CE - Auto interlocutorio 25000234100020230162101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación número: 25000-23-41-000-2023-01621-01

Actora: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA RECURRIDA. NO HAY

LUGAR A SUSPENDER LOS EFECTOS DEL ACTO DEMANDADO TODA

VEZ QUE EN ESTA ETAPA PROCESAL NO SE EVIDENCIA LA

VIOLACIÓN D EL DEBIDO PROCESO DE LA ACTORA AL NO

REALIZARSE EL TEST DEL MONOPOLISTA HIPOTÉTICO EN LOS

TÉRMINOS INDICADOS O NO HABERSE ELABORADO UN NUEVO

ESTUDIO DE SUSTITUIBILIDAD DE LA DEMANDA.

AUTO INTERLOCUTORIO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. , contra el auto de 2 de mayo de 20241, proferido por la Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 2, que denegó la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución núm. 7156 de 21 de junio de 2023, expedida por la COMISIÓN DE

REGULACIÓN DE COMUNICACIONES -CRC.

1 El expediente subió por reparto al Despacho el 4 de julio de 2025.

núm. 7156 de 21 de junio de 2023, expedida por la COMISIÓN DE

REGULACIÓN DE COMUNICACIONES -CRC.

1 El expediente subió por reparto al Despacho el 4 de julio de 2025. 2 En adelante, el TRIBUNAL.2

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I-. ANTECEDENTES

I.1.- La sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. , a través de apoderado, promovió demanda ante el Tribunal, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 13 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 3, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 7156 de 21 de junio de 2023, “Por la cual se modifica la lista de mercados relevantes contenidas en los Anexos 3.1. y 3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones”, expedida por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE

COMUNICACIONES - CRC.

II.- SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL

La parte actora, en escrito separado de la demanda , solicitó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución núm. 7156 de

II.- SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL

La parte actora, en escrito separado de la demanda , solicitó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución núm. 7156 de 21 de junio de 2023, por trasgredir lo previsto en los artículos 29 de la Constitución Política ; 3° del CPACA ; y 3.1.2.2. de la Resolución 5050 de 10 de noviembre de 20164.

3 En adelante CPACA. 4 “Por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación Comunicaciones”.3

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Manifestó que la demandada vulneró el derecho al debido proceso, toda vez que expidió la resolución acusada sin realizar el test monopolista hipotético establecido en el artículo 3.1.2.2. de la Resolución 5050 de 2016 , en especial respecto del mercado mayorista portador.

Señaló que la demandada no tuvo en cuenta que para identificar los mercados minoristas y mayoristas de telecomunicaciones y determinar los servicios que componen cada uno de los mercados, debía, previo a realizar el test del monopolista hipotético, efectuar un análisis de sustituibilidad de la demanda.

Afirmó que dentro del proceso de expedición de la norma acusada la

determinar los servicios que componen cada uno de los mercados, debía, previo a realizar el test del monopolista hipotético, efectuar un análisis de sustituibilidad de la demanda.

Afirmó que dentro del proceso de expedición de la norma acusada la Superintendencia de Industria y Comercio emitió concepto en el que advirtió a la demandada que debía aplicar el test monopolista hipotético para identificar cómo se comportaban los mercados minoristas ante variaciones en el precio de los servicios portadores, esto a efectos de determinar la necesidad de redefinir el alcance geográfico del servicio mayorista portador.

Indicó que la Superintendencia de Industria y Comercio también recomendó incluir en la parte considerativa del acto demandado la justificación del cambio aplicado en la determinación de los mercados4

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relevantes asociados al servicio portador en Colombia, con fundamento en los artículos 5° y 6° de la Resolución 2058 de 24 de febrero de 20095, situación que no ocurrió.

Adujo que si bien el concepto expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio no es vinculante para la autoridad demandada, sus recomendaciones se fundaron en disposiciones que s í eran de obligatorio cumplimiento al momento de expedir el acto demandado so pena de trasgredir el derecho al debido proceso.

Industria y Comercio no es vinculante para la autoridad demandada, sus recomendaciones se fundaron en disposiciones que s í eran de obligatorio cumplimiento al momento de expedir el acto demandado so pena de trasgredir el derecho al debido proceso.

