de noviembre de 2023, por la Sección Segunda de esta Corporación, dentro del proceso identificado bajo el radicado 08001 -23-33-000-2018-00529-01 (3071-2019) y, en consecuencia, ordenar el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales.

Marco normativo de la solicitud de extensión jurisprudencial

27. El artículo 102 ibidem señala el trámite mediante el cual los ciudadanos pueden acudir ante la administración, con el fin de que se reconozca una

Marco normativo de la solicitud de extensión jurisprudencial

27. El artículo 102 ibidem señala el trámite mediante el cual los ciudadanos pueden acudir ante la administración, con el fin de que se reconozca una situación jurídica que haya sido resuelta mediante una sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado.

28. De igual forma, establece los requisitos que debe contener la solicitud: i) la justificación razonada en la que se evidencie igual situación de hecho y de derecho entre el solicitante y el demandante al que se le reconoció un derecho mediante la providencia de unificación invocada; ii) las pruebas que tenga en su poder y; iii) la identificación de la sentencia de unificación que invoca.

5 Índice 23 de SAMAI. 6 Índice 22 de SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2024-00197-00

Demandante: Diego Fernando Rodríguez Pardo

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29. Cabe precisar, en este punto, que la disposición mencionada es clara al establecer que el mecanismo judicial en cuestión corresponde a la aplicación de las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado.

30. De otro lado, el artículo 269 de la misma codificación, enmarca el trámite judicial del referido mecanismo de extensión, así: «ARTÍCULO 269. Procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros. Si se niega la extensión de los efectos de una sentencia de unificación o la autoridad hubiere guardado silencio en los

«ARTÍCULO 269. Procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros. Si se niega la extensión de los efectos de una sentencia de unificación o la autoridad hubiere guardado silencio en los términos del artículo 102 de este código, el interesado, a través de apoderado, podrá acudir ante el Consejo de Estado mediant e escrito razonado en el que evidencie que se encuentra en similar situación de hecho y de derecho del demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada. Al escrito deberá acompañar copia de la actuación surtida ante la autoridad competente y manifestar, bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la sola presentación de la solicitud, que no ha acudido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de obtener el reconocimiento del derecho que se pretende. Si el escrito no cumple los requisitos, se inadmitirá para que se corrija dentro del término de los diez (10) días siguientes. En caso de no hacerlo, se rechazará la solicitud de extensión. La petición de extensión se rechazará de plano por el ponente cuando:

1. El peticionario ya hubiere acudido a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el fin de obtener el reconocimiento del derecho que se pretende en la solicitud de extensión.

2. Se haya presentado extemporáneamente.

3. Se pida extender una sentencia que no sea de unificación.

4. La sentencia de unificación invocada no sea de aquellas que reconocen un derecho

5. Haya operado la caducidad del medio de control procedente o la prescripción total del derecho reclamado.

4. La sentencia de unificación invocada no sea de aquellas que reconocen un derecho

5. Haya operado la caducidad del medio de control procedente o la prescripción total del derecho reclamado.

6. Se establezca que no procede la extensión solicitada por no existir o no estar acreditada la similitud entre la situación planteada por el peticionario y la sentencia de unificación invocada.

[…]»

31. Los artículos 270 y 2711 ibidem establecen cuáles son las sentencias de unificación jurisprudencial cuyos efectos pueden ser extendidos a terceros por las autoridades, así: i) Las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar la jurisprudencia. ii) Las proferidas por esta Corporación al decidir los recursos extraordinarios.Radicado: 11001-03-25-000-2024-00197-00

Demandante: Diego Fernando Rodríguez Pardo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 iii) Las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36 A de la Ley 270 de 1996.

32. De acuerdo con lo previsto en el artículo 102 del CPACA, para que puedan extenderse los efectos de una sentencia de unificación la persona interesada debe cumplir los siguientes requisitos: i) presentar la petición ante la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho; ii) que no haya operado la caducidad del medio de control que procedería; iii) justificar de manera razonada

debe cumplir los siguientes requisitos: i) presentar la petición ante la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho; ii) que no haya operado la caducidad del medio de control que procedería; iii) justificar de manera razonada las circunstancias por las que el peticionario considera se encuentra en la misma situación de hecho y de derecho resuelta en la sentencia invocada; iv) presentar las pruebas que el peticionario tenga en su poder, enunciando las que reposen en los archivos de la entidad, así como las que haría valer en caso de comparecer a un proceso; y v) copia o al menos la referencia de la sentencia de unificación que invoca a su favor.

33. Ahora, el Consejo de Estado se encuentra en la facultad de extender los efectos de las sentencias a las que hace mención el artículo 270 del CPACA, siempre y cuando se haya agotado el trámite previo ante la autoridad administrativa competente de reconocer el derecho y que la solicitud efectivamente guarde identidad fáctica y jurídica con la providencia que se invocó en la petición. El nuevo texto de este artículo subrogado por el artículo 78 d e la Ley 2080 de 2021, incluyó además de las causales establecidas por el aludido artículo 270 del CPACA, las siguientes: i) Las sentencias que precisan el alcance de las allí indicadas y, ii) resuelven las divergencias en su aplicación. De tal forma, que en cualquiera de estos eventos resulta procedente dictar sentencia de extensión de jurisprudencia.

