CE - Auto interlocutorio 25000234100020190048401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 25000-23-41-000-2019-00484-01

Demandante: William Maldonado París y otro Demandado: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Hábitat Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Terminación de existencia legal de sociedad en liquidación forzosa administrativa.

Decisión: Negar solicitud de adición del auto que confirmó el rechazo de la demanda.

AUTO INTERLOCUTORIO

Corresponde a la Sala resolver la solicitud de adición formulada por la parte actora respecto del auto dictado por esta Sección el 22 de febrero de 20241, por medio del cual se confirmó la decisión de rechazar la demanda de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. William Maldonado París y Rodrigo Maldonado París interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 2 contra la Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Hábitat, con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución núm. 004 del 26 de octubre de 2018, por medio de la cual el Agente Liquidador “declara la terminación de la existencia legal de la sociedad SIMAH

LTDA, EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, NIT 900149501 -4”. Como

Agente Liquidador “declara la terminación de la existencia legal de la sociedad SIMAH LTDA, EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, NIT 900149501 -4”. Como restablecimiento del derecho solicitaron que se condene a la demandada a pagar a los demandantes la suma de veintidós mil cuatrocientos cuarenta y siete millones de pesos moneda corriente ($ 22’44 7.000.000), a título de indemnización por daño emergente causado.

1.1.2. Mediante providencia de 13 de agosto de 2020, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda en aplicación del artículo 169 del CPACA, tras concluir que el acto demandado es de ejecución y por ende no es susceptible de control judicial. En la providencia se refirió que a través de la Resolución núm. 512 del 6 de mayo de 2014 la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá ordenó la liquidación forzosa administrativa de los negocios, bienes y haberes de la sociedad SIMAH LTDA y, después de adelantado el proceso liquidatario, el agente liquidador José Andrés Ríos Vega expidió la Resolución núm. 004 del 26 de octubre de 2018 aquí demandada, en la cual se ordenó la cancelación del registro mercantil . Por ello, el a quo señaló que es ta última decisión constituyó un acto de ejecución, de

1 Visible a índice 15 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. 2 De que trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA.Radicado: 25000-23-41-000-2019-00484-01

Demandante: William Maldonado París y Otro

2 De que trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA.Radicado: 25000-23-41-000-2019-00484-01

Demandante: William Maldonado París y Otro

Demandado: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Hábitat

conformidad con el artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010. En consecuencia, advirtió que el acto demandado no creó, modificó ni extinguió ninguna situación administrativa.

1.1.3. La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que argumentó que el acusado no era un acto de ejecución, puesto que, contrario a lo señalado por el Tribunal, sí creó una situación nueva y definitiva frente a la parte actora que hacía procedente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho . A su juicio, no era posible declarar la terminación de la existencia de la sociedad de la cual ellos eran socios sin que dentro del proceso de liquidación se hubieran incluido en el inventario todos los valores que efectivamente debían haberse reconocido y pagado y sin t ener en cuenta la existencia de reclamaciones pendientes.

1.1.4. Mediante auto de 22 de febrero de 2024 la Sección Primera resolvió: (i) declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero de Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes; y (ii) confirmar la decisión de rechazar la demanda de la referencia, adoptada en el auto de 13 de agosto de 2020 apelado.

La Sección adoptó dicha decisión tras indicar que la argumentación expuesta en la demanda y en el recurso de apelación evidenciaba que los actores en realidad

adoptada en el auto de 13 de agosto de 2020 apelado.

La Sección adoptó dicha decisión tras indicar que la argumentación expuesta en la demanda y en el recurso de apelación evidenciaba que los actores en realidad pretendían controvertir los actos administrativos que ordenaron la toma de posesión para liquidar la sociedad y calificaron y graduaron acreencias, los cuales, sin embargo, no fueron demandados en esta actuación . Por ello, en la providencia se determinó que existía proposición jurídica incompleta pues, ante la eventual declaración de nulidad del acto acusado, se mantendrían incólumes los actos frente a los cuales los demandantes formularon sus inconformidades. Igualmente, se dijo que estaría configurada la falta de legitimación en la causa por activa, al no existir relación entre, de una parte, el acto administrativo cuya nulidad se solicita, y de otra, lo argumentado en el concepto de violación y/o lo solicitado como restablecimiento del derecho, pues esto último apunta a decisiones administrativas distintas a la aquí demandada.

