CE - Auto interlocutorio 25000233600020210028701 de 2025

Radicado: 25000-23-36-000-2021-00287-01(67998)

Convocante: ENTERRITORIO

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA '

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: 25000-23-36-000-2021-00287-01 (67998)

Convocante: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO

TERRITORIAL — ENTERRITORIO

Convocado: INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE

SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO

INTERCONECTADAS - IPSE Acción: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Asunto: Resuelve solicitud probatoria El despacho se pronuncia sobre la solicitud de pruebas presentada por las partes convocante y convocada, en el trámite de los recursos de apelación promovidos contra el auto proferido el 10 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C mediante el cual se improbó el acuerdo conciliatorio celebrado el 8 de julio de 2021 por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO antes Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE y el Instituto de Planificación y Promoción de

Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas — IPSE. l. ANTECEDENTES La solicitud de conciliación extrajudicial y su trámite en primera instancia

4. El 12 de febrero de 2021!, ENTERRITORIO antes FONADE, mediante

Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas — IPSE. l. ANTECEDENTES La solicitud de conciliación extrajudicial y su trámite en primera instancia

4. El 12 de febrero de 2021!, ENTERRITORIO antes FONADE, mediante apoderado judicial, presentó ante la Procuraduría General de la Nación solicitud de conciliación extrajudicial en derecho contra el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas — IPSE, que versa sobre las siguientes pretensiones: 1 Pag, 21 a 31 del archivo digital 1 ubicado en el indice 1 del aplicativo SAMAI del Tribunal de

Origen. 1Radicado:25000-23-36-000-2021-00287-01(67998) Convocante: ENTERRITORIO “PRIMERA.- Las relacionadas con el incumplimiento del IPSE de las obligaciones a su cargo derivadas del Contrato Interadministrativo Derivado No. 2132419, celebrado entre dicha Entidad y FONADE, cuyo objeto era la adelantar en forma conjunta el proyecto “Construcción de los proyectos hidroeléctricos del sur de Nuqui’, incumplimiento consistente en haber aprobado y viabilizado unos diseños defectuosos e insuficientes que le fueron entregados a FONADE. SEGUNDA.- Las relacionadas con los perjuicios que le fueron causados a FONADE (hoy ENTERRITORIO) como consecuencia del incumplimiento de las oblfilgaciones en cabeza del IPSE. TERCERA.- Las demás controversias contractuales derivadas de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación y liquidación del Contrato Interadministrativo Derivado No. 2132419, celebrado entre FONADE y el IPSE”.

oblfilgaciones en cabeza del IPSE. TERCERA.- Las demás controversias contractuales derivadas de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación y liquidación del Contrato Interadministrativo Derivado No. 2132419, celebrado entre FONADE y el IPSE”.

2. Como sustento fáctico de las pretensiones la convocante señaló los siguientes: 2.1. El 26 de junio de 2012, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS y el FONADE celebraron el Convenio Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 040 - 20122, mediante el cual el último se comprometió con el primero a “adelantar la gerencia integral de los proyectos entregados (...)”. 2.2. En desarrollo del objeto contractual, el 31 de julio de 2013 el FONADE celebró con el IPSE el Contrato Interadministrativo Derivado No. 2132419%, en virtud del cual las partes de obligaron a “adelantar en forma conjunta el proyecto denominado 'Construcción de los proyectos hidroeléctricos del Sur del Nuquí en el departamento del Chocó” $1.597.317.180, suma que fue adicionada en $326.005.864. Por consiguiente, se afirmó que el valor del contrato fue de $1.923.323.044, de los cuales el FONADE aportaría la suma de $1.191.323.044 y el IPSE $732.000.000.

(cláusula primera). El valor del contrato se fijó en El plazo de su ejecución se extendería hasta el 30 de junio de 2014, con todo, el negocio jurídico fue objeto de varias modificaciones', entre ellas varias prórrogas, en virtud de las cuales se indicó que su ejecución llegó a extenderse hasta el 1° de julio de 2018.

