CE - Auto interlocutorio 11001032600020140003900 de 2025

Radicación: 11001-03-26-000-2014-00039-00 (50181)

Demandante: Cámara de Representantes de Colombia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Repetición Radicación: 11001-03-26-000-2014-00039-00 (50181)

Demandante: Cámara de Representantes de Colombia Demandada: Angelino Lizcano Rivera y otros Asunto: Adecúa a sentencia anticipada AUTO QUE ADECÚA TRÁMITE A SENTENCIA ANTICIPADA El proceso ingresó al despacho para fijar la fecha en la que se llevaría a cabo la audiencia inicial; sin embargo, se advierte que se cumplen los presupuestos legales para dictar sentencia anticipada en aplicación de lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, por las razones que se explicarán a continuación.

Il. ANTECEDENTES

1. El 3 de marzo de 20141, la Cámara de Representantes de Colombia, a través de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio del medio de control de repetición en contra de los señores Guillermo Gaviria Zapata, Marino Paz Ospina, José Walter Lenis Porras y Angelino Lizcano Rivera, con la finalidad de que se les declarara patrimonialmente responsables por la suma de $626’.727.739 que la demandante pagó a la señora Tivisay del Carmen Tovar Romero en cumplimiento

José Walter Lenis Porras y Angelino Lizcano Rivera, con la finalidad de que se les declarara patrimonialmente responsables por la suma de $626’.727.739 que la demandante pagó a la señora Tivisay del Carmen Tovar Romero en cumplimiento de la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2010, por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 2002-12255-00.

2. Mediante auto del 25 de marzo de 2014?, se admitió la demanda y se ordenó la notificación personal a la parte demandada, al Ministerio Público y a la Agencia

Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

3. El señor Angelino Lizcano Rivera contestó la demanda? y se opuso a las pretensiones de la misma con base en las excepciones de falta de legitimación en 1 Folio 1 a 22 del cuaderno principal. 2 Folio 104 a 107 del cuaderno principal.Radicación: 11001-03-26-000-2014-00039-00 (50181) Demandante: Cámara de Representantes de Colombia la caúsa por pasiva e inexistencia de conducta dolosa o gravemente culposa del servidor púbico.

4. El demandado Guillermo Gaviria Zapata contestó la demanda? y formuló las siguientes excepciones: i) falta de prueba: de la culpa grave imputada y; ii) diligencia en su conducta como presidente de la Cámara de Representantes de

Colombia.

5. El 5 de junio de 20155, Marino Paz Ospina y José Walter Lenis Porras presentaron contestación de la demanda, se opusieron a sus pretensiones y formularon llamamiento en garantía frente a los señores César Augusto Bejarano

5. El 5 de junio de 20155, Marino Paz Ospina y José Walter Lenis Porras presentaron contestación de la demanda, se opusieron a sus pretensiones y formularon llamamiento en garantía frente a los señores César Augusto Bejarano

Ramón y Octavio Falla Manrique. Indicaron que tanto el señor Bejarano Ramón, en su calidad de Jefe de la División Jurídica de la Cámara de Representantes, como el señor Falla Manrique, quien desempeñaba el cargo de Jefe de la División de Personal, emitieron conceptos favorables y participaron de la decisión de declaración de insubsistencia de la señora Tivisay del Carmen Tovar Romero, acto administrativo que posteriormente fue declarado nulo, razón por la cual debían ser vinculados en el presente proceso.

6. A través de auto del 23 de mayo de 20168, este despacho accedió á la solicitud de llamamiento en garantía y ordenó la notificación de las personas previamente mencionadas “conforme con las reglas dispuestas en los artículos 66 y 293 del

Código General del Proceso”.

7. Previa comunicación de la Secretaría de la Sección Tercera en la que se indicó que “las notificaciones enviadas no pudieron ser entregadas a los destinatarios”, a través de auto del 28 de mayo de 2018’, el despacho ordenó el emplazamiento de los señores César Augusto Bejarano Ramón y Octavio Falla Manrique, conforme con lo dispuesto en los artículos 293 y 108 del CGP. 3 Folios 144 a 157 del cuaderno principal. 4 Folios 159 a 178 del cuaderno principal. 5 Folio 238 a 250 del cuaderno principal. 8 Folio 323 a 327 del cuaderno principal.

