CE - Auto interlocutorio 11001032500020240027300 de 2025

Radicado: 11001-03-25-000-2024-00273-00

Demandante: José Alirio Ramírez Castro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Extensión de jurisprudencia Radicación: 11001 03 25 000 2024 00273 00 (3594-2024)

Demandante: José Alirio Ramírez Castro

Demandado: NaciónRama Judicial - Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial

Tema: Extensión de los efectos de la Sentencia de Unificación Jurisprudencial SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de

2023

1. Decide la Sala la solicitud de extensión de los efectos de la Sentencia de Unificación Jurisprudencial SUJ -033-C-S2-2023 del 2 de n oviembre de 2023, proferida en el proceso con radicado 08001 -23-33-000-2018-00529-01.

I. ANTECEDENTES

1.1. De la solicitud de extensión

Pretensiones.

2.El señor José Alirio Ramírez Castro por intermedio de apoderado judicial, y en ejercicio del mecanismo de extensión de la jurisprudencia previsto en los

1.1. De la solicitud de extensión

Pretensiones.

2.El señor José Alirio Ramírez Castro por intermedio de apoderado judicial, y en ejercicio del mecanismo de extensión de la jurisprudencia previsto en los artículos 102 1 y 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó la extensión de los efectos de la sentencia «SUJ-033-CE-S2-2023» emitida el 2 de noviembre de 2023 por la Sección Segunda de esta Corporación, dentro del proceso identificado bajo el radicado No. 08001-23-33-000-2018-00529-01 (3071-2019).

3.Como consecuencia de lo anterior, pretende se:

-Revoquen las Resoluciones DESAJCUR24-1860 del 11 de abril de 2024 y DEAJMER24-7408 del 17 de mayo de 2024, proferidas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta - Norte de Santander y la

1 Disposición modificada por el artículo 17 de la Ley 2080 de 2021.Radicado: 11001-03-25-000-2024-00273-00

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2 Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medel línAntioquia, respectivamente.

-Extiendan los efectos de la sentencia SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, para el caso del señor José Alirio Ramírez Castro.

respectivamente.

-Extiendan los efectos de la sentencia SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, para el caso del señor José Alirio Ramírez Castro.

-Ordene a la entidad convocada a reliquidar, reconocer y pagar en favor del solicitante, las diferencias de sueldo que corresponde al cargo de abogado asesor de Tribunal, consagrado en los decretos correspondientes, desde el 27 de junio de 2012 al 20 de agosto de 2013; del 01 de octubre de 2013 al 17 de octubre de 2013 y del 01 de febrero de 2016 al 16 de agosto de 2016, en el Tribunal de Cúcuta; y desde el 17 de agosto de 2016 al 28 de febrero de 2021 en el Tribunal de Antioquia; con la respectiva reliquidación d e todas las prestaciones sociales que este ha devengado, tales como, primas, vacaciones, cesantías, bonificaciones y demás emolumentos salariales y prestacionales.

-Reconozcan las diferencias correspondientes por concepto de aportes a pensión sean del caso, para que Colpensiones proceda a la actualización de la pensión reconocida por la Resolución SUB - 58640 del 4 de marzo de 2021.

Hechos que fundamentan la solicitud.

4. Como hechos relevantes, el apoderado judicial del solicitante señaló los

siguientes:

5. Mediante Acuerdo PSAA12-9268 de 2012, el Consejo Superior de la Judicatura creó en el territorio nacional unos despachos de magistrado en las Salas Civiles , en las cuales se contempló el cargo de abogado asesor grado 23.

5. Mediante Acuerdo PSAA12-9268 de 2012, el Consejo Superior de la Judicatura creó en el territorio nacional unos despachos de magistrado en las Salas Civiles , en las cuales se contempló el cargo de abogado asesor grado 23.

6. Por Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 , se adoptó la planta de personal de los tribunales a nivel nacional, y entre otros, estableció la creación de un empleo de abogado asesor grado 23, para la planta que ya tenía fijada la especialidad de restitución de tierras.

7. El solicitante ocupó el cargo de abogado asesor grado 23 en la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de CúcutaNorte de Santander, del 27 de junio de 2012 al 20 de agosto de 2013; del 01 de octubre de 2013 al 17 de octubre de 2013; y del 1 de febrero de 2013 al 16 de agosto de 2016.

