CE - Auto interlocutorio 25000231500020260170301 de 2026

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Auto interlocutorio 25000231500020260170301 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Bogotá, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 25000-23-15-000-2026-01703-01 (13130)

Accionante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez

Accionado: Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá

Auto que declara nulidad

El despacho procede a resolver lo pertinente en el presente trámite constitucional, remitido para conocer de la impugnación que presentó la parte accionante contra la sentencia de primera instancia proferida por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

1. Antecedentes

1.1. Solicitud de tutela

1. El señor Jesús Gabriel Martínez Álvarez presentó solicitud de amparo de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados por el Ministerio de Salud y Protección Social y otros, por la falta de respuesta a los requerimientos presentados el 30 de marz o, el 2 y 17 de abril de 2026 , así como por el Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá, con ocasión de los autos del 2 de septiembre del 2026 y del 21 de septiembre siguiente, proferidos dentro del expediente núm. 110013335024-2026-00374-00.

1.2. Hechos relevantes y pretensiones

del 21 de septiembre siguiente, proferidos dentro del expediente núm. 110013335024-2026-00374-00.

1.2. Hechos relevantes y pretensiones

2. El señor Jesús Gabriel Martínez Álvarez presentó escrito de petición el 30 de marzo de 2026 ante el Ministerio de Salud y Protección Social y otros1, mediante el cual solicitó información relacionada con la prestación y financiación de los servicios de salud mental en el país; el suministro de medicamentos psiquiátricos; las

1 Las demás autoridades son las siguientes: el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa Nacional, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Superintendencia Nacional de Salud, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional de Colombia, las policías metropolitanas de Bogotá y Tunja, los comandos de Policía de Boyacá y A mazonas, la Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico Colombiano, la Academia Nacional de Medicina, el Tribunal Nacional de Ética Médica, el Tribunal de Ética Médica de Boyacá, la Gobernación de Boyacá, la Secretaría de Salud de Boyacá, la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., las alcaldías de Tunja y Leticia, la Secretaría de Salud de Tunja, el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, el Hospital Metropolitano San Rafael de Tunja, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), la Escuela S uperior de Administración Pública (ESAP), la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales de Tunja y Leticia.2

Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), la Escuela S uperior de Administración Pública (ESAP), la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales de Tunja y Leticia.2

Radicado: 25000-23-15-000-2026-01703-01 (13130)

Accionante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez

Accionado: Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá

condiciones de internación de los pacientes; el desarrollo de investigaciones científicas en esa materia, y la eventual utilización de tecnologías biomédicas, biomecánicas, microtecnológicas y nanotecnológicas en tratamientos psiquiátricos, internamientos involuntarios y actuaciones institucionales vinculadas con las personas usuarias de los servicios de salud mental.

3. Adicionalmente, el actor, en la fecha referida, le pidió a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a las personerías municipales que adelantaran actuaciones de verificación y restablecimiento de derechos en favor de la población que identificó como «focalizada». Del mismo modo, solicitó su intervención como garante y agente oficioso dentro de los procedimientos que eventualmente se promovieran.

4. El tutelante dirigió un nuevo requerimiento a la Asociación Colombiana de Psiquiatría, el 2 de abril de 2026 , orientada a obtener información acerca de la organización y funcionamiento de los servicios de salud mental, la financiación de los tratamientos psiquiátricos, las condiciones de internación de los pacientes, los procedimientos de consentimiento informado y la existencia de investigaciones, intervenciones o tratamientos que involucraran tecnologías biomédicas,

los tratamientos psiquiátricos, las condiciones de internación de los pacientes, los procedimientos de consentimiento informado y la existencia de investigaciones, intervenciones o tratamientos que involucraran tecnologías biomédicas, biomecánicas, microtecnológicas o nanotecnológicas.

5. El accionante radicó petición ante la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y otros 2 el 17 de abril de 2026, a través de la cual planteó un cuestionario encaminado a conocer la eventual utilización de dispositivos biomédicos, biomecánicos, microtecnológicos y nanotecnológicos en el ámbito de la salud mental; los presupuestos de consentimiento informado exigidos para su implementación; la existencia de investigaciones científicas relacionadas con dichas tecnologías, y las condiciones de internación de pacient es en instituciones prestadoras de servicios de salud mental.

