CE - Auto interlocutorio 25000234100020180018102 de 2025

Radicado: 25000-23-41-000-2018-00181-02 (72298)

Demandante: Andri Julieth Hurtado Domínguez y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: 25000-23-41-000-2018-00181-02 (72298)

Actor: ANDRI JULIETH HURTADO DOMÍNGUEZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN

SOCIAL

Medio de control: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO Asunto: Resuelve recurso de apelación

La Sala resuelve el recurso de ap elación formulado por la parte demandante contra el auto proferido el 16 de octubre de 2024 por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual rechazó la demanda en consideración a que el grupo actor no corrigió las falencias advertidas en providencia del 7 de febrero de 2024.

I. ANTECEDENTES

1. El 15 de febrero de 20181, los señores Andri Julieth Hurtado Domínguez y otros, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de repar ación de perjuicios causados a un grupo, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social , para que se le declare patrimonialmente responsable por los perjuicios causados por la

de repar ación de perjuicios causados a un grupo, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social , para que se le declare patrimonialmente responsable por los perjuicios causados por la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano (en adelante VPH) a todas las mujeres que fueron inmunizadas cuando eran menores de edad, a partir del 23 de marzo de 2013 hasta la fecha de presentación de la demanda, así como por los perjuicios causados a los padres de quienes fueron vacunadas.

1 Folio 1-10 C.1.Radicado: 25000-23-41-000-2018-00181-02 (72298)

Demandante: Andri Julieth Hurtado Domínguez y otros

2. Por medio de proveído del 25 de octubre de 2018 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda 2, al encontrar que no fueron subsanados los defectos advertidos en el auto inadmisorio de 30 de abril de

2018.

3. En el trámite de apelación contra la anterior decisión , esta Subsección mediante providencia del 27 de mayo de 2022 3, revocó el rechazo de la demanda y devolvió el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que continuara el trámite correspondiente respecto de la admisión de la demanda4.

4. Mediante providencia de 24 de noviembre de 2023 5, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió nuevamente la demanda para que fueran corregidas

las siguientes falencias:

“(i) No fueron aportados todos los pode res de las personas indicadas como

de Cundinamarca inadmitió nuevamente la demanda para que fueran corregidas las siguientes falencias:

“(i) No fueron aportados todos los pode res de las personas indicadas como integrantes del grupo en el acápite ‘IV. CRITERIOS PARA IDENTIFICAR A TODOS LOS INTEGRANTES DEL GRUPO ’, por lo que estos deben ser revisados y allegados, junto con los documentos adicionales que correspondan, y que acrediten la legitimación en la causa por activa que se invoca.

(ii) Con base en los poderes otorgados a los citados profesionales del derecho para la presentación del medio de control de la referencia, se debe relacionar en el escrito de la demanda, todos los poderdantes con información de sus nombres, documentos de identidad y domicilios, conforme lo previsto por el numeral 2° del artículo 52 de la Ley 472 de 1998, puesto que si bien fueron indicados los nombres y edades de las menores que se presentan como gr upo determinado afectado, no se relacionó dicha información, además que entre los

2 Folio 201-203 C.2. 3 Folio 222-227 C.2. 4 El auto que resolvió la alzada precisó:“[A]unque las condiciones particulares de cada uno d e los demandantes pueden ser disimiles, por ejemplo, lugar y fecha de aplicación de la vacuna, tipo de efectos adversos, lote y laboratorio del fármaco; lo cierto es que la supuesta causa que originó el daño en cada uno de ellos es la misma y consistió en la vacunación contra el VPH en mujeres que para el momento de la aplicación eran menores de edad, por p arte del Ministerio de Salud y Protección Social a partir del 23 de marzo de 2013 y hasta la fecha de presentación de la demanda. […]

que para el momento de la aplicación eran menores de edad, por p arte del Ministerio de Salud y Protección Social a partir del 23 de marzo de 2013 y hasta la fecha de presentación de la demanda. […] Por último, el despacho pone de presente que el parágrafo del artículo 53 de la Ley 472 de 1998 dispone que en el auto admisorio se deberá valorar la procedencia de la acción de grupo, no solo en los términos que lo hizo el Tribunal a -quo, esto es, en cuanto a la conformació n del grupo, su posible identificación y la causa común, sino que también debió analizar los demás pres upuestos procesales exigibles para el ejercicio del medio de control, como la oportunidad en su presentación”.

