CE - Auto interlocutorio 11001032800020260011300 de 2026

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Detalles

Título
CE - Auto interlocutorio 11001032800020260011300 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación: 11001-03-28-000-2026-00113-00

Demandante: JORGE MARIO PÉREZ SOLANO

Demandados: PAOLA ANDREA QUIÑONES D'HARO Y OTROS

REPRESENTANTES A LA CÁMARA POR EL DEPARTAMENTO

DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Admisión de demanda y solicitud de suspensión provisional.

Irregularidades en la inscripción de la candidatura. Vulneración del artículo 262 de la Constitución Política.

ADMITE DEMANDA – NIEGA MEDIDA CAUTELAR

Procede la sala a proveer sobre la admisión de la demanda y la solicitud de suspensión provisional.

ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. El señor Jorge Mario Pérez Solano, quien actúa en nombre propio, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de que se anule el acto de elección de Paola Andrea Quiñones D’Haro, Carlos Eduardo Arizabaleta Corral, Laura Isabel Vera Zapata, Ana Leidy Erazo Ruiz, Jorge Augusto Palacio Garzón y Alfredo Mondragón Garzón,

Andrea Quiñones D’Haro, Carlos Eduardo Arizabaleta Corral, Laura Isabel Vera Zapata, Ana Leidy Erazo Ruiz, Jorge Augusto Palacio Garzón y Alfredo Mondragón Garzón, como representantes a la Cámara por el Departamento del Valle del Cauca, periodo 2026-2030, contenidos en el Formulario E-26 CAM de 20 de marzo de 2026.

1.2. Hechos

2. El demandante señaló que solicitó ante el Consejo Nacional Electoral, en adelante CNE, la revocatoria de la inscripción de varias listas de candidatos a la Cámara de Representantes por el movimiento Colombia Humana, avaladas por el Pacto Histórico, lo cual no ha sido objeto de trámite. De igual manera, requirió información sobre la actuación administrativa correspondiente a la petición de fusión realizada por los representantes legales de ambos movimientos, así como de las diligencias sobre sanciones por violación de topes, frente a lo cual hubo respuesta parcial en la que se remitió copia del acto de fusión y del rechazo de los recursos presentados contra el

mismo.Demandante: Jorge Mario Pérez Solano Demandados: Carlos Eduardo Arizabaleta Corral y otros representantes Cámara Valle del Cauca, 2026-2030

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3. Manifestó que el CNE, a través de las resoluciones 0761 de 2026, 0842 de 2026, 0864 de 2026, 0871 de 2026 y 0848 de 2026, entre otras, así como la proferida en el expediente 0012-22 las cuales no fueron publicadas, revocó la inscripción de la lista de candidatos coavalados por el Pacto Histórico y Colombia Humana a la Cámara de

expediente 0012-22 las cuales no fueron publicadas, revocó la inscripción de la lista de candidatos coavalados por el Pacto Histórico y Colombia Humana a la Cámara de Representantes por los departamentos de Caldas, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Nariño, Putumayo, San Andrés, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vichada e internacional, como el resto de las circunscripciones, tras establecerse que la coalición entre tales movimientos superó el 15% de los votos válidos en las elecciones legislativas de 2022. En su defecto, ordenó realizarlas de forma separada para evitar incurrir en inhabilidades, conforme a los artículos 262, 265, numeral 12, de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011.

4. Sostuvo que , posteriormente, la entidad permitió que la Registraduría Nacional del Estado Civil, en adelante RNEC, realizara la inscripción de candidatos por distintas circunscripciones territoriales de los movimientos Colombia Humana y Pacto Histórico, por lo que tales organizaciones efectuaron el respectivo registro el 8 de febrero de 2026, pero en esa oportunidad los candidatos aspiraron como militantes de un movimiento político al cual no pertenecían, sin renunciar a la militancia; es decir, formando parte de la lista del Pacto Histórico cuando militaban en Colombia Humana.

5. Indicó que el CNE emitió la Resolución 1299 de 2026 , con posterioridad a la inscripción de candidatos, en la que dio la posibilidad a los partidos Pacto Histórico y Colombia Humana de fusionarse, escindirse, reagruparse y otorgar avales con los

inscripción de candidatos, en la que dio la posibilidad a los partidos Pacto Histórico y Colombia Humana de fusionarse, escindirse, reagruparse y otorgar avales con los actuales militantes elegidos, con el fin de que pudieran participar en las elecciones para el Congreso de la República.