6. Por otro lado, el señor Jesús Gabriel Martínez Álvarez presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo , contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros 3, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de una indemnización por los daños causados al «grupo focalizado» de personas que, según afirmó, fueron víctimas del aparato psiquiátrico del Estado y de su proceder inconstitucional y arbitrario, el cual ha bría vulnerado sus derechos e intereses individuales y colectivos mediante actuaciones planificadas y estructuradas.

7. El asunto correspondió al Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá .

2 Las demás autoridades corresponden a: la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), la Procuraduría General de

planificadas y estructuradas.

7. El asunto correspondió al Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá .

2 Las demás autoridades corresponden a: la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Personería Municipal de Tunja, la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Tunja, la Comisión Interamer icana de Derechos Humanos (CI .DH) y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). 3 Los demás demandados son estos: Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Corte Constitucional, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Escuela Superior de Administración Pública, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gobernación de Boyacá Alcaldía Mayor de Tunja, Personería Municipal de Tunja, Google Limitada, Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP), Presidencia de la República, Ministerio de Salud y Protección Social Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), Entidades Promotoras de Salud (EPS) – vinculadas al Gobierno Nacional, Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) – vinculadas al Gobierno Nacional, Empresas Sociales del Estado (ESE) adscritas al Gobierno Nacional, Establecimientos Públicos Prestadores de Servicios en Salud adscritos al Gobierno Nacional, Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Salud Total EPS Health & Life IPS (Heli Salud), Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá (CRIB), Hospital Universitario San R afael de Tunja, ESE Santiago de Tunja.3

IPS (Heli Salud), Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá (CRIB), Hospital Universitario San R afael de Tunja, ESE Santiago de Tunja.3

Radicado: 25000-23-15-000-2026-01703-01 (13130)

Accionante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez

Accionado: Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá

Dicha autoridad, mediante auto del 2 de septiembre de 2026, inadmitió la demanda al considerar que el accionante no acreditó su legitimación para actuar en el trámite judicial, no demostró la existencia de condiciones uniformes entre los integrantes del grupo ni una estimación razonada de los perjuicios reclamados. En este sentido le ordenó precisar la conformación del grupo y la ocurrencia del daño, adecuar las pretensiones a la naturaleza del mecanismo judicial e individualizar las entidades demandadas. Asimismo, descartó la vinculación de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su inmunidad de jurisdicción, razón por la cual le otorgó un término de diez (10) días para subsanar las deficien cias advertidas, so pena de rechazo.

8. El señor Jesús Gabriel Martínez Álvarez presentó memorial el 13 de septiembre de 2026 en el que allegó escrito de subsanación de demanda.

9. El Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá , a través de auto del 21 de septiembre de 2026, rechazó la demanda , porque el accionante no subsanó las deficiencias advertidas en el auto inadmisorio, debido a que el memorial allegado se limitó a expresar su inconformidad respecto de los requerimientos del despacho

septiembre de 2026, rechazó la demanda , porque el accionante no subsanó las deficiencias advertidas en el auto inadmisorio, debido a que el memorial allegado se limitó a expresar su inconformidad respecto de los requerimientos del despacho y a cuestionar su procedencia.

10. En atención a lo anterior, el accionante presentó acción de tutela y dentro de sus pretensiones solicitó al juez constitucional vincular, en calidad de accionadas, a todas las entidades convocadas dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo y de la presente acción constitucional, promovidos con ocasión de los presu ntos daños sufridos por las personas que identificó como «víctimas del poder psiquiátrico inconstitucional colombiano ». En consecuencia,

formuló las siguientes peticiones:

[…]

II. REALICE en forma rigurosa y suficiente la totalidad de controles de legalidad y de constitucionalidad a su cargo, en cumplimiento de las sus funciones judiciales.

III. ORDENE en forma principal, JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO

DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C. - SECCIÓN SEGUNDA, remitir el asunto a una autoridad judicial de mejor competencia, por tener interés directo en el trámite del asunto, después de encontrar se demostrada su participación en el concurso delictivo relacionado dentro de los asuntos en referencia.

IV. […] en forma subsidiaria, al JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO

DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C. - SECCIÓN SEGUNDA admitir la Demanda de Reparación de Perjuicios causados al Grupo víctimas del poder

DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C. - SECCIÓN SEGUNDA admitir la Demanda de Reparación de Perjuicios causados al Grupo víctimas del poder psiquiátrico inconstitucional colombiano, que fuere interpuesta por el accionante y cuyo tramite se adelanta bajo el radicado 110013335024 -2026-00374-00; y dar el justo trámite a las demás diligencias y actuaciones del proceso.

