CE - Auto interlocutorio 11001032500020240025600 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Radicación: 11001 03 25 000 2024 00256 00 (3417-2024)

Demandante: Raúl Andrés Rivera Ríos

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial

Tema: Extensión de los efectos de la Sentencia de Unificación Jurisprudencial SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023

Decisión: Se accede a la solicitud de extender los efectos

I. ANTECEDENTES

Solicitud

1. En ejercicio del mecanismo de extensión de la jurisprudencia previsto en los artículos 102 y 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, se formuló solicitud en orden a que se extiendan los efectos de la Sentencia de Unificación SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, emitida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso 08001 23 33 000 2018 00529 01 (3071-2019).

2. Con la interposición de esta petición el solicitante pretende: i) Que se reliquiden, reconozcan y paguen las diferencias salariales que le corresponden

2. Con la interposición de esta petición el solicitante pretende: i) Que se reliquiden, reconozcan y paguen las diferencias salariales que le corresponden en razón del ejercicio del cargo de abogado asesor de Tribunal, desde el 15 de junio de 2012 y hasta la fecha en que desempeñó dicho cargo; ii) Que se reliquiden todas las prestaciones sociales devengadas durante dicho período, incluyendo «primas, vacaciones, cesantías, bonificaciones y demás emolumentos de naturaleza salarial », con fundamento en el salar io asignado al cargo de abogado asesor de Tribunal; y iii) Que se reliquiden y reconozcan las diferencias de los pagos al régimen pensional a que haya lugar ante

Colpensiones.

Hechos

3. Mediante el Acuerdo PSAA12 -9268 de 2012, el Consejo Superior de la Judicatura creó despachos de magistrado especializados en restitución de tierras, adscritos a las Salas Civiles del país, con la siguiente planta de

1 En adelante CPACA.Radicado: 11001 03 25 000 2024 00256 00 (3417-2024)

Demandante: Raúl Andrés Rivera Ríos

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 personal: «Tres (3) Magistrados. Tres (3) Auxiliares Judiciales 1. Tres (3) Abogados Asesor grado 23».

4. En virtud del Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, el Consejo Superior de la Judicatura modificó la planta de personal de los tribunales del país, asignando

Abogados Asesor grado 23».

4. En virtud del Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, el Consejo Superior de la Judicatura modificó la planta de personal de los tribunales del país, asignando un cargo adicional de abogado asesor grado 23 para la especialidad de restitución de tierras.

5. Por Resolución 001 del 12 de junio de 2012, el solicitante fue nombrado en el cargo de abogado asesor grado 23 del Despacho 002 de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, tomando posesión el 15 de junio de ese año.

6. Posteriormente, por Acuerdo PCSJA22 -11968 de 2022, dicho cargo cambió su denominación a profesional especializado grado 23, a partir del 1 de julio de 2022, sin que ello implicara una modificación en sus funciones o grado salarial, como se demuestra con los documentos aportados.

7. Destacó que, aunque tomó posesión en propiedad del cargo de oficial mayor del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Medellín el 28 de febrero de 2022, a partir del 1 de marzo del mismo año solicitó licencia para continuar desempeñándose como abogado asesor grado 23 en el Tribunal Superior de Antioquia.

Trámite procesal

8. Mediante auto del 29 de abril de 2025, se admitió la petición porque se presentó dentro del término legal y oportuno, es razonada y se anexó copia de la actuación surtida en sede administrativa. En la misma providencia, se ordenó correr traslado a la Nación – Rama Judicial, a la Dirección Ejecutiva de

presentó dentro del término legal y oportuno, es razonada y se anexó copia de la actuación surtida en sede administrativa. En la misma providencia, se ordenó correr traslado a la Nación – Rama Judicial, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público, para que se pronunciaran y allegaran las pru ebas que estimaran pertinentes.

Oposición

9. La Agencia Nación de Defensa Jurídica del Estado 2 indicó que no existe identidad fáctica ni jurídica entre el caso del señor Rivera Ríos y la sentencia de unificación invocada, toda vez que esta se refiere al cargo de abogado asesor de los tribunales administrativos, cuya remuneración en el grado 23 debe fijarse conforme a los decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional. En contraste, la solicitud del peticionario está relacionada con el desempeño como abogado asesor en el tribunal superior, cargo que pertenece a una categoría distinta dentro de la Rama Judicial.

