CE - Auto interlocutorio 17001233300020210010301 de 2026

Consejo de Estado

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CE - Auto interlocutorio 17001233300020210010301 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Radicación: 17001 23 33 000 2021 00103 01 (3519-2025)

Demandante: Jorge Iván Peláez Ramírez

Demandado: Nación - Ministerio de Educación, Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio1

Tema: Cesantías y sanción moratoria Decisión: Decreta prueba en segunda instancia

1. El despacho decide la solicitud de pruebas formulada por el Fomag en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia2, toda vez que con este se allegó certificación generada el 3 de septiembre de 2025, con el propósito de acreditar el pago de la sanción moratoria.

2. El inciso cuarto del artículo 212 del CPACA establece de manera taxativa los escenarios en los cuales procede el decreto de pruebas en segunda instancia y, en caso de concurrir alguno de estos, dispone un término de 10 días para su práctica. Téngase en cue nta que, tratándose de las pruebas documentales, su práctica se entiende efectiva mediante la incorporación de las mismas al expediente.

3. Ahora bien, para que proceda el decreto de pruebas en segunda instancia,

práctica se entiende efectiva mediante la incorporación de las mismas al expediente.

3. Ahora bien, para que proceda el decreto de pruebas en segunda instancia, no solamente se exige la ocurrencia de alguna de las causales previstas en la mentada norma, sino que también deberá estar comprobada su utilidad, pertinencia y conducencia.

4. Descendiendo al caso concreto, se advierte que en el recurso de apelación la demandada aduce que la sanción moratoria fue pagada el 22 de agosto de 2023, por valor de $10.062.063, según constancia emitida por dicha entidad el 3 de septiembre de 2025 , la cual pretende que se tenga como prueba en esta instancia. Al respecto, de la revisión del expediente se observa que el pago alegado tuvo lugar después de presentada la contestación de la demanda, efectuada el 16 de septiembre de 20213, circunstancia que se enmarca en el supuesto previsto en el numeral 3 del artículo 212 i bidem, esto es, «[c]uando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en

1 En adelante, Fomag. 2 Índice 30 de Samai de tribunal. 3 Índice 16 ibidem.2

Radicación: 17001 23 33 000 2021 00103 01 (3519-2025)

Demandante: Jorge Iván Peláez Ramírez

primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos».

5. Con todo, se precisa que si bien la certificación del 3 de septiembre de 2025 se denomina «[c]ertificado de pago de cesantía», de lo expuesto por la demandada

primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos».

5. Con todo, se precisa que si bien la certificación del 3 de septiembre de 2025 se denomina «[c]ertificado de pago de cesantía», de lo expuesto por la demandada en el recurso de apelación y de los hechos acreditados en el expediente se infiere que, en realidad, dicho documento hace referencia a un pago asociado a la indemnización moratoria reclamada, el cual se habría realizado el 22 de agosto de

2023. Lo anterior, por cuanto la suma registrada corresponde a —$10.062.063— y difiere de la reconocida al actor por concepto de cesantías parciales mediante la Resolución 177 del 27 de marzo de 2020 4, por valor de —$30.000.000—, el cual está acreditado en el expediente conforme a la constancia allegada por el Fomag con la contestación de la demanda5.

6. En ese contexto, la prueba solicitada resulta útil, pertinente y conducente para resolver la controversia, toda vez que se pretende el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales, de manera que resulta relevante para establecer si con la suma reportada en la certificación del 3 de septiembre de 2025 se satisface total o parcialmente tal obligación. Así las cosas, el despacho considera que se configura la causal prevista en el numeral 3 del artículo 212 del CPACA para el decreto de pruebas en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el despacho

I. RESUELVE

PRIMERO. INCORPORAR, como prueba en segunda instancia, la certificación aportada por la parte demandada, con el recurso de apelación, según lo expuesto en las consideraciones.

I. RESUELVE

PRIMERO. INCORPORAR, como prueba en segunda instancia, la certificación aportada por la parte demandada, con el recurso de apelación, según lo expuesto en las consideraciones.

SEGUNDO. Por Secretaría, CORRER TRASLADO de la prueba documental incorporada por el término de 3 días; y posteriormente, en caso de no presentarse oposición contra esta, CORRER TRASLADO para presentar alegatos de conclusión por el término de 10 días.

TERCERO. EXHORTAR el cumplimiento del deber de remisión de los memoriales con copia a los demás sujetos procesales en los términos del artículo 3 de la Ley 2213 de 2022 y el numeral 14 del artículo 78 del CGP, so pena de la adopción de las medidas correctivas que procedan.

CUARTO. Agotados los términos concedidos, por secretaría, RETORNAR el expediente al despacho para dictar sentencia.

4 Índice 16 de Samai de Tribunal. 5 Ibidem.3

Radicación: 17001 23 33 000 2021 00103 01 (3519-2025)

Demandante: Jorge Iván Peláez Ramírez

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Magistrado Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

AAP.

Consultar sobre este documento ...