CE - Auto interlocutorio 11001032500020250010300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: Radicado: Nulidad 11001-03-25-000-2025-00103-00 (0649-2025)

Demandante: Jarol Estibens Echeverry Giraldo

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Asunto:

Medida cautelar

El despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar presentada por Jarol Estibens Echeverry Giraldo, consistente en la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1. Jarol Estibens Echeverry Giraldo presentó demanda el 6 de marzo de 2025, en ejercicio del medio de control de nulidad 1 previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, contra la Fiscalía General de la Nación en orden a que se declarara la nulidad del Acuerdo 1 del 3 de marzo de 2025 «[p]or el cual se convoca y establecen las reglas del concurso de méritos para proveer algunas vacantes definitivas en las modalidades ascenso e ingreso, de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación pertenecientes al Sistema Especial

de Carrera».

2. Asimismo, solicitó que i) la nulidad produzca efectos a partir del 3 de marzo de 2025, fecha en que se expidió el acto demandado ; y ii) se ordene el cumplimiento

de Carrera».

2. Asimismo, solicitó que i) la nulidad produzca efectos a partir del 3 de marzo de 2025, fecha en que se expidió el acto demandado ; y ii) se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos del CPACA.

1.1.1. Los fundamentos fácticos

3. Los hechos en que se sustenta la demanda son los siguientes:

3.1. El 3 de marzo de 2025, la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación expidió el Acuerdo 1 de 2025, mediante el cual convocó a concurso de méritos para proveer un total de 4.000 vacantes definitivas de la planta de personal de la entidad, distribuidas así: 3.156 cargos en la modalidad de ingreso y 844 en la modalidad de ascenso.

1 Se advierte que la demanda se presentó bajo el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad; sin embargo en el auto del 26 de abril de 2024 se adecuó la demanda al medio de control de nulidad. 2 En adelante CPACA.Radicado: 11001-03-25-000-2025-00103-00 (0649-2025)

Demandante: Jarol Estibens Echeverry Giraldo

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3.2. El artículo 24 del Decreto Ley 20 de 2014 «[p]or el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas» establece que la modalidad de ascenso solo puede aplicarse máximo para el 30 % de las vacantes convocadas y que el porcentaje restante debe

se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas» establece que la modalidad de ascenso solo puede aplicarse máximo para el 30 % de las vacantes convocadas y que el porcentaje restante debe proveerse por la modalidad de ingreso; no obstante, según el Anexo 1 – OPECE del acto demandado, en varios empleos la proporción de vacantes para ascenso superó de manera significativa el límite legal, alcanzando en algunos casos porcentajes que duplicaron el tope permitido.

3.3. Por su parte, el artículo 28 del Decreto Ley 20 de 2014 dispone que la convocatoria debe contener, entre otras cosas , la determinación precisa de las fechas de cada etapa del concurso a saber: inscripciones, publicaciones, pruebas, estudios de seguridad y listas de elegibles; sin embargo, el acuerdo acusado omitió fijarlas, limitándose a señalar que serían publicadas de manera posterior por el operador logístico UT Convocatoria FGN 2024 a través de la plataforma SIDCA 3.

1.1.2. El concepto de la violación

4. El demandante sostuvo que el Acuerdo 1 del 3 de marzo de 2025 se expidió con infracción de las normas en que debía fundarse, concretamente, los artículos 24 y 28 del Decreto Ley 20 de 2014.

1.1.2.1. Primer cargo: Desconocimiento del artículo 24 del Decreto Ley 20 de 2014 por la inobservancia del porcentaje máximo en la modalidad de ascenso

5. Si bien el artículo 24 del Decreto Ley 20 de 2014 prevé que «[…] se convocará a

2014 por la inobservancia del porcentaje máximo en la modalidad de ascenso

5. Si bien el artículo 24 del Decreto Ley 20 de 2014 prevé que «[…] se convocará a concurso de ascenso hasta el 30% de las vacantes a proveer [y los] demás empleos se proveerán a través de concurso de ingreso », el Anexo 1 – OPECE del acuerdo demandado estableció, para varios cargos y desde una óptica individual del empleo, una distribución de vacantes que super ó ampliamente el porcentaje máximo permitido del 30 % en la modalidad de ascenso. Al respecto, refirió algunos cargos en los que el acto administrativo demandado desconoció el porcentaje legal en la distribución de las vacantes, como se muestra a continuación:

Denominación de Empleo Vacantes en ascenso / Total Porcentaje de ascenso Exceso sobre el 30% Profesional de Gestión III 73 de 106 68.87% 38.87% Técnico III 8 de 12 66.67% 36.67% Profesional Experto 16 de 27 59.26% 29.26% Profesional Especializado I 14 de 27 51.85% 21.85% Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito 35 de 80 43.75% 13.75% Asistente de Fiscal III 90 de 250 36% 6% Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializados 150 de 420 35.71% 5.71% Técnico II 50 de 160 31.25% 1.25% Asistente de Fiscal IV 78 de 250 31.20% 1.20%Radicado: 11001-03-25-000-2025-00103-00 (0649-2025)

Técnico II 50 de 160 31.25% 1.25% Asistente de Fiscal IV 78 de 250 31.20% 1.20%Radicado: 11001-03-25-000-2025-00103-00 (0649-2025)

Demandante: Jarol Estibens Echeverry Giraldo

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6. La interpretación correcta del artículo 24 del Decreto Ley 20 de 2014 implica que el límite del 30% de las vacantes ofertad as en la modalidad de ascenso debe aplicarse de manera individualizada a cada denominación de empleo , y no al conjunto total de vacantes de la convocatoria, porque de esta forma se materializan los principios de igualdad, mérito y transparencia al permitir qu e al menos el 70% de las vacantes ofertadas por empleo se provean a través de la modalidad de ingreso, lo cual aseguraría la participación de la ciudadanía. La Corte Constitucional, en la sentencia C-034 de 2015 consideró que el porcentaje debía entenderse como un límite aplicable a cada tipo de empleo, individualmente considerado, y no como un prome dio general . La propia Fiscalía General de la Nación ha aplicado esta interpretación individua lizada en procesos anteriores, como se e videnció en la Resolución 48 del 14 de diciembre de 2023, mediante la cual en aplicación de la norma en cita declaró «desiertos concursos para cargos específicos en la modalidad de ascenso cuando no se cumplían las condiciones particulares para cada denominación de empleo, sin considerar los totales generales de la convocatoria».

7. Finalmente, la distribución irregular en el concurso respecto de la modalidad d e

ascenso cuando no se cumplían las condiciones particulares para cada denominación de empleo, sin considerar los totales generales de la convocatoria».

7. Finalmente, la distribución irregular en el concurso respecto de la modalidad d e ingreso y de ascenso implicó la transgresión a los principios de legalidad, igualdad de oportunidades en el acceso a cargos públicos y prevalencia del interés general, en tanto ello restring ió la oportunidad de aquellos ciudadanos que no t uvieran un vínculo laboral con la entidad demandada, lo cual limitaría la renovación del talento humano en las entidades públicas.

1.1.2.2. Segundo cargo: Desconocimiento del artículo 28 del Decreto Ley 20 de 2014 por la falta de especificación respecto de las condiciones temporales de las diferentes etapas del concurso

8. A pesar de que el artículo 28 del Decreto Ley 20 de 2014 establece que la

convocatoria [en el marco del régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas] debe contener, entre otros aspectos, la fecha para i) la inscripción y publicación de la convocatoria; ii) la publicación del listado de admitidos y no admitidos al concurso, así como los términos y medios para sus reclamaciones; iii) la inscripción de las pruebas a aplicar; iv) la publicación de los resultados de las pruebas, así como los términos y medios para sus reclamaciones; v) la publicación de las listas d e elegibles y los términos y medios para reclamar contra aquellas; vi) la realización del estudio de seguridad; y vii) la publicación de la lista de elegibles definitiva; lo cierto es que el acto admini strativo demandado no especificó ninguna de aquellas al delegar tal determinación en e l operador

contra aquellas; vi) la realización del estudio de seguridad; y vii) la publicación de la lista de elegibles definitiva; lo cierto es que el acto admini strativo demandado no especificó ninguna de aquellas al delegar tal determinación en e l operador contratado, esto es, la UT Convocatoria FGN 2024 . Esta d ecisión contravino el principio de legalidad y el deber constitucional de la administración de sujetarse al ordenamiento jurídico en todas sus actuaciones, en tanto la normativa fue clara en señalar que «es la convocatoria misma la que debe contener estas fechas, y no un tercero que posteriormente las determine».