6. Arguyó que se conoció por redes sociales que los militantes de los partidos referenciados violaron los acuerdos suscritos con posterioridad a la reinscripción del 8 de febrero de 2026, bajo la expectativa de que los miembros de Colombia Humana podrían inscribirse en el Pacto Histórico.

7. Aseveró que radicó una solicitud de nulidad de la Resolución 1299 de 2026, la cual fue denegada por el CNE a través de la Resolución 1629 de 19 de marzo de 2026.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

8. El demandante alegó como desconocidos los artículos 108, 262, 265 numeral 12 de la Constitución Política; 1, 3, 7, 8, 9, 10, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 53, 60, 62, 68, 74, 87, 93, 97, 100, 137 de la Ley 1437 de 2011; y 28 a 31 de la Ley 1475 de 2011.

9. Argumentó que el Consejo Nacional Electoral permitió que la Registraduría Nacional del Estado Civil accediera a la inscripción de las candidaturas que inicialmente fueron revocadas, en relación con los aspirantes coavalados entre el Pacto Histórico y Colombia Humana para la Cámara de Representantes del Valle del Cauca, lo que

Nacional del Estado Civil accediera a la inscripción de las candidaturas que inicialmente fueron revocadas, en relación con los aspirantes coavalados entre el Pacto Histórico y Colombia Humana para la Cámara de Representantes del Valle del Cauca, lo que contrarió la Constitución Política en lo que respecta al reconocimiento de los partidos políticos, su forma de asociarse, sus afinidades ideológicas y sus intereses comunes.Demandante: Jorge Mario Pérez Solano Demandados: Carlos Eduardo Arizabaleta Corral y otros representantes Cámara Valle del Cauca, 2026-2030

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10. Sostuvo que los movimientos políticos en mención no son fuerzas minoritarias ni necesitan coaligarse para ser acreedores de lo consagrado por el artículo 262 de la Constitución Política, en consonancia con el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011.

11. Consideró que , para la fecha en que se hizo la reinscripción de los candidatos inicialmente coavalados por el Pacto Histórico y Colombia Humana, no era factible modificar las listas de inscritos, como lo dispone el artículo 32 ibídem.

12. Observó que tanto el Consejo Nacional Electoral como la Registraduría Nacional del Estado Civil se abstuvieron de resolver las solicitudes presentadas por el demandante, en relación con las irregularidades de los actos de inscripción de los candidatos demandados.

1.4. La solicitud de suspensión provisional

13. En escrito separado, aportado tanto con la demanda como con la subsanación, el actor pidió que se suspenda provisionalmente el acto acusado, con fundamento en que la vulneración a las siguientes normas es ostensible:

13. En escrito separado, aportado tanto con la demanda como con la subsanación, el actor pidió que se suspenda provisionalmente el acto acusado, con fundamento en que la vulneración a las siguientes normas es ostensible:

14. Lo anterior, tras considerar que no podía inscribirse a los demandados como candidatos a la Cámara de Representantes por el departamento del Valle del Cauca ni declarar su elección, ya que la coalición a la que pertenecieron, conformada entre los movimientos Colombia Humana y Pacto Histórico, superó el 15% de los votos válidos en las elecciones legislativas de 2022.

15. Alegó la existencia de un perjuicio irremediable, por cuanto la elección genera un daño inminente al régimen constitucional y legal, el cual no podrá ser reparado por la sentencia, e indicó que la ilegalidad deviene del análisis del acto y los documentos anexos, sin necesidad de un debate probatorio complejo.