5 Folio 230-231 C.2.Radicado: 25000-23-41-000-2018-00181-02 (72298)

Demandante: Andri Julieth Hurtado Domínguez y otros

poderes allegados al expediente, se encuentran de los conferidos por los padres de las mismas, sin que se hallan relacionado según la normativa señalada”.

5. El 12 de diciem bre de 2023 6, el grupo actor presentó memorial con el propósito de corregir el escrito inicial. Al efecto, relacionó el nombre, documento de identidad y domicilio de las personas que actuando en nombre propio o en nombre propio y en representación de sus hijas, confirieron poder para promover la presente demanda. Además, enlistó los nombres y en algunos casos la edad, de las “mujeres vacunadas directamente”.

6. El 7 de febrero de 2024 7, el Tribunal a quo inadmitió nuevamente la demanda para que la parte a ctora reali zara las siguientes precisiones respecto de los

de las “mujeres vacunadas directamente”.

6. El 7 de febrero de 2024 7, el Tribunal a quo inadmitió nuevamente la demanda para que la parte a ctora reali zara las siguientes precisiones respecto de los poderes otorgados y los documentos que soportan dichos mandatos:

“[L]os poderes de las personas integrantes del grupo accionante, deberán ser otorgados precisando con claridad y de forma concreta el otorgante del mandato, la calidad en la cual lo otorga y el objeto del mandato respecto de la demanda impetrada, esto es, si se otorga en su calidad de padres en representación de la menor considerada afectada, o de los padres en nombre propio, y si la pretensión indemnizatoria se solicita para la menor y/o para los progenitores. […]

Respecto de las menores relacionadas por el apoderado judicial de los actores, como afectadas e integrantes del grupo, revisado el plenario, no se encuentran en el expedien te los registros civiles de nacimiento de i) Marisol Meneses Vásquez, ii) María José García Peñaloza, iii) Virginia García Peñaloza, y iv) Wendy Lorena Navas, de las cuales se aportaron poderes otorgados por sus padres en su representación, y cuyos documentos son necesarios para acreditar la calidad de progenitores que alegan. De manera, que se deberán allegar los mismos, para los efectos citados. […]

En cuanto al poder otorgado por la señora Aracely Judith Arroyo, no se especifica la calidad en la cual se otorga el mismo, ni se señala el nombre de menor alguna, en cuyo nombre represente, o respecto de la cual se considera afectada, y por tal motivo se solicite indemnización a través de la acción de la

especifica la calidad en la cual se otorga el mismo, ni se señala el nombre de menor alguna, en cuyo nombre represente, o respecto de la cual se considera afectada, y por tal motivo se solicite indemnización a través de la acción de la referencia, por lo cual se deberá constituir el corresp ondiente mandato especificando tales aspectos, y adjuntando el registro civil de nacimiento que respalde ello”.

7. Contra la anterior decisión , la parte demandante interpuso recurso de reposición el 15 de febrero de 2024 8, que se negó por improcedente mediante

6 Folio 233-240 C.2. 7 Folio 242-245 C.2. 8 Folio 248 C.2.Radicado: 25000-23-41-000-2018-00181-02 (72298)

Demandante: Andri Julieth Hurtado Domínguez y otros

auto del 8 de julio de 20249, en razón a que el auto inadmisorio no es susceptible de recursos (artículo 90 del CGP).

8. El 11 de julio de 2024 el extremo activo presentó memorial con el objeto de corregir el escrito inicial 10. Al efecto sostuvo que los poderes que se anexaron respetaron las reglas que regulan el otorgamiento del mandato y la capacidad de las personas, por lo que la demanda debía ser admitida. Advirtió que, en todo caso, por virtud de la flexibilización de los procesos es posible subs anar las deficiencias del poder en otras etapas para garantizar el acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva de los integrantes del grupo.