8. De igual modo se desempeñó desde el 17 de agosto de 2016 al 28 de febrero de 2021, en el cargo de abogado asesor grado 23, en la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia.Radicado: 11001-03-25-000-2024-00273-00

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9. El 22 de febrero de 2024 , el señor González Ramírez radicó solicitud de extensión de jurisprudencia ante la Dirección Seccional de Administración

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9. El 22 de febrero de 2024 , el señor González Ramírez radicó solicitud de extensión de jurisprudencia ante la Dirección Seccional de Administración

Judicial de Cúcuta.

10. Mediante Resolución DESAJCUR24-1860 del 11 de abril de 2024, notificada el 17 de junio de 2024, se resolvió negar la anterior solicitud.

11. El 21 de febrero de 2024, el señor Ramírez radicó ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín -Antioquia, la extensión de jurisprudencia de la sentencia SUJ -033-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023.

12. Por Resolución DEDAJMER24-7408 de 17 de mayo de 2024, notificada el 20 de mayo de 2024, fue negada la petición antes mencionada.

Traslado de la solicitud

13. Por auto del 2 5 de noviembre de 2024 2 se ordenó correr traslado de la solicitud de extensión de la jurisprudencia de la referencia, por el término de 30 días, a la NaciónRama JudicialDirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público, para que se pronunciaran al respecto. Igualmente, se dispuso que las partes y el Ministerio Público podrían presentar por escrito sus alegaciones dentro de los diez (10) días siguientes, sin necesidad de auto que lo ordene.

14. En virt ud de lo anterior, el agente del Ministerio Público guard ó silencio;

Ministerio Público podrían presentar por escrito sus alegaciones dentro de los diez (10) días siguientes, sin necesidad de auto que lo ordene.

14. En virt ud de lo anterior, el agente del Ministerio Público guard ó silencio; empero, la entidad convocada y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del

Estado se manifestaron de la siguiente manera:

Nación Rama JudicialDirección Ejecutiva de Administración Jud icial3

15. Sostuvo que el 21 de febrero de 2024, el señor José Alirio, solicitó a la DESAJ de Medellín – Antioquia, que se le extendieran los efectos de la sentencia SUJ033CE-S2-2023, proferida por el Consejo de Estado; a partir del día siguiente, la entidad tenía máximo 60 días para contestar si extendía o no los efectos de la sentencia invocada, es decir, hasta el 20 de mayo de 2024; en ese sentido, se observa que la petición fue resuelta el 17 de mayo de 2024, es decir dentro del término legal para hacerlo.

16.Así pues, el término de 30 días para acudir a esta Corporación se contabiliza a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo que resolvió la solicitud, es decir que la solicitante tenía hasta el 5 de julio de 2024 para presentar la solicitud ante el Consejo de Estado, la cual fue radicada el 24 de junio de 2024, siendo así que se encontraba en el término legal para hacerlo.

2 Índice 6 de SAMAI. 3 Índice 11 de SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2024-00273-00

Demandante: José Alirio Ramírez Castro

2 Índice 6 de SAMAI. 3 Índice 11 de SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2024-00273-00

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17. Por otro lado, advirtió que s i bien es cierto el solicitante fue nombrado en el cargo abogado asesor 23, su nombramiento no se efectuó para despachos adscritos a Tribunales Administrativos, tal y como lo señala el Consejo de Estado en la sentencia de unificación invocada.

18. Concluyó que, ciñéndose a la literalidad de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011 y lo resuelto en la sentencia de unificación del Consejo de Estado, no es procedente dar aplicación a la extensión de jurisprudencia en el caso concreto, al no cumplirse los presupuestos facticos y jurídicos allí referidos, pues es claro el fallo en indicar que la remuneración del cargo de «abogado asesor grado 23 de los Tribunales Administrativos», es la fijada para el «abogado asesor» en los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional, limitándose así a unificar jurisprudencia en este sentido.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 4

19.La entidad refirió los mismos argumentos expuestos por la Ram a Judicial, en cuanto a que la solicitud fue radicada en tiempo ; y, que en la Sentencia de Unificación SUJ-033-CE-S2-2023 se estableció la regla de manera puntual sobre

19.La entidad refirió los mismos argumentos expuestos por la Ram a Judicial, en cuanto a que la solicitud fue radicada en tiempo ; y, que en la Sentencia de Unificación SUJ-033-CE-S2-2023 se estableció la regla de manera puntual sobre la remuneración del cargo de «abogado asesor » grado 23 de los Tribunales Administrativos, más no de los Tribunales de Distrito Superior por lo cual consideró que el peticionario no se encuentra en la misma situac ión fáctica.

