CE - Auto interlocutorio 11001032500020260003600 de 2026

Radicación: 11001032500020260003600 (0055-2026)

Demandante: Jesús Emilio Duque Montoya

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad Radicación: 11001032500020260003600 (0055-2026)

Demandante: Jesús Emilio Duque Montoya

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Caja de Sueldos de Retiro

de la Policía Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento Administrativo de la Función Pública Tema: Auto que resuelve medida cautelar

AUTO INTERLOCUTORIO

1. Se procede a resolver la solicitud de medida cautelar, en los términos solicitados por la parte actora.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda y solicitud de medida cautelar

2. El señor Jesús Emilio Duque Montoya, actuando por intermedio de apoderado, acumuló los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, consagrados en los artículos 137 y 138 del CPACA, 1 con el fin de obtener las

siguientes declaraciones y condenas:

Anulación de actos administrativos particulares y generales Pretensiones de restablecimiento, indemnizatorias e inaplicación normativa

siguientes declaraciones y condenas:

Anulación de actos administrativos particulares y generales Pretensiones de restablecimiento, indemnizatorias e inaplicación normativa i) Oficios OJURI.3413 del 26 de octubre de 2006 y 878613 del 24 de junio de 2024, por medio del cual CASUR negó reconocer en la asignación de retiro del actor el sueldo básico previsto en el régimen especial del cual era beneficiario.

1. Decreto 611 del 3 de junio de 2025, en lo que respecta a la remuneración mensual de los ministros de despacho, en los factores de asignación básica, gastos de representación y prima de dirección. iii) Decretos 11 de 1993, 42 de 1994, 25 de i) Reliquidar la asignación de retiro con el incremento del sueldo básico, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: a) los decretos de salarios expedidos por el Gobierno nacional en desarrollo de la Ley 4 de 1992, de acuerdo al grado según la Escala Gradual Porcentual; b) tomar como referente el grado de coronel, así como el sueldo básico y los gastos de representación de los miembros del Congreso de la República fijados en el año de 1992, junto con los aumentos decretados año a año a dichos factores; c) los factores que en todo tiempo

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.Radicación: 11001032500020260003600 (0055-2026)

Demandante: Jesús Emilio Duque Montoya

factores; c) los factores que en todo tiempo

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.Radicación: 11001032500020260003600 (0055-2026)

Demandante: Jesús Emilio Duque Montoya

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1995, 10 de 1996, 31 de 1997, 40 de 1998, 35 de 1999, 2720 de 2000, 2710 de 2001, 660 de 2002, 3535 de 2003, 4150 de 2004, 916 de 2005, 372 de 2006, 600 de 2007, 643 de 2008, 708 de 2009, 1374 de 2010, 1031 de 2011, 853 de 2012, 1029 de 2013, 199 de 2014, 1101 de 2015, 229 de 2016, 999 de 2017, 330 de 2018, 1011 de 2019, 304 de 2020, 961 de 2021, 473 de 2022, 905 de 2023 y 301 de 2024, en lo que respecta a la asignación básica, gastos de representación y prima de dirección de los ministros del despacho.

1. Expresiones «como asignación básica y gastos de representación» contenidas en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 921 de 1992, así como en los artículos 2 y 3 de los Decretos 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de

1992, así como en los artículos 2 y 3 de los Decretos 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de 2005, 407 de 2006, 1515 de 2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011, 842 de 2012, 1017 de 2013, 187 de 2014, 1028 de 2015, 214 de 2016, 984 de 2017, 324 de 2018, 1002 de 2019, 318 de 2020, 976 de 2021, 466 de 2022, 910 de 2023, 305 de 2024 y 615 de 2025, por los cuales se fijaron anualmente los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiale s y Agentes de la Policía Nacional y empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados, se modificaron las comisiones y se dictaron otras disposiciones en materia salarial. han sido reconocidos a los ministros de despacho, como primas técnica, de dirección y especial de servicio; sueldo básico; gastos de representación y demás conceptos; d) aplicar el incremento de la asignación básica

salarial. han sido reconocidos a los ministros de despacho, como primas técnica, de dirección y especial de servicio; sueldo básico; gastos de representación y demás conceptos; d) aplicar el incremento de la asignación básica a las demás partidas computables de la asignación de retiro.