Además, en el auto se ratificó que el acto administrativo acusado no creó ni definió situación jurídica alguna frente a la parte actora que l a habilitara para demandar en nulidad y restablecimiento de derecho. E llo, por cuanto los actos dictados en el marco de un proceso de liquidación forzosa administrativa que sí son susceptibles de control judicial corresponden a aquel por el cual se ordena la toma de posesión, se designa al liquidador, o se decide sobre la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos, y lo cierto es que en el acusado no se adoptó ninguna de estas determinaciones.

liquidador, o se decide sobre la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos, y lo cierto es que en el acusado no se adoptó ninguna de estas determinaciones.

En consecuencia, la Sección concluyó que la parte demandante formuló demanda inepta, en los términos del numeral 5 del artículo 100 del CGP, por proposición jurídica incompleta, circunstancia que hacía imposible conocer del fondo del asunto.

II. LA SOLICITUD DE ADICIÓN

Mediante memorial del 5 de marzo de 20243, los demandantes solicitaron la adición del auto del 22 de febrero de 2024 . Para fundamentar la petición refirieron que en dicha providencia la Sala reconoció que el acto demandado no era de ejecución. A su juicio, con ello “la Sala eliminó la causal objetiva de rechazo in limine de la demanda declarada por el A quo, por tanto, no existe ineptitud sustantiva de la demanda.”4

3 Visible a índice 19 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. 4 Página 6 ibídem.Radicado: 25000-23-41-000-2019-00484-01

Demandante: William Maldonado París y Otro

Demandado: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Hábitat

Seguidamente, los demandantes reprocharon que en la providencia se hubiere declarado la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda, prevista en el numeral 5 del artículo 100 del CGP, pues en este caso se trata de un proceso judicial que no ha iniciado. En ese sentido, plante aron que los reparos advertidos frente a la demanda podían subsanarse a través de los mecanismos previstos en el CPACA.

que no ha iniciado. En ese sentido, plante aron que los reparos advertidos frente a la demanda podían subsanarse a través de los mecanismos previstos en el CPACA.

En el contexto anotado, la parte demandante planteó su petición en los siguientes términos:

En hilo con lo previamente expuesto, se observa que la Sala - omitió valorar -: 1) la excepción previa denominada – inepta demanda – no tipifica ni constituye casual (sic) de rechazo in limine de la demanda de conformidad con el artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 2) los mecanismos procesales: - a) inadmisión, b) y subsanación, c) reforma de la demanda, d) respuesta a excepciones previas dispuestas al tenor del Art. 175 ibidem, e) saneamiento del proceso-, dispuesto por el legislador a efectos de subsanar cualquier falencia en los valores o sumas contenidas en la tabla de los perjuicios – constitutivo del factor competencia - o yerro en los requisitos formales de la demanda, 3) omitió el deber de surtir el trámite del artículo 171 ibidem, evaluar el trámite que permita la materialización de la tutela judicial efectiva, 4) la delimitación al pronunciamiento de la segunda instancia, tal y como lo dispone el artículo 328 del Código General del Proceso, apli cable por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues se emitió pronunciamiento sobre el fondo de la demanda cuando aún no se ha surtido las etapas previas; puntos todos y cada uno q ue de conformidad con la ley deben ser objeto de pronunciamiento dada la relación directa con el derecho fundamental a la administración

pronunciamiento sobre el fondo de la demanda cuando aún no se ha surtido las etapas previas; puntos todos y cada uno q ue de conformidad con la ley deben ser objeto de pronunciamiento dada la relación directa con el derecho fundamental a la administración de justicia, entendido como: “la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previam ente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”: y agrega el máximo tribunal constitucional: ‘Este derecho constituye un pilar fundamental del Estado Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma parte del núcleo esencial del debido proceso.”

Lo anterior en conexidad con el artículo 103 del CPACA que dispone:

"Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico (…)

Más cuando en el presente asunto los demandantes se reiteran ostenta la condición jurídica de – Acreedores Laborales – acreencia que gozan de prelación tanto en nuestra legislación como en los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

III. CONSIDERACIONES

3.1. El artículo 287 del Código General del Proceso - CGP, aplicable por la remisión que autoriza el artículo 306 del CPACA, dispone lo siguiente sobre la adición de providencias:

constitucionalidad.