3 Folios 144 a 157 del cuaderno principal. 4 Folios 159 a 178 del cuaderno principal. 5 Folio 238 a 250 del cuaderno principal. 8 Folio 323 a 327 del cuaderno principal. 7 Folio 419 del cuaderno principal.ue Radicación: 11001-03-26-000-2014-00039-00 (50181)

Demandánté: Cámara de Representantes de Colombia

8. En auto del 17 de junio de 20248, este despacho declaró ineficaz el llamamiento en garantía efectuado por Marino Paz Ospina y José Walter Lenis Porras respecto de los señores César Augusto Bejarano Ramón y Octavio Falla Manrique.

Se consideró que, conforme el artículo 66 del CGP, aplicable por expresa remisión del artículo 227 del CPACA, si la notificación del llamamiento en garantía no se realiza dentro de los seis meses siguientes a la providencia que ordena la vinculación, el llamamiento en garantía debe declararse ineficaz. Así las cosas, como en el caso objeto de estudio se ordenó la notificación mediante auto del 23 de mayo de 2016 y, transcurrieron más de seis años sin que se lograra la notificación de los señores César Augusto Bejarano Ramón y Octavio Falla Manrique, lo procedente era, como en efecto se hizo, declarar ineficaz el llamamiento en garantía. ll. CONSIDERACIONES

1. Régimen aplicable Por tratarse de una demanda promovida el 3 de marzo de 2014, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el CPACA?, así como las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021. Lo anterior, en atención a que la mencionada normatividad entró a regir desde su

asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el CPACA?, así como las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021. Lo anterior, en atención a que la mencionada normatividad entró a regir desde su publicación'?, exceptuando las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado. Asimismo, excluyendo los recursos interpuestos, las pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estuvieren surtiendo, ya que estos se rigen por las leyes aplicables al momento en que iniciaron los referidos actos procesales, de conformidad por lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley 2080 de 20211!. 8 Índice 154 de la plataforma tecnológica SAMA] del Consejo de Estado. 9 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia”. 10 Publicada el 25 de enero de 2021. 11 “Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley. (...) De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del

tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley. (...) De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.Radicación: 11001-03-26-000-2014-00039-00 (50181) Demandante: Cámara de Representantes de Colombia En ese sentido, como la decisión a adoptar en el presente asunto no se enmarca en alguna de las excepciones señaladas, el despacho aplicará, en lo pertinente, las normas previstas en la Ley 2080 de 2021. Asimismo, se precisa que son aplicables las disposiciones del CGP", en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del CPACA13,

2. Presupuestos para dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial La sentencia anticipada faculta al juez para prescindir de las etapas procesales que normalmente se deberían agotar de manera previa a proferir el fallo, cuando se configure cualquiera de las hipótesis establecidas en el artículo 182A del CPACA, figura jurídica que encuentra justificación en la aplicación de los principios de economía y celeridad procesal.

Según lo previsto en el numeral 1° del artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, antes de la audiencia inicial se puede dictar sentencia anticipada, cuando: a) se trate de asuntos de puro derecho; b) no haya

artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, antes de la audiencia inicial se puede dictar sentencia anticipada, cuando: a) se trate de asuntos de puro derecho; b) no haya que practicar pruebas; c) solo se solicite tener como pruebas las documentales En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”. 12 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto del 25 de junio de 2014, unificó su jurisprudencia para indicar que el CGP entró a regir a partir del primero de enero de 2014, “salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (...) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite (...)”. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, expediente 49.299. 13 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la haturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. 14 “Artículo 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada:

seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la haturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. 14 “Artículo 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada:

1. Antes de la audiencia inicial: a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho; b) Cuando no haya que practicar pruebas; c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento; d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el articulo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito. No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código”.

Se resalta.Radicación: 11001-03-26-000-2014-00039-00 (50181) Demandante: Cámara de Representantes de Colombia aportadas con la demanda y la contestación, siempre que sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento y cuando; d) las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

Demandante: Cámara de Representantes de Colombia aportadas con la demanda y la contestación, siempre que sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento y cuando; d) las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

En tales eventos, el juez o magistrado, mediante auto, se debe pronunciar sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del CGP y le corresponde fijar el litigio u objeto de la controversia. Cumplido lo anterior, se debe correr traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 del CPACA!S y corresponde dictar sentencia por escrito. No obstante, en los casos en los que a pesar de que los presupuestos para proferir sentencia anticipada se cumplan, si el juez o magistrado considera necesario realizar la audiencia inicial, podrá hacerlo.

3. Caso concreto 3.1. Procedencia para dictar sentencia anticipada En el caso bajo examen, el despacho encuentra que, con el escrito inicial, la parte actora únicamente solicitó pruebas documentales. Además, si bien en el traslado de las excepciones de mérito el señor Guillermo Gaviria Zapata elevó petición para que se admitiera y practicara un testimonio, este medio probatorio no cumple con los requisitos legales para su decreto -como se explicara más adelante-.