1. Reconocer en la asignación de retiro la bonificación por compensación, con carácter permanente.

1. Actualizar anualmente la asignación de retiro, una vez se haya incrementado en los términos antes solicitados, y ajustar el valor de las condenas desde la causación del derecho. Asimismo, se deberán reconocer los intereses moratorios.

1. Inaplicar «los decretos salariales promulgados por el Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, desde el año

1993».

1. Reparar los perjuicios materiales e inmateriales derivados del pago incorrecto de la asignación de retiro.

1. Sufragar la condena en costas y agencias en derecho.

3. El accionante solicit ó la suspensión provisional de los decretos salariales cuestionados, específicamente lo relativo a la fijación de la remuneración de los ministros del despacho y de los generales de la República, así como del acto particular controvertido. Igualmente, solicitó que como consecuencia de la suspensión provisional se reliqu ide la prestación periódica. Lo anterior, con fundamento en las

siguientes razones:

1. Es manifiesta la vulneración de la Ley 42 de 1980 debido a que el Gobierno nacional ha reconocido la vigencia de dicha norma para fijar la remuneración del

siguientes razones:

1. Es manifiesta la vulneración de la Ley 42 de 1980 debido a que el Gobierno nacional ha reconocido la vigencia de dicha norma para fijar la remuneración del presidente de la República, pero la ha inaplicado de forma discriminatoria para los ministros del despacho y, por vía de oscilación, en el caso del interesado.Radicación: 11001032500020260003600 (0055-2026)

Demandante: Jesús Emilio Duque Montoya

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1. El Gobierno nacional creó un sistema de «selección normativa», pues utilizó la Ley 42 de 1980 para garantizar que el presidente de la República no pierda paridad con los congresistas, pero permitió el trato discriminatorio frente a los ministros del despacho y los generales de la República . Lo anterior, pese a que el Decreto Ley 203 de 1981 estableció la dependencia y paridad directa del sueldo básico de la Fuerza Pública respecto de los miembros del Congreso.

1. La Ley 42 de 1980 y el Decreto Ley 335 de 1992 detallaron como fórmula a la asignación mensual por todo concepto igual a la que en todo tiempo devenguen los ministros del despacho y como base del cálculo a todos los factores salariales

(prima técnica, direc ción, gastos de representación, entre otros) , mientras que l os decretos acusados desconocen los principios de no regresividad, proporcionalidad y progresividad, pues la fórmula contemplada se circunscribió al sueldo básico y los gastos de representación. En consecuencia, se vulneró el literal a) del artículo 2 de

y progresividad, pues la fórmula contemplada se circunscribió al sueldo básico y los gastos de representación. En consecuencia, se vulneró el literal a) del artículo 2 de la Ley 4ª de 1992.

1. En concordancia con el principio de oscilación, el ciudadano retirado del servicio debería percibir una suma en proporción a lo devengado por el personal en servicio activo, pero los actos enjuiciados que fijan el salario desconocen dicha garantía.

1. «Ante la coexistencia de dos interpretaciones posibles sobre la remuneración de los Ministros (la de los decretos precarios vs. la de la Ley 42 de 1980 plena)», es dable aplicar el principio de favorabilidad para mantener «el poder adquisitivo y la paridad histórica con los Congresistas».

1. Los actos demandados desvincularon el salario de los ministros del despacho

(y por extensión, de la cúpula militar y policial) de la asignación del presidente y de los congresistas, pero sin contar con una motivación técnica. Además, tal ajuste no lo podía hacer el Gobierno nacional unilateralmente, sino que debía estar precedido de la convocatoria de la Comisión Permanente de Concertación que tiene la función de «fijar de manera concertada la política salarial» . Lo anterior, conforme al Convenio 144 de la OIT y la Ley 278 de 1996.

1. Los Oficios OJURI.3413 del 26 de octubre de 2006 y 878613 del 24 de junio de 2024 conculcó las Leyes 42 de 1980 y 4ª de 1992 y los Decretos 203 de 1987 y 335 de 1992, ya que CASUR no aplicó el sistema de oscilación y nivelación allí previsto.