1.5. Trámite procesal relevante

16. Mediante providencia de 4 de mayo de 2026, se inadmitió la demanda con el fin de que se subsanaran los siguientes aspectos:Demandante: Jorge Mario Pérez Solano Demandados: Carlos Eduardo Arizabaleta Corral y otros representantes Cámara Valle del Cauca, 2026-2030

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a. Se puso de presente al demandante la existencia de varios medios de control instaurados por él en contra de los demandados por hechos similares a los expuestos en la demanda de la referencia, de manera que se le ordenó adecuarla con el fin de que excluyera a las personas frente a quienes ya

instaurados por él en contra de los demandados por hechos similares a los expuestos en la demanda de la referencia, de manera que se le ordenó adecuarla con el fin de que excluyera a las personas frente a quienes ya estaban en trámite otros procesos. b. Se ordenó que se designara debidamente a la parte demandada, puesto que incluyó como tal a las entidades. c. Se requirió a la parte actora para que clasificara en debida forma los hechos y excluyera fundamentos de derecho, así como para que indicara separadamente los cargos expuestos contra los actos de elección acusados. d. Se ordenó especificar los correos electrónicos de los accionados y aportar el acto demandado.

17. Por auto de 24 de junio de 202 61, se dispuso tramitar el medio de control contra los actos de elección de los señores Paola Andrea Quiñone s D’Haro, Carlos Eduardo Arizabaleta Corral, Laura Isabel Vera Zapata, Ana Leidy Erazo Ruiz, Jorge Augusto Palacio Garzón y Alfredo Mondragón Garzón, como representantes a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca, periodo 2026 -2030, en vista de que los procesos que cursaban en otros despachos y cuya existencia había motivado la orden de adecuar la demanda fueron rechazados. En ese sentido, se corrió traslado de la solicitud de suspensión provisional del acto acusado a los demandados, al Consejo

Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

1.6. Traslado de la solicitud de suspensión provisional

18. Surtido el traslado de que trata el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, se dieron

las siguientes intervenciones:

1.6. Traslado de la solicitud de suspensión provisional

18. Surtido el traslado de que trata el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, se dieron

las siguientes intervenciones:

1.6.1. Paola Andrea Quiñones D’Haro, demandada

19. Manifestó que la medida cautelar debe ser negada, toda vez que no se acreditó una infracción al artículo 262 de la Constitución Política , dado que la elección no se adoptó con base en la lista de candidatos que fue revocada en sede administrativa, sino con una recomposición de la misma.

1.6.2. Carlos Eduardo Arizabaleta Corral, demandado

20. Argumentó que los actos previos a la elección demandada, en particular el Formulario E-8 de 8 de febrero de 2026 y la Resolución 1299 de 3 de marzo del mismo año, están investidos de legalidad y cobraron firmeza, sin que el demandante hubiera ejercido los medios de control procedentes para cuestionar su validez.

21. Afirmó que la parte actora realizó acusaciones que no se pueden corroborar en

1 La señora Paola Andrea Quiñones D’Haro instauró recurso de reposición contra dicho auto, así como solicitud de aclaración y adición. En proveído de 7 de octubre de 2026 se rechazó por improcedente el recurso, y se denegaron tales peticiones.Demandante: Jorge Mario Pérez Solano Demandados: Carlos Eduardo Arizabaleta Corral y otros representantes Cámara Valle del Cauca, 2026-2030

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este estado del proceso e invocó la existencia del perjuicio irremediable, cuando dicho

representantes Cámara Valle del Cauca, 2026-2030

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este estado del proceso e invocó la existencia del perjuicio irremediable, cuando dicho presupuesto no aplica para la suspensión provisional del acto acusado.

22. Aseguró que no hay contradicción entre la revocatoria y la nueva inscripción, dado que la recomposición de la lista fue un acto emitido en ejecución de lo resuelto por

el Consejo Nacional Electoral.

1.6.3. Jorge Augusto Palacio Garzón, demandado

23. Indicó que la medida cautelar debe ser negada, por cuanto el presunto desconocimiento del artículo 262 de la Constitución Política no se desprende del acto demandado, de manera que es necesario analizar las actuaciones administrativas previas, en particular, las decisiones del Consejo Nacional Electoral, para determinar lo anterior.

1.6.4. Ana Leidy Erazo Ruiz, demandada

24. Expuso que no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que la controversia sobre la vulneración al artículo 262 de la Constitución Política exige un análisis jurídico y probatorio de fondo.

1.6.5. Laura Isabel Vera Zapata, demandada

25. Indicó que los actos administrativos que determinaron la inscripción de la demandada quedaron en firme y mientras no sean anulados gozan de presunción de legalidad.

26. Alegó que la medida cautelar no satisface la carga argumentativa exigida por el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, y que el inciso 5.º del artículo 262 de la

legalidad.