III-. FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante auto de 2 de mayo de 2024, denegó la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, por los siguientes motivos:

Señaló que de la revisión de la Resolución núm. 7156 de 21 de junio de 2023, se desprendía que la demandada expuso las razones por las cuales se apartaba de las recomendaciones efectuadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez que los análisis de sustituibilidad que se realizaron en el año 2017 y el estudio sobre los servicios que componen el mercado no arrojaron nuevas

5 “Por la cual se establecen los criterios y las condiciones para determinar mercados relevantes y para la existencia de posición dominante en dichos mercados y se dictan otras disposiciones”.5

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alternativas a las ya identificadas, por lo que no existían elementos para realizar el test monopolista hipotético que echaba de menos la actora.

Adujo que la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE

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alternativas a las ya identificadas, por lo que no existían elementos para realizar el test monopolista hipotético que echaba de menos la actora.

Adujo que la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES - CRC aplicó el test de los criterios previsto en el artículo 3.1.2.3 de la Resolución 5050 de 2016, bajo dos supuestos a saber: (i) en el análisis se determinaba si un mercado debe ser sujeto de una regulación “ex ante ”, y (ii) el test monopolista hipotético sólo debe ser aplicado cuando se pretende determinar un mercado relevante en su dimensión de producto, pero no en su dimensión geográfica.

Sostuvo que no se evidenciaba la trasgresión al debido proceso alegada por la parte actora, toda vez que, según lo establecido en el artículo 3.1.2.5 de la Resolución 5050 de 2016, la demandada podía determinar cuáles de los mercados relevantes identificados requerían una regulación "ex ante”.

Afirmó que la parte actora tampoco acreditó que exist iera peligro para la efectividad de la sentencia o que los efectos de esta fuesen nugatorios, en caso de no accederse a la medida.6

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Manifestó que para resolver sobre el fondo del asunto se requería

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Manifestó que para resolver sobre el fondo del asunto se requería hacer un análisis más profundo del acto administrativo demandado, sus antecedentes administrativos y los argumentos expuestos por las partes con miras a determinar si la Resolución núm. 7156 de 21 de junio de 2023 fue expedida contrariando las disposiciones invocadas como violadas.

Finalmente, indicó que de los argumentos expuestos por la parte actora no se evidenciaba la existencia de un perjuicio irremediable que diera lugar a acceder a la medida cautelar solicitada.

IV-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

IV.1.- La sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra el auto de 2 de mayo de 2024, con el propósito de que se revoque el proveído recurrido, toda vez que, a su juicio, debe de cretarse la medida cautelar solicitada.

Señaló que la demandada no podía justificar la violación de su reglamento en lo establecido en un estudio del año 2017, habida cuenta que el mercado de las telecomunicaciones es dinámico y cambiante.7

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cambiante.7

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Afirmó que la resolución demandada no fue debidamente motivada, por cuanto no publicó todos los soportes técnicos en el proceso de adopción de la regulación de carácter general ni efectuó el llamado test del monopolista hipotético, conforme con lo previsto en el artículo 6º de la Resolución 2058 de 2009.

Insistió en que la realización del test del monopolista hipotético no es un instrumento facultativo sino obligatorio para expedir el acto demandado.

Reiteró que pese a que el concepto expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio no es vinculante para la demandada, sus recomendaciones se fundaron en disposiciones que s í eran de obligatorio cumplimiento al momento de expedir el acto demandado so pena de trasgredir el derecho al debido proceso.

Explicó que no era cierto que la demandada revisara únicamente la dimensión geográfica del mercado portador, pues, a su juicio, lo definió en su dimensión geográfica y de producto.

Insistió en que no se publicó anexo alguno en el que se pudiera encontrar la información que se utilizó para evaluar las condiciones de competencia en el mercado minorista de Internet Fijo Residencial8

Insistió en que no se publicó anexo alguno en el que se pudiera encontrar la información que se utilizó para evaluar las condiciones de competencia en el mercado minorista de Internet Fijo Residencial8

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y en el mercado mayorista portador y concluir que exist ían más de 34 mercados municipales con problemas de competencia.

Concluyó que al no pretender una indemnización de perjuicio de carácter económico no le es dable exigible probar así fuera sumariamente la existencia de estos para hacer procedente la medida cautelar.