2024 conculcó las Leyes 42 de 1980 y 4ª de 1992 y los Decretos 203 de 1987 y 335 de 1992, ya que CASUR no aplicó el sistema de oscilación y nivelación allí previsto.

1. La jefe de la oficina asesora jurídica de CASUR carecía de competencia para decidir la petición encaminada a la inaplicación de decretos y la interpretación de una ley marco . A su vez, como se pretendía el reconocimiento de derechos pensionales y la modificación estructural de la asignación o definición de situaciones jurídicas, esa atribución le correspondía a la Dirección General de la institución. ix) El demandante es un sujeto de especial protección constitucional, pues cuentaRadicación: 11001032500020260003600 (0055-2026)

Demandante: Jesús Emilio Duque Montoya

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con más de 80 años, por lo que someterlo a la espera de un proceso ordinario, sin la protección de una medida cautelar, equivale a una denegación de justicia . Máxime cuando la desmejora de su pensión es actual e irremediable.

1.2. Pronunciamiento de la parte demandada

4. El DAFP2 solicitó que se negara la suspensión provisional de los actos acusados porque el demandante no acreditó la apariencia de buen derecho, tampoco se acreditó la existencia de perjuicio irremediable o de afectación al mínimo vital ni la proporcionalidad de la medida, dado que la cautela es impertinente para lograr el beneficio particular y con su adopción se causaría una crisis en el sistema pensional.

la existencia de perjuicio irremediable o de afectación al mínimo vital ni la proporcionalidad de la medida, dado que la cautela es impertinente para lograr el beneficio particular y con su adopción se causaría una crisis en el sistema pensional.

5. CASUR instó que se negara la medida cautelar reclamada en atención a no se acreditó la vulneración de disposiciones constitucionales con la expedición de los decretos de aumento salarial de la Fuerza Pública pues el Congreso de la República en ejercicio de sus competencias de hacer leyes tiene la potestad de fijar el marco general y objetivos que guían a la Rama Ejecutiva del Poder Público para establecer el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos. En ese sentido, el presidente de la República a acatado anualmente lo prescrito por los artículos 4 y 13 de la Ley 4ª de 1992.

6. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a la medida cautelar,

por cuanto:

1. El debate planteado por el actor no se fundó en una contradicción normativa directa, clara y objetiva entre los decretos salariales opugnado s y una disposición superior vigente, por el contrario, la controversia de delimitó en la interpretación compleja y discutible del alcance de la Ley 42 de 1980, los efectos del tránsito constitucional introducido por la Constitución Política de 1991, la naturaleza jurídica de las leyes marco previstas en el artículo 150 numeral 19 de la Constitución, y el alcance de la competencia concurrente entre el Congreso de la República y el Gobierno nacional en materia salarial y prestacional.

de las leyes marco previstas en el artículo 150 numeral 19 de la Constitución, y el alcance de la competencia concurrente entre el Congreso de la República y el Gobierno nacional en materia salarial y prestacional.

1. El sujeto procesal no acreditó la manera en la cual la permanencia temporal de los efectos de los decretos cuestionados genera o un daño irreversible a afectación de imposible reparación posterior. En efecto , la eventual diferencia económica alegada en caso de existir podrá cuantificarse, reconocerse y repararse en la sentencia.

1. La cautela reclamada no se limita a suspender los efectos particular es de un acto administrativo particular, busca modificar de forma provisional el alcance de un régimen normativo general que ha fundamentado la estructuración presupuestal y prestacional del Estado durante múltiples años. Por ello , la suspensión de los

2 Departamento Administrativo de la Función Pública.Radicación: 11001032500020260003600 (0055-2026)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co efectos de los actos generales enjuiciados puede generar efectos indeterminados en lo concerniente a la liquidación de las asignaciones de retiro y las prestaciones asociadas al sistema de oscilación de la Fuerza Pública.