2 Samai-índice 17.Radicado: 11001 03 25 000 2024 00256 00 (3417-2024)

Demandante: Raúl Andrés Rivera Ríos

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10. La Nación Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial3 solicitó que no se extiendan los efectos de la Sentencia de Unificación identificada invocada como desconocida porque no se reúnen los

3

10. La Nación Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial3 solicitó que no se extiendan los efectos de la Sentencia de Unificación identificada invocada como desconocida porque no se reúnen los requisitos exigidos y la solicitud fue presentada de manera extemporánea.

11. La solicitante y el Ministerio Público guardaron silencio4.

I. CONSIDERACIONES

Competencia

12. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para decidir de fondo la solicitud de extensión de jurisprudencia, de conformidad con los artículos 125 literal e) y 269 del CPACA.

Problema jurídico

13. La Sala deberá establecer si resulta procedente extender a Raúl Andrés Rivera Ríos los efectos de la sentencia de unificación SUJ-033-CE-S2-2023 de 2 de noviembre de 2023, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, dentro del proceso con radicado 08001-23-33-000-2018-0052901 (3071-2019).

14. Previo a resolver el problema jurídico expuesto, la Sala deberá resolver la objeción planteada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sobre la extemporaneidad de la presente solicitud.

15. Con el fin de dar solución al problema jurídico se estudiarán los siguientes aspectos (i) Sentencia de unificación SUJ-033-CE-S2-2023 de 2 de noviembre de 2023, (ii) hechos probados y (iii) caso concreto.

Sentencia de unificación SUJ-033-CE-S2-2023 de 2 de noviembre de 2023

de 2023, (ii) hechos probados y (iii) caso concreto.

Sentencia de unificación SUJ-033-CE-S2-2023 de 2 de noviembre de 2023

16. La regla de unificación fijada en esa pluricitada decisión fue la siguiente:

PRIMERO. - UNIFICAR la jurisprudencia en el sentido de señalar que “El Consejo Superior de la Judicatura carece de competencia para asignar a los cargos nominados 95, grados, códigos y remuneración diferentes a los previstos en el Decreto 57 de 1993 y demás decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional en los que se regule el régimen salarial y prestacional de los empleados de la rama judicial. Esta potestad corresponde al presidente de la República en desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de los Tribunales Administrativos, es la fijada para el «abogado asesor» en los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional sobre la materia.

3 Samai-índice 14 y 15. 4 Samai-índice 16.Radicado: 11001 03 25 000 2024 00256 00 (3417-2024)

Demandante: Raúl Andrés Rivera Ríos

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17. Asimismo, se precisó que, en lo atinente a la determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, el artículo 150 de la

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17. Asimismo, se precisó que, en lo atinente a la determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, el artículo 150 de la Constitución Política asigna al Congreso de la República la competencia para expedir leyes y, a través de ellas, establecer dicho régimen, en ejercicio de sus funciones legislativas.

18. En virtud de lo anterior, y en ejercicio de la atribución constitucional mencionada, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual se establecieron los criterios a los cuales debe ajustarse el Gobierno Nacional al determinar el ré gimen salarial y prestacional de los servidores públicos, incluidos aquellos de la Rama Judicial. En consecuencia, el presidente de la República, en uso de dichas facultades, expidió el Decreto 57 de 1993, «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, y se dictan otras disposiciones», el cual resulta de obligatorio cumplimiento para aquellos que se vinculen al servicio público con posterioridad a su entrada en vigor.

19. Por lo tanto, precisó que la Sala Administrativa del Consejo Superior de

la Judicatura ostenta la facultad para gestionar la carrera judicial, incluyendo la creación de los cargos que estime necesarios para la adecuada administración de justicia, así como para reglamentar diversos aspectos de dicho sistema de carrera, siempre y cuando no se trate de materias que correspondan en exclusiva al legislador, conforme a lo dispuesto en los artículos 125 y 150-23 de la Constitución Política.

20. A partir de lo anterior, esta colegiatura destacó que, conforme a lo

correspondan en exclusiva al legislador, conforme a lo dispuesto en los artículos 125 y 150-23 de la Constitución Política.