V. […] a todas las entidades demandadas en el medio de control y acción constitucional, promovida mediante Demanda de Reparación de Perjuicios causados al Grupo de personas víctimas del poder psiquiátrico inconstitucional colombiano, responder, y o rendir informe sobre lo actuado, respecto a cada una de las solicitudes y derechos de petición referidas, y que les hayan sido remitidas por el accionante, en4

Radicado: 25000-23-15-000-2026-01703-01 (13130)

Accionante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez

Accionado: Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá

relación con los hechos que fundamentan la presente acción y la demanda de Reparación de Perjuicios -Acción de Grupoen referencia.

VI. CONCEDA todas las pretensiones formuladas en el libelo demandatorio de Reparación de Perjuicios causados al Grupo; susceptibles de ser reconocidas por vía de tutela, especialmente aquellas relacionadas con la dignidad personal, las libertades esenciales, los derechos de igualdad y no discriminación, etc.; de las personas prohijadas por el suscrito abogado con la demanda en mención.

VII. COMPULSE copias de los expedientes a las autoridades de investigación y

libertades esenciales, los derechos de igualdad y no discriminación, etc.; de las personas prohijadas por el suscrito abogado con la demanda en mención.

VII. COMPULSE copias de los expedientes a las autoridades de investigación y sanción que correspondan; y realice las denuncias que tengan lugar con ocasión de los hallazgos y de los hechos punibles y delictivos puestos en su conocimiento.

VIII. DISPONGA y OREDENE la ejecución inmediata de todas las medidas encaminadas a la cesación del agravio y el restablecimiento de derechos humanos de todos los miembros de la población prohijada en el trámite de la Demanda de Reparación de Perjuicios Acción de Grupoen referencia.

IX. PROCEDA de conformidad con lo ordenado en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, por encontrarse probado el proceder arbitrario del accionado JUZGADO

VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,

D.C. - SECCIÓN SEGUNDA; y por acreditarse los requisitos respectivos contemplados por tal normativa; 54 especialmente los relacionados con la imposibilidad de reparación por vías alternas a los derechos agraviados referentes a la buena fe, la honra, la confianza legitima, el trabajo, la profesión, arte y oficio; y los demás del accionante, vulnerados directamente o por conexidad como consecuencia del arbitrio doloso de la autoridad referida.

X. PROCEDA de conformidad con lo ordenado en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, a favor de la población prohijada por el suscrito accionante en el trámite de la Demanda de Reparación de Perjuicios -Acción de Grupo - en referencia, y por

1991, a favor de la población prohijada por el suscrito accionante en el trámite de la Demanda de Reparación de Perjuicios -Acción de Grupo - en referencia, y por encontrarse probado el proceder arbitrario del accionado JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C. - SECCIÓN SEGUNDA; y a LAS DEMÁS ACCIONADAS, -por acreditarse los requisitos respectivos contemplados por tal normativa; especialmente los relac ionados con la imposibilidad de reparación por vías alternas de los derechos agraviados referentes a su dignidad humana, libertades esenciales, derechos de igualdad, derechos y garantías procesales; así como los la buena fe, la honra, la confianza legitima , el trabajo, la profesión, arte y oficio, etc., vulnerados directamente o por conexidad como consecuencia del arbitrio doloso de la autoridad referida 4.

1.3. Tramite de primera instancia

11. El asunto correspondió conocerlo, bajo el radicado número 25000-23-15-0002026-01703-00, a la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El magistrado sustanciador dictó el auto del 21 de septiembre de 20265, mediante el cual admitió la acción interpuesta contra el Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá, y negó la vinculación de las entidades demandadas en el medio de control de reparación de perjuicios a un grupo.

4 Se transcribe incluso con errores de texto. 5 Samai, exp. 25000-23-15-000-2026-01703-00, índice 5, certificado A4982AB8AFD61CDA F0E97263BB5A7E3C

4 Se transcribe incluso con errores de texto. 5 Samai, exp. 25000-23-15-000-2026-01703-00, índice 5, certificado A4982AB8AFD61CDA F0E97263BB5A7E3C B3B23E1C4B3ECFAD 193D24EF672F6404.5

Radicado: 25000-23-15-000-2026-01703-01 (13130)

Accionante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez

Accionado: Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá

12. Posteriormente, la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el 29 de septiembre de 2026 en la que declaró improcedente la acción constitucional, debido a que no cumplió con el requisito de subsidiariedad frente a la providencia que rechazó la demanda del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo. En contra de la anterior decisión, la parte tutelante presentó recurso de impugnación que fue concedido en auto del 9 de octubre de 2026.