negocio jurídico fue objeto de varias modificaciones', entre ellas varias prórrogas, en virtud de las cuales se indicó que su ejecución llegó a extenderse hasta el 1° de julio de 2018. 2 Pag. 155 a 173 ibídem. 3 Pág. 98 a 108 ibídem. 4 De conformidad con lo dispuesto en la cláusula primera de la modificación No. 2 y prórroga No 1 al Contrato interadministrativo Derivado No. 2132419, del 1° de julio de 2014. 5 Pág. 109 a 154 del Tribunal de Origen.Radicado:25000-23-36-000-2021-00287-01 (67998) Convocante: ENTERRITORIO Respecto a la liquidación se pactó que iniciaría cuando el FONADE liquidara todos los contratos derivados y que ella se realizaría en los plazos establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y las normas que las modifiquen (cláusula décima cuarta). En ese contexto, el convocante sostiene que el plazo de 4 meses para la liquidación venció el 1° de noviembre de 2018. 2.4. Por otra parte, se afirma que en cumplimiento de las obligaciones contractuales originadas en ambos negocios jurídicos, el 25 de agosto de 2014 el FONADE suscribió con el Consorcio ARUSI el Contrato de Obra No. 2141407, el cual tuvo como objeto “realizar los proyectos hidroeléctricos del sur de Nuquí, en el departamento del Chocó”? y que a la postre sólo pudo ejecutarse en un 53% debido a falencias técnicas de los diseños avalados por el IPSE.

cual tuvo como objeto “realizar los proyectos hidroeléctricos del sur de Nuquí, en el departamento del Chocó”? y que a la postre sólo pudo ejecutarse en un 53% debido a falencias técnicas de los diseños avalados por el IPSE. 2.5. En consecuencia, manifiesta la entidad convocante que el objeto del Contrato Interadministrativo Derivado No. 2132419 no pudo llevarse a cabo ni satisfacerse a plenitud en razón del incumplimiento de la obligación en cabeza del IPSE, consistente en haber aprobado y viabilizado unos diseños defectuosos e insuficientes que le fueron entregados a FONADE, lo que supuestamente le habría causado los siguientes perjuicios: i) $1.507.253.986 por concepto de los dineros invertidos por FONADE en la ejecución de la obra y que le fueron pagados al Consorcio ARUSI en virtud de lo pactado en el Contrato de Obra No. 2141407 y; ii) $1.942.442.190 correspondientes a los dineros que el Consorcio ARUSI ha reclamado judicialmente en contra de FONADE, por concepto de la imposibilidad de terminar la ejecución del Contrato de Obra No. 2141407.

3. En audiencia celebrada el 8 de julio de 2021”, las partes presentaron ante la Procuraduría Novena Judicial ll para Asuntos Administrativos el acuerdo de conciliación suscrito entre ellas en relación con el mencionado contrato, el cual en criterio del procurador cumplía los requisitos previstos en el orden jurídico. Por lo anterior, dicho funcionario dispuso del envio del acta de conciliación correspondiente y de los demás documentos al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para el respectivo examen de legalidad.

anterior, dicho funcionario dispuso del envio del acta de conciliación correspondiente y de los demás documentos al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para el respectivo examen de legalidad. 6 Pág. 179 a 201 ibídem. 7 Pág. 2 a 20 ibidem.Radicado:25000-23-36-000-2021-00287-01(67998) Convocante: ENTERRITORIO Auto objeto de impugnación 4, Mediante providencia del 10 de noviembre de 20218, notificada por estado el 18 del mismo mes y año?, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió improbar el acuerdo conciliatorio logrado el 8 de julio de 2021 entre ENTERRITORIO y el IPSE, atendiendo a que no había prueba de que el medio de control de controversias contractuales no hubiese caducado. Lo anterior, toda vez que en el expediente del trámite conciliatorio que remitió la Procuraduría no estaban los documentos que daban cuenta de las suspensiones del contrato con sus ampliaciones y reinicios y, en particular, no se encontraba el acta de la prórroga No. 1 a la suspensión No. 1 de fecha 31 de diciembre de 2017, por virtud de la cual el contrato se habría extendido hasta el 1 de julio de 2018. De este modo, en criterio del Tribunal el plazo de dos años caducidad consagrado en el artículo 164-2.j -por tratarse de un negocio jurídico liquidable por virtud de lo pactado en la cláusula décima cuarta del contratodebía computarse desde el 30 de enero de 2018 -transcurridos cuatro meses'® desde la fecha en que terminó la ejecución del contrato, según la prórroga No. 6-, y no a partir del 1° de noviembre

de enero de 2018 -transcurridos cuatro meses'® desde la fecha en que terminó la ejecución del contrato, según la prórroga No. 6-, y no a partir del 1° de noviembre de 2018 -cuatro meses después de la fecha hasta la cual se habria prorrogado la suspensión del contrato, según la prórroga No. 1 a la suspensión No. 1-. En esas condiciones, como dicho plazo vencía el 30 de enero de 2020, la solicitud de conciliación presentada el 12 de febrero de 2021 resultaba extemporánea. Añadió que, en cuanto no se aportó la totalidad del expediente contractual, tampoco obraban los documentos que evidenciaban los incumplimientos contractuales alegados por la entidad convocante, ni los necesarios para la liquidación del contrato. Recursos de reposición y en subsidio de apelación y solicitudes probatorias

