CE - Auto interlocutorio 25000234100020160234603 de 2025

Radicado: 25000-23-41-000-2016-02346-03 (73117)

Demandante: Yeison Duarte Colorado y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Referencia: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO Radicación: 25000-23-41-000-2016-02346-03 (73117)

Demandante: YEISON DUARTE COLORADO Y OTROS

Demandada: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DEERECHO Y OTROS Asunto: Nulidad procesal El despacho resuelve la solicitud de nulidad formulada por la parte demandante.

I. ANTECEDENTES

1. El 29 de noviembre de 2016', Yeison Duarte Colorado y Juber Fabian Parra Vasquez, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparacion de perjuicios causados a un grupo presentaron demanda contra la Nacion — Ministerio de Justicia y del Derecho (en adelante el Ministerio), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) con el fin de que se declare a las demandadas patrimonialmente responsables por los perjuicios causados por el hacinamiento penitenciario y carcelario que padecen las personas privadas de la libertad en los “Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional del INPEC”.

2. A través de sentencia del 13 de marzo de 2025?, el Tribunal Administrativo de

penitenciario y carcelario que padecen las personas privadas de la libertad en los “Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional del INPEC”.

2. A través de sentencia del 13 de marzo de 2025?, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, decisión frente a la cual el Ministerio, el INPEC, la Agencia Nacional de Defensa Juridica del 1 Índice 1, SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 2 Índice 138, ibídem. 3 Índice 142, ibídem. 4 Índice 146, ibidem.Radicado: 25000-23-41-000-2016-02346-03 (73117) Demandante: Yeison Duarte Colorado y otros Estado (en adelanta ANDJE)Í y la parte demandante®, interpusieron recurso de apelación.

3. Por auto del 28 de abril de 2025”, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resolvió, entre otros asuntos®, no conceder -por extemporáneoel recurso de apelación formulado por el grupo actor (numeral segundo) y conceder los que fueron presentados por el Ministerio, el INPEC y la ANDJE (numeral tercero).

4. El 8 de mayo de 20259, la parte demandante formuló y sustentó recurso de reposición y en subsidio el de queja contra el numeral segundo del auto de 28 de abril de 2025, al considerar que la apelación por ella presentada fue oportuna. Mediante proveído del 13 de junio de 2025", el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión y por auto del 28 de agosto de 2025, el Consejo de Estado estimó bien denegado el recurso de apelación presentado por la parte actora contra

proveído del 13 de junio de 2025", el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión y por auto del 28 de agosto de 2025, el Consejo de Estado estimó bien denegado el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia proferida el 13 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por cuanto su presentación fue extemporánea.

5. Mediante proveído de 18 de julio de 2025?, este despacho admitió los recursos de apelación formulados por el Ministerio, el INPEC y la ANDJE contra la sentencia de primera instancia.

6. El 28 de julio de 2025, la parte demandante elevó solicitud de nulidad procesal al considerar que la sentencia de primera instancia no está en consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda, porque “ignoró, sin explicación alguna, los perjuicios morales pretendidos” y se abstuvo de dictar medidas pecuniarias para 5 Indice 143 a 145, ibídem. $ Índice 148, ibídem. 7 Índice 150, ibídem. 8 En la providencia recurrida el tribunal dispuso: “PRIMERO.- RECHAZAR por improcedente el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio de Justicia y del Derecho, conforme a la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- NO CONCEDER el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del grupo actor contra la sentencia proferida el 13 de marzo de 2025, por extemporáneo. TERCERO.- CONCEDER el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ANDJE, y del Instituto Nacional

TERCERO.- CONCEDER el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ANDJE, y del Instituto Nacional Penitenciario y Carlario, INPEC, de acuerdo con lo expuesto en este proveído”. 9 Índice 154, ibidem. Recurso complementado mediante memorial de 25 de junio de 2025, indice 167, ibidem. 10 Índice 161, ibidem. 11 Índice 5, SAMAI del Consejo de Estado, Rad. 25000-23-41-000-2016-02346-04 (73118). 12 Índice 3, SAMAI del Consejo de Estado, Rad. 25000-23-41-000-2016-02346-03 (731 17). 13 Índice 10, ibidem.Radicado: 25000-23-41-000-2016-02346-03 (73117) Demandante: Yeison Duarte Colorado y otros reparar el daño. De manera que, con ello, se vulneró el principio de congruencia, el derecho al debido proceso! y el de acceso a la administración de justicia? Además, consideró que la decisión se “aparta de precedentes del Consejo de Estado y la Corte Constitucional”. En esa secuencia, solicitó declarar la nulidad de la sentencia proferida 13 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

7. Por medio de fijación en lista del 15 de agosto de 2025", la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación corrió traslado de la solicitud de nulidad a los demás sujetos procesales por el término de tres días.