20. A partir de lo anterior, esta colegiatura destacó que, conforme a lo dispuesto en el Decreto 57 de 1993, corresponde al Gobierno Nacional la fijación anual del régimen salarial y prestacional aplicable a los cargos de la Rama Judicial. Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura ostenta la competencia para la creación de cargos y la incorporación de estos a las plantas de personal respectivas, en ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución Política y la Ley 270 de 1996. En tal sentido, se estableció que:

133. En ese orden se concluye que, si bien el Consejo Superior de la Judicatura cuenta con la facultad para crear cargos en la Rama Judicial en atención al artículo 257 de la Ley 270 de 1996, no obstante, no puede desconocer las facultades dadas al presidente de la República en la Ley 4ª de 1992 y con ello las pautas dadas en los Decretos presidenciales 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, que ya ha bían señalado cómo debían remunerarse los cargos de “abogado asesor”.

134. En este entendido, la remuneración de los cargos cuya denominación se encuentre expresamente establecida en los decretos anuales que fijan el régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial, debe atender a las escalas salariales allí señaladas. Fr ente a los mismos es ilegal, tanto asignarles grados o códigos adicionales, como establecerles otro tipo de remuneración diferente, toda vez que

salarial y prestacional de la Rama Judicial, debe atender a las escalas salariales allí señaladas. Fr ente a los mismos es ilegal, tanto asignarles grados o códigos adicionales, como establecerles otro tipo de remuneración diferente, toda vez que ello va en contra del artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política que autorizó al Gobierno N acional para fijar el régimen salarial y prestacional de losRadicado: 11001 03 25 000 2024 00256 00 (3417-2024)

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Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 empleados públicos, siempre y cuando se sujetara a los objetivos y criterios establecidos por el legislativo, que en este caso corresponde a la Ley 4 de 1992, a través de la cual se fijaron los criterios a los que debe ceñirse el Gobierno Nacional al deter minar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, entre ellos, a los de la Rama Judicial.

135. Por tanto, la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de Tribunales Administrativos, se encuentra dentro del listado de los cargos nominados en los Decretos expedidos por el presidente de la República en uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, por lo que su labor debe remunerarse de acuerdo con el artículo 4.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 201 4, sin que sea aceptable que el Consejo Superior de la Judicatura

de acuerdo con el artículo 4.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 201 4, sin que sea aceptable que el Consejo Superior de la Judicatura pueda variar la denominación contemplada en el artículo 3.º, numeral 2.° del Decreto 57 de 1993, lo cual resulta ilegal e inconstitucional, pues al agregar el “grado 23” al cargo denominado “abogado asesor”, afectó negativamente la remuneración salarial y prestacional del mismo.

140. En respuesta, el Consejo Superior de la Judicatura remitió copia del documento técnico “PROPUESTA PARA AJUSTAR ALGUNOS CARGOS EN LA PLANTA DE PERSONAL DE LA RAMA JUDICIAL” elaborado en el mes de junio de 2022, por la Unidad de Desarrollo y Análisis Es tadístico, donde frente al cambio de denominación del cargo de “abogado asesor grado 23” por la de “profesional especializado grado 23”, formuló la siguiente proposición:

“d. Propuesta de ajuste en la denominación de los cargos.

La facultad que tiene el Consejo Superior de la Judicatura de determinar las estructuras de y plantas de corporaciones y despachos judiciales en la Rama Judicial se ejerce observando las nomenclaturas y escalas señaladas por el Gobierno Nacional. Con base en los resultados de validación de plantas de personal, análisis comparativos de la denominación que establecen los decretos salariales y los contextos contemporáneos, se propone ajustar la denominación de los cargos de abogado asesor grado 23 a nivel de t ribunales y los cargos secretariales que tienen denominaciones que requieren de una actualización, como:

salariales y los contextos contemporáneos, se propone ajustar la denominación de los cargos de abogado asesor grado 23 a nivel de t ribunales y los cargos secretariales que tienen denominaciones que requieren de una actualización, como: escribientes, citadores, oficinistas e incluso archiveros. Para ajustar el primer cargo enunciado no se requiere un presupuesto adicional, debido a que se mantiene el mismo grado y no hay diferencia salarial, por lo que dentro de la gradualidad propuesta se considera pertinente iniciar los ajustes con este cargo.

(i) Abogado asesor grado 23

La antigua Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el marco del plan de descongestión dispuso crear con en los Acuerdos PSAA11 - 7886, PSAA13-9991, PSAA14-10197, PSAA1510288, PSAA15-10323, PSAA15-10335, PSAA15-10356, PSAA15 -10363, PS AA1510371, PSAA15 - 10377 y PSAA1510385 el cargo de abogado asesor grado 23 en los tribunales superiores y administrativos de manera transitoria para descongestionar los Tribunales Administrativos y Superiores. El grado establecido se determinó por las funciones y responsabilidades que demanda el perfil.