Alegaciones

20.El solicitante, la entidad convocada, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

21.Le corresponde a la Sala determinar si resulta procedente extender al señor José Alirio Ramírez Castro la sentencia «SUJ-033-CE-S2-2023» emitida el 2 de noviembre de 2023, por la Sección Segunda de esta Corporación, dentro del proceso identificado bajo el radicado No. 08001 -23-33-000-2018-00529-01 (3071-2019) y, en consecuencia, ordenar el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales.

Marco normativo de la solicitud de extensión jurisprudencial

22. El artículo 102 ibidem señala el trámite mediante el cual los ciudadanos pueden acudir ante la administración, con el fin de que se reconozca una

4 Índice 15 de SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2024-00273-00

Demandante: José Alirio Ramírez Castro

pueden acudir ante la administración, con el fin de que se reconozca una

4 Índice 15 de SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2024-00273-00

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5 situación jurídica que haya sido resuelta mediante una sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado.

23. De igual forma, establece los requisitos que debe contener la solicitud: i) la justificación razonada en la que se evidencie igual situación de hecho y de derecho entre el solicitante y el demandante al que se le reconoció un derecho mediante la providencia de unificación invocada; ii) las pruebas que tenga en su poder y; iii) la identificación de la sentencia de unificación que invoca.

24. Cabe precisar, en este punto, que la disposición mencionada es clara al establecer que el mecanismo judicial en cuestión corresponde a la aplicación de las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado.

25. De otro lado, el artículo 269 de la misma codificación, enmarca el trámite judicial del referido mecanismo de extensión, así: «ARTÍCULO 269. Procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros. Si se niega la extensión de los efectos de una sentencia de unificación o la autoridad hubiere guardado silencio en los términos del artículo 102 de este código, el interesado, a través de apoderado, podrá acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito razonado en el que

sentencia de unificación o la autoridad hubiere guardado silencio en los términos del artículo 102 de este código, el interesado, a través de apoderado, podrá acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito razonado en el que evidencie que se encuentra e n similar situación de hecho y de derecho del demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.

Al escrito deberá acompañar copia de la actuación surtida ante la autoridad competente y manifestar, bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la sola presentación de la solicitud, que no ha acudido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de obtener el reconocimiento del derecho que se pretende. Si el escrito no cumple los requisitos, se inadmitirá para que se corrija dentro del término de los diez (10) días siguientes. En caso de no hacerlo, se rechazará la solicitud de extensión. La petición de extensión se rechazará de plano por el ponente cuando:

1. El peticionario ya hubiere acudido a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el fin de obtener el reconocimiento del derecho que se pretende en la solicitud de extensión.

2. Se haya presentado extemporáneamente.

3. Se pida extender una sentencia que no sea de unificación.

4. La sentencia de unificación invocada no sea de aquellas que reconocen un derecho

5. Haya operado la caducidad del medio de control procedente o la prescripción total del derecho reclamado.

6. Se establezca que no procede la extensión solicitada por no existir o no estar acreditada la similitud entre la situación planteada por el peticionario y la

total del derecho reclamado.

6. Se establezca que no procede la extensión solicitada por no existir o no estar acreditada la similitud entre la situación planteada por el peticionario y la sentencia de unificación invocada.Radicado: 11001-03-25-000-2024-00273-00

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6 […]»

26. Los artículos 270 y 2711 ibidem establecen cuáles son las sentencias de unificación jurisprudencial cuyos efectos pueden ser extendidos a terceros por las autoridades, así: i) Las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar la jurisprudencia. ii) Las proferidas por esta Corporación al decidir los recursos extraordinarios. iii) Las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36 A de la Ley 270 de 1996.