II. CONSIDERACIONES

2.1. De las medidas cautelares en la Ley 1437 de 2011

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, el juez o magistrado ponente podrá, en providencia motivada, decretar las medidas

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, el juez o magistrado ponente podrá, en providencia motivada, decretar las medidas cautelares que estime indispensables para proteger y garantizar, transitoriamente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

7. Esta misma norma establece que tal facultad procede, a petición de parte debidamente sustentada, en todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso.

8. La decisión que el juez o magistrado adopte sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

9. Ahora bien, el artículo 230 ibidem, en cuanto al contenido y alcance de las

medidas cautelares establece lo siguiente:

• Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y

• Deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.

10. De conformidad con la norma en comento, una o varias de las siguientes medidas cautelares podrán ser decretadas por el juez o magistrado ponente:

1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones

contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.Radicación: 11001032500020260003600 (0055-2026)

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5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.

2.2. De los requisitos para la procedencia de la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo

11. El artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, establece los requisitos para decretar las medidas cautelares y, tratándose de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, consagra los siguientes:

i.) Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo: Procede por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto

i.) Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo: Procede por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

ii.) Cuando se pretenda, adicionalmente, el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios: Deberá probarse al menos sumariamente la existencia de estos.

12. La norma en cita consagra, también, los requisitos que deben concurrir para la procedencia de las medidas cautelares en los demás casos , es decir cuando la cautela solicitada es una distinta a la de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo.

13. Al respecto, la disposición en comento establece:

Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios. (Negrilla fuera de texto).Radicación: 11001032500020260003600 (0055-2026)

Demandante: Jesús Emilio Duque Montoya

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2.3. Caso concreto

14. Sería procedente pronunciarse sobre los fundamentos de la solicitud cautelar; no obstante, debe advertirse que la parte demandante solicitó la nulidad de múltiples decretos de carácter general, los cuales no están produciendo efectos jurídicos como

se evidencia, a continuación:

Decreto Vigencia 11 de 1993 El Decreto 42 de 1994 en su artículo 26 señaló que «el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 11 de 1993 […]».

11 de 1993 El Decreto 42 de 1994 en su artículo 26 señaló que «el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 11 de 1993 […]». 42 de 1994 El Decreto 25 de 1995 en su artículo 18 dispuso que «el presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 3º del Decreto 451 de 1984, los Decretos 737 y 1171 de 1993, 42, 132, 133 de 1994 y el artículo 1º del Decreto 138 de 1994 […]». 25 de 1995 El Decreto 10 de 1996 en su artículo 21 señaló que «el presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los artículos 30 y 60 del Decreto 1042 de 1978, los Decretos 46 de 1993; 25 y 98 de 1995 […]». 10 de 1996 El Decreto 31 de 1997 en su artículo 20 indicó que «el presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 10 de 1996 […]». 31 de 1997 El Decreto 40 de 1998 en su artículo 21 precisó que «el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los Decretos 31, 1031, 1538 y 1758 de 1997 […]». 40 de 1998 El Decreto 35 de 1999 en su artículo 20 puntualizó que «el presente Decreto rige a

especial los Decretos 31, 1031, 1538 y 1758 de 1997 […]». 40 de 1998 El Decreto 35 de 1999 en su artículo 20 puntualizó que «el presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 40 de 1998 […]». 35 de 1999 El Decreto 270 de 2000 en su artículo 22 dispuso que «el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los Decretos 35 de 1999, 182 de 2000, 304 de 2000 y 453 de 2000, […]». 2720 de 2000 El Decreto 1460 de 2001 en su artículo 2 2 señaló que «el presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 2720 de 2000 […]». 2710 de 2001 El Decreto 660 de 2002 en su artículo 21 dispuso que «el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el decreto 2710 de 2001, […]». 660 de 2002 El Decreto 3535 de 2003 en su artículo 21 indicó que «el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los Decretos 660 y 1063 de 2002, […]». 3535 de 2003 El Decreto 4150 de 2004 precisó en su artículo 22 que « el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias,