Posteriormente, el cargo fue creado de manera permanente primero para los despachos de magistrados de las salas especializadas en restitución de tierras (Acuerdo PSAA12 -9268 de 2012) y luego para las demás jurisdicciones y especialidades con el Acuerdo PSA A15-10402 de 2015. En el año 2020 con el Acuerdo PCSJA20-11650 se crearon unos cargos con la misma denominación para

especialidades con el Acuerdo PSA A15-10402 de 2015. En el año 2020 con el Acuerdo PCSJA20-11650 se crearon unos cargos con la misma denominación para fortalecer las plantas de personal de unos despachos de magistrado conforme los criterios de priorización (…).Radicado: 11001 03 25 000 2024 00256 00 (3417-2024)

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21. Posteriormente, la Sentencia de Unificación SUJ -033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023 hizo referencia al Acuerdo PCSJA22 -11968 del 30 de junio de 2022, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura “ Por medio del cual se ajusta la denominación de unos cargos a nivel nacional”. En virtud de dicho acto administrativo, se modificó la denominación del cargo de «Abogado Asesor grado 23 » por la de « Profesional Especializado grado 23 ». Al respecto, la citada providencia señaló expresamente lo siguiente:

159. En efecto, la misma entidad indicó que no existía diferencia entre los cargos de abogado asesor grado 23 y profesional especializado grado 23, toda vez que (i) los requisitos para su ejercicio son los mismos, (ii) no ocurrió algún cambio en cuanto a las funciones que venían desempeñando los abogados asesores grado 23 y (iii) no se les asignó ningún tipo de responsabilidad adicional.

160. Tampoco se evidencia que se hayan establecido criterios de desempeño y

cuanto a las funciones que venían desempeñando los abogados asesores grado 23 y (iii) no se les asignó ningún tipo de responsabilidad adicional.

160. Tampoco se evidencia que se hayan establecido criterios de desempeño y evaluación que justifiquen la diferencia con lo que se colige que esta decisión del Consejo Superior de la Judicatura entra en clara contradicción con el principio de seguridad jurídica al desconocer los numerosos pronunciamientos de la jurisdicción en los que se ha ordenado, en casos similares, efectuar la remuneración de la labor de los “abogados asesores grado 23” de Tribunal Administrativo de acuerdo con el cargo de “abogado asesor nominado”, en los términos de la escala salarial principal establecida en el artículo 4.° de los Decretos expedidos por el presidente de la

República.

161. En línea con esta argumentación se concluye que quienes venían desempeñándose como abogado asesor nominado 5 de Tribunal, al advertirse que siguen desempeñando las mismas funciones, se les exigen los mismos requisitos, continúan en sus mismos lugares de trabajo y bajo órdenes del mismo empleador, sin que exista una razón objetiva y justificable para que se asuma que cambiaron a un cargo diferente con grado 23 y que merecen ser remunerados de acuerdo con la escala salarial de ese grado.

22. Puestas, así las cosas, la Corporación procedió a inaplicar por inconstitucionalidad el artículo 1.º del Acuerdo PCSJA22 -11968 de 2022, el cual disponía: « El cargo de Abogado Asesor grado 23 se denominará Profesional Especializado grado 23 y conservará los requisitos y la escala salarial establecida para el

cual disponía: « El cargo de Abogado Asesor grado 23 se denominará Profesional Especializado grado 23 y conservará los requisitos y la escala salarial establecida para el grado 23, sin afectar los derechos salariales y prestacionales ». En consecuencia, concluyó que, a partir del 1 de julio de 2022, el servidor que venía desempeñándose en el cargo de «Abogado Asesor grado 23 », y c uya denominación fue modificada a «Profesional Especializado grado 23 », debe ser remunerado como abogado asesor Nominado de Tribunal, conforme a los decretos expedidos por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades previstas en la Ley 4.ª de 1992, esto es, con sujeción a lo establecido en el artículo 4.º de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, y los que posteriormente expida el Gobierno Nacional para tal efecto.