9. El artículo 14 del acuerdo demandado se limit ó a señal ar que la etapa de inscripciones tenía un término de duración de 20 días hábiles, pero sin establecer una fecha específ ica de inicio ni de culminación; asimismo , omitió especificar las fechas para la publicación de los actos administrativos a expedir, una vez finalizada cada etapa del concurso.Radicado: 11001-03-25-000-2025-00103-00 (0649-2025)

Demandante: Jarol Estibens Echeverry Giraldo

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10. La ausencia de las fechas en comento, además, desconoció las garantías a la seguridad jurídica, la transparencia y el debido proceso de todos los participantes quienes tienen derecho a conocer, desde un principio, las condiciones t emporales que regirían el concurso de méritos.

1.2. Solicitud de medida cautelar

11. El demandante solicitó, como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo 1 del 3 de marzo de 2025 por contrariar lo dispuesto en los

1.2. Solicitud de medida cautelar

11. El demandante solicitó, como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo 1 del 3 de marzo de 2025 por contrariar lo dispuesto en los artículos 24 y 28 del Decreto Ley 20 de 2014 , con base en los siguientes

argumentos:

12. La medida cautelar debía decretarse, no solo por estar razonablemente fundada en derecho, sino también porque su negativa resultaría perjudicial para el interés público, por cuanto negarla i) afectaría la transparencia y la seguridad jurídica que

debe regir el ingreso a la carrera especial de la Fiscalía General de la Nación; ii) generaría incertidumbre en los concursantes ; iii) conllevaría al uso indebido de recursos públicos; y iv) vulneraría el principio de la igualdad de oportunidades. Por el contrario, su decreto evitaría la consolidación de situaciones jurídicas que posteriormente resultarían difíciles de revertir.

13. Se configuró el supuesto del numeral 4 del artículo 231 del CPACA3, porque de no otorgarse la medida cautelar se generaría un perjuicio irremediable para los posibles participantes, quienes deberían someterse a un concurso regido por un acto contrario a derecho, con incertidumbre frente a las fechas de cada etapa, lo que afecta ría su planeación y reduc iría injustamente sus posibilidades de participación debido a la distribución irregular de vacantes. Por ello, s i el proceso continuara con fundamento en el acto demandado, los efectos de una eventual sentencia de nulidad serían prácticamente ineficaces, ya que el concurso podría estar avanzado o incluso concluido.

1.3. Traslado de la medida cautelar

continuara con fundamento en el acto demandado, los efectos de una eventual sentencia de nulidad serían prácticamente ineficaces, ya que el concurso podría estar avanzado o incluso concluido.

1.3. Traslado de la medida cautelar

14. El despacho admitió la demanda de la referencia el 30 de abril de 2025; en consecuencia, dispuso realizar las notificaciones de ley.

15. En providencia de igual fecha, y de conformidad con lo previsto en el inciso 2 del artículo 233 del CPACA, se corrió traslado de la medida cautelar a la parte demandada para que en el término de 5 días se pronunciara al respecto.

16. El auto de traslado de la medida cautelar se notificó por correo electrónico el 11 de julio de 2025 a la entidad demandada, al Ministerio Público y a la Agencia

Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.4. Oposición a la medida cautelar

3 «Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares […]

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios».Radicado: 11001-03-25-000-2025-00103-00 (0649-2025)

Demandante: Jarol Estibens Echeverry Giraldo

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17. La Fiscalía General de la Nación , dentro del término legal, se opuso al decreto

de la medida cautelar por las siguientes razones:

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17. La Fiscalía General de la Nación , dentro del término legal, se opuso al decreto

de la medida cautelar por las siguientes razones:

17.1. La entidad ha adelantado los concursos de méritos FGN 2021, FGN 2022 y FGN 2024 como parte del proceso de provisión de cargos en cumplimiento de la orden judicial impartida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la acción de cumplimiento identificada con el radicado 25000-23-41-000-2020-00185-01, confirmada por el Consejo de Estado, en la que se le ordenó realizar las gestiones necesarias para convocar a concurso los carg os de carrera que se enc ontraran vacantes de forma definitiva o provistos en provisionalidad o encargo.

17.2. La medida cautelar presentada por Jarol Estibens Echeverry Giraldo no cumplió con los presupuestos señalados en el artículo 231 del CPACA para su decreto, a saber: la apariencia de buen derecho [fumus boni iuris] y la existencia de un perjuicio irremediable [periculum in mora].

17.3. En relación con la apariencia de buen derecho, si bien el demandante advirtió una transgresión a los artículos 24 y 28 del Decreto Ley 20 de 2014, en lo relacionado con el tope del 30% de vacantes a proveer para el concurso en modalidad de ascenso y la omisión en la especificación de las fechas de las distintas etapas del concurso, respectivamente, lo cierto es que no se evidenció prima facie su vulneración o inobservancia.

modalidad de ascenso y la omisión en la especificación de las fechas de las distintas etapas del concurso, respectivamente, lo cierto es que no se evidenció prima facie su vulneración o inobservancia.

17.4. La expresión del artículo 24 en comento, «[s]e convocará a concurso de ascenso hasta el treinta por ciento (30%) de las vacantes a proveer. Los demás empleos se proveerán a través de concurso de ingreso», no estableció expresamente si ese límite debía aplicarse de forma global [sobre el total de vacantes] o de manera individual [por cada empleo] . Ambigüedad semántica que impediría calificar la supuesta infracción como ostensible o flagrante, por lo que se requiere de un debate de fondo.

17.5. La interpretación correcta del artículo 24 implica que el tope allí señalado debía ser aplicado al total de vacantes ofertadas y no de forma individual para cada cargo. En efecto, la Corte Constitucional, en la sentencia C-034 de 2015 estableció que el proceso de selección regulado por el Decreto Ley 20 de 2014 era de carácter mixto, con lo cual se permit ía designar un porcentaje para ingreso y un o para ascenso, siempre y cuando se respet ara el máximo del 30% establecido para la última modalidad.

17.6. La jurisprudencia pacífica y reiterada de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han establecido que el porcentaje previsto en la pluricitada norma debía calcularse sobre el total de cargos ofertados en cada convocatoria, criterio coherente con el diseño normativo del sistema de carrera y con el carácter mixto del proceso de selección.

calcularse sobre el total de cargos ofertados en cada convocatoria, criterio coherente con el diseño normativo del sistema de carrera y con el carácter mixto del proceso de selección.

17.7. La lega lidad de la convocatoria no p odría evaluarse a partir de una lectura «aritmética estricta», como lo pretendió el demandante, sino que deberá atender a la finalidad material de la norma , la cual es evitar que la modalidad de ascenso sustituya o desplace al ingreso como regla general en los concursos de méritos , máxime porque la limitación del 30% es garantista, evitaría prácticas endogámicas y propiciaría un equilibrio razonable entre el ingreso y el ascenso.Radicado: 11001-03-25-000-2025-00103-00 (0649-2025)

Demandante: Jarol Estibens Echeverry Giraldo

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17.8. La interpretación que el demandante hiciera del artículo 24 del Decreto Ley 20 de 2014 desconocería el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación porque i) el nivel asistencial está legalmente excluido de los procesos de ascenso, y ii) l a interpretación individual izada del 30% limitaría el principio del mérito, lo cual generaría una aplicación contradictoria y nugatoria de sus postulados.

17.9. El Acuerdo 1 del 3 de marzo de 2025 convocó 4.000 vacantes definitivas , destinadas así: 3.156 en modalidad de ingreso y 844 en modalidad de ascenso. En ese sentido, el porcentaje que se asign ó para la modalidad de ascenso resulta ría notoriamente inferior al límite del 30% establecido en la norma, calculado sobre el

destinadas así: 3.156 en modalidad de ingreso y 844 en modalidad de ascenso. En ese sentido, el porcentaje que se asign ó para la modalidad de ascenso resulta ría notoriamente inferior al límite del 30% establecido en la norma, calculado sobre el total de vacantes.

17.10. Dicha interpretación contó con el respaldo de la autoridad nacional en materia de concursos de méritos, es decir, la Comisi ón Nacional del Servicio Civil [CNSC] , tal como ha expresado en diversos lineamientos, como lo es la Circular 20191000000157 del 12 de diciembre de 2019.

17.11. En cuanto a lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 20 de 2014 , la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación adelantó el Proceso de Selección FGN 2024 mediante el Contrato FGN -NC-LP-0279-2024 suscrito con la UT Convocatori a FGN 2024, cuyo objeto consistió en desarrollar el concurso desde la etapa de inscripciones hasta la conforma ción de las listas de elegibles. En ese sentido, el acuerdo de convocatoria 1 del 3 de marzo de 2025 estableció las reglas del concurso.

17.12. El cronograma del concurso se ha desarrollado con la técnica de reenvío concertado, mediante la cual la Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación coordina las «fechas hito» de cada etapa del concurso de méritos con el operador logístico, en estricto apego al principio de publicidad «garantizando que las fechas de inicio de cada fase sean informadas con la debida antelación, permitiendo a todos los aspirantes conocer con claridad el desarrollo del cronograma. En consecuencia,

el operador logístico, en estricto apego al principio de publicidad «garantizando que las fechas de inicio de cada fase sean informadas con la debida antelación, permitiendo a todos los aspirantes conocer con claridad el desarrollo del cronograma. En consecuencia, ningún participante puede alegar haber sido notificado o cit ado de forma intempestiva o sorpresiva, en tanto el proceso ha sido diseñado y ejecutado conforme a los principios de transparencia, legalidad y debido proceso».

17.13. Así, la Fiscalía General de la Nación y el operador logístico han divulgado masivamente todo lo relacionado con el desarrollo del concurso. A manera de ejemplo, la convocatoria se publicó en el diario oficial 53.048 , en el periódico El Tiempo, en l as redes sociales y en la página web de la entidad y en el aplicativo web SIDCA3.

17.14. La técnica de renvío concertado ha sido utilizada por la Comisión Nacional del Servicio Civil [CNSC] e n otros procesos de selección de alto impacto , como, por ejemplo: i) Acuerdo 205 de 2024 en el proceso de selección DIAN 2667; ii) Acuerdo 206 de 2024 para el proceso de selección 2668 del INPEC; y iii) el Acuerdo 207 de 2024 en el proceso de selección 2669 SENA.

17.15. La metodología adoptada por la Fiscalía General de la Nación tuvo como propósito preservar la integralidad del acto de convocatoria y evitar modificaciones constantes que afectarían el principio de transparencia y la confianza legítima de los participantes, además de generar costos adicionales para el operador logístico,Radicado: 11001-03-25-000-2025-00103-00 (0649-2025)

constantes que afectarían el principio de transparencia y la confianza legítima de los participantes, además de generar costos adicionales para el operador logístico,Radicado: 11001-03-25-000-2025-00103-00 (0649-2025)

Demandante: Jarol Estibens Echeverry Giraldo

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razón por la cual la duración y programación de las etapas posteriores, como las pruebas escritas, dependerían directamente de la culminación y los resultados de la etapa de inscripciones.

17.16. Las fechas del concurso depend erían principalmente de la etapa de inscripciones en tanto que, si el número previsto de inscritos se superara, todas las demás etapas debían ampliarse.

17.17. El cronograma del concurso de la Fiscalía General de la Nación se ha desarrollado, así:

• Etapa de registro e inscripciones: se adelantó entre el 21 de marzo y el 22 de abril de 2025, con un periodo complementario del 29 y 30 de abril siguientes.

Esta etapa duró 22 días hábiles [35 calendario], lo cual superó ampliamente el mínimo legal de 10 días hábiles exigido por el artí culo 31 del Decreto 20 de 2014. Se registraron de forma efectiva 119.509 aspirantes, lo que incide directamente en la planeación de las etapas posteriores.

• Verificación de requisitos mínimos: el 2 de julio de 2025 , se publicaron resultados preliminares en los que se informó que el 82,46 %, esto es 98.557 de las personas inscritas fueron admitid as. De cara a garantizar el debido proceso, los aspirantes no admitidos [20.952 participantes] y los admitidos

resultados preliminares en los que se informó que el 82,46 %, esto es 98.557 de las personas inscritas fueron admitid as. De cara a garantizar el debido proceso, los aspirantes no admitidos [20.952 participantes] y los admitidos tenían derecho a reclamar dentro de los 2 días siguientes a la publicación de los resultados preliminares . E n ese sentido, l a fecha de aplicación de las pruebas solo e ra posible establecerla cuando se h ubieran resuelto la totalidad de las reclamaciones y solicitudes de tutela relacionadas. La litigiosidad del proceso, debido al alto número de personas interesadas, podría impactar la ejecución efectiva de las etapas.

• Pruebas escritas: la d e competencias generales, funcionales y comportamentales fue el siguiente paso a desarrollar; sin embargo, solo se convocaría a los aspirantes admitidos de manera definitiva tras la resolución de las reclamaciones. En efecto, la programación y duración de esta etapa se ve ría razonablemente afectada por el número definitivo de personas admitidas, en razón a la logística que ello implicaría , como la reproducción de cuadernillos y la asignación de lugares para su aplicación y del personal operativo necesario para su ejecución.