3535 de 2003 El Decreto 4150 de 2004 precisó en su artículo 22 que « el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los Decretos 3535 y 3556 de 2003, […]». 4150 de 2004 El Decreto 916 de 2005 estableció en su artículo 22 que «el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga los decretos 4150 y 4352 de 2004 […]». 916 de 2005 El Decreto 372 de 2006 dispuso en su artículo 22 que « el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 916 de 2005 […]». 372 de 2006 El Decreto 600 de 2007 señaló en su artículo 22 que «el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 372 de 2006, modifica en lo pertinente el Decreto 2488 de 2006 […]». 600 de 2007 El Decreto 643 de 2008 en su artículo 22 puntualizó que «el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los Decretos 600 y 2637 de 2007 […]».Radicación: 11001032500020260003600 (0055-2026)

Demandante: Jesús Emilio Duque Montoya

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 643 de 2008

Demandante: Jesús Emilio Duque Montoya

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 643 de 2008 El Decreto 708 de 2009 precisó en su artículo 22 que «el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 643 de 2008 […]». 708 de 2009 El Decreto 1374 de 2010 en su artículo 23 indicó que «el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica en lo pertinente los artículos 1° y 3° del Decreto 5023 de 2009 y el artículo 1° del Decreto 95 de 2010 y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial, el Decreto 708 de 2009 […]». 1374 de 2010 El Decreto 1031 de 2011 dispuso en su artículo 36 que «el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los Decretos 1374, 1377 y 1384 de 2010 […]». 1031 de 2011 El Decreto 853 de 2012 señaló en su artículo 38 que «el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los Decretos 1031 y 3672 de 2011, […]». 853 de 2012 El Decreto 1029 de 2013 en su artículo 38 puntualizó que «el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los Decretos número 853 y 2383 de 2012 […]».

El Decreto 1029 de 2013 en su artículo 38 puntualizó que «el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los Decretos número 853 y 2383 de 2012 […]». 1029 de 2013 El Decreto 199 de 2014 estableció en su artículo 38 que « el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los Decretos 1029 y 1462 de 2013 […]». 199 de 2014 El Decreto 1101 de 2015 dispuso en su artículo 3 8 que «el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 199 de 2014 y los artículos 1°, 2 y 4° del Decreto 622 de 2014 […]». 1101 de 2015 El Decreto 229 de 2016 precisó en su artículo 38 que « el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto número 1101 de 2015, el artículo 1° del Decreto número 1268 de 2015 […]». 229 de 2016 El Decreto 999 de 2017 señaló en su artículo 39 que «el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 5° del Decreto 1430 de 2016 y el Decreto 229 de 2016 […]». 999 de 2017 El Decreto 330 de 2018 en su artículo 40 indicó que «el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en

999 de 2017 El Decreto 330 de 2018 en su artículo 40 indicó que «el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 5023 de 2009, el Decreto 95 de 2010 y el Decreto 999 de 2017, modifica en lo pertinente el Decreto 302 de 2017 […]». 330 de 2018 El Decreto 1011 de 2019 en su artículo 40 puntualizó que « el presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 330 de 2018 […]». 1011 de 2019 El Decreto 304 de 2020 estableció en su artículo 62 que «el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los Decretos 1001, 1007, 1011, 1023, 1025 y 1030 de 2019, modifica en lo pertinente el Decreto 4971 de 2009 […]». 304 de 2020 El Decreto 961 de 2021 dispuso en su artículo 62 que «el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 304 de 2020, modifica en lo pertinente el Decreto 4971 de 2009 […]». 961 de 2021 El Decreto 473 de 2022 señaló en su artículo 62 que «el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los decretos 166 y 961 de 2021, modifica en lo pertinente el Decreto 4971 de 2009 […]». 473 de 2022

de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los decretos 166 y 961 de 2021, modifica en lo pertinente el Decreto 4971 de 2009 […]». 473 de 2022 El Decreto 473 de 2022 en su artículo 62 indicó que «el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los decretos 166 y 961 de 2021, modifica en lo pertinente el Decreto 4971 de 2009 […]». 905 de 2023 El Decreto 301 de 2024 en su artículo 62 puntualizó que « el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el decreto 473 de 2022, modifica en lo pertinente el Decreto 4971 de 2009 […]». 301 de 2024 El Decreto 611 de 2025 estableció en su artículo 62 que « el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones