CE - Auto interlocutorio 19001233300020240007901 de 2025

Radicado: 19001-23-33-000-2024-00079-01 (71816)

Demandante: Consorcio Primera Infancia 2021

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: 19001-23-33-000-2024-00079-01 (71816)

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Demandante: CONSORCIO PRIMERA INFANCIA 2021

Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF Asunto: Apelación auto que resuelve medida cautelar.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido el 8 de agosto de 2024, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Cauca negó las medidas cautelares solicitadas por el Consorcio Primera Infancia 2021.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El 29 de septiembre de 20231, el Consorcio Primera Infancia 20212 (en adelante el Consorcio) por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de controversias contractuales , present ó demanda contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF (en adelante ICBF), con la que pretende que se hagan las

siguientes declaraciones y condenas:

“Primera: Que se declare que el Consorcio Primera Infancia 2021 cumplió Contrato

Bienestar Familiar – ICBF (en adelante ICBF), con la que pretende que se hagan las siguientes declaraciones y condenas:

“Primera: Que se declare que el Consorcio Primera Infancia 2021 cumplió Contrato de Interventoría 01015332021 de 2021, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, por cuanto ejecutó las actividades a su cargo y entregó los productos con total apego a lo establecido en los documentos contractuales.

Segunda: Que se declare que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF incumplió el Contrato de Interventoría 01015332021 de 2021, por cuanto se abstuvo

1 Archivo digital 5, índice 2, SAMAI. 2 Conformado por las sociedades C & M Consultores S.A.S. [antes C & M Asesoría y Consultoría S.A.S. – BIC identificada] y ESI Consulting S.A.S. – BIC.2

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de manera injustificada a (i) aprobar los productos entregados por la Interventoría y (ii) pagar al Consorcio Primera Infancia 2021 los valores a los que tenía derecho.

Tercera: Que se declare que ni dentro del pliego de condiciones ni del Contrato de Interventoría 01015332021 de 2021, existía un documento denominado “Guía técnica de consulta para el cargue y denominación de los soportes de entrega de los productos establecidos en el pliego de condiciones y sus anexos” que sirviera como parámetro de la Supervisión del ICBF para evaluar los productos entregados por el Consorcio

de consulta para el cargue y denominación de los soportes de entrega de los productos establecidos en el pliego de condiciones y sus anexos” que sirviera como parámetro de la Supervisión del ICBF para evaluar los productos entregados por el Consorcio Primera Infancia 2021.

Cuarta. Que se condene al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF a pagar a favor del Consorcio Primera Infancia 2021 la suma de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. ($1.392.688.091), o el valor que resulte probado, correspondiente a los productos entregados y que de manera injustificada no fueron sufragados en los tiempos establecidos en el contrato por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

– ICBF.

Quinta: Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene pagar la suma de dinero adeudada debidamente indexada al momento del fallo judicial, junto con los correspondientes intereses moratorios.

Sexta: Que se liquide judi cialmente el Contrato de Interventoría 01015332021 de

2021.

Séptima: Que se condene en costas y agencias en derecho al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, según lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.”3

2. En sustento de la demanda , el actor señaló que el Contrato No. 01015332021 celebrado el 6 de agosto de 2021 4, el cual tuvo un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 20215, fue incumplido por el ICBF, ya que a pesar de que el Consorcio

celebrado el 6 de agosto de 2021 4, el cual tuvo un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 20215, fue incumplido por el ICBF, ya que a pesar de que el Consorcio ejecutó las actividades a su cargo en los tiempos pactados, entregó los productos bajo los parámetros establecidos en la Ficha de Condiciones Técnicas (FCT) que hace parte integral del contrato y atendió las recomendaciones y requerimientos generados durante su ejecución respecto al contenido de los entregables; la entidad demandada -de manera injustificadase abstuvo de aprobar los productos entregados y pagar al Consorcio los valores a los que tenía derecho.