5. ENTERRITORIO" y el IPSE?2, por conducto de sus apoderados judiciales, el 23 de noviembre de 2021, interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la anterior decisión, con el fin de que sea revocada y se imparta aprobación al acuerdo de conciliación que celebraron. 8 Índice 15 del aplicativo SAMAI del Tribunal de Origen. 9 Índice 18 ibídem. 10 De conformidad con el plazo de liquidación consagrado en la Ley 1150 de 2007. 11 Índice 19 del aplicativo SAMAI del Tribunal de Origen. 12 Índice 20 ibídem.Radicado:25000-23-36-000-2021-00287-01(67998) Convocante: ENTERRITORIO Al efecto, ENTERRITORIO afirmó que con el auto censurado el juez del contrato

12 Índice 20 ibídem.Radicado:25000-23-36-000-2021-00287-01(67998) Convocante: ENTERRITORIO Al efecto, ENTERRITORIO afirmó que con el auto censurado el juez del contrato incumplió su deber de estudiar la legalidad de los acuerdos conciliatorios y vulneró el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el derecho de acceso a la administración de justicia, pues adujo la ausencia de pruebas documentales sobre la duración del contrato y el término de caducidad -e/ cual no se consumó, en tanto la solicitud de conciliación lo interrumpió, según se deduce del acuerdo celebrado-; no otorgó a las partes la oportunidad de allegarlas, según las facultades probatorias oficiosas contempladas en el artículo 26 de la Ley 640 de 2001; y desconoció su voluntad tendiente a lograr una solución conciliada de sus controversias. Con la impugnación la entidad convocante acompañó “todos los documentos contractuales” y, especialmente, las modificaciones al contrato estatal celebrado, las suspensiones y prórrogas del mismo, con el fin de acreditar que no se produjo la caducidad del medio de control de controversias contractuales. Por su parte, el IPSE sostuvo que la decisión de improbar el acuerdo conciliatorio no guardaba correspondencia con el análisis efectuado en la parte considerativa de la providencia, por lo que solicitó requerir a la entidad convocante y/o a la Procuraduría para que aportaran los documentos faltantes que permitieran ‘justificar y respaldar el estudio de legalidad del Acuerdo Conciliatorio”, y asi subsanar el “error de forma” que impidió al Tribunal impartir su aprobación a tal acuerdo.

Procuraduría para que aportaran los documentos faltantes que permitieran ‘justificar y respaldar el estudio de legalidad del Acuerdo Conciliatorio”, y asi subsanar el “error de forma” que impidió al Tribunal impartir su aprobación a tal acuerdo.

6. Mediante auto del 13 de diciembre de 202115, en sede de reposición el Tribunal confirmó la determinación de improbar el acuerdo conciliatorio por haber operado el fenómeno de la caducidad de conformidad con la fecha de terminación de la

ejecución del contrato probada con la prórroga No. 6. El Tribunal insistió en que las suspensiones del contrato con las respectivas ampliaciones y reiniciaciones no estaban acreditadas, por cuanto los documentos correspondientes no fueron allegados con la solicitud de conciliación y no fueron practicados como pruebas en el trámite conciliatorio. En ese sentido, manifestó que en el procedimiento de aprobación del acuerdo conciliatorio no era admisible surtir una etapa probatoria o decretar pruebas de oficio de manera posterior a su suscripción, siendo causal 13 Índice 22 ibídem.Radicado:25000-23-36-000-2021-00287-01(67998) Convocante: ENTERRITORIO expresa de improbación la ausencia de pruebas necesarias que sustenten el acuerdo extrajudicial. Añadió que la decisión no vulneraba el acceso a la administración de justicia porque las partes contaban con las acciones judiciales ordinarias. Además, fueron concedidos los recursos de apelación formulados por ENTERRITORIO y el IPSE, al encontrar cumplidos los requisitos legales de procedencia, oportunidad y sustentación de los mismos. En consecuencia, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para lo de su competencia.

Il. CONSIDERACIONES

ENTERRITORIO y el IPSE, al encontrar cumplidos los requisitos legales de procedencia, oportunidad y sustentación de los mismos. En consecuencia, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para lo de su competencia.

Il. CONSIDERACIONES

1. La normativa aplicable a este asunto Al presente proceso le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de interposición de los recursos de apelación contra el auto que improbó el acuerdo conciliatorio -23 de noviembre de 2021-, las cuales corresponden a las contenidas en el CPACA!%, con las modificaciones realizadas por la Ley 2080 de 202115, así como el CGP, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.

Por otra parte, atendiendo que el trámite de conciliación extrajudicial finalizó el 8 de julio de 2021, según acta de audiencia de la misma fecha, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 23 de 1991, modificada por la Ley 446 de 1998, la Ley 640 de 2001 y el Decreto 1716 de 2009, por ser las normas que regulaban la materia para ese momento". 14 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. 15 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, la vigencia de las modificaciones introducidas al CPACA rigen desde el momento en que se publicó la aludida norma. 16 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil (actualmente Código General del Proceso) en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. 17 Si bien la Ley 2220 de 2022, derogó total o parcialmente la Ley 446 de 1998, la Ley 640 de 200125 y el Decreto 1716 de 2009, como aquella entró a regir el 30 de diciembre de ese mismo año, esto es, después de la celebración del acuerdo conciliatorio objeto de estudio, dicha norma no resulta aplicable al asunto bajo examen.Radicado:25000-23-36-000-2021-00287-01(67998)

Convocante: ENTERRITORIO

2. Jurisdicción competente para ejercer el control judicial de acuerdo conciliatorio De acuerdo con la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional!$, se tiene que al momento de fijar la competencia de una controversia relacionada con un contrato estatal que involucra a una entidad pública de carácter financiero, deben tenerse en cuenta los siguientes derroteros: “ De conformidad con los Autos 835, 836 y 867 de 2021 (entre otros), cuando se

contrato estatal que involucra a una entidad pública de carácter financiero, deben tenerse en cuenta los siguientes derroteros: “ De conformidad con los Autos 835, 836 y 867 de 2021 (entre otros), cuando se demanda a una entidad pública de carácter financiero en relación con contratos suscritos en el marco del giro ordinario de sus negocios, resulta aplicable la excepción del artículo 105 numeral 1 del CPACA y, por tanto, la competencia es de los jueces ordinarios. - A la luz del Auto 005 de 2022, cuando una entidad pública de carácter financiero demande a un particular, también resulta aplicable la excepción del artículo 105 numeral 1 del CPACA, porque "el artículo 105.1 de la Ley 1437 de 2011 no diferencia si la entidad actúa como parte activa o pasiva en el proceso”?. Por ello, la competencia también radica en los jueces ordinarios. -Finalmente, en los términos del Auto 429 de 2022, cuando una entidad pública de carácter financiero demande a otra entidad pública, el conocimiento del asunto corresponde a la justicia de lo contencioso administrativo. Ello, pues el contrato tiene la categoría de “contrato estatal” y, por tanto, resulta irrelevante la verificación de si está relacionado con el giro ordinario de los negocios de la entidad financiera”. Resaltado fuera del texto original. A partir de lo anterior y aplicando analógicamente el anterior criterio al trámite de aprobación de un acuerdo conciliatorio celebrado entre ENTERRITORIO y el IPSE, se advierte que éste se originó por solicitud del FONADE -institución pública de carácter financiero?- toda vez que el IPSE -entidad de naturaleza pública?”-

aprobación de un acuerdo conciliatorio celebrado entre ENTERRITORIO y el IPSE, se advierte que éste se originó por solicitud del FONADE -institución pública de carácter financiero?- toda vez que el IPSE -entidad de naturaleza pública?”- 18 Corte Constituciona!, expediente CJU-5115, auto de 2 de mayo de 2024 A-795/2024, MP. Natalia Ángel Cabo. 18 Original de la cita: Ver Auto 005 de 2022. 20 Aj tenor de lo establecido en el artículo 1° del Decreto 2168 de 1992, por el cual “se reestructuró el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo - FONADE” creado como un establecimiento público del orden nacional por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 3068 de 1968, la entidad pasó a tener la naturaleza "de una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero denominada Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE -— dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, vinculada al Departamento Nacional de Planeación” (se resalta), sujeta a la vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria. Posteriormente, el Decreto 663 de 1993 por medio del cual “se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero” replicó en idénticos términos tal naturaleza y la entidad encargada de su vigilancia y control (artículos 286 a 289). Con posterioridad fue expedido el Decreto 288 de 2004, que modificó la estructura de FONADE, pero conservó su denominación y naturaleza. En tal sentido, en su artículo 1° se estableció que “ej! Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, es una Empresa Industrial y

pero conservó su denominación y naturaleza. En tal sentido, en su artículo 1° se estableció que “ej! Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y vinculada al Departamento Nacional de Planeación y vigilada por la Superintendencia, Bancaria (...)” (se resalta).Radicado:25000-23-36-000-2021-00287-01(67998) Convocante: ENTERRITORIO supuestamente incumplió las obligaciones a su cargo derivadas del Contrato Interadministrativo Derivado No. 2132419, celebrado entre dicha Entidad y FONADE, cuyo objeto era “adelantar en forma conjunta el proyecto “Construcción de los proyectos hidroeléctricos del sur de Nuquí en el departamento del Chocó”, al haber aprobado y viabilizado unos diseños defectuosos e insuficientes que le fueron entregados a FONADE. En consecuencia, como en el presente asunto se discuten aspectos relativos al incumplimiento y la liquidación de dicho contrato y se involucra a una entidad de carácter financiero -FONADEque es quien convoca a otra entidad de naturaleza. pública -IPSE-, entidades que llegaron a un acuerdo mediante el acta de conciliación que suscribieron y en vista de que la aprobación judicial de la conciliación extrajudicial es un trámite propio de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo??, corresponde a esta jurisdicción conocer del control judicial de ese acuerdo.

3. Oportunidad del recurso de apelación Con relación a la oportunidad, se advierte que los recursos de apelación fueron presentados y sustentados ante el tribunal de primer grado el 23 de noviembre de

acuerdo.

3. Oportunidad del recurso de apelación Con relación a la oportunidad, se advierte que los recursos de apelación fueron presentados y sustentados ante el tribunal de primer grado el 23 de noviembre de

20212. Por lo tanto, como la providencia cuya revocatoria se persigue se notificó Asimismo, cobra relevancia lo dispuesto en la Ley 45 de 1990 “por medio de la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones”. que en su artículo 90 establece que “(para los efectos de la presente ley se entiende por instituciones financieras las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, con excepción de los intermediarios de seguros (...)” (se resalta). 21 El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas - IPSE, es un Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Minas y Energía originado con el Decreto 1140 del 29 de junio de 1999, reestructurado mediante Decreto 257 de 2004, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, cuyo objeto es identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas mediante esquemas empresariales eficientes, viables financieramente y sostenibles en el largo plazo, procurando la satisfacción de las necesidades energéticas de las Zonas No Interconectadas, ZNI, apoyando técnicamente a las entidades definidas por el Ministerio de Minas y Energía. 22 Conforme los artículos 23 a 26 de la Ley 640 de 2001 -normativa vigente para el momento que

ZNI, apoyando técnicamente a las entidades definidas por el Ministerio de Minas y Energía. 22 Conforme los artículos 23 a 26 de la Ley 640 de 2001 -normativa vigente para el momento que se surte el trámite bajo estudio-, las conciliaciones en tas que intervenga por lo menos una entidad pública "sólo podrán ser adelantadas ante los agentes del Ministerio Público asignados a [la] Jurisdicción" de lo Contencioso Administrativo, toda vez que, una vez logrado el acuerdo con la intervención de la citada autoridad, el mismo “(...) debe ser aprobad[o] judicialmente con el fin de proteger tanto el orden jurídico como el patrimonio público. Así pues, para que el acuerdo sea vinculante para las partes y haga tránsito a cosa juzgada, el juez contencioso administrativo debe homologarlo; a contrario sensu, el auto mediante el cual se imprueba el acuerdo de conciliación no hace tránsito a cosa juzgada. En este sentido, el juez contencioso administrativo debe velar porque el acuerdo conciliatorio respete el orden jurídico y no resulte lesivo para el patrimonio público”. Corte Constitucional, sentencia C-214 de 2021. 23 Índice 19 y 20 ibídem.Radicado:25000-23-36-000-2021-00287-01(67998) Convocante: ENTERRITORIO por estado el 18 de noviembre de 2021, el término de ejecutoria transcurrió entre los dias 19 y 23 del mismo mes y año”, lo que permite concluir que estos fueron oportunos.

4. Del decreto de pruebas en el trámite de aprobación de una conciliación extrajudicial Esta Sección del Consejo de Estado, de manera reiterada, ha establecido que el

oportunos.