2. Consideraciones

2.1. Nulidad por indebida integración del contradictorio y deber de vinculación y de notificación

13. De acuerdo con la Corte Constitucional, los derechos a la contradicción y a la defensa, dentro de un proceso judicial, hacen parte esencial del derecho fundamental al debido proceso. En ejercicio de estos, las personas pueden presentar sus propios argumentos y tienen la posibilidad de participar en el debate probatorio6. En términos del alto tribunal, estas garantías refieren «a la posibilidad de presentar las razones y las consideraciones pertinentes, y también a la facultad que tiene una persona para participar en la prueba»7.

del alto tribunal, estas garantías refieren «a la posibilidad de presentar las razones y las consideraciones pertinentes, y también a la facultad que tiene una persona para participar en la prueba»7.

14. Ahora bien, la integración del contradictorio también hace parte de las garantías esenciales del derecho al debido proceso, en la medida en que permite materializar los derechos a la defensa y contradicción. Por tal razón, para la Corte, el juez de tutela «tiene la obligación de integrar debidamente el contradictorio, es decir, notificar y vincular a las partes y a los terceros con interés legítimo en el resultado del proceso»8.

15. Además, la Corte Constitucional ha indicado que cuando el juez de primera instancia omite vincular a todo el contradictorio, existen dos opciones, a saber9:

La indebida integración del contradictorio no implica, per se, la invalidación del trámite y tampoco obliga al juez de segunda instancia o a la Corte Constitucional a retrotraer las actuaciones en todos los casos. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, existen dos alternativas cuando se constata la indebida integración del contradictorio. Primero, la declaratoria de nulidad de todo lo actuado y la consecuente devolución del proceso al juez de primera instancia, para que se corrijan los errores procesales y se inicie nuevamente la actuación “con la concurrencia de la parte que no fue vinculada ”. Segundo, la integración el contradictorio por medio de la vinculación del tercero con interés».

16. Seguidamente, la Corte explicó que la vinculación en segunda instancia solo procede en casos excepcionales. Al respecto advirtió10:

El juez de segunda instancia y la Corte Constitucional en sede de revisión sólo pueden

interés».

16. Seguidamente, la Corte explicó que la vinculación en segunda instancia solo procede en casos excepcionales. Al respecto advirtió10:

El juez de segunda instancia y la Corte Constitucional en sede de revisión sólo pueden optar por la vinculación, sin necesidad de decretar la nulidad, cuando: (i) a pesar de la

6 Corte Constitucional, auto 1087 de 2022. 7 Ibidem. 8 Corte Constitucional, auto 553 de 2021. 9 Corte Constitucional, auto A553 de 2021. 10 Ibidem6

Radicado: 25000-23-15-000-2026-01703-01 (13130)

Accionante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez

Accionado: Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá

indebida integración del contradictorio existe una necesidad o exigencia ineludible de evitar la dilación del trámite tutelar, o (ii) las circunstancias que dan lugar a la vinculación son posteriores a las decisiones de instancia y, por tanto, no era posible exigirle al juez de primera instancia notificar a terceros cuyo interés no era deducible del expediente. En este evento, la vinculación es procedente pues no supone una vulneración del derecho fundamental al debido proceso del tercero vinculado.

17. En cuanto a la necesidad o exigencia ineludible de evitar la dilación del trámite

de tutela, la Corte argumentó que:

«Solamente en circunstancias excepcionales que respondan a la necesidad o exigencia ineludible de evitar la dilación del trámite tutelar, lo que tiene ocurrencia, entre otras circunstancias cuando se encuentra en juego la protección de derechos como la vida, la

«Solamente en circunstancias excepcionales que respondan a la necesidad o exigencia ineludible de evitar la dilación del trámite tutelar, lo que tiene ocurrencia, entre otras circunstancias cuando se encuentra en juego la protección de derechos como la vida, la salud o la integridad física, o cuando están involucrados personas que son objeto de especial protección constitucional o personas en debilidad manifiesta, como la mujer cabeza de familia, los menores o las personas de edad avanzada, la Corte ha procedido a tramitar de manera directa el incidente de nulidad, con la integración directa del contradictorio con la parte o con el tercero que tenga interés legítimo en el asunto».