En cuanto a los registros civiles manifestó que la mora judicial -han transcurrido

deficiencias del poder en otras etapas para garantizar el acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva de los integrantes del grupo.

En cuanto a los registros civiles manifestó que la mora judicial -han transcurrido más de seis años desde que se confirieron los poderes - impidió contactar a los padres de las menores, por lo que solicitó admitir el medio de control y permitir aportar dichos documentos en el transcurso del proceso.

Finalmente, puso de presente que el a quo revivió arbitrariamente la etapa de calificación de la demanda, ya que esta Subsección revocó el rechazo del escrito inicial, por lo que el Tribunal se encontraba obligado a su admisión. Sin embargo, el a quo inadmitió en dos oportunidades más el libelo intr oductorio por “las mismas razones ya abordadas por el superior, además de añadir nuevos argumentos de inadmisión en cada ocasión” , con lo que desconoció los derechos al debido proceso (legalidad – non bis in ídem), a que se decida en un plazo razonable, al acceso a la administración de justicia, a una tutela judicial efectiva y a la confianza legítima como manifestación del derecho a la seguridad jurídica, que prohíbe la arbitrariedad o el exceso por parte de los poderes públicos.

9. Mediante providencia d e 16 de octubre de 2024 11, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda porque no se corrigieron las falencias advertidas en el auto de 7 de febrero de 2024. En esa providencia precisó que el Consejo de Estado , en el auto de 27 de mayo de 2 022, no dispuso la admisión de plano de la demanda sino la continuación del trámite respecto de otros

advertidas en el auto de 7 de febrero de 2024. En esa providencia precisó que el Consejo de Estado , en el auto de 27 de mayo de 2 022, no dispuso la admisión de plano de la demanda sino la continuación del trámite respecto de otros

9 Folio 256-259 C.2. 10 Folio 261-263 C.2. 11 Folio 265-269 C.2.Radicado: 25000-23-41-000-2018-00181-02 (72298)

Demandante: Andri Julieth Hurtado Domínguez y otros

aspectos de ley que debían ser valorados para esos efectos. En consecuencia, el Tribunal al advertir un defecto que no había señalado en el auto de 24 de noviembre de 2023, inadmitió nuevamente la demanda (auto de 7 de febrero de 2024) para que fuera rectificada en debida forma, a fin de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia efectiva, sin que con ello se haya revivido la etapa de c alificación de la demanda. La anterior decisión se notificó por estado el 18 de octubre de 202412.

10. El 22 de octubre de 2024 13, el grupo actor formuló recurso de apelación contra la anterior decisión para deprecar que, en su lugar, se admitiera la demanda. En ese sentido, cuestionó el rechazo de la demanda por segunda vez con ocasión de la inadmisión reiterada del escrito inicial por parte del Tribunal por aspectos meramente formales , a pesar de que fue subsanada en “tres” ocasiones y que el Consejo de Es tado revocó un rechazo anterior. Alegó que dichas circunstancias desconocen los principios de preclusión de las etapas

por aspectos meramente formales , a pesar de que fue subsanada en “tres” ocasiones y que el Consejo de Es tado revocó un rechazo anterior. Alegó que dichas circunstancias desconocen los principios de preclusión de las etapas procesales, de prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades y de confianza legítima , al tiempo que se vulneraron los derecho s al acceso a la administración de justicia, a una tutela judicial efectiva y al debido proceso de los accionantes. Señaló que conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en casos similares , se debe priorizar la resolución de fondo sobre las exigencias formales, que de manera indebida obstaculizan el curso del proceso.

11. Por auto del 3 de diciembre de 202414, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió el recurso de apelación y ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado para lo de su cargo.

II. CONSIDERACIONES

1. Normativa aplicable

El parágrafo 2 del artículo 243 del CPACA 15, adicionado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, dispuso que en los procesos e incidentes regulados por otros

12 Folio 265-269 C.2. 13 Folio 274-276 C.2. 14 Folio 279 C.2.Radicado: 25000-23-41-000-2018-00181-02 (72298)

Demandante: Andri Julieth Hurtado Domínguez y otros

estatutos procesales -como es el caso de la reparación de perjuicios causados a un grupo - y en el proceso ejecutivo, la apelación procede y se tramita de conformidad con las normas especiales que los regulan.

estatutos procesales -como es el caso de la reparación de perjuicios causados a un grupo - y en el proceso ejecutivo, la apelación procede y se tramita de conformidad con las normas especiales que los regulan.