4. Del decreto de pruebas en el trámite de aprobación de una conciliación extrajudicial Esta Sección del Consejo de Estado, de manera reiterada, ha establecido que el juez, para aprobar una conciliación extrajudicial, debe verificar el cumplimiento de

los siguientes requisitos:

1. Que no haya operado el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción (artículo 61 Ley 23 de 1.991, modificado por el art. 81 Ley 446 de 1998).

2. Que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes (artículos 59 Ley 23 de 1991 y 70 Ley 446 de 1998).

3. Que las partes estén debidamente representadas y que tales representantes tengan capacidad para conciliar,

4. Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea violatorio de la ley o no resulte lesivo para el patrimonio público (artículo 65A Ley 23 de 1.991 adicionado por el 73 Ley 446 de 1998 y artículo 60 del Decreto 1818 de 1998).

En cuanto a la fortaleza probatoria que fundamente el acuerdo conciliatorio, esta Corporación ha precisado que la aprobación de una conciliación extrajudicial en materia contenciosa administrativa se encuentra supeditada al hecho de que la misma tenga “soporte probatorio idóneo y suficiente respecto del derecho objeto de controversia, toda vez que, al estar en juego el patrimonio estatal y el interés público, es necesario que al funcionario judicial no le quede duda alguna acerca de que la fórmula conciliatoria resulta provechosa para las partes en conflicto y no atenta contra el erario"2, 24 Índice 18 del aplicativo SAMA! del Tribunal de Origen.

de que la fórmula conciliatoria resulta provechosa para las partes en conflicto y no atenta contra el erario"2, 24 Índice 18 del aplicativo SAMA! del Tribunal de Origen. 25 Los días 20 y 21 de noviembre de 2021 fueron no hábiles. 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 27 de septiembre de 2024, radicado: 71578.Radicado:25000-23-36-000-2021-00287-01(67998) Convocante: ENTERRITORIO Puntualmente frente a las oportunidades probatorias en el trámite de la conciliación extrajudicial, el artículo 8% del Decreto 1716 de 2009 consagra que las pruebas que se pretende hacer valer deberán aportarse con la petición de conciliación. Por su parte, el artículo 25 de la Ley 640 de 2001 indica que, durante la celebración de la audiencia, los interesados podrán aportar las pruebas que estimen pertinentes. Con todo, ambas normativas señalan que el agente del Ministerio Público podrá solicitar que se alleguen nuevas pruebas o se complementen las presentadas por las partes con el fin de establecer los presupuestos de hecho y de derecho para la conformación del acuerdo conciliatorio, las cuales tendrán que aportarse dentro de los veinte días calendario siguientes, bajo sanción de presumir la ausencia de ánimo conciliatorio. En ese contexto, resulta evidente que las pruebas que deberá valorar el operador jurídico para efectuar el control de legalidad del acuerdo conciliatorio logrado extrajudicialmente, serán aquellas que se allegaron en las oportunidades probatorias antes señaladas, lo que descarta que los medios de convicción

jurídico para efectuar el control de legalidad del acuerdo conciliatorio logrado extrajudicialmente, serán aquellas que se allegaron en las oportunidades probatorias antes señaladas, lo que descarta que los medios de convicción puedan aportarse en una etapa posterior a la celebración del acuerdo objeto de revisión judicial.

5. Caso concreto 5.1. En el presente asunto, el despacho advierte que con los recursos de apelación formulados por las partes contra el auto que improbó el acuerdo conciliatorio, la entidad convocante aportó “todos los documentos contractuales” y, especialmente, las modificaciones al contrato estatal celebrado, las suspensiones y prórrogas del mismo, con el fin de acreditar que no se produjo la caducidad del medio de control de controversias contractuales. Por su parte la parte convocada, solicitó que se ordenará a ENTERRITORIO y/o a la Procuraduría allegar los documentos faltantes que permitieran justificar y respaldar el estudio de legalidad

del Acuerdo Conciliatorio”. En ese orden, resulta evidente que las solicitudes probatorias presentadas en los recursos de apelación formulados por las partes el 23 de noviembre de 2021, fueron elevadas con posterioridad a la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial (12 de febrero de 2021) y a la celebración de la audiencia en la que 10Radicado:25000-23-36-000-2021-00287-01(67998) Convocante: ENTERRITORIO las partes suscribieron el acuerdo objeto de control judicial (8 de julio de 2021), lo que impone que estas deban ser negadas por extemporáneas. No obstante lo anterior, se procederá a estudiar la posibilidad de incorporar los

las partes suscribieron el acuerdo objeto de control judicial (8 de julio de 2021), lo que impone qu