26. Alegó que la medida cautelar no satisface la carga argumentativa exigida por el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, y que el inciso 5.º del artículo 262 de la Constitución Política carece de aplicación frente a una lista individual.

1.6.6. Consejo Nacional Electoral

27. La entidad señaló que la solicitud carece de sustento jurídico y probatorio que conduzca a afirmar el incumplimiento del inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política, por lo que no existe apariencia de ilegalidad del acto acusado.

1.6.7. Registraduría Nacional del Estado Civil

28. La autoridad indicó que el Consejo Nacional Electoral es competente para decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a cargos de elección popular, por lo que la registraduría no tiene la facultad para definir controversias relacionadas con la validez material de las candidaturas.

29. Adujo que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva, toda vez que sus funciones no están relacionadas con la declaratoria de elección, por lo que pidió que fuera desvinculada del proceso.Demandante: Jorge Mario Pérez Solano Demandados: Carlos Eduardo Arizabaleta Corral y otros representantes Cámara Valle del Cauca, 2026-2030

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1.7. Concepto del Ministerio Público

30. La procuradora séptima delegada ante esta Corporación solicitó negar la medida cautelar deprecada, con fundamento en que en este momento no se cuentan con las pruebas necesarias para determinar si el movimiento Pacto Histórico inscribió a sus

30. La procuradora séptima delegada ante esta Corporación solicitó negar la medida cautelar deprecada, con fundamento en que en este momento no se cuentan con las pruebas necesarias para determinar si el movimiento Pacto Histórico inscribió a sus candidatos en la modalidad de coalición, si la lista inicialmente inscrita fue posteriormente revocada y modificada, ni las consecuencias jurídicas de ello.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

31. La Sala es competente para conocer en única instancia de la demanda promovida contra los señores Paola Andrea Quiñones D’Haro, Carlos Eduardo Arizabaleta Corral, Laura Isabel Vera Zapata, Ana Leidy Erazo Ruiz, Jorge Augusto Palacio Garzón y Alfredo Mondragón Garzón, como representantes a la Cámara por el Departamento del Valle del Cauca, periodo 2026-2030, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 2 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación3.

32. En tales condiciones, está facultada para proveer sobre la admisión de la demanda y decidir sobre la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto acusado, en los términos de los artículos 125, literal f), y 277 de la Ley 1437 de 2011.

2.2. La admisión de la demanda

33. En materia electoral se exige el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, tales como la individualización de las pretensiones de que trata el artículo 163; que la demanda se presente en la

33. En materia electoral se exige el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, tales como la individualización de las pretensiones de que trata el artículo 163; que la demanda se presente en la oportunidad prevista en la letra a) del numeral 2.º del artículo 164 ibidem; y que se acompañe de los anexos señalados en el artículo 166 de ese mismo estatuto, además, de la verificación de la debida acumulación de causales de nulidad a que se refiere el

2 ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. (Artículo modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021) El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:

[…] 3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del Presidente y el Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los representantes a la Cámara, de los representantes al Parlamento Andino, de los gobernadores, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de regulación. Se exceptúan aquellos regulados en el numeral 7, literal a), del artículo 152 de esta ley […].

3 ARTÍCULO 13. “DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de

en el numeral 7, literal a), del artículo 152 de esta ley […].

3 ARTÍCULO 13. “DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:

Sección Quinta:

[…] 3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos.Demandante: Jorge Mario Pérez Solano Demandados: Carlos Eduardo Arizabaleta Corral y otros representantes Cámara Valle del Cauca, 2026-2030

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artículo 281 de la norma en cita.

34. En este caso, el acto demandado corresponde a la elección de los señores Paola Andrea Quiñones D’Haro, Carlos Eduardo Arizabaleta Corral, Laura Isabel Vera Zapata, Ana Leidy Erazo Ruiz, Jorge Augusto Palacio Garzón y Alfredo Mondragón Garzón, como representantes a la Cámara por el Departamento del Valle del Cauca, periodo 2026-2030, contenidos en el Formulario E-26 CAM de 20 de marzo de 2026.

35. En ese sentido, se advierte que la demanda fue presentada dentro del término de caducidad de 30 días de que trata el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que contando a partir del día siguiente a la declaratoria de la elección en audiencia pública, el plazo para ejercer el presente medio de control venció el 7 de mayo de 2026, y este se radicó el 24 de abril de 2026.