Si bien la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación di spuso mediante el auto del 6 de agosto de 2020 16 que la integración normativa en la pretensión de reparación de perjuicios causados a un grupo debía efectuarse con el CPACA y que las normas procesales civiles solo serían aplicables en los casos en que esa n ormativa no regulara la materia, a partir de la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021 el legislador estableció que el régimen jurídico a aplicar en ese punto correspondía al establecido en la normativa especial que se ocupaba de esos trámites, por lo que tal criterio jurisprudencial no resulta aplicable a los asuntos sometidos al último estatuto mencionado.

En tal virtud, como el recurso de apelación bajo análisis se formuló el 22 de octubre de 2024, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 2 del artíc ulo 243 del CPACA -reformadoy en el artículo 68 de la Ley 472 de 1998, la procedencia y el trámite de la impugnación sub lite se rige por la Ley 472 de 1998 y en lo no regulado en ella por el CGP, sin perjuicio, además, de que el CPACA se aplique en lo no regulado en ambas normas.

Aunado a lo anterior, es necesario anotar que la jurisprudencia de esta Corporación17 también ha señalado que, en vigencia del CPACA, a los procesos adelantados en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios

Aunado a lo anterior, es necesario anotar que la jurisprudencia de esta Corporación17 también ha señalado que, en vigencia del CPACA, a los procesos adelantados en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, se les aplica de manera directa lo previsto en este cuerpo normativo en lo que atañe: i) a las características del medio de control; ii) a la jurisdicción y competencia y; iii) al término para ejercer el derecho de acción.

15 “Artículo 243. Apelación [modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021]. […] Parágrafo 2°. En los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el proceso ejecutivo, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan. En estos casos el recurso siempre deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término previsto para recurrir [...]” [aclaración añadida]. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, auto del 6 de agosto de 2020, expediente No. 64.778, C.P. María Adriana Marín. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 23 de octubre de 2020, expediente No. 66.042, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.Radicado: 25000-23-41-000-2018-00181-02 (72298)

Demandante: Andri Julieth Hurtado Domínguez y otros

2. La procedencia y oportunidad del recurso de apelación y la competencia de la Sala para resolverlo

Demandante: Andri Julieth Hurtado Domínguez y otros

2. La procedencia y oportunidad del recurso de apelación y la competencia de la Sala para resolverlo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 321 -1 del CGP 18, el recurso de apelación es procedente, dado que se cuestionó el auto que rechazó la demanda.

Por otra parte, en los términos del artículo 150 del CPACA 19, modificado por el artículo 615 del CGP, esta Corporación conoce en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra los a utos proferidos por los tribunales administrativos, respecto de l os cuales resulte procedente este medio de impugnación.

Asimismo, según lo señalado en el literal g) del artículo 125 -2 del CPACA 20, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, la Sala es competente en el presente caso, dado que la providencia a dictar decidirá el recurso de apelación interpuesto en contra del auto que rechazó la demanda.

De igual forma , se advierte que e l recurso de apelación interpuesto y sustentando el 22 de oc tubre de 2024 21, resulta oportuno, toda vez que la providencia impugnada se notificó por estado el 18 de octubre de 2024 22 y, por ende, el término previsto el artículo 322 del CGP23, transcurrió entre el 21 y 23 del mismo mes y año24.

18 “Artículo 321. Procedencia. Son apelables las sentencias de primera i nstancia, salvo las que se dicten en equidad. También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: 1.

mismo mes y año24.

18 “Artículo 321. Procedencia. Son apelables las sentencias de primera i nstancia, salvo las que se dicten en equidad. También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: 1. El que rechace la demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellas. [...]”. 19 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación [modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consej o de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia po r los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresp onda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.. (…)” (aclaración añadida). 20 “Artículo 125. De la expedición de providencias [modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021]. La expedición de las providencias se sujetará a las siguientes reglas: (...)