III. CONSIDERACIONES

3.1. El artículo 287 del Código General del Proceso - CGP, aplicable por la remisión que autoriza el artículo 306 del CPACA, dispone lo siguiente sobre la adición de providencias:

Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentenciaRadicado: 25000-23-41-000-2019-00484-01

Demandante: William Maldonado París y Otro

Demandado: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Hábitat

complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal. (Subrayas de la Sala).

Al respecto, valga decir que la adición es un correctivo jurídico que permite al juez, a través de una providencia complementaria, adoptar la decisión que omitió pronunciar y que legalmente le correspondía emitir , sin que pueda acudirse a este mecanismo para impugnar las decisiones judiciales.

través de una providencia complementaria, adoptar la decisión que omitió pronunciar y que legalmente le correspondía emitir , sin que pueda acudirse a este mecanismo para impugnar las decisiones judiciales.

3.2. En el asunto sub examine sea lo primero señalar q ue la solicitud de adición formulada por la parte actora se radicó oportunamente, habida cuenta de que el auto de 22 de febrero de 2024 se notificó el 29 del mismo mes y año5 y la solicitud que ocupa la atención de la Sala fue presentada el 5 de marzo de 20246.

Como fundamento de dicha solicitud, la parte demandante indicó, en síntesis, que en el auto de 22 de febrero de 2024 la Sala (i) no tuvo en cuenta que la excepción de inepta demanda no es causal de rechazo de la demanda; (ii) pasó por alto que existen mecanismos procesales para sanear las falencias en los requisitos formales de la demanda; (iii) omitió surtir el trámite del artículo 171 del CPACA, y (iv) emitió un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia a pesar de que no se habían surtido las etapas del proceso que correspondía agotar.

3.3. Ahora bien, según se explicó, en el auto de 24 de febrero de 2024 la Sección Primera de esta corporación resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra del auto mediante el cual la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda , al considerar esta última que el acto demandado no era susceptible de ser enjuiciado ante la jurisdicción contenciosa administrativa por ser un acto de ejecución.

Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda , al considerar esta última que el acto demandado no era susceptible de ser enjuiciado ante la jurisdicción contenciosa administrativa por ser un acto de ejecución.

De acuerdo con los antecedentes reseñados, la controversia en segunda instancia tenía como objeto definir si el acto administrativo por medio del cual un agente liquidador declaró terminada la existencia legal de la sociedad SIMAH Ltda. dentro de un proceso de liquidación forzosa administrativa era susceptible de control jurisdiccional por parte de los demandantes, quienes invocaron su calidad de socios y acreedores laborales de la mencionada sociedad.

En el auto de 24 de febrero de 2024 la Sección confirmó la decisión de rechazar la demanda en consideración a que el contenido y alcance de la demanda evidenció que con ella en realidad se pretendía la nulidad de los actos administrativos que ordenaron la toma de posesión para liquidar la sociedad y calificaron y graduaron acreencias, los

5 Visible en el índice 17 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. 6 Visible en el índice 19 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.Radicado: 25000-23-41-000-2019-00484-01

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cuales, sin embargo, no fueron demandados en esta actuación. Por esta razón , se determinó que existía proposición jurídica incompleta habida cuenta de la incongruencia existente entre los fundamentos de derecho y el concepto de la violación frente al acto del cual se pretende la nulidad.

Seguidamente, en la providencia se ratificó que “que el acto administrativo acusado no

existente entre los fundamentos de derecho y el concepto de la violación frente al acto del cual se pretende la nulidad.

Seguidamente, en la providencia se ratificó que “que el acto administrativo acusado no crea ni define alguna situación jurídica frente a la parte actora que le habilite para demandar en nulidad y restablecimiento de derecho”7. En ese sentido, se explicó que los actos administrativos dictados en el marco de un proceso de liquidación forzosa administrativa que sí son susceptibles de control judicial corresponden a aquel por el cual se ordena la toma de posesión, se designa al liquidador, o se decide sobre la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos. Con todo, la declaratoria de la cancelación de la existencia legal de la sociedad SIMAH LTDA, impartida en el resuelve del acto acusado, no se corresponde con ninguna de esas decisiones, de manera que “ el acto demandado no contiene una nueva manifestación de voluntad administrativa ni está creando una o más situación(es) jurídica(s) nueva(s) a los aquí demandantes, como tampoco excede el alcance de lo dispuesto 512 del 6 de mayo de 2014, 001 de septiembre 19 de 2014 y 002 de diciembre 16 de 2014” 8. Bajo esa línea se concluyó lo siguiente:

Por lo anterior, si bien la Sala no comparte la conclusión del a quo según la cual el acto acusado es un acto de ejecución, lo cierto es que tampoco le asiste razón a los recurrentes cuando afirman que la resolución 004 de 26 de octubre de 2018 creó para ellos una situación jurídica distinta de la generada a partir de las r esoluciones dictadas dentro del proceso liquidatorio. Por tal razón, al examinar el contenido de la demanda

ellos una situación jurídica distinta de la generada a partir de las r esoluciones dictadas dentro del proceso liquidatorio. Por tal razón, al examinar el contenido de la demanda presentada frente al acto que declara la terminación de la existencia de la soc iedad en trámite de liquidación forzosa, es claro que la parte actora, conformada por socios de la sociedad intervenida y liquidada, han presentado demanda inepta, en los términos del numeral 5 del artículo 100 del CGP, por proposición jurídica incompleta, que hace imposible conocer del fondo del asunto.

A la luz de lo antes examinado, es claro que en la providencia dictada por la Sala se abordó y decidió el problema jurídico planteado en la segunda instancia, de tal suerte que no es válido afirmar que en ella se haya omitido la resolución de ninguno de lo s puntos formulados por el demandante en el recurso de apelación ni ningún otro que de acuerdo con la ley debiera ser objeto de pronunciamiento.

En este sentido, es preciso señalar que los argumentos expuestos en la solicitud de adición presentada buscan que se vuelva a examinar la validez de las razones que fundamentaron el rechazo de la demanda. En efecto, lo que advierte la Sala es que el escrito que se presenta como una solicitud de “adición” de una providencia, en realidad contiene argumentos de inconformidad con lo decidido en ella, constituyendo en últimas un recurso contra la decisión.

Al respecto debe recordarse que la figura de la adición de autos o sentencias no puede ser utilizada como un medio para reabrir el debate judicial ya concluido, pues su finalidad se limita exclusivamente a corregir omisiones o imprecisiones materiales dentro de la

Al respecto debe recordarse que la figura de la adición de autos o sentencias no puede ser utilizada como un medio para reabrir el debate judicial ya concluido, pues su finalidad se limita exclusivamente a corregir omisiones o imprecisiones materiales dentro de la providencia. En consec uencia, acudir a esta institución con el propósito de revivir la controversia procesal o propiciar un nuevo examen del fondo del asunto equivaldría a desnaturalizar su esencia y a convertirla, de manera improcedente, en una s uerte de tercera instancia no prevista por el ordenamiento jurídico.

7 Página 27 del auto de 22 de febrero de 2024, visible en el índice 15 de SAMAI. 8 Ibidem.Radicado: 25000-23-41-000-2019-00484-01

Demandante: William Maldonado París y Otro

Demandado: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Hábitat

En consecuencia, la Sala advierte que la solicitud formulada por la parte demandante no se ajusta a la naturaleza ni a la finalidad de la figura procesal invocada y que tampoco se configuró omisión alguna atribuible a la Sala que justifique la procedencia de la adición solicitada. Por tal razón, se negará.

3.4. Finalmente, e n atención al memorial obrante en la anotación núm. 22 de SAMAI, correspondiente a la sustitución del poder inicialmente otorgado por la parte actora al doctor Rodrigo Azriel Maldonado Paris , el despacho reconocerá como apoderada sustituta de la parte demandante a la abogada Gladys Olga García Barón , en los términos y para los fines de la sustitución del poder efectuada y de conformidad con el artículo 75 del CGP.

sustituta de la parte demandante a la abogada Gladys Olga García Barón , en los términos y para los fines de la sustitución del poder efectuada y de conformidad con el artículo 75 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de adición del auto del 22 de febrero de 2024, presentada por la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origenTERCERO: RECONOCER a la abogada Gladys Olga García Barón como apoderada judicial de la parte actora, en los términos y para los fines de la sustitución del poder que obra en el índice 22 de SAMAI.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 11 de diciembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.