5 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia numéricaRadicado: 11001 03 25 000 2024 00256 00 (3417-2024)

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23. Concluyó que, tal reconocimiento implica observar los términos de prescripción establecidos en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, normas que regulan el régimen

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23. Concluyó que, tal reconocimiento implica observar los términos de prescripción establecidos en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, normas que regulan el régimen prestacional de los empleados públicos. Conform e a tales disposiciones, el término de prescripción de las acciones para reclamar prestaciones sociales es de tres (3) años, los cuales se interrumpen por una sola vez mediante la presentación de un reclamo escrito por parte del trabajador. Situación diferente ocurre frente a las diferencias generadas sobre los aportes para pensión a cargo del empleador, que pueden reclamarse en cualquier tiempo.

Hechos probados

24. El solicitante prestó sus servicios en la Rama Judicial del Poder Público a partir del 1 5 de junio de 2012, tal como se acredita mediante certificación laboral expedida el 17 de junio de 202 5 por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial . Durante dicho período, ha desempeñado los siguientes cargos6

25. De acuerdo con la certificación aportada, el solicitante se desempeñó en el cargo de abogado asesor durante los siguientes periodos: del 15 de junio de 2012 al 27 de febrero de 2022 y del 1 de marzo al 30 de junio de 2022 .

6 Samai-índice 3Radicado: 11001 03 25 000 2024 00256 00 (3417-2024)

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Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Posteriormente, ejerció como profesional especializado grado 23 en los siguientes lapsos: del 1 de julio de 2022 al 30 de enero de 2024 , del 1 de febrero al 30 de julio de 2024 , y del 1 de agosto de 2024 al 17 de junio de 20257.

26. Solicitud de la petición de extensión de los efectos jurídicos de la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023 , presentada a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín el 15 de noviembre de 20238.

Oportunidad para la presentación de la solicitud

27. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial alegó que la solicitud fue presentada de manera extemporánea, toda vez qu e según consta en el expediente, el 14 de noviembre de 2023 el señor Rivera Ríos pidió ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín la extensión de los efectos de la sentencia SUJ -033-CE-S2-2023, proferida por el Consejo de Estado. Luego, l a entidad tenía con 60 días calendario para resolver dich o pedimento, contados a partir del día siguiente a su presentación, esto es, hasta el 26 de febrero de 2024. Asimismo, que fue resuelta el 14 de mayo de 2024 y notificada el 15 del mismo mes, es decir, por fuera del término establecido

el 26 de febrero de 2024. Asimismo, que fue resuelta el 14 de mayo de 2024 y notificada el 15 del mismo mes, es decir, por fuera del término establecido para emitir respuesta.

29. En consecuencia, al no haberse resuelto dentro del término de los 60 días, el plazo de 30 días para acudir ante esta Corporación inició a partir del día siguiente al vencimiento de dicho término, esto es, desde el 27 de febrero hasta el 12 de abril de 2024 . En tal virtud, hasta esta última fecha tenía el interesado plazo para presentar su solicitud de extensión de jurisprudencia ante esta jurisdicción. Sin embargo, aquella fue radicada el 13 de junio de 2024, esto es, fuera del término legal previsto para tal efecto.

30. Para resolver esta excepción, la Sala debe reiterar lo señalado en decisión reciente sobre el término para interponer la solicitud de extensión de jurisprudencia ante esta corporación cuando la administración ha emitido respuesta y la misma fue notificada al interesado.

La lectura de los artículos 102 y 269 de la Ley 1437 de 2011 y 614 de la Ley 1564 de 2012 debe acompasarse con lo señalado por esta Corporación del 30 de enero de 2024, en el cual se indicó que existen dos formas de contabilizar los términos: una que constituye la regla general y otra que exceptúa lo anterior (…) en aquellos casos donde se advierta en el expediente una circunstancia diferente, en atención a las actuaciones adelantadas y notificadas en sede administrativa, tanto por la entidad como por la ANDJE. (…) Tal actuación, notificada en sede administrativa, configura

expediente una circunstancia diferente, en atención a las actuaciones adelantadas y notificadas en sede administrativa, tanto por la entidad como por la ANDJE. (…) Tal actuación, notificada en sede administrativa, configura el momento a partir del cual para el interesado empezó a transcurrir el término de treinta (30) días con que contaba para acudir ante el Consejo de

7 Fecha de expedición de la certificación. 8 Samai-índice 3.Radicado: 11001 03 25 000 2024 00256 00 (3417-2024)

Demandante: Raúl Andrés Rivera Ríos

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Estado y solicitar la extensión de los efectos de la sentencia de unificación invocada9. ( se encuentra incompleta la cita )

31. Así las cosas, de conformidad con el antecedente citado, esta subsección ha establecido que el término para acudir ante esta corporación y solicitar la extensión de una sentencia de unificación jurisprudencial es de 30 días, cuando exista respuesta de la ad ministración y la misma es notificada al solicitante.