27. De acuerdo con lo previsto en el artículo 102 del CPACA, para que puedan extenderse los efectos de una sentencia de unificación la persona interesada debe cumplir los siguientes requisitos: i) presentar la petición ante la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho; ii) que no haya operado la caducidad del medio de control que procedería; iii) justificar de manera razonada las circunstancias por las que el peticionario considera se encuentra en la misma situación de hecho y de derecho resuelta en la sentencia invocada; iv) presentar

caducidad del medio de control que procedería; iii) justificar de manera razonada las circunstancias por las que el peticionario considera se encuentra en la misma situación de hecho y de derecho resuelta en la sentencia invocada; iv) presentar las pruebas que el peticionario tenga en su poder, enunciando las que reposen en los archivos de la entidad, así como las que haría valer en caso de comparecer a un proceso; y v) copia o al menos la referencia de la sentencia de unificación que invoca a su favor.

28. Ahora, esta Corporación se encuentra en la facultad de extender los efectos de las sentencias a las que hace mención el artículo 270 del CPACA, siempre y cuando se haya agotado el trámite previo ant e la autoridad administrativa competente de reconocer el derecho y que la solicitud efectivamente guarde identidad fáctica y jurídica con la providencia que se invocó en la petición. El nuevo texto de este artículo subrogado por el artículo 78 de la Ley 2080 de 2021, incluyó además de las causales establecidas por el aludido artículo 270 del CPACA, las siguientes: i) Las sentencias que precisan el alcance de la allí indicadas y, ii) resuelven las divergencias en su aplicación. De tal forma, que en cualquiera de estos eventos resulta procedente dictar sentencia de extensión de jurisprudencia.

29. Así mismo, se puede negar la extensión de jurisprudencia por los mismos motivos atribuidos a la autoridad ante la cual se presenta la petición, a saber: i) la existencia de caducidad; ii) si se advierte la necesidad de surtir un periodo probatorio; iii) si la situación del solicitante es distinta a la de la sentencia

motivos atribuidos a la autoridad ante la cual se presenta la petición, a saber: i) la existencia de caducidad; ii) si se advierte la necesidad de surtir un periodo probatorio; iii) si la situación del solicitante es distinta a la de la sentencia invocada; y iv) si existen motivos para cambiar la posición jurisprudencial que el administrado pretende que se le extienda.

Del término para presentar la solicitud de extensión de jurisprudencia.

30. De manera preliminar es necesario determinar si la solicitud de extensión deRadicado: 11001-03-25-000-2024-00273-00

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7 los efectos de la sentencia de unificación fue radicada de manera oportuna y en debida forma ante la entidad accionada.

31. Al respecto, frente a la contabilización del término para la presentación d e la solicitud de extensión de jurisprudencia ante esta jurisdicción, se advierte que

esta Subsección5 ha precisado lo siguiente:

« De conformidad con el artículo 102 de la Ley referida, el interesado en la extensión de los efectos de una sentencia de unificación debe presentar una solicitud ante la autoridad a la que legalmente le compete reconocer el derecho, con la condición de que la pretensión, vista desde el ámbito judicial, no haya caducado, indicando de manera justificada las razones por las cuales evidencia que se encuentra en las mismas circunstancias que aquella persona a quien se le reconoció el derecho en la sentencia que se invoca, acompañada de las pruebas que tenga en su poder y referenciando

las cuales evidencia que se encuentra en las mismas circunstancias que aquella persona a quien se le reconoció el derecho en la sentencia que se invoca, acompañada de las pruebas que tenga en su poder y referenciando la sentencia de unificación que se solicita extender.

Recibida la solicitud, corresponde a la autoridad, en cumplimiento del artículo 614 del Código General del Proceso6, solicitar concepto previo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien dentro de los 10 días siguientes debe manifestar su intención de rendir concepto y, luego, emitirlo dentro de los 20 días siguientes.