Así las cosas, se configuraron las causales establecidas en los literales b) y d) del numeral 1° del artículo 182A del CPACA para dictar sentencia anticipada, en la 15 “Artículo 173. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas

numeral 1° del artículo 182A del CPACA para dictar sentencia anticipada, en la 15 “Artículo 173. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código. // En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente. // Las pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo por las partes y los informes o documentos solicitados a otras entidades públicas o privadas, que lleguen antes de dictar sentencia, serán tenidas en cuenta para la decisión, previo el cumplimiento de los requisitos legales para su práctica y contradicción”. 18 Artículo 181. Audiencia de pruebas. En la fecha y hora señaladas para el efecto y con la dirección del Juez o Magistrado Ponente, se recaudarán todas las pruebas oportunamente solicitadas y decretadas. La audiencia se realizará sin interrupción durante los días consecutivos que sean necesarios, sin que la duración de esta pueda exceder de quince (15) días. (...) En esta misma audiencia el juez y al momento de finalizarla, señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días,

misma audiencia el juez y al momento de finalizarla, señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días, sin perjuicio de que por considerarla innecesaria ordene la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de veinte (20) días siguientes al vencimiento de aquel concedido para presentar alegatos. En las mismas oportunidades señaladas para alegar podrá el Ministerio Público presentar el concepto si a bien lo tiene”.Radicación: 11001-03-26-000-2014-00039-00 (50181) Demandante: Cámara de Representantes de Colombia medida en que las pruebas solicitadas -que no son documentalesson impertinentes, inconducentes o inútiles. Por lo anterior, el despacho prescindirá de convocar la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA y se pronunciará sobre la fijación del litigio y las pruebas aportadas y solicitadas por las partes. 3.2. Fijación del litigio En cuanto al objeto del proceso, se advierte que la Cámara de Representantes de Colombia en ejercicio del medio de control de repetición, acudió ante esta Corporación con el fin de que se declare patrimonialmente responsable a los señores Guillermo Gaviria Zapata, Marino Paz Ospina, José Walter Lenis Porras y Angelino Lizcano Rivera por el pago de la condena efectuada a favor de la señora Tivisay del Carmen Tovar Romero, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 2002-12255-00.

Angelino Lizcano Rivera por el pago de la condena efectuada a favor de la señora Tivisay del Carmen Tovar Romero, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 2002-12255-00. La suma pretendida asciende a $ 626'.727.739, que, como se señaló, tuvo origen en la condena impuesta por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho laboral en el que la autoridad judicial declaró la nulidad de la Resolución No. 1147 de 2002, acto administrativo que ordenó la insubsistencia del nombramiento de la señora Tovar Romero como Asesor Grado | de una UTL de la Cámara de Representantes de Colombia durante su estado de embarazo y, como consecuencia de ello, condenó a la corporación pública mencionada a reintegrar a la demandante al cargo que ocupaba o uno equivalente y, a su vez, al pago de los emolumentos causados y dejados de percibir desde su retiro. Al respecto, el demandado Angelino Lizcano Rivera manifestó no constarle los hechos primero y segundo, referidos al cargo que ostentaba la demandante y la certificación que hizo la misma de su estado de embarazo a su jefe inmediato, el señor Aníbal Monterroso Ricardo. En cuanto a los hechos tercero a sexto, relacionados con el proceso promovido por la señora Tivisay del Carmen Tovar Romero ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, expresó que según los documentos aportados tales fundamentos fácticos eran ciertos; no obstante, “en ningún momento mi representado fue citado como testigo ni vinculado como

Romero ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, expresó que según los documentos aportados tales fundamentos fácticos eran ciertos; no obstante, “en ningún momento mi representado fue citado como testigo ni vinculado como tercero al proceso contencioso administrativo referido, con lo que se considera una clara violación al derecho del debido proceso y defensa”.Radicación: 11001-03-26-000-2014-00039-00 (50181) Demandante: Camara de Representantes de Colombia Por Ultimo, en cuanto a la suma de dinero pagado por la entidad publica, mencionó: “no me consta que la liquidación efectuada por la entidad demandada corresponda efectivamente a lo ordenado por las providencias judiciales, en razón a que de acuerdo con el cargo que desempeñaba la empleada corresponde a una suma muy superior”. El señor Guillermo Gaviria Zapata expresó que no le constaban los hechos primero y segundo relacionados con el cargo y estado de embarazo de la demandante al momento de la declaratoria de insubsistencia. Sobre los hechos cuarto y quinto que se refieren al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y a la condena, mencionó que eran ciertos. Respecto del hecho sexto, correspondiente al pago de la indemnización reclamada, manifestó que no le constaba. Los demandados Marino Paz Ospina y José Walter Lenis Porras sostuvieron que el único hecho que no les constaba era el segundo, referido a la certificación del estado de embarazo que supuestamente fue presentado por la señora Tovar Romero a su nominador, con los demás supuestos fácticos estuvieron de acuerdo. Analizados los hechos de la demanda, en conjunto con los fundamentos expuestos en el capítulo que atañe al concepto de la violación!” y la contestación a los