2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas; (…)” (aclaración añadida). 21 Folio 274-276 C.2. 22 Folio 265-269 C.2. 23 “Artículo 322. Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propondrá de acuerdo con

21 Folio 274-276 C.2. 22 Folio 265-269 C.2. 23 “Artículo 322. Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propondrá de acuerdo con las siguientes reglas: [...] La apelación contra la prov idencia que se dicte fuera de audiencia deberá interponerse ante el juez que la dictó, en el acto de su notificación personal o por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación por estado [...] 3. En el caso de la apelación de autos, el apelante deberá sustentar el recurso ante el juez que dictó la providencia, dentro de los tres (3) día s siguientes a su notificación, o a la del auto que niega la reposición. Sin embargo,Radicado: 25000-23-41-000-2018-00181-02 (72298)

Demandante: Andri Julieth Hurtado Domínguez y otros

3. Problema jurídico

Para desatar el recurso de apelación, corresponde a la Sala determi nar si los defectos advertidos por el a quo en el auto inadmisorio del 7 de febrero de 2024, respecto de los poderes otorgados y los documentos que soportan dichos mandatos, eran exigibles en la etapa de admisión de la demanda. En caso de que la respuesta al anterior cuestionamiento sea afirmativa, la Sala deberá establecer si las falencias señaladas por el Tribunal fueron corregidas oportunamente y, en consecuencia, procedía la admisión de la demanda.

4. De los principios que rigen los procesos ante la ju risdicción de lo contencioso administrativo

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011, los

4. De los principios que rigen los procesos ante la ju risdicción de lo contencioso administrativo

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011, los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso a dministrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos re conocidos en la Constitución Política y en la ley, así como la preservación del orden jurídico. En consonancia el artículo 11 de la Ley 1564 de 2012 señala que al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial.

Las anteriores referencias normativas, en armonía con los artículos 22825 y 22926 de la Carta Política, consagra n la prev alencia del derecho sustancial sobre el formal, esto es, que el j uzgador, a efecto de garantizar el debido acceso a la administración de justicia, debe hacer prevalecer el derecho sustancial, así como los principios de favorabilidad e interpretación integral y coherente de la demanda, evitando así el exceso de ritual 27. Lo anterior no significa que los

cuando la decisión apelada haya sido pronunciada en una audiencia o diligencia, el recurso podrá sustentarse al momento de su interposición. Resuelta la reposición y concedida la apelación, el apelante, si lo considera necesario, podrá agregar nuevos argumentos a su impugnación, dentro del plazo señalado en este numeral [...]”. 24 Los días 19 y 20 de octubre de 2024 fueron días no hábiles. 25 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que

24 Los días 19 y 20 de octubre de 2024 fueron días no hábiles. 25 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la le y y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”. 26 “Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acced er a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”. 27 “El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto puede entenderse, en términos generales, como el apego estricto a las reglas procesal es que obstaculizan la materialización deRadicado: 25000-23-41-000-2018-00181-02 (72298)

Demandante: Andri Julieth Hurtado Domínguez y otros

operadores jurídicos puedan automáticamente desconocer las formas o procedimientos o aplicarlos sin la debida diligencia, ni que las partes del proceso estén eximidas de cumplir con las cargas procesales que técnica y legal mente le corresponden, en tanto las normas procesales constituyen los instrumentos o medios para hacer efectivo el derecho material28.

En otras palabras, el juez no puede desconocer las normas procesales, toda vez que el carácter fundamental del derecho d e acceso a la administración de justicia no excluye que este deba ejercerse de un modo reglado y ajustándose a ciertas regulaciones que garantizan simultáneamente su efectividad y armonización con otros valores fundamentales del ordenamiento jurídico 29, sino

justicia no excluye que este deba ejercerse de un modo reglado y ajustándose a ciertas regulaciones que garantizan simultáneamente su efectividad y armonización con otros valores fundamentales del ordenamiento jurídico 29, sino que implica que el juez debe utilizar todas las herramientas legales disponibles a efectos de que la parte cumpla con ellas y no sacrificar así el derecho por las formalidades previstas en la ley30.