3 Archivo digital 7, índice 2, SAMAI. 4 Cuyo objeto fue contratar la interventoría administrativa, técnica , jurídica y financiera a los contratos de aporte de la atención a la primera infancia vigentes durante el año 2021, para la verificación, control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las condiciones de calidad por parte de las entidades administradoras del servicio (EAS) de todas las modalidades de prestación de la atención a la primera infanciaGrupo 2 Cauca y Grupo 4 Sucre. 5 El contrato no fue objeto de prórrogas o modificaciones contractuales.3

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La solicitud de medida cautelar y su trámite

3. En escrito separado, la parte actora solicitó el decreto de medidas cautelares consistentes en ordenar al ICBF: (i) suspender el proceso administrativo sancionatorio

La solicitud de medida cautelar y su trámite

3. En escrito separado, la parte actora solicitó el decreto de medidas cautelares consistentes en ordenar al ICBF: (i) suspender el proceso administrativo sancionatorio al que se vinculó al Consorcio mediante el oficio con radicado 202212400000181131 del 8 de agosto de 2022, por el presunto incumplimiento de varias obligaciones pactadas en el Contrato de Interventoría No. 01015332021 de 2021 6; (ii) abstenerse de iniciar otros procesos administrativos sancionatorios o conminatorios en contra del Consorcio derivados del incumplimiento de las referidas obligaciones y; (iii) suspender la ejecución del respectivo acto administrativo y los efectos de la decisión que se adopte en el procedimiento administrativo , en caso de que se declare el incumplimiento o se haga efectiva la cláusula penal. Además, solicitó el decreto de cualquier medida cautelar adicional que el operador jurídico considere pertinente o razonable.

En sustento, señaló que se cumplen los requisitos previstos por el artículo 230 y 231 del CPACA, por las siguientes razones:

(i) Las medidas cautelares están directamente relacionadas con las pretensiones de la demanda pues el Consorcio sometió la discrepancia de criterios que tiene con el ICBF respecto al cumplimiento del contrato, ante el juez natural de ese negocio jurídico, para que este sea quien resuelva de fondo sobre los supuestos incumplimientos y no la entidad en ejercicio de una potestad punitiva unilateral . Además, su decreto no implica prejuzgamiento.

(ii) La demanda está razonablemente fundada en derecho, ya que los funcionarios que

incumplimientos y no la entidad en ejercicio de una potestad punitiva unilateral . Además, su decreto no implica prejuzgamiento.

(ii) La demanda está razonablemente fundada en derecho, ya que los funcionarios que ejercieron la supervisión contractual y/o el procedimiento administrativo sancionatorio, no explicaron de manera clara y concreta las razones por las cuales consideraban que las disposiciones convencionales fueron incumplidas, indeterminación que implica una violación al debido proceso (defensa y contradicción ). En este punto , explicó las razones por las que no se configuraron los incumplimientos endilgados , por lo que a

6 Contrato de Interventoría No. 01015332021 de 2021: cláusula tercera, numerales 2, 3, 5 y 7 y cláusula cuarta; Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien (FCT): literal C. Plan de interventoría, 6.1. Acciones de seguimiento administrativo, 6.2. Acciones de seguimiento técnico, 6.3. Acciones de seguimiento financiero, Acciones de seguimiento jurídico, 6.5. Informes de la Interventoría y reportes periódicos.4

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su juicio no se causó un perjuicio al ICBF y, por ende, no habría lugar a hacer efectiva la cláusula penal que, en todo caso, sería inaplicable en los eventos de incumplimiento parcial, conforme lo pactado en el contrato.

su juicio no se causó un perjuicio al ICBF y, por ende, no habría lugar a hacer efectiva la cláusula penal que, en todo caso, sería inaplicable en los eventos de incumplimiento parcial, conforme lo pactado en el contrato.

(iii) El Consorcio e s el titular de los derechos invocados , al ser con quien el ICBF suscribió el contrato que se alega incumplido.