8. A través de memoriales del 20 de agosto de 2025'®, el Ministerio solicitó negar la

Tercera de esta Corporación corrió traslado de la solicitud de nulidad a los demás sujetos procesales por el término de tres días.

8. A través de memoriales del 20 de agosto de 2025'®, el Ministerio solicitó negar la nulidad por las siguientes razones: i) el grupo actor no invocó ninguna de las causales taxativas consagradas en el artículo 133 del CGP; ii) el extremo activo dejó vencer la oportunidad para apelar la sentencia, que resultaba ser el mecanismo adecuado para presentar las inconformidades en contra de la decisión de primera instancia y; iii) en la parte considerativa (numeral 3.1.) y resolutiva (numeral tercero) de la sentencia el a quo se pronunció sobre los perjuicios morales y medidas pecuniarias deprecadas.

9. Por su parte el INPEC, mediante memorial del 21 de agosto de 2025, solicitó rechazar por improcedente el incidente en consideración a que: i) cualquier nulidad originada en la sentencia de primera instancia debió alegarse oportunamente a través del recurso de apelación; ii) la parte accionante no invocó una causal de nulidad frente a la sentencia que pudiera determinar alguna irregularidad específica y; iti) las argumentaciones de la parte activa se remiten a establecer meros inconformismos contra la decisión de negar las pretensiones de orden pecuniario.

IL CONSIDERACIONES Resulta oportuno precisar que, si bien las partes pueden invocar la configuración de nulidades en el trámite judicial, su declaratoria procederá -únicamenteen los eventos 14 Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, artículo 55; Código General del Proceso, artículos 280 y 281. 15 Artículo 29 Superior. 18 Artículo 229 Superior.

14 Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, artículo 55; Código General del Proceso, artículos 280 y 281. 15 Artículo 29 Superior. 18 Artículo 229 Superior. 17 Índice 11, ibídem. 18 Indice 13 y 14, ibídem. 19 Indice 15, ibidem.Radicado: 25000-23-41-000-2016-02346-03 (73117) Demandante: Yeison Duarte Colorado y otros que prevé el artículo 29 de la Constitución Política de 1991 y el artículo 133 del CGP?, cuando: i) el juez actúa en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia; ii) el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia; iii) se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión o se reanuda antes de la oportunidad debida; iv) se presenta una indebida representación de alguna de las partes o quien actúa como su apoderado judicial carece integramente de poder; v) se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas; vi) se omite la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado; vii) la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación y; viii) no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que

de apelación y; viii) no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. En el caso concreto, la parte demandante fundamentó su petición de nulidad en que la sentencia de primera instancia no está en consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda, porque “ignoró, sin explicación alguna, los perjuicios morales pretendidos” y se abstuvo de dictar medidas pecuniarias para reparar el daño, lo que a juicio del grupo actor implica la vulneración al principio de congruencia (artículo 55 de la Ley 270 de 1996 y 280 y 281 del C.G.P.), al derecho al debido proceso (artículo 29 de la C.N.), al acceso a la administración de justicia (artículo 229 C.N.) y el desconocimiento del precedente constitucional y administrativo. Para resolver se tiene que el artículo 135 del CGP dispone: 20 Al presente proceso le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda de reparación directa -29 de noviembre de 2016-, las cuales corresponden a las contenidas en el CPACA -con las modificaciones establecidas en la Ley 2080 de 2021así como a las disposiciones del CGP, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.Radicado: 25000-23-41-000-2016-02346-03 (73117)