34. Así mismo, esta Corporación puede negar la extensión por los mismos motivos atribuidos a la autoridad pública ante la cual se presenta la petición, a

extensión de jurisprudencia.

34. Así mismo, esta Corporación puede negar la extensión por los mismos motivos atribuidos a la autoridad pública ante la cual se presenta la petición, a saber: i) la existencia de caducidad; ii) si se advierte la necesidad de surtir un periodo probatorio; iii) si la situación del solicitante es distinta a la de la sentencia invocada; y iv) si existen motivos para cambiar la posición jurisprudencial que el administrado pretende que se le extienda.

Del término para presentar la solicitud de extensión de jurisprudencia.

35. De manera preliminar es necesario determinar si la solicitud de extensión de los efectos de la sentencia de unificación fue radicada de manera oportuna y en debida forma ante la entidad accionada.Radicado: 11001-03-25-000-2024-00197-00

Demandante: Diego Fernando Rodríguez Pardo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

36. Al respecto, frente a la contabilización del término para la presentación d e la solicitud de extensión de jurisprudencia ante esta jurisdicción, se advierte que

esta Subsección7 ha precisado lo siguiente:

« De conformidad con el artículo 102 de la Ley referida, el interesado en la extensión de los efectos de una sentencia de unificación debe presentar una solicitud ante la autoridad a la que legalmente le compete reconocer el derecho, con la condición de que la pretensión, vista desde el ámbito judicial, no haya caducado, indicando de manera justificada las razones por las cuales evidencia que se encuentra en las mismas circunstancias que

derecho, con la condición de que la pretensión, vista desde el ámbito judicial, no haya caducado, indicando de manera justificada las razones por las cuales evidencia que se encuentra en las mismas circunstancias que aquella persona a quien se le reconoció el derecho en la sentencia que se invoca, acompañada de las pruebas que tenga en su poder y referenciando la sentencia de unificación que se solicita extender.

Recibida la solicitud, corresponde a la autoridad, en cumplimiento del artículo 614 del Código General del Proceso8, solicitar concepto previo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien dentro de los 10 días siguientes debe manifestar su intención de rendir concepto y, luego, emitirlo dentro de los 20 días siguientes.

Agotada esta actuación, la entidad disp one de 30 días para adoptar una decisión de fondo, que podrá ser desfavorable al interesado si (i) se exponen las razones por las cuales es necesario surtir un periodo probatorio para demostrar que al solicitante no le asiste el derecho invocado, caso en el cual la autoridad debe enunciar los medios de prueba y sustentar con claridad por qué resultan indispensables; y (ii) se exponen las razones por las cuales se estima que la situación de quien invoca la sentencia de unificación es distinta a la que se resolvió en dicha providencia y, por tanto, no resulta procedente la extensión de sus efectos. Tanto si la autoridad no contesta, como si su respuesta es negativa, el inciso 7 del artículo 102 consagra la posibilidad de acudir al Consejo de Estado en los términos del artículo 269 de la Ley 1437 de 2011 y, en ese caso, el trámite ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se sujeta a las

7 del artículo 102 consagra la posibilidad de acudir al Consejo de Estado en los términos del artículo 269 de la Ley 1437 de 2011 y, en ese caso, el trámite ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se sujeta a las siguientes reglas:

• La solicitud de extensión se debe presentar por intermedio de apoderado, evidenciando en el escrito, que el interesado se encuentra en similar situación de hecho y de derecho del demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.

7 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Segunda-Subsección Amagistrado ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, providencia del treinta (30) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), radicación 11001-03-25-000-2024-00169-00 (2762-2024). 8 Código General del Proceso. “Artículo 614. Extensión de ju risprudencia. Con el objeto de resolver las peticiones de extensión de la jurisprudencia a que se refieren los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, las entidades públicas deberán solicitar concepto previo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En el término de diez (10) días, la Agencia informará a la entidad pública respectiva, su intención de rendir concepto. La emisión del concepto por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se deberá producir en un término máximo de veinte (20) días. El término a que se refiere el inciso 4o del numeral 3 del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, empezará a

se deberá producir en un término máximo de veinte (20) días. El término a que se refiere el inciso 4o del numeral 3 del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, empezará a correr al día siguiente de recibido el concepto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del vencimiento del término a que se refiere el inciso anterior, lo que ocurra primero”.Radicado: 11001-03-25-000-2024-00197-00

