CE - Auto interlocutorio 25000234100020220027801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación núm.: 25000-23-41-000-2022-00278-01

Demandante: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. LEC S.A.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Auto que da aplicación a la doctrina del acto aclarado

Encontrándose el proceso para proferir sentencia de segunda instancia, se advierte que: i) con la demanda se pretende la nulidad de las Resoluciones números 51763 de 17 de agosto de 20211 y 69684 de 27 de octubre de 20212, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca nominativa “LEE EASY RIDERS”, para distinguir productos de la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) en el acápite de la demanda denominado “[…] NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN […]”, se invocó la vulneración, entre otras normas, del literal g) del artículo 135 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20003 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sesión de 13 de marzo de 20234, determinó que: “[…] El acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sesión de 13 de marzo de 20234, determinó que: “[…] El acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.

[…]”.

Dicho Tribunal publicó la nota de prensa núm. 01-2023/TJCA de 13 de marzo de 20235, en la cual señaló:

“[…] La interpretación prejudicial es un instrumento de cooperación entre el juez nacional y el TJCA que tiene por objeto garantizar que las normas andinas se interpreten y apliquen de manera coherente y uniforme en todos los Países Miembros de la Comunidad Andina.

En las sentencias adoptadas el día de hoy6, el Tribunal destaca que, cuando una norma ha sido interpretada con anterioridad, el juez nacional no está

1 “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 2 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 “[…] Régimen Común sobre Propiedad Industrial […]”. 4 En la que se profirieron las Interpretaciones Prejudiciales emitidas en los procesos 391 -IP-2022, 350-IP2022, 261-IP-2022 y 145-IP-2022, publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena (GOAC) números 5146 y 5147. 5 Consulta: https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2020/08/NotadePrensadelActoAclarado.pdf.

6 391-IP-2022, 350-IP-2022, 261-IP-2022 y 145-IP-2022.2

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2022-00278-01

Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. Lec S.A.

obligado a solicitar que esa misma norma se vuelva a interpretar, pues su contenido y alcance ya ha sido aclarado.

Los criterios jurídicos interpretativos que determinan cuándo se está ante un acto aclarado y cuáles son los deberes y facultades de los jueces nacionales, son los siguientes:

a) El acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de creación del TJCA y en el artículo 123 de su Estatuto.

b) Por virtud del acto aclarado, en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una norma del derecho andino, no estará obligado a solicitar interpretación prejudicial al TJCA si es que este ya ha interpretado dicha norma con anterioridad en una interpretación prejudicial publicada en la GOAC.

c) La obligatoriedad (del juez nacional de solicitar la consulta prejudicial) prevista en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de creación del TJCA y en el artículo 123 de su Estatuto se mantiene y se aplica cuando:

(i) El TJCA no ha emitido interpretación prejudicial respecto de la norma andina que va a aplicar el juez nacional;

(ii) El TJCA ha emitido interpretación prejudicial respecto de una o más normas andinas pero no respecto de otra u otras, todas ellas aplicables a la misma

que va a aplicar el juez nacional;

(ii) El TJCA ha emitido interpretación prejudicial respecto de una o más normas andinas pero no respecto de otra u otras, todas ellas aplicables a la misma controversia, caso en el cual se efectuará la consulta respecto de las que no;

(iii) Si bien el TJCA ha emitido interpretación prejudicial previa, el juez nacional considera imperativo que la corte andina precise, amplíe o modifique el criterio jurisprudencial contenido en dicha interpretación prejudicial; o,

(iv) Si bien el TJCA ha emitido interpretación prejudicial previa, el juez nacional tiene preguntas insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la norma andina interpretada, y que deben ser aclaradas para resolver con mayor precisión e idoneidad la controversia inmersa en el proceso nacional.

El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, conforme al principio de economía procesal, tiene las siguientes ventajas para los usuarios del sistema andino de solución de controversias:

a) Evitará la formulación de consultas y la emisión de interpretaciones prejudiciales, repetitivas, sin desconocer la posibilidad de que el TJCA precise, amplíe o modifique un criterio jurisprudencial, cuando corresponda;

b) Los procesos judiciales nacionales en los que se debe aplicar o se controvierta el derecho andino se resolverán con mayor rapidez;

c) El TJCA emitirá las interpretaciones prejudiciales en plazos menores a los actuales; y,

d) El TJCA resolverá con mayor celeridad los otros procesos judiciales.3

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2022-00278-01

actuales; y,

d) El TJCA resolverá con mayor celeridad los otros procesos judiciales.3

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2022-00278-01

Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. Lec S.A.