36. De igual manera, se tiene en cuenta que en la subsanación se precisaron los

el plazo para ejercer el presente medio de control venció el 7 de mayo de 2026, y este se radicó el 24 de abril de 2026.

36. De igual manera, se tiene en cuenta que en la subsanación se precisaron los hechos, los cargos contra la elección acusada, se aportó el Formulario E-26 CAM de 20 de marzo de 2026, acto demandado, y se informaron las direcciones de notificaciones de los demandados.

37. Finalmente, se advierte que no es atribuible la obligación establecida en el numeral 8.º del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, consistente en el envío simultáneo del líbelo al correo electrónico del demandado, en tanto presentó solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto acusado.

38. En consecuencia, como la demanda cumple con las exigencias legales, esta será admitida.

2.3. De la medida cautelar de suspensión provisional

39. En el Capítulo XI del Título V de la Parte Segunda de la Ley 1437 de 2011, se consagró la posibilidad de decretar medidas cautelares dentro de todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, sin que dicho acto implique prejuzgamiento alguno.

40. En materia de suspensión provisional, en su artículo 231 la Ley 1437 de 2011 fijó

una serie requisitos en los siguientes términos:

[…] Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación

[…] Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deb erá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos […]

41. De manera concreta, en materia de nulidad electoral el artículo 277 de laDemandante: Jorge Mario Pérez Solano Demandados: Carlos Eduardo Arizabaleta Corral y otros representantes Cámara Valle del Cauca, 2026-2030

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precitada normativa estableció que la solicitud de suspensión provisional debe elevarse en la demanda y que aquella se resolverá en el auto admisorio.

42. Sin embargo, esta misma sala de decisión ha aceptado que no necesariamente la medida cautelar debe presentarse en el texto mismo de la demanda 4, sino que, tal y como se permite en los procesos ordinarios puede ser presentada en escrito anexo a esta, pero siempre y cuando se haga dentro del término de caducidad.

43. De la interpretación armónica de las normas que rigen la figura, se tiene que para que se pueda decretar la suspensión provisional de un acto en materia electoral debe realizarse un análisis del acto demandado frente a las normas superiores invocadas como vulneradas en la demanda o en la solicitud, según corresponda, para así verificar

que se pueda decretar la suspensión provisional de un acto en materia electoral debe realizarse un análisis del acto demandado frente a las normas superiores invocadas como vulneradas en la demanda o en la solicitud, según corresponda, para así verificar si hay violación de aquellas con apoyo en el material probatorio con el que se cuente.

44. Lo anterior implica que el demandante puede sustentar su petición e invocar las normas que considera desconocidas por el acto o actos acusados, o remitirse a los argumentos de la demanda, lo cual será entendido de su solicitud respectiva, y que el juez o sala encargada de su estudio, debe realizar un análisis de esos argumentos y de las pruebas aportadas para determinar la viabilidad o no de la medida.

45. No obstante, resulta del caso precisar que no cualquier desconocimiento normativo implica per se la suspensión provisional del acto acusado por cuanto es claro que debe analizarse en cada evento en concreto la implicación del mismo con el fin de determinar si tiene o no la entidad suficiente para afectar la aplicabilidad del acto y en últimas su legalidad.

46. Además, se hace necesario reiterar que el pronunciamiento que se emita con ocasión de una solicitud de medida cautelar en manera alguna implica prejuzgamiento , por lo que nada obsta para que la decisión adoptada varíe en el curso del proceso y para que incluso, la decisión definitiva sea diferente.

2.4. Decisión sobre la medida cautelar

47. Según se tiene, la parte actora solicitó, en escrito separado de la demanda, que se decrete la suspensión provisional del acto de elección de los señores Paola Andrea Quiñones D’Haro, Carlos Eduardo Arizabaleta Corral, Laura Isabel Vera Zapata, Ana

se decrete la suspensión provisional del acto de elección de los señores Paola Andrea Quiñones D’Haro, Carlos Eduardo Arizabaleta Corral, Laura Isabel Vera Zapata, Ana Leidy Erazo Ruiz, Jorge Augusto Palacio Garzón y Alfredo Mondragón Garzón, como representantes a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca, periodo 20262030, con fundamento en que no podía inscribirse a los demandados ni declarar la elección, ya que la coalición a la que pertenecieron, conformada por los movimientos Colombia Humana y Pacto Histórico, superó el 15% de los votos válidos en las elecciones legislativas de 2022.