Demandante: Diego Fernando Rodríguez Pardo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 • El escrito se debe acompañar de copia de la actuación adelantada ante la autoridad competente para reconocer el derecho en los términos del artículo 102. • Si no se cumple con los requisitos, puede inadmitirse la solicitud para ser corregida al cabo de diez (10) días, so pena de rechazo. • El rechazo de la solicitud puede ocurrir de plano, si: - Ya se acudió ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de un medio de control ordinario para obtener el reconocimiento del derecho. - Se presentó de manera extemporánea. - Se pide la extensión de una providencia que no es de unificación o si la que se invoca, pese a ser de unificación, no reconoce un derecho9. - El medio de control que correspondería ya caducó o ha prescrito el derecho reclamado. - Se establece que no resulta procedente la extensión porque no existe o no se acredita la similitud entre la situación planteada por el solicitante y la sentencia de unificación invocada.

reclamado. - Se establece que no resulta procedente la extensión porque no existe o no se acredita la similitud entre la situación planteada por el solicitante y la sentencia de unificación invocada. • Si resulta procedente admitir la solicitud, se debe correr traslado a la demandada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, en el térm ino común de treinta (30) días, intervengan y aporten las pruebas que consideren pertinentes. • Vencido el anterior término, las partes pueden presentar alegatos de conclusión y el Ministerio Público su concepto en el término de diez (10) días, sin necesidad de providencia que lo ordene, ocurrido lo cual se debe adoptar la decisión de fondo. • Si se extienden los efectos de una sentencia que ordena el reconocimiento de un derecho patrimonial, su liquidación debe efectuarse en la misma providencia, salvo que no exista suficiente acervo probatorio para ello, caso en el cual la decisión se puede proferir en abstracto y el interesado puede solicitar la posterior liquidación mediante el trámite incidental del artículo 193 de la misma ley dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la decisión. Contra la providencia que liquide el derecho patrimonial procede el recurso de reposición, exclusivamente por desacuerdo respecto de su monto. • Finalmente, si no se extienden los efectos de la sentencia de unificación, el interesado puede continuar con la actuación administrativa para obtener un pronunciamiento de fondo o, si cuenta con este o no se requiere una decisión expresa por parte de la autoridad, puede acudir a la jurisdicción en ejercicio del medio d e control respectivo, cuyo término de caducidad se

pronunciamiento de fondo o, si cuenta con este o no se requiere una decisión expresa por parte de la autoridad, puede acudir a la jurisdicción en ejercicio del medio d e control respectivo, cuyo término de caducidad se reanuda una vez la providencia que resuelve no extender los efectos de la sentencia de unificación queda ejecutoriada.»

37. No obstante lo anterior, esta Subsección 9 ha considerado que «es necesario advertir que la lectura de los artículos 102 y 269 de la Ley 1437 de 2011 y 614 de la Ley 1564 de 2012 debe acompasarse con lo señalado por esta Corporación del 30 de enero de 2024, en el cual se indicó que existen dos formas de contabilizar los términos: una que constituye la regla general y otra que exceptúa lo anterior “(…) en aquellos casos donde se advierta en el expediente una circunstancia diferente, en atención a las actuaciones adelantadas y notificadas

9 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Auto del 13 de febrero de 2025. Radicado 11001032500020240023500 (3192-2024). Consejero Ponente. Jorge Iván Duque Gutiérrez.Radicado: 11001-03-25-000-2024-00197-00

Demandante: Diego Fernando Rodríguez Pardo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 en sede administrativa, tanto po r la entidad como por la ANDJE 10” (subraya del Despacho).

38. Dicha decisión reconoce que en el trámite de la actuación administrativa pueden ocurrir eventos en los que se deban reinterpretar los parámetros

en sede administrativa, tanto po r la entidad como por la ANDJE 10” (subraya del Despacho).

38. Dicha decisión reconoce que en el trámite de la actuación administrativa pueden ocurrir eventos en los que se deban reinterpretar los parámetros normativos y que ello no puede ser ajeno al juez de lo contencioso administrativo, siempre y cuando se encuentren debidamente acreditados.

39. Conforme a lo anterior, la solicitud del señor Rodríguez Pardo se enmarcaría en el segundo supuesto de la providencia en cita, por lo siguiente :

40. Revisado el expediente , la Sala advierte que el 10 de enero de 2024 11, el señor Diego Fernando Rodríguez Pardo solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, la extensión de la sentencia de unificación «SUJ-033-CE-S2-2023» del 2 de noviembre de 2023, proferida por la Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

41. La entidad convocada negó la solicitud mediante el Oficio DESAJTUO24-622 del 7 de marzo de 2024 12, la cual fue notificada el 20 de marzo, el 9 y 29 de abril de 2024 mediante correo electrónico.

42. El 24 de abril de 202413, el señor Rodríguez Pardo interpuso acción de tutela en contra de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja por violación al debido proceso y de petición, pues consideró que no se dio una respuesta de fondo y coherente a su solicitud.

43. Mediante Oficio DESAJTUO24 -1247 de 26 de abril de 2024 14, en el curso de

por violación