CE - Auto interlocutorio 11001032600020210017800 de 2026

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00178-00 (67452)

Demandante: Eliseo Moreno Fajardo

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00178-00 (67452)

Actor: ELISEO MORENO FAJARDO

Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Asunto: Resuelve solicitud de terceros

1. El 28 de julio de 20261, Jesús David Rojas Romero en calidad de representante legal suplente de Andino Commodities S.A.S. y María Fernanda Acevedo Castro en calidad de representante legal de la Comercializadora Internacional Esmeraldas de Colombia S.A.S. – S.C.I. Emeraldco S.A.S., solicitaron que se disponga el reconocimiento y vinculación de esas sociedades como terceros con interés legítimo en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia.

2. Atendiendo lo previsto en el artículo 229 de la Constitución Política2, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 160 del CPACA3, las personas que comparezcan ante la administración de justicia deben hacerlo por conducto de abogado, salvo en los casos en los cuales la ley permita su intervención directa.

con lo dispuesto en el artículo 160 del CPACA3, las personas que comparezcan ante la administración de justicia deben hacerlo por conducto de abogado, salvo en los casos en los cuales la ley permita su intervención directa.

Por su parte, el artículo 28 y 29 del Decreto 196 de 1971 4 definen los procesos y actuaciones jurisdiccionales en los que, excepcionalmente, se puede actuar en nombre propio, sin recurrir a un profesional del derecho. Tales eventos son: i) en ejercicio del derecho de petición y de las acciones públicas determinadas por la Constitución y las leyes; ii) en los procesos de mínima cuantía; iii) en las diligencias administrativas de conciliación, iv) en los procesos de única instancia en materia laboral; v) en los actos de

1 Índice 36, Samai del Consejo de Estado. 2 “Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado ”. Se resalta. 3 “Artículo 160. Derecho de postulación. Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa. “Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos contenciosos administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria, o mediante delegación general o particular efectuada en acto administrativo” (se destaca). 4 “Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía”.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00178-00 (67452)

Demandante: Eliseo Moreno Fajardo

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4 “Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía”.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00178-00 (67452)

Demandante: Eliseo Moreno Fajardo

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oposición en diligencias judiciales o administrativas, como secuestros, entrega o seguridad de bienes, posesión de minas u otros análogos; (vi) en los asuntos policivos que se ventilen en municipios que no sean cabecera de circuito y en donde no ejerzan habitualmente por lo menos dos abogados inscritos y; (vii) en la primera instancia en los procesos de menor cuantía que se ventilen en municipios que no sean cabecera de circuito y en donde no ejerzan habitualmente por lo menos dos abogados inscritos.

Ciertamente, la calidad de abogado para intervenir en los procesos judiciales o actuaciones administrativas, obedece al designio del legislador de exigir una especial condición de idoneidad, la de ser abogado, para las personas que van a desarrollar determinadas funciones y actividades que por ser esencialmente jurídicas y requerir, por consiguiente, conocimientos, habi lidades y destrezas jurídic as, necesariamente exigen un aval que comprueba sus calidades, como es el respectivo título profesional , con el fin de garantizar que se cumplan los principios de celeridad, eficacia y eficiencia en la administración de justicia5. Al respecto, señaló la Corte Constitucional:

“Por regla general, en los procesos judiciales, y particularmente en los penales, y en las actuaciones administrativas, se requiere la intervención de abogado. Ello es así, porque la Constitución faculta expresamente al legislador para indicar en qué casos se puede

“Por regla general, en los procesos judiciales, y particularmente en los penales, y en las actuaciones administrativas, se requiere la intervención de abogado. Ello es así, porque la Constitución faculta expresamente al legislador para indicar en qué casos se puede acceder a la administración de justicia sin la representación de abogado (arts. 26 y 229), lo cual significa que, en principio, la intervención de abogado es obligatoria en los procesos judiciales. (…)

Con respecto a la administración de justicia, la presencia de abogado garantiza los principios de celeridad, eficacia, eficiencia y moralidad que se predican de todas las funciones estatales y no sólo de la administrativa (art. 209 C.P.), porque la realización de los diferentes actos procesales en los procesos judiciales, en los cuales interviene el abogado, muchos de los cuales son de gran complejidad, exigen de conocimientos especiales, habilidades, destrezas y tecnicismos jurídicos, con el fin de asegurar la regularidad de la función y de la actividad judicial; por lo demás, la formación ética recibida conjuntamente con la jurídica, obviamente contribuye igualmente al logro de este objetivo. Idénticas reflexiones son válidas para la exigencia de abogado para las actuaciones administrativas, respecto a las cuales también se predica la observancia del debido proceso.