18. El artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 no establecen causales de nulidad procesal, sus consecuencias o el procedimiento para solicitarlas o declararlas en trámites de tutela. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha definido que eso no significa que en el trámite de la solicitud de amparo no se puedan configurar irregularidades o vicios que afecten su validez y que impliquen un desconocimiento de las garantías del debido proceso de los sujetos que intervienen11.

19. De esta manera, la Corte ha precisado que, por analogía, se pueden aplicar las causales de nulidad dispuestas en el artículo 133 del Código General del Proceso

(CGP), siempre que no sean contrarias a los principios de celeridad y eficacia que caracterizan a la acción de tutela.

20. El artículo 61 del CGP dispone que es obligación para el juez notificar y dar traslado «a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término

caracterizan a la acción de tutela.

20. El artículo 61 del CGP dispone que es obligación para el juez notificar y dar traslado «a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado». Por su parte el artículo 133 de la misma codificación contiene, en su numeral 8, la causal de nulidad consistente en que:

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.

11 Corte Constitucional. Sentencia T-661 de 2014.7

Radicado: 25000-23-15-000-2026-01703-01 (13130)

Accionante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez

Accionado: Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá

2.2. Caso concreto

21. En el asunto bajo estudio, el despacho revisó el trámite impartido a la presente

Accionado: Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá

2.2. Caso concreto

21. En el asunto bajo estudio, el despacho revisó el trámite impartido a la presente acción por la primera instancia y advirtió que en el auto admisorio de la tutela del 21 de septiembre de 2026 no se vincularon, como sujetos accionados, a las entidades públicas a las cuales el accionante dirigió los requerimientos del 30 de marzo, 2 y 17 de abril de 2026.

22. Pues bien, en atención al marco normativo y jurisprudencial contenido en esta providencia, el juez de tutela de primera instancia debió vincular, al presente trámite constitucional y notificarles el auto del 21 de septiembre de 2026, al Ministerio de Salud y Protección Social, la Asociación Colombiana de Psiquiatría, al Centro de

Rehabilitación Integral de Boyacá (CRIB), al Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, al municipio de Tunja y a las demás entidades relacionadas con los requerimientos presentados por el actor, con la finalidad de integrar debidamente el contradictorio.

23. Lo anterior, en la medida en que, el accionante en el escrito de tutela además de cuestionar las decisiones adoptadas por el Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, también plantea hechos y pretensiones frente a las mencionadas entidades,

de cuestionar las decisiones adoptadas por el Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, también plantea hechos y pretensiones frente a las mencionadas entidades, relacionados con la falta de respuesta a los requerimientos de información que radicó ante estas.

24. En efecto, como quedó expuesto en los antecedentes, las referidas autoridades tienen un interés directo en la controversia, toda vez que fueron destinatarias de las peticiones del 30 de marzo, 2 de abril y 17 de abril de 2026, respecto de las cuales el accionante alegó que no se le ha dado una respuesta clara, precisa y de fondo, por lo tanto, sus pronunciamientos resultan necesarios para establecer si atendieron los requerimientos del actor y si se presentó o no una amenaza o vulneración del derecho fundamental de petición.

25. En ese orden, debido a que se configuró la causal descrita en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso, se declarará la nulidad de todo lo actuado en el trámite de tutela, a partir del auto admisorio del 21 de septiembre de 2026, inclusive, con el fin de que la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca proceda a vincular a las entidades destinatarias de las solicitudes del 30 de marzo, 2 de abril y 17 de abril de 2026.

Por las razones expuestas, este despacho de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado

Resuelve:

Primero: Declarar la nulidad de lo actuado en el trámite de tutela de la referencia, a partir del auto admisorio del 21 de septiembre de 2026, inclusive, de conformidad8

del Consejo de Estado

Resuelve:

Primero: Declarar la nulidad de lo actuado en el trámite de tutela de la referencia, a partir del auto admisorio del 21 de septiembre de 2026, inclusive, de conformidad8

Radicado: 25000-23-15-000-2026-01703-01 (13130)

Accionante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez

Accionado: Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá

con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Ordenar a la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que vincule al presente tutela al Ministerio de Salud y Protección Social, la Asociación Colombiana de Psiquiatría, al Centro de

Rehabilitación Integral de Boyacá (CRIB), al Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, al municipio de Tunja y a las demás entidades relacionadas con los requerimientos presentados por el actor, y se asegure su debida notificación, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

Tercero: Devolver por intermedio de la Secretaría General, el presente expediente al despacho de origen.

Cuarto: Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito posible

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

KAPS/JLAS/SEJV

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