Agotada esta actuación, la entidad disp one de 30 días para adoptar una decisión de fondo, que podrá ser desfavorable al interesado si (i) se exponen las razones por las cuales es necesario surtir un periodo probatorio para demostrar que al solicitante no le asiste el derecho invocado, caso en el cual la autoridad debe enunciar los medios de prueba y sustentar con claridad por qué resultan indispensables; y (ii) se exponen las razones por las cuales se estima que la situación de quien invoca la sentencia de unificación es distinta a la que se resolvió en dicha providencia y, por tanto, no resulta procedente la extensión de sus efectos. Tanto si la autoridad no contesta, como si su respuesta es negativa, el inciso 7 del artículo 102 consagra la posibilidad de acudir al Consejo de Estado en los términos del artículo 269 de la Ley 1437 de 2011 y, en ese caso, el trámite ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se sujeta a las siguientes reglas:

• La solicitud de extensión se debe presentar por intermedio de apoderado,

caso, el trámite ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se sujeta a las siguientes reglas:

• La solicitud de extensión se debe presentar por intermedio de apoderado, evidenciando en e l escrito, que el interesado se encuentra en similar

5 Consejo de EstadoSala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda-Subsección Amagistrado ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, providencia del treinta (30) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), radicación 11001-03-25-000-2024-00169-00 (2762-2024). 6 Código General del Proceso. “Artículo 614. Extensión de jurisprudencia. Con el objeto de resolver las peticiones de extensión de la jurisprudencia a que se refieren los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, las entidades públicas deberán solicitar concepto previo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En el término de diez (10) días, la Agencia informará a la entidad pública respectiva, su intención de rendir concepto. La emisión del concepto por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se deberá producir en un término máximo de veinte (20) días. El término a que se refiere el inciso 4o del numeral 3 del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, empezará a correr al día siguiente de recibido el concepto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del vencimiento del término a que se refiere el inciso anterior, lo que ocurra primero”.Radicado: 11001-03-25-000-2024-00273-00

Demandante: José Alirio Ramírez Castro

vencimiento del término a que se refiere el inciso anterior, lo que ocurra primero”.Radicado: 11001-03-25-000-2024-00273-00

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8 situación de hecho y de derecho del demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada. • El escrito se debe acompañar de copia de la actuación adelantada ante la autoridad competente para reconocer el derecho en los términos del artículo 102. • Si no se cumple con los requisitos, puede inadmitirse la solicitud para ser corregida al cabo de diez (10) días, so pena de rechazo. • El rechazo de la solicitud puede ocurrir de plano, si: - Ya se acudió ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de un medio de control ordinario para obtener el reconocimiento del derecho. - Se presentó de manera extemporánea. - Se pide la extensión de una providencia que no es de unificación o si la que se invoca, pese a ser de unificación, no reconoce un derecho9. - El medio de control que correspondería ya caducó o ha prescrito el derecho reclamado. - Se establece que no resulta procedente la extensión porque no existe o no se acredita la similitud entre la situación planteada por el solicitante y la sentencia de unificación invocada. • Si resulta procedente admitir la solicitud, se debe correr traslado a la demandada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para

se acredita la similitud entre la situación planteada por el solicitante y la sentencia de unificación invocada. • Si resulta procedente admitir la solicitud, se debe correr traslado a la demandada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, en el término común de treinta (30) días, intervengan y aporten las pruebas que consideren pertinentes. • Vencido el anterior término, las partes pueden presentar alegatos de conclusión y el Ministerio Público su concepto en el término de diez (10) días, sin necesidad de providencia que lo ordene, ocurrido lo cual se debe adoptar la decisión de fondo. • Si se extienden los efectos de una sentencia que ordena el reconocimiento de un derecho patrimonial, su liquidación debe efectuarse en la misma providencia, salvo que no exista suficiente acervo probatorio para ello, caso en el cual la decisión se puede proferir en abstracto y el interesado puede solicitar la posterior liquidación mediante el trámite incidental del artículo 193 de la misma ley dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la decisión. Contra la providencia que liquide el derecho patri monial procede el recurso de reposición, exclusivamente por desacuerdo respecto de su monto. • Finalmente, si no se extienden los efectos de la sentencia de unificación, el interesado puede continuar con la actuación administrativa para obtener un pronunciamiento de fondo o, si cuenta con este o no se requiere una decisión expresa por parte de la autoridad, puede acudir a la jurisdicción en ejercicio del medio de control respectivo, cuyo término de caducidad se reanuda una vez la providencia que resuelve no extender los efectos de la sentencia de unificación queda ejecutoriada.»

ejercicio del medio de control respectivo, cuyo término de caducidad se reanuda una vez la providencia que resuelve no extender los efectos de la sentencia de unificación queda ejecutoriada.»