Además, para la Corte no cabe duda de que el Constituyente con el fin de asegurar la garantía del debido proceso expresamente señaló la necesidad, salvo las excepciones legales, de concurrir al proceso judicial como parte procesal con el patrocinio o la asistencia de abogado, como se deduce de una interpretación sistemática y unitaria de

garantía del debido proceso expresamente señaló la necesidad, salvo las excepciones legales, de concurrir al proceso judicial como parte procesal con el patrocinio o la asistencia de abogado, como se deduce de una interpretación sistemática y unitaria de las disposiciones contenidas en los artículos 26, 29, 95-7 y 229 de la Constitución”6.

5 Corte Constitucional, Sala Plena sentencia C-069/96 del 22 de febrero de 1996, expediente D-963, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Sentencia mediante la cual se declaró exequible, entre otros, los artículos 28 y 29 del Decreto 196 de 1971. 6 Ibídem.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00178-00 (67452)

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En estas condiciones, es claro que, por fuera de las excepciones dispuestas por el propio texto constitucional, como son las acciones de tutela, populares y públicas de inconstitucionalidad, corresponde al legislador definir, dentro de la amplia potestad de configuración normativa con la que cuenta, en qué casos la intervención en un proceso judicial puede hacerse sin la necesidad de un abogado7, como ocurre en los eventos enlistados en el artículo 28 y 29 del Decreto 196 de 1971. En esos términos, cuando el medio de control invocado es el de nulidad y restablecimiento del derecho, quien pretenda acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debe actuar por intermedio de abogado inscrito, previo otorgamiento de poder, pues ese acto procesal no corresponde a ninguna de las excepciones establecidas por el ordenamiento jur ídico, para litigar en causa propia.

abogado inscrito, previo otorgamiento de poder, pues ese acto procesal no corresponde a ninguna de las excepciones establecidas por el ordenamiento jur ídico, para litigar en causa propia.

Así las cosas y atendiendo a que los eventos en los cuales es posible acudir a la jurisdicción directamente sin un abogado inscrito son excepcionales, y en tanto la normatividad constitucional y legal vigente no contempla que, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , las partes puedan litigar en causa propia , se desprende que todas las actuaciones que se surtan dentro de este tipo de procesos ante la jurisdicción contencioso administrativa deben estar precedidas de la constitución de un poder en el que se fije el alcance de las facultades con las que cuenta el abogado para ejercer la representación judicial del poderdante.

3. A partir de lo expuesto, para el despacho resulta claro que quien pretenda intervenir como tercero con interés legítimo en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho debe actuar necesariamente por conducto de apoderado judicial8. No obstante, revisada la solicitud presentada el 28 de julio de 2026 por los señores Jesús David Rojas Romero y María Fernanda Acevedo Castro, así como sus anexos, se advierte que, si bien aquellos ostentan las calidades de representante legal suplente de Andino Commodities S.A.S. y de representante legal de la Comercializadora Internacional Esmeraldas de Colombia S.A.S. – S.C.I. Emeraldco S.A.S., respectivamente, no obra en el expediente documento alguno que acredite que dichas sociedades les hubieren conferido poder para ejercer su representación judicial. En todo caso, se reitera que

en el expediente documento alguno que acredite que dichas sociedades les hubieren conferido poder para ejercer su representación judicial. En todo caso, se reitera que

7 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-020 del 25 de enero de 2006, expediente T1195158, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 8 En similar sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 17 de mayo de 2022, radicado No. 11001-03-26-000-2020-00061-00.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00178-00 (67452)

Demandante: Eliseo Moreno Fajardo

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dicha representación debe ejercerse por intermedio de abogado inscrito, previo otorgamiento de poder, en los términos antes señalados.

Como consecuencia, se

RESUELVE

RECHAZAR la solicitud de reconocimiento y vinculación de las sociedades Andino Commodities S.A.S. y Comercializadora Internacional Esmeraldas de Colombia S.A.S. – S.C.I. Emeraldco S.A.S., como terceros con interés legítimo en el proceso de la referencia, conforme a las razones expuestas en esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES

Magistrado Ponente

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