(iv) Es más gravoso para el interés público negar las medidas que concederlas, pues además de este proceso, habría que iniciar otro solicitando la nulidad del acto administrativo que se profiera en el “irregular procedimiento administrativo sancionatorio”, en razón a que se ejerció la “cláusula excepcional de interpretación unilateral del contrato”, que es inadmisible en los contratos de consultoría. Lo anterior, conlleva más costos para el Estado, pues la eventual nulidad, traería como consecuencia la obligación de devolver la pena que sea pagada, con los respectivos frutos, y asumir el valor de los perjuicios causados al Consorcio y sus integrantes, originados en el daño reputacional y en la merma de competitividad o la pérdida de oportunidad.

(v) De no decretarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios pues se habría materializado una sanción por el supuesto incumplimiento, cuyos efectos no se solventarían con un a sentencia favorable porque estos ya se habrían consumado. Además, el actor sufriría un perjuicio irremediable pues es muy probable que el ICBF declare el incumplimiento contractual y haga efectiva la cláusula penal, configurando un daño reputacional al Consorcio y a sus integrantes, con consecuencias negativas

Además, el actor sufriría un perjuicio irremediable pues es muy probable que el ICBF declare el incumplimiento contractual y haga efectiva la cláusula penal, configurando un daño reputacional al Consorcio y a sus integrantes, con consecuencias negativas en la proyección de sus negocios y la eventual pérdida de la oportunidad para contratar con el Estado.

4. El 22 de abril de 2024 7, el actor solicitó el pronto estudio de la medida cautelar, dado que en el procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por el ICBF se profirió la Resolución 0980 de 1º de marzo de 2024 mediante cual se declaró el incumplimiento del Consorcio y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria por un valor de $413.420.016. Al efecto adjuntó copia de ese acto administrativo.

7 Archivo digital 18, índice 2, SAMAI.5

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Demandante: Consorcio Primera Infancia 2021

5. El 4 de junio de 20248, la parte demandante allegó copia del auto proferido el 24 de abril de 2024 por la Subsección C del Consejo de Estado9, con el objeto de insistir en la procedencia de las medidas cautelares deprecadas.

6. Mediante auto del 18 de junio de 202410, el Tribunal Administrativo del Cauca corrió traslado del escrito de medidas cautelares al ICBF , quien se opuso a su decreto mediante memorial del 25 siguiente11, por considerar que el peticionario no trajo

traslado del escrito de medidas cautelares al ICBF , quien se opuso a su decreto mediante memorial del 25 siguiente11, por considerar que el peticionario no trajo argumentos serios que demuestren la necesidad de la medida cautelar o que lleven a considerar que en caso de no decretarla se ponga en peligro el objeto del proceso o la efectividad de la sentencia, ni sustentó o allegó prueba sumaria del perjuicio irremediable. Además, la mencionada entidad explicó las razones por las que considera que sus las actuaciones adelantadas en el procedimiento administrativo sancionatorio cumplen con los requisitos formales y sustanciales previstos en la Ley 1474 de 2011 . Asimismo, el ICBF esgrimió los motivos por los que en el trámite administrativo sancionatorio se encuentra evidenciado que pese “las reiteradas solicitudes, requerimiento s y mesas de trabajo realizadas por la supervisión del contrato, el Consorcio Primera Infancia 2021 no allegó la totalidad de productos requeridos de conformidad con lo establecido en el contrato de interventoría suscrito”.

7. El 2 de julio de 202412, la parte actora allegó memorial con el que pretende acreditar que contrario a lo afirmado por el ICBF, de no decretarse la medida cautelar se produciría un perjuicio irremediable. Al respecto, indicó que por virtud de lo señalado en el artículo 58 de la Ley 2195 de 202213, como el proceso sancionatorio se adelanta

8 Archivo digital 20, índice 2, SAMAI. 9 Expediente 2500023-36-000-2023-00267-01 (70725). 10 Documento 002, del archivo digital 35, índice 2, SAMAI.