Demandante: Yeison Duarte Colorado y otros

primero de los estatutos mencionados.Radicado: 25000-23-41-000-2016-02346-03 (73117) Demandante: Yeison Duarte Colorado y otros “Requisitos para alegar la nulidad. La parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla. La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo podrá ser alegada por la persona afectada. El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación.” (énfasis añadido). De conformidad con la norma transcrita, la parte que alegue una nulidad debe expresar de manera concreta la causal invocada so pena de que el operador judicial rechace de plano la solicitud. Pese a ello, en este caso, el apoderado del grupo actor omitió señalar, puntualmente, cual es la causal conjurada y se limitó a enunciar, de manera general, una violación del principio de congruencia, del derecho al debido proceso, del derecho de acceso a la administración de justicia y el desconocimiento del precedente, lo que impone al despacho rechazar de plano la solicitud.

manera general, una violación del principio de congruencia, del derecho al debido proceso, del derecho de acceso a la administración de justicia y el desconocimiento del precedente, lo que impone al despacho rechazar de plano la solicitud. Sin perjuicio de lo anterior, esta judicatura estima que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 13 de marzo de 2025 no ha incurrido en irregularidad procesal alguna por las razones que se explican a continuación: Contrario a lo sostenido por la parte demandante, el fallo cuestionado se pronunció sobre los perjuicios morales y medidas pecuniarias para reparar el daño. Al efecto, en la parte resolutiva de la sentencia -numeral tercero-, el a quo dispuso expresamente “NEGAR las pretensiones pecuniarias de la demanda y, en consecuencia, se dispone ESTAR a lo resuelto por la Corte Constitucional en las sentencias T — 153 de 1998, T — 388 de 2013, T— 762 de 2015, SU122 de 2022 y SU-— 068 de 2023”. En sustento de esa determinación, en las consideraciones de ese proveído el tribunal señaló lo siguiente: “3.1. El daño alegado por el grupo actor se sustenta en el Estado de Cosas inconstitucional (ECI) del Sistema Carcelario y Penitenciario. Se trata de un hecho notorio en nuestro país: desde 1998 la Corte Constitucional ha declarado la existencia de un ECI en Tas prisiones' y en ‘el sistema penitenciario y carcelario’ en las sentencias T - 153 de 1998, T388 de 2013, T762 de 2015, SU— 122 de 2022 y SU - 068 de

de un ECI en Tas prisiones' y en ‘el sistema penitenciario y carcelario’ en las sentencias T - 153 de 1998, T388 de 2013, T762 de 2015, SU— 122 de 2022 y SU - 068 de 5Radicado: 25000-23-41-000-2016-02346-03 (73117) Demandante: Yeison Duarte Colorado y otros 2023, reconocimiento que por sus dimensiones y repercusiones sociales es suficientemente conocido. Sin perjuicio de lo precedente, ni el EC] reiterado en las sentencias antes referidas ni_las pruebas que obran en el expediente permiten acreditar otras manifestaciones incorporadas por la parte actora al daño que alega distinto al hacinamiento. LJ En el presente caso, no hay lugar a dictar medidas pecuniarias que reparen el daño a bienes y derechos constitucional y convencionalmente protegidos, específicamente la dignidad humana de los miembros del grupo actor por las siguientes razones. La Corte Constitucional, en virtud de la reiteración del estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, dictó medidas dirigidas a la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, las cuales satisfacen razonablemente el criterio de suficiencia con respecto a una problemática de carácter estructural como la que se pone de presente en este caso. Las órdenes de la Corte Constitucional estuvieron animadas por la búsqueda de las mejores opciones en relación con la problemática que surge y se vive en las cárceles y penitenciarias del país, consideradas sus particulares causas, lo cual, según precisó, debía abarcar todos los niveles de acción del aparato estatal para que, en forma coordinada, se protejan

problemática que surge y se vive en las cárceles y penitenciarias del país, consideradas sus particulares causas, lo cual, según precisó, debía abarcar todos los niveles de acción del aparato estatal para que, en forma coordinada, se protejan adecuadamente los derechos de las personas privadas de libertad. Esto es, la circunstancia de que el único daño acreditado en el presente caso se encuentre circunscrito a la reclamación de facetas esenciales del derecho a la dignidad humana de los internos que conforman el grupo actor, en especial los recluidos en el establecimiento La Picota, conduce a que la Sala concluya que las medidas dictadas por la Corte Constitucional sean suficientes para la satisfacción de dicho propósito. Se advierte que no resulta procedente ninguna indemnización pecuniaria pues, de un lado, el grupo actor no acreditó un daño adicional al hacinamiento carcelario originado en el ECI declarado por la Corte Constitucional y las medidas dispuestas por dicho tribunal constituyen el medio más adecuado para garantizar la no repetición. En virtud de lo anterior, la Sala se abstendrá de adoptar medidas no pecuniarias y, en consecuencia, dispondrá estar a lo resuelto por la Corte Constitucional en las sentencias T— 153 de 1998, T — 388 de 2013, T762 de 2015, SU122 de 2022 y SU — 068 de 2023. , Finalmente, la Sala precisa que si bien en ocasiones anteriores ha dispuesto la indemnización de personas privadas de la libertad en condición de hacinamiento, la presente providencia se emite en los anteriores términos atendiendo a las recientes posturas de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado (sentencia de unificación)”. Énfasis fuera del texto.