Romero a su nominador, con los demás supuestos fácticos estuvieron de acuerdo. Analizados los hechos de la demanda, en conjunto con los fundamentos expuestos en el capítulo que atañe al concepto de la violación!” y la contestación a los mismos'®, se considera que el objeto de la /itis se circunscribe a determinar si los señores Guillermo Gaviria Zapata, Marino Paz Ospina, José Walter Lenis Porras y Angelino Lizcano Rivera, en su calidad de exfuncionarios de la Cámara de Representantes de Colombia y, en ejercicio de su cargo, incurrieron en conducta dolosa o gravemente culposa que diera lugar a la condena impuesta a la entidad a favor de la señora Tivisay del Carmen Tovar Romero, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado No. radicado 2002-12255-00. 3.3. Decreto de pruebas De conformidad con el artículo 182A del CPACA, en concordancia con el artículo 173 del CGP, el juez o magistrado ponente en la providencia que resuelve sobre 17 En virtud de los cuales se establece que presuntamente existió un dolo o culpa grave en la conducta de los demandados. 18 Encaminada a acreditar la excepción de fondo de "ausencia de dolo o culpa grave”.Radicación: 11001-03-26-000-2014-00039-00 (50181) Demandante: Cámara de Representantes de Colombia las solicitudes probatorias formuladas por las partes debe pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas aportadas. Para tales efectos, el despacho dará aplicación al inciso primero del artículo 212 del CPACA, según el cual “para que sean apreciadas por el juez las pruebas

expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas aportadas. Para tales efectos, el despacho dará aplicación al inciso primero del artículo 212 del CPACA, según el cual “para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código”, así como al artículo 168 del CGP, que prevé que el juez rechazará de plano las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles. 3.3.1. Solicitudes probatorias de la parte demandante En el sub-lite, el despacho observa que al escrito inicial la parte actora allegó los siguientes documentos (transcripción literal, incluidos posibles errores): “Documentales:

1. Copia de la sentencia del 14 de noviembre de 2008 del Juzgado Sexto

Administrativo del Circuito de Bogotá D.C.

2. Copia de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección B del 11 de noviembre de 2010, con fecha de ejecutoria del 25 de noviembre de la misma anualidad.

3. Resolución 1147 del 19 de julio de 2002, por medio del cual se declaran insubsistentes unos nombramientos en las Unidades de Trabajo Legislativo (U.T.L.) de unos Representantes a la Cámara, entre ellos la de Señora Tivisay del Carmen

Tovar Romero,

4. Copia auténtica de la certificación del nombramiento y posesión del señor Angelino Lizcano Rivera, en el cargo de Secretario General de esta corporación para la época de los hechos.

5. Copia autenticada de la gaceta del Congreso donde se demuestra la posesión

Angelino Lizcano Rivera, en el cargo de Secretario General de esta corporación para la época de los hechos.

5. Copia autenticada de la gaceta del Congreso donde se demuestra la posesión como Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes del Señor

Angelino Lizcano Rivera.

6. Constancias del cargo desempeñado por el señor Guillermo León Gaviria Zapata, entre el período constitucional de 1998 — 2002.

7. Constancia del cargo desempeñado por el señor José Walter Lenis Porras entre el período 1998 al 19 de julio de 2002.

8. Constancia del cargo desempeñado por el señor Marino Paz Ospina, entre el período 1998 al 19 de julio de 2002.

9. Certificación de ingreso y retenciones sobre el pago realizado a la señora Tivisay

del Carmen Tovar Romero, detallados así: a. Certificación de pago de fecha 29 de julio de 2011, por valor de $486’.712.849. b. Certificación de pago de fecha 14 de septiembre de 2012, por valor de $ 139'.401.547,Radicación: 11001-03-26-000-2014-00039-00 (50181)