8 Archivo digital 20, índice 2, SAMAI. 9 Expediente 2500023-36-000-2023-00267-01 (70725). 10 Documento 002, del archivo digital 35, índice 2, SAMAI. 11 Documento 004, del archivo digital 35, índice 2, SAMAI. 12 Documento 006, del archivo digital 35, índice 2, SAMAI. 13 “Artículo 58. Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos. Las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que adelanten cualquier Proceso de Contratación, exceptuando los supuestos establecidos en el literal a) del numeral 2 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, en los de mínima cuantía y en aquellos donde únicamente se pondere el menor precio ofrecido, deberán reducir durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.6

Radicado: 19001-23-33-000-2024-00079-01 (71816)

Demandante: Consorcio Primera Infancia 2021

para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal , los integrantes del

Demandante: Consorcio Primera Infancia 2021

para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal , los integrantes del Consorcio se verían afectados en los procesos de selección donde participen, porque habría lugar a reducir un porcentaje (2%) de los puntos obtenidos durante la evaluación de las propuestas en la fase precontractual. Al efecto, hizo un ejercicio con tres procesos de selección en los que uno de los miembros del Consorcio resultó adjudicatario, para evidenciar que , al aplicar la reducción dispuesta por la norma citada, dejaría de ocupar el primer lugar.

Por otra parte, la parte demandante refirió que el 1º de marzo de 2024 el ICBF profirió la Resolución 0980, mediante la cual declaró el incumplimiento del Contrato de Interventoría No. 01015332021 y ordenó la afectación de la cláusula penal, acto que, si bien no está en firme, existen evidencias fácticas de que la no suspensión del proceso administrativo sancionatorio tendrá como consecuencia la confirmación de este, materializando un perjuicio real que justifica la adopción de la medida cautelar.

La providencia impugnada

8. Mediante proveído de 8 de agosto de 2024 14, el Tribunal Administrativo del Cauca negó las medidas cautelares solicitadas por el Consorcio porque no concurren los requisitos materiales para la procedibilidad de estas previstos en el artículo 231 del CPACA. En tal sentido, advirtió que no se encuentra sustentado en derecho ni probatoriamente el cumplimiento del Contrato de Interventoría No. 01015332021 de 2021 que derive en la suspensión del proceso administrativo sancionatorio y demás

CPACA. En tal sentido, advirtió que no se encuentra sustentado en derecho ni probatoriamente el cumplimiento del Contrato de Interventoría No. 01015332021 de 2021 que derive en la suspensión del proceso administrativo sancionatorio y demás actuaciones de la entidad demandada, pues el estudio de quebrantamiento de las obligaciones contractuales constituye la materia sustancial del debate y requiere de un estudio riguroso y exhaustivo. Por tanto, no es un asunto que se pueda desatar en esta etapa del proceso sino cuando se decida el fondo del as unto, “sin que aquella decisión implique que no operen las previsiones del artículo 831 del E.T. sobre suspensión de procesos de cobro coactivo”. La anterior decisión se notificó por estado el 9 de agosto de 202415.

Parágrafo 1o. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Parágrafo 2o. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6o de la Ley 2020 de 2020.” 14 Documento 006, del archivo digital 35, índice 2, SAMAI. 15 Documento 006, del archivo digital 35, índice 2, SAMAI.7

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Demandante: Consorcio Primera Infancia 2021

El recurso de apelación

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Demandante: Consorcio Primera Infancia 2021

El recurso de apelación

9. El 12 de agosto de 202 416 el Consorcio interpuso recurso de apelación, para que se acceda al decreto de las medidas cautelares , con fundamento en los siguientes

argumentos:

(i) El a quo dio un alcance incorrecto al artículo 231 del CPACA , al exigir requisitos materiales que esa disposición normativa no prevé, pues consideró que para decretar la medida cautelar era necesario probar las pretensiones en una instancia anterior al debate probatorio17, como otora disponía el artículo 152-2 del CCA para la suspensión provisional de actos administrativos al exigir una “manifiesta infracción” a la cual se llegare por una confrontación directa”.