32. Ahora, revisado el expediente se advierte que el 22 de febrero de 20247, el señor José Alirio Ramírez Castro solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, la extensión de la sentencia de unificación «SUJ-033-CE-S2-2023» del 2 de noviembre de 2023, proferida por la Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo del Cons ejo de Estado.

7 Índice 3 de SAMAI, DemandaWeb_Anexos_Solicitudextension2N(.pdf)Radicado: 11001-03-25-000-2024-00273-00

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33. La entidad convocada mediante la Resolución DESAJCUR24-1860 del 11 de abril de 20248, notificada el 17 de junio de 2024, respondió de manera negativa la solicitud de extensión del solicitante.

34. Igualmente, mediante petición del 21 de febrero de 2024 9, solicitó ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín la extensión de la mencionada sentencia.

35. Por Resolución DESAJMER24 -7408 de 17 de mayo de 2024 10, notificada el 20 de mayo de 2024, negó la petición del señor Ramírez.

de la mencionada sentencia.

35. Por Resolución DESAJMER24 -7408 de 17 de mayo de 2024 10, notificada el 20 de mayo de 2024, negó la petición del señor Ramírez.

36. De acuerdo con lo hasta aquí consignado, conforme a los artículos 102 y 269 y 269 de la Ley 1437 de 2011 y 614 de la Ley 1564 de 2012, se advierte lo

siguiente:

1. La solicitud se formuló ante la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, el 22 de febrero de

2024. Igualmente, ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial presentó la extensión el 21 de febrero de 2024.

1. Los 60 días que tenía la entidad convocada se vencían el 23 y 24 de mayo de 2024, respectivamente. Fechas para las cuales la entidad ya había resuelto la s solicitudes negando la s extensiones, pues profirió los actos administrativos el 11 de abril de 2024 y el 17 de mayo, notificadas el 17 de junio y 20 de mayo de 2024.

1. Los 30 días que tenía el demandante para acudir ante esta jurisdicción se vencían el 30 de julio y 4 de julio de 2024 , y el señor Ramírez radicó la solicitud el 24 de junio de 2024 11, es decir dentro del término de ley.

La sentencia de unificación jurisprudencial cuya extensión se solicita

37.La sentencia invocada por el actor fue proferida por la Sección Segunda de esta Corporación el 2 de noviembre de 2023 12. En ella se fijaron las pautas que

La sentencia de unificación jurisprudencial cuya extensión se solicita

37.La sentencia invocada por el actor fue proferida por la Sección Segunda de esta Corporación el 2 de noviembre de 2023 12. En ella se fijaron las pautas que en adelante deben considerarse en relación con los casos que por aspectos fácticos y jurídicos se enmarquen en iguales o similares circunstancias a las descritas en ese asunto. La siguiente fue la regla de unificación fi jada en dicha providencia:

«(…) UNIFICAR la jurisprudencia en el sentido de señalar que Él Consejo

8 Índice 3 de SAMAI, 19_DemandaWeb_Anexos_RESOLUCION1860DE11DE(.pdf). 9 Índice 3 de SAMAI, 13_DemandaWeb_Anexos_Solicitudextension2J(.pdf) 10 Índice 3 de SAMAI, 11_DemandaWeb_Anexos_RESOLUCIONDEL17DEMAY(.pdf). 11 Índice 4 expediente digital, 5ED_02ACTAREPART(.PDF) de SAMAI. 12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 2 de noviembre de 2023. Radicado 08001 -23-33000-2018-00529-01 (3071-2019).Radicado: 11001-03-25-000-2024-00273-00

Demandante: José Alirio Ramírez Castro

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10 Superior de la Judicatura carece de competencia para asignar a los cargos nominados13, grados, códigos y remuneración diferentes a los

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10 Superior de la Judicatura carece de competencia para asignar a los cargos nominados13, grados, códigos y remuneración diferentes a los previstos en el Decreto 57 de 1993 y demás decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional en los que se regule el régimen salarial y prestacional de los empleados de la rama judicial. Esta potestad corresponde al presidente de la República en desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de los Tribunales Administrativos, es la fijada para el «abogado asesor» en los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional sobre la materia» (subrayas y negrillas de la Sala).

38.En la mencionada providencia señaló que respecto a la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos el artí