32. Ahora bien, la solicitud presentada por el señor Raúl Andrés Rivera Ríos se enmarca en el supuesto previsto en la providencia citada, toda vez que en el expediente se encuentran acreditadas las actuaciones administrativas adelantadas con posterioridad a la radicación de su petición, las cuales culminaron con la expedición de la Resolución No. DESAJMER24-7303 del 14 de mayo de 2024, debidamente notificada el 15 de ese mismo mes y año.

adelantadas con posterioridad a la radicación de su petición, las cuales culminaron con la expedición de la Resolución No. DESAJMER24-7303 del 14 de mayo de 2024, debidamente notificada el 15 de ese mismo mes y año.

33. Dicha actuación, notificada en sede administrativa, constituye el momento a partir del cual comenzó a contarse, para el interesado , el término de 30 días establecido para presentar ante el Consejo de Estado la solicitud de extensión de los efectos de la sentencia de unificación invocada. En ese sentido, dicho plazo vencía el 28 de junio de 2024, por lo que la radicación de la solicitud el 13 de junio de 2024 se realizó dentro del término legal, lo que permite concluir que la actuación fue oportuna.

34. De esta forma, se bien es cierto que la lectura inicial de los artículos 102 y 269 de la Ley 1437 de 2011 lleva a concluir que el término de 30 días con que cuenta el interesado para acudir a la jurisdicción tiene carácter preclusivo, no es posible pasar por alto que la administración emitió un pronunciamiento, que tiene como efecto la habilitación al peticionario para que acuda ante el Consejo de Estado, garantizando con ello el derecho de acceso en condiciones de efectividad y eficacia a la administración de justicia10.

Caso concreto

35. De conformidad con el precedente jurisprudencial expuesto, en armonía con los medios de prueba, esta Sala procede a verificar si el actor acredita similitud de elementos fácticos y jurídicos exigidos por el artículo 269 de l CPACA, para lo cual se hará el siguiente análisis:

Similitud en supuestos fácticos

similitud de elementos fácticos y jurídicos exigidos por el artículo 269 de l CPACA, para lo cual se hará el siguiente análisis:

Similitud en supuestos fácticos

Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-033-CE-S2-2023 de 2 de noviembre de 2023 Solicitud de extensión de jurisprudencia

9 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A, providencia del 13 de febrero de 2025. Radicado 11001 -03-25-000-2024-00235-00 (3192 -2024). Consejero Ponente. Jorge Iván Duque Gutiérrez. 10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Radicado 11001 -03-25-000-202400235-00 (3192-2024). Consejero Ponente. Jorge Iván Duque Gutiérrez.Radicado: 11001 03 25 000 2024 00256 00 (3417-2024)

Demandante: Raúl Andrés Rivera Ríos

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Orlando José Jiménez Cerra ocupó el cargo de abogado asesor grado 23 en el Tribunal Administrativo del Atlántico del 3 de febrero hasta el 31 de agosto de 2015 y del 1 de agosto de 2016 hasta el 20 de mayo de 2018. Raúl Andrés Rivera Ríos se desempeñó como abogado asesor grado 23 (provisionalidad) en el Tribunal Superior de Antioquia – Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, del 15 de

Raúl Andrés Rivera Ríos se desempeñó como abogado asesor grado 23 (provisionalidad) en el Tribunal Superior de Antioquia – Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, del 15 de junio de 2012 al 28 de febrero de 2022, y del 1 de marzo al 30 de junio de 2022. A partir del 1 de julio de 2022, el servidor que venía desempeñándose en el cargo de Abogado Asesor grado 23, y cuya denominación fue modificada a Profesional Especializado grado 23, debe ser remunerado como Abogado Asesor Nominado de Tribunal. El peticionario ocupo el cargo de abogado asesor grado 23, cuya denominación fue modificada a Profesional Especializado grado 23. La remuneración mensual y el pago de las prestaciones sociales del señor Jiménez Cerra fue como abogado asesor grado 23, y no como abogado asesor nominado de