Demandante: Cámara de Representantes de Colombia

? c. Certificado de pago de fecha 18 de septiembre de 2013 por valor de $ 613.343.00”. El despacho considera que todas las pruebas documentales enunciadas resultan conducentes, pertinentes y útiles para resolver el objeto de la litis, en tanto tienen la idoneidad legal y una relación directa con el objeto del litigio, así como pueden demostrar el tema de prueba del presente proceso. Ello, ya que no existe limitación legal alguna para acreditar los hechos del proceso

la idoneidad legal y una relación directa con el objeto del litigio, así como pueden demostrar el tema de prueba del presente proceso. Ello, ya que no existe limitación legal alguna para acreditar los hechos del proceso con las pruebas allegadas. Adicionalmente porque dichas pruebas están relacionadas con la legitimación en la causa, así como con los presupuestos propios del medio de control de repetición, esto es, la calidad de exservidores públicos de los demandados y la existencia y pago de una condena judicial, así como la culpa grave o dolo en que presuntamente incurrieron los funcionarios. Por tal razón, los documentos aportados por la entidad actora con la demanda se incorporarán al proceso y se decretarán como prueba documental, con el valor probatorio que la ley les asigne. 3.3.2. Solicitudes probatorias de la parte demandada 3.3.3. Angelino Lizcano Rivera El demandando solicitó se tuvieran como pruebas documentales las siguientes: “(...) IV PRUEBAS Solicito que se tengan como medios probatorios los siguientes: la Ley 5 de 1992 y la Resolución MD-975 de 1996 “por la cual se establece el estatuto de administración de personal para los servidores públicos de la H. Cámara de Representantes”, vigente para la época de los hechos”. En cuanto a la copia de la Ley 5 de 1992, se precisa que dicha norma de carácter nacional no requiere prueba en el proceso, por cuanto las disposiciones jurídicas son de conocimiento obligatorio para el juez en virtud del principio jura novit curia y, además, según lo previsto en el artículo 177 del CGP?, solo los textos de normas jurídicas que no tengan carácter nacional o las leyes extranjeras requieren

son de conocimiento obligatorio para el juez en virtud del principio jura novit curia y, además, según lo previsto en el artículo 177 del CGP?, solo los textos de normas jurídicas que no tengan carácter nacional o las leyes extranjeras requieren 19 “Artículo 177. Prueba de las normas jurídicas. El texto de normas jurídicas que_no tengan alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducirá en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte” (énfasis añadido). Tal y como se ha planteado por Carlos Betancourt Jaramillo y Alfonso García Sierra las leyes del Estado vigentes en un territorio no pueden ser tema de prueba, ya que ellas no solo deben ser conocidas por el juez, que no solo debe estudiar su existencia y vigencia, sino también aplicadas oficiosamente. El juez no puede ignorar ni dejar de aplicar la ley, salvo que se trate de derecho extranjero o de la costumbre. Rodriguez Mejía, M y Huertas Montero, L. E. (2020). Prueba de la norma jurídica en Colombia.Radicación: 11001-03-26-000-2014-00039-00 (50181) Demandante: Cámara de Representantes de Colombia ser incorporadas al proceso. En consecuencia, no se decretará como prueba, sin perjuicio de que sean aplicadas en lo pertinente en la controversia. Ahora bien, el demandado anunció que aportaba la Resolución MD -975 de 1996, “por la cual se establece el estatuto de administración personal para los servidores públicos de la H. Cámara de Representantes”; no obstante, no la adjuntó, razón por la cual no es procedente su decreto. 3.3.4. Peticiones probatorias de Guillermo Gaviria Zapata

públicos de la H. Cámara de Representantes”; no obstante, no la adjuntó, razón por la cual no es procedente su decreto. 3.3.4. Peticiones probatorias de Guillermo Gaviria Zapata El demandando solicitó se decretara el siguiente testimonio: “Il. PRUEBAS: Solicito decretar el testimonio de Guillermo Mejía Mejía, quien se localiza en la Calle 37 4 37-18 de Medellín, y el cual depondrá sobre su conocimiento de las razones que llevaron al Presidente de la Cámara a retirar del cargo a Tivisay del Carmen Tovar Romero y de la forma como lo hizo. Ruego comisionar para el efecto al Tribunal Administrativo de Antioquia”. En lo que respecta a la declaración testimonial solicitada por el señor Gaviria Zapata, ha de indicarse que, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del CGP, “[cJuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba (...)” (énfasis añadido). Contrastadas las solicitudes probatorias en cita con las exigencias legales fijadas en el artículo 212 del CGP, el despacho considera que las peticiones for