17.18. No se acredit ó la existencia del perjuicio irremediable alegado por el demandante, toda vez que la solicitud cautelar carec ió de un sustento fáctico y probatorio que permitiera inferir la configuración de un daño grave, inminente o de imposible reparación. Además, construyó un escenario hipotético al señalar que los participantes se verían obligados a concursar «en condiciones contrarias a derecho».

18. Tampoco obra en el expediente elemento probatorio alguno que permit iera

imposible reparación. Además, construyó un escenario hipotético al señalar que los participantes se verían obligados a concursar «en condiciones contrarias a derecho».

18. Tampoco obra en el expediente elemento probatorio alguno que permit iera concluir, por ejemplo, que la ausencia de determinadas fechas haya impedido la inscripción o participación de los aspirantes en condiciones de igualdad, generado una incertidumbre real respecto del desarrollo del proceso o que la distribución de los porcentajes de ascenso afectara de manera concreta e inmediata el derecho de acceso al cargo de los concursantes. Por el contrario, se constat ó que elRadicado: 11001-03-25-000-2025-00103-00 (0649-2025)

Demandante: Jarol Estibens Echeverry Giraldo

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demandante se inscribió oportunamente y fue admitido en el concurso FGN 2024, circunstancia que desvirtuó cualquier alegación relacionada con la vulneración de las reglas del proceso, del debido procedimiento o del principio de transparencia.

19. De conformidad con la jurisprudencia contencioso -administrativa, la eventual nulidad de un concurso de méritos sería plenamente reversible, pues la jurisdicción podría anular actos administrativos, retrotraer etapas o restablecer la legalidad sin afectar garantías sustanciales. En consecuencia, no se cumple con el requisito de periculum in mora, ya que el daño alegado no sería irreparable ni inminente.

20. La suspensión provisional solicitada resultaría desproporcionada y contraria al interés general porque, de un lado, afectaría a los 119.509 ciudadanos que

periculum in mora, ya que el daño alegado no sería irreparable ni inminente.

20. La suspensión provisional solicitada resultaría desproporcionada y contraria al interés general porque, de un lado, afectaría a los 119.509 ciudadanos que participaron en el proceso bajo la confianza le gítima en su legalidad y, por otro, comprometería la provisión efectiva de más de 4.000 vacantes definitivas, lo que impactaría la continuidad del servicio público de administración de justicia penal.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

21. El despacho es competente para resolver la medida cautelar presentada por la parte demandante, toda vez que el asunto versa sobre un medio de control de nulidad de única instancia; asimismo, porque de conformidad con el numeral 3 del artículo 125 del CPACA «[s]erá competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja».

2.2. Problemas jurídicos

22. El despacho deberá determinar : ¿si procede la suspensión provisional d el Acuerdo 1 del 3 de marzo de 2025 , proferido por la Fiscalía General de la Nación, por haberse expedido con infracción de las normas en que debía fundarse , específicamente, los artículos 24 y 28 del Decreto Ley 20 de 2014?

23. Con miras a resolver el anterior planteamiento, el despacho precisará algunos aspectos relativos a las medidas cautelares en la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo y, posteriormente, examinará la solicitud de medida cautelar en el caso concreto.

aspectos relativos a las medidas cautelares en la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo y, posteriormente, examinará la solicitud de medida cautelar en el caso concreto.

2.3. Medidas cautelares en la jurisdicción de lo Contencioso-administrativo

24. El artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 señala que las medidas cautelares proceden incluso antes de que se notifique el auto admisorio y en cualquier etapa del proceso para «proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia».

25. En atención al artículo 230 ejusdem, las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas, o de suspensión; la competencia para dictarlas es del juez o magistrado ponente; pueden decretarse una o varias en un mismo proceso; y se previó un listado enunciativo de aquell as, entre las cuales se encuentra al tenor literal las siguientes:Radicado: 11001-03-25-000-2025-00103-00 (0649-2025)

Demandante: Jarol Estibens Echeverry Giraldo

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«1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones

contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.»

26. Esta misma normativa, en el artículo 231, señala los requisitos para decretar las medidas cautelares. Para el caso de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandando establece una diferenciación, en atención a si en la demanda se pretende únicamente la nulidad del acto administrativo para lo cual solo debe acreditarse la violación de las normas superiores, o si se pretende además de la nulidad el restablecimi