5. De los requisitos para la admisión de la demanda en el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo y las consecuencias del incumplimiento

La Ley 472 de 1998 establece los requisitos que la demanda debe observar para que proceda su admisión. Estos están relacionados con el cumplimiento de los presupuestos encaminados a que la litis pueda resolverse de fondo, en el marco

los derechos sustanciales, la búsqueda de la verdad y la adopción de decisiones judiciales justas. En otras palabras, por la ciega obediencia al derecho procesal, el funcionario judicial abandona su rol como garant e de la normatividad sustancial, para adoptar decisiones desproporcionadas y manifiestamente incompatib les con el ordenamiento jurídico. Bajo este supuesto, la validez de la decisión adoptada judicialmente no solo se determina por el cumplimiento estricto de las reglas procesales, sino que además depende de la protección de los derechos sustanciales. Por ello, ha sostenido la Corte, el sistema procesal moderno no puede utilizarse como una razón válida para negar la satisfacción de tales prerrogativas, en la medida que la existencia de las reglas procesales se justifica a partir del contenido material que propenden”. Corte Constitucional. Sentencia SU-061 de 2018.

utilizarse como una razón válida para negar la satisfacción de tales prerrogativas, en la medida que la existencia de las reglas procesales se justifica a partir del contenido material que propenden”. Corte Constitucional. Sentencia SU-061 de 2018. 28 Al respecto, el artículo 13 del Código General del Proceso dispone: “Observancia de normas procesales. Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley. Las estipulaciones de las partes que establezcan el agotamiento de requisitos de procedibilidad para acceder a cualqu ier operador de justicia no son de obligatoria observancia. El acceso a la justicia sin haberse agotado dichos requisitos convencionales, no constituirá incumplimiento del negocio jurídico en donde ellas se hubiesen establecido, ni impedirá al operador de justicia tramitar la correspondiente Las estipulaciones de las partes que contradigan lo dispuesto en este artículo se tendrán por no escritas. 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, auto del 29 de abril de 2015, radicación No. 20001-33-33-000-2014-00073-01(52249). 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 3 de marzo de 2016, radicación 05001-23-33-000-2013-01457-01(0569-14).Radicado: 25000-23-41-000-2018-00181-02 (72298)

Demandante: Andri Julieth Hurtado Domínguez y otros

de las garantías procesales de las partes y de los terceros, sin afectar, en todo caso, el derecho de acceso a la administración de justicia de quienes presentan a los jueces los litigios para obtener una solución31.

Según lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 472 de 1998 la demanda mediante la cual se persiga acceder a la jurisdicción formulando pretensio nes relativas a una acción de grupo, deberá reunir los requisitos establecidos en el CGP o en el CPACA32, según el caso, y además contendrá: i) el nombre del apoderado o apoderados, anexando el poder legalmente conferido; ii) la identificación de los poderdantes, señalando sus nombres, documentos de identidad y domicilio; iii) el estimativo del valor de los perjuicios que se hubieren ocasionado por la eventual vulneración; iv) si no fuere posible proporcionar el nombre de todos los individuos de un mismo grupo, expresar los criterios para identificarlos y definir el grupo; v) la identificación del demandado; vi) la justificación sobre la procedencia de la acción de grupo en los términos de los artículos 3º y 49 de esa ley; vii) los hechos de la demanda y las pruebas que se pretendan hacer valer dentro del proceso.

En consonancia, el auto inadmisorio deberá valorar la procedencia de la acción de grupo en los términos de los artículos 3º y 47 de la Ley 472 de 199833, que se refieren a la conformación del grupo por personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una causa común y a la oportunidad para promover la acción.

Adicionalmente, deberán ser aportados los anexos previstos en el artículo 166

refieren a la conformación del grupo por personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una causa común y a la oportunidad para promover la acción.

Adicionalmente, deberán ser aportados los anexos previstos en el artículo 166 del CPACA, en consonancia con lo definido en el artículo 89 del CGP,

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, auto del 30 de octubre de 2013, radicación No. 25000-23-36-000-2013-00436-01(48067). 32 En este punto es importante precisar que , como la demanda se formuló el 15 de febrero de 2018, la normativa aplicable para e