[…]”. (negrilla fuera del texto).

De lo anterior se colige que: i) las solicitudes de interpretación prejudicial son de carácter obligatorio para el juez nacional de única o última instancia 7 y ii) en aplicación de la “doctrina del acto aclarado”, dicha solicitud de interpretación no es obligatoria si la norma comunitaria ya ha sido interpretada en algún pronunciamiento publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena -en adelante GOAC-.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expidió el Acuerdo 06 de 7 de julio de 2023 8, sobre los lineamientos de carácter orientativo para la aplicación de la “doctrina del acto aclarado”, en el cual indicó:

“[…] En ese sentido, el juez nacional debe analizar detenidamente si corresponde, en primer lugar, aplicar una o más normas andinas a un caso particular. Posteriormente, deberá determinar si se mantiene o no la obligación de solicitar una interpretación pre judicial al TJCA en aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, lo que incluye el análisis sobre si están o no presentes los cuatro supuestos en los que se mantiene la obligatoriedad de formular una nueva consulta. Si luego de ese análisis, el juez nacional decide aplicar un acto aclarado, deberá identificarlo con claridad y precisión en la providencia judicial correspondiente, y aplicarlo debidamente al momento de emitir sentencia.

de formular una nueva consulta. Si luego de ese análisis, el juez nacional decide aplicar un acto aclarado, deberá identificarlo con claridad y precisión en la providencia judicial correspondiente, y aplicarlo debidamente al momento de emitir sentencia.

Al efecto, el Tribunal sugiere que el juez nacional observe la denominada «regla de los 4 pasos», de conformidad con lo siguiente:

[…]”.

En el presente asunto se advierte que:

7 En atención a lo dispuesto en el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA. 8 “[…] Guía para la Aplicación del Criterio Jurídico Interpretativo del Acto Aclarado en las Solicitudes de Interpretación Prejudicial […]”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5241 de 10 de julio de 2023.4

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2022-00278-01

Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. Lec S.A.

1. En la demanda se invocaron como transgredidos el literal g)9 del artículo 135 y el literal a)10 del artículo 136 de Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad

Andina.

2. Los anteriores literales fueron objeto de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los procesos: (i) 344-IP-2022 de 11 de abril de 2023, publicada en la GOAC No. 5154 de 12 de abril de 2023 (literal g) del artículo 135) y (ii) 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2023, publicada en la GOAC No. 5147 de 13 de marzo de 2023 (literal a) del artículo 136).

1. y (ii) 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2023, publicada en la GOAC No. 5147 de 13 de marzo de 2023 (literal a) del artículo 136).

3. Los criterios jurídicos contenidos en las interpretaciones prejudiciales mencionadas supra refieren a los siguientes temas específicos: (i) signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común ; y (ii) irregistrabilidad de signos por identidad o similitud , r iesgo de confusión directo, indirecto y de asociación, similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa y reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

4. El caso sub examine no se encuentra dentro de alguno de los cuatro (4) supuestos de consulta obligatoria según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reseñados previamente.

Por lo expuesto, se dará aplicación a la “doctrina del acto aclarado” a través de los pronunciamientos comunitarios indicados en el numeral 2, motivo por el cual no se solicitará interpretación prejudicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria,

RESUELVE:

PRIMERO: DAR aplicación a la doctrina del acto aclarado, en lo relacionado con la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del presente proceso.

SEGUNDO: Con el fin de efectuar el análisis de la s normas comunitarias que se requieren y en particular del literal g) del artículo 135 y del literal a) del artículo 136

dentro del presente proceso.

SEGUNDO: Con el fin de efectuar el análisis de la s normas comunitarias que se requieren y en particular del literal g) del artículo 135 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, se aplicarán los criterios jurídicos contenidos en las Interpretaciones Prejudiciales proferidas dentro de los procesos 344-IP-2022 de 11 de abril de 2023 y 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2023.

9 “[…] No podrán registrarse como marcas los signos que: […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […]” 10 “[…] No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.5

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2022-00278-01

Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. Lec S.A.

TERCERO: En firme la presente providencia, DEVOLVER el expediente al Despacho para proveer lo que en derecho corresponda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Consejero de Estado

para proveer lo que en derecho corresponda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.