4 Sobre este aspecto, esta Sección, en auto del 2 de mayo de 2024, radicado 47001 -23-33-000-202300268-01, determinó que: «la solicitud de suspensión provisional debe contar con una debida sustentación y, además, guardar relación con la controversia planteada en la demanda, para que sea posible ahondar en su estudio, a partir de la confrontación entre el acto acusado y las normas invocadas como violadas o las pruebas aportadas hasta ese estado del proceso, en la forma requerida por el artículo 231 del mencionado código [CPACA].Demandante: Jorge Mario Pérez Solano Demandados: Carlos Eduardo Arizabaleta Corral y otros representantes Cámara Valle del Cauca, 2026-2030

Rad: 11001-03-28-000-2026-00113-00

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48. Sea lo primero señalar que el análisis de la medida cautelar se circunscribirá a los argumentos esgrimidos por la parte demandante de forma específica en la respectiva solicitud, debiéndose excluir cualquier estudio sobre la doble militancia pues

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48. Sea lo primero señalar que el análisis de la medida cautelar se circunscribirá a los argumentos esgrimidos por la parte demandante de forma específica en la respectiva solicitud, debiéndose excluir cualquier estudio sobre la doble militancia pues fue eliminado del objeto de la demanda con ocasión de la inadmisión, sustento que se

referencia textualmente a continuación:

49. Revisadas las pruebas aportadas hasta el momento, se observa que de conformidad con el Formulario E -26 CAM de 20 de marzo de 2026, los demandados resultaron elegidos como representantes a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca por el movimiento político Pacto Histórico.

50. Por ende, dado que el artículo 262 de la Constitución Política hizo referencia a la prohibición de inscribir candidatos de coalición cuando se ha superado el tope del 15% de los votos válidos de la respectiva circunscripción en las anteriores elecciones , y comoquiera que, en este caso los demandados fueron inscritos por una sola colectividad como lo fue el Pacto Histórico, no es posible advertir de momento la lesión a la norma en cita.

51. Se agrega a lo anterior que no se aportó medio probatorio alguno que permita verificar los resultados de las elecciones de 2022, con el fin de determinar si, como lo sostiene la parte actora, las organizaciones políticas que actualmente corresponden al Pacto Histórico y a Colombia Humana superaron el 15 % de los votos válidos en la circunscripción del Valle del Cauca y, en consecuencia, establecer si se vulneró lo dispuesto en el artículo 262 de la Constitución Política, en cuanto dispone:

Pacto Histórico y a Colombia Humana superaron el 15 % de los votos válidos en la circunscripción del Valle del Cauca y, en consecuencia, establecer si se vulneró lo dispuesto en el artículo 262 de la Constitución Política, en cuanto dispone:

[…] Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas.Demandante: Jorge Mario Pérez Solano Demandados: Carlos Eduardo Arizabaleta Corral y otros representantes Cámara Valle del Cauca, 2026-2030

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52. En ese sentido, en este estado del proceso no es posible establecer si se daban los presupuestos del artículo 262 de la Constitución Política para que los movimientos Pacto Histórico y Colombia Humana pudieran o no presentar lista de candidatos en coalición.

53. Finalmente se advierte que para el análisis de la suspensión provisional del acto acusado no debe tenerse en cuenta el perjuicio irremediable y la apariencia de buen derecho alegados por el demandante, toda vez que el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 solo exige que se analice si la «[…] violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud […]».

54. Por consiguiente, la sala considera que en esta etapa procesal no se encuentra

del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud […]».

54. Por consiguiente, la sala considera que en esta etapa procesal no se encuentra acreditado que el acto de elección demandado vulnera las normas invocadas, por lo que deberá negarse la solicitud de medida cautelar.

55. Esto, sin perjuicio de que, una vez surtidas las etapas procesales, practicadas las pruebas correspondientes y hecho un estudio integral de las aportadas y las decretadas, se llegue a una conclusión diferente, toda vez que esta decisión no implica prejuzgamiento.

2.5. Otras consideraci

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