(ii) Como en el procedimiento administrativo sancionatorio contractual que adelanta el ICBF contra el Consorcio se está discutiendo el mismo asunto que ha sido sometido al estudio del juez natural del contrato; esto es, su cumplimiento o incumplimiento, de continuarse con el procedimiento administrativo sancionatorio, se presentarían dos decisiones respecto de la misma controversia contractual que podrían ser contradictorias, tal como lo censuró en reciente pronunciamiento el Consejo de Estado18. En la misma línea, agregó que además cuando la demanda fuere impetrada antes de la expedición del acto administrativo sancionatorio y en ella se solicite que sea el juez natural del contrato el que declare el incumplimiento y proceda a la liquidación del negocio jurídico, la entidad perdía competencia para imponer cualquier

antes de la expedición del acto administrativo sancionatorio y en ella se solicite que sea el juez natural del contrato el que declare el incumplimiento y proceda a la liquidación del negocio jurídico, la entidad perdía competencia para imponer cualquier tipo de castigo 19. Atendiendo que dichas condiciones se reúnen en el sub lite, a su juicio, habría lugar a decretar la cautela deprecada.

16 Documento 009, del archivo digital 35, índice 2, SAMAI. 17 A juicio del recurrente, el tribunal exigió, por una parte, probar que el Consorcio cumplió las obligaciones del contrato y el demandado incumplió las suyas y, por la otra, que el estudio de la medida no requiriera de un ejercicio intelectual exhaustivo. 18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto de 24 de abril de 2024, expediente 2500023-36-000-2023-00267-01 (70725). sentencia del 17 de junio de 2024, radicado: 70381. 19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 17 de j unio de 2024, expediente 52001-23-33-005-2018-00417-01 (70381).8

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Demandante: Consorcio Primera Infancia 2021

(iii) El tribunal citó como fuente normativa de su decisión el artículo 831 del Estatuto Tributario20, que trata las excepciones en los procesos de cobro coactivo, disposición normativa que no tiene relación con el asunto sub lite.

(iii) El tribunal citó como fuente normativa de su decisión el artículo 831 del Estatuto Tributario20, que trata las excepciones en los procesos de cobro coactivo, disposición normativa que no tiene relación con el asunto sub lite.

10. Surtido el traslado del recurso 21, el ICBF se pronunció mediante memorial de 20 de agosto de 202 422, en el que solicitó confirmar la decisión , dado que lo que realmente pretende el Consorcio es sustraer el conocimiento del asunto por parte de la Administración. Señaló que la existencia de un proceso judicial “no ha sido elevada como causa para suspender un proceso administrativo sancionatorio , elemento que guarda reserva legal ”. Manifestó que el proceso con radicado 70 725, parte de un supuesto distinto al aquí analizado para acceder al decreto de las medidas cautelares, ya que en ese proceso el contrato se encontraba en ejecución, mientras que en este caso el contrato ya se terminó, lo cual conlleva su inaplicación al presente asunto.

Finalmente, adujo que hizo bien el juzgador de primera instancia “al analizar los aspectos propios del proceso de cobro coactivo pues, la falta de sustento de la existencia de un perjuicio irremediable, denota que en los procesos de cobro de las sanciones a imponer, exista un medio de control administrativo –a t ítulo de excepcionesque no hace nugatorio su derecho”.

11. Mediante auto del 22 de agosto de 202423, el Tribunal Administrativo del Cauca concedió -en el efecto devolutivoel recurso de apelación formulado por la parte actora. En consecuencia, remitió el expediente al Consejo de Estado , para lo de su cargo.

concedió -en el efecto devolutivoel recurso de apelación formulado por la parte actora. En consecuencia, remitió el expediente al Consejo de Estado , para lo de su cargo.

20 “Artículo 831. Excepciones. Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones:

1. El pago efectivo.

2. La existencia de acuerdo de pago.

3. La de falta de ejecutoria del título.

4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente.

5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

6. La prescripción de la acción de cobro, y

7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.