presente providencia se emite en los anteriores términos atendiendo a las recientes posturas de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado (sentencia de unificación)”. Énfasis fuera del texto. Bajo ese contexto, para el despacho resulta claro que lo afirmado por el apoderado grupo actor en la solicitud de nulidad no corresponda a la realidad, en consideración a que la sentencia de primera instancia dedicó todo un capítulo al examen de la reparación del daño para concluir que no resultaba procedente ninguna indemnización pecuniaria.Radicado: 25000-23-41-000-2016-02346-03 (73117) Demandante: Yeison Duarte Colorado y otros En todo caso, si el extremo activo consideraba que, efectivamente, existió una omisión al resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, lo que procedía no era solicitar la nulidad del fallo, sino su adición por medio de sentencia complementaria, en los términos del artículo 2872! del CGP. De igual forma, si lo que buscaba era cuestionar la decisión adoptada por el Tribunal para que el superior la revocara o modificara, la parte actora debió interponer y sustentar oportunamente el recurso de apelación respectivo. No obstante, la impugnación formulada por el grupo actor contra la sentencia proferida el 13 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue denegada por extemporánea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 322 del CGP y en la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado”. En efecto, el despacho advierte que las razones que fundamentan la solicitud de

con lo dispuesto por el artículo 322 del CGP y en la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado”. En efecto, el despacho advierte que las razones que fundamentan la solicitud de nulidad son típicos cargos de instancia, en donde se evidencia que la parte accionante lo que pretende es una nueva discusión de los hechos, consideraciones y valoraciones realizadas por el juez en la sentencia de primera instancia que lo llevaron a concluir, al momento de resolver el litigio de fondo, que en el caso concreto no resultaba procedente ninguna indemnización pecuniaria. En ese mismo sentido, se advierte que lo que pretende la parte accionante es la protección de sus derechos e intereses a partir de su negligencia o descuido, situación que se encuentra proscrita por el ordenamiento jurídico bajo el bocardo Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Por lo anterior, se concluye que el memorialista so pretexto de una violación del principio de congruencia, del derecho al debido proceso, del derecho de acceso a la administración de justicia y desconocimiento del precedente, pretende reabrir el debate procesal a través de un incidente de nulidad, cuando es evidente que dejó vencer el plazo para solicitar la adición de la sentencia o formular recurso de apelación frente a lo resueito por el tribunal en el falio de primera instancia, lo que resulta a todas luces improcedente. 21 “Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad”. :

litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad”. : 22 Sentencia de unificación del 14 de noviembre de 2024, radicado: 69376. 7Radicado: 25000-23-4 1-000-2016-02346-03 (73117) Demandante: Yeison Duarte Colorado y otros Finalmente, tampoco se puede pasar por alto que si el interesado pretendía promover la nulidad de la sentencia tenía la carga procesal de proponerla al momento de llevar a cabo la primera actuación luego de que le fue notificada esa decisión, pues de no hacerlo, la nulidad se considera saneada, en los términos del artículo 136 del C.G.P. Por consiguiente, de haberse configurado una de las causales nulidad que - taxativamente consagra el ordenamiento jurídico, lo cierto es que la parte demandante - - actuó -presentó recurso de apelaciónsin proponer la nulidad, de tal forma que por ello, en todo caso, habría operado el saneamiento de esta. En mérito de lo expuesto, se ll. RESUELVE RECHAZAR DE PLANO la solicitud de nulidad planteada por la parte demandante, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Consejero de Es

P22/HÍBRIDO/C/1Cd