Parágrafo. Contra el mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios procederán además, las siguientes excepciones:

1. La calidad de deudor solidario.

2. La indebida tasación del monto de la deuda”. 21 Documento 010, 011 y 012 del archivo digital 35, índice 2, SAMAI. 22 Documento 013, del archivo digital 35, índice 2, SAMAI. 23 Documento 015, del archivo digital 35, índice 2, SAMAI.9

Radicado: 19001-23-33-000-2024-00079-01 (71816)

Demandante: Consorcio Primera Infancia 2021

12. El 11 de febrero de 202524 y el 21 de marzo de 202525, el apoderado del Consorcio

Demandante: Consorcio Primera Infancia 2021

12. El 11 de febrero de 202524 y el 21 de marzo de 202525, el apoderado del Consorcio allegó dos providencias dictadas en el marco de la justicia arbitral y otra proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha, respectivamente, por considerar que refuerzan la tesis esbozada en el recurso de apelación objeto de estudio.

II. CONSIDERACIONES

1. Normativa aplicable

Al presente proceso le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación del recurso de apelación -8 de agosto de 2023 -, las cuales corresponden a las contenidas en el CPACA -con las modificaciones establecidas en la Ley 2080 de 2021 26, así como a las disposiciones del CGP, en virtud de la integración normativa dis puesta por el artículo 306 27 del primero de los estatutos mencionados.

2. Procedencia del recurso de apelación y competencia de la Sala para pronunciarse

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 -5 del CPACA 28, el recurso de apelación es procedente, en atención a que se trata de la impugnación del auto que negó una medida cautelar . Por su parte, la Sala es competente para resolverlo, por tratarse de una providencia proferida por un tribunal administrativo en un proceso que

24 Índice 4, SAMAI. 25 Índice 5, SAMAI. 26 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, la vigencia de

24 Índice 4, SAMAI. 25 Índice 5, SAMAI. 26 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, la vigencia de las modificaciones introducidas al CPACA rigen desde el momento en que se publicó la aludida norma. Así pues, como el recurso de apelación objeto de análisis se presentó el 3 de mayo de 2021, es evidente que la reforma a la Ley 1437 de 2011 sí le resulta aplicable. La conclusión antecedente se apoya en los siguientes términos: “Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley (Ley 2080 de 2021) rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publ icada esta ley (…)” (aclaración añadida). 27 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil (actualmente Código General del Proceso) en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” (aclaración añadida). 28 A cuyo tenor: “Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia. (…) 5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar (…)”.10

Radicado: 19001-23-33-000-2024-00079-01 (71816)

Demandante: Consorcio Primera Infancia 2021

Radicado: 19001-23-33-000-2024-00079-01 (71816)

Demandante: Consorcio Primera Infancia 2021

tiene vocación de doble instancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA29, en concordancia con el artículo 125 del mismo cuerpo normativo30.

En cuanto a la oportunidad, por virtud de lo señalado en el artículo 244 ibidem31, se observa que el recurso se interpuso de manera oportuna y se encuentra debidamente sustentado32.

3. Las medidas cautelares en el CPACA

De acuerdo con el artículo 229 del CPACA las medidas cautelares tienen por objeto proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, con el fin de lograr la efectividad del derecho sustancial. Ellas proceden, de acuerdo con esa misma norma, “[e]n todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada y podrán ser decretadas por el juez o por el Magistrado Ponente, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”.

A partir del análisis de la disposición normativa en comento, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha definido las características principales de esta figura, así33:

29 Norma que dispone: “el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales

29 Norma que dispone: “el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código (…)”. 30 El artículo 125-h del CPACA, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021 establece que a la Sala le corresponde dictar, entre otros autos, “h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar”. 31 “Artículo 244. Trámite del recurso de apelación contra autos. La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas: (…) 3. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la reposición. En el medio de control electoral, este término será de dos (2) días. (…)”. 32 El auto recurrido se notificó a las partes por estado electrónico del 9 de agosto de 202 4 (ut supra nota al pie de página No. 9 ) y el recurso de apelación se interpuso y sustentó el 12 del mismo mes y año, esto es, dentro de los 3 días siguientes a su notificación. 33 Consejo de Estado, Sección Primera, auto del 3 de diciembre de 2012, expediente: 11001 -03-24000-2012-00290-00.11

año, esto es, dentro de los 3 días siguientes a su notificación. 33 Consejo de Estado, Sección Primera, auto del 3