IV.2.- El Tribunal, mediante providencia de 13 de junio de 2025, no repuso el auto recurrido y concedió la alzada.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

De conformidad con el numeral 5 del artículo 243 del CPACA modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021 6, el recurso de apelación procede en primera instancia contra el auto que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar. Comoquiera que en el presente caso el recurso interpuesto por la parte actora versa sobre la providencia por medio de la cual se denegó el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos

6 “Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

la providencia por medio de la cual se denegó el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos

6 “Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.9

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acusados, corresponde a la Sala conocer el presente recurso de apelación.

La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos

En el marco de las diversas medidas cautelares establecidas en el CPACA7 se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política.

Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos , mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso en el que se hubiere decretado la medida . Su finalidad, pues, es la de « evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos,

7 El artículo 230 del CPACA señala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, «una o varias

decretado la medida . Su finalidad, pues, es la de « evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos,

7 El artículo 230 del CPACA señala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, «una o varias de las siguientes» cautelas: ordenar que se mantenga una situación, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta « vulnerante o amenazante», cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisión, o que se realice una obra o una demolición de una obra con el objeto de evitar el acaecimiento de un perjuicio o que los efectos de este se agraven (numeral 4); impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso o bligaciones de hacer o no hacer (numeral 5). Cuando la medida cautelar implique la adopción de un acto discrecional, el Juez no puede sustituir a la autoridad competente, sino limitarse a ordenar su adopción según la Ley (parágrafo).10

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en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho».8

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en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho».8

Esta Corporación9 ha señalado que en el examen de procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional, el juez efectúa el estudio de la presunta vulneración a través de la confrontación de las normas superiores invocadas, partiendo de las referencias conceptuales y argumentativas que se esgrimen en la solicitud de suspensión, las cuales constituyen el marco sobre el que debe resolverse dicho asunto. Asimismo, ha indicado que este examen es, en todo caso, un análisis inicial que no implica prejuzgamiento, como se explicó en la providencia de la Sala Plena de 17 de marzo de 2015, en los siguientes términos10:

«[…] Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoración del acto acusado que comúnmente se ha llamado valoración inicial , y que implica una confrontación de legalidad de aquél con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud . Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumaria, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa . Y esa valoración inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2º del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituye

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 13 de mayo de 2015, C.p.

2º del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituye

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 13 de mayo de 2015, C.p. doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, número único de radicación 11001-03-26-000-2015-0002200. 9 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 12 de febrero de 2016, Cp. Carlos Alberto Zambrano Barrera, número único de radicación 11001-03-26-000-2014-00101-00. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 17 de marzo de 2015, Cp. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 11001-03-15-000-2014-03799-00.11

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prejuzgamiento, y es evidente que así lo sea, dado que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final […]». (Resaltado fuera del texto original).11

Requisitos de procedencia de la suspensión de los efectos del acto acusado.

A voces del artículo 231 del CPACA, la suspensión provisional de los

(Resaltado fuera del texto original).11

Requisitos de procedencia de la suspensión de los efectos del acto acusado.

A voces del artículo 231 del CPACA, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, «cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud». Entonces, su procedencia está determinada por la violación del ordenamiento jurídico y la necesidad de proteger provisionalmente la lega lidad, mientras se profiere la decisión definitiva respecto del acto administrativo demandado. Dice así el citado artículo:

«Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización

11 Ver también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 11 de marzo de 2014, C.p. Guillermo Vargas Ayala.12

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de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.» (Negrillas fuera del texto original).

Del texto normativo transcrito se desprenden los siguientes requisitos para la procedencia de la medida cautelar: i) que se invoque a petición de parte, ii) que exista una violación que surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas

invoque a petición de parte, ii) que exista una violación que surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, iii) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados.

Cabe resaltar que, sobre el artículo en mención, la Sección Primera ha indicado que los requisitos establecidos para el decreto de toda medida cautelar consistentes en la verificación de los criterios (i)13

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fumus boni iuris , o apariencia de buen derecho, y (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, se entienden implícitos cuando quiera que se demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas. Al respecto, en la providencia de 13 de mayo de 2021, la Sala indicó:

“[…] Para el caso de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda , porque no es admisible en el

jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda , porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jurídico superior pueden continuar produciendo efectos jurídicos mientras transcurre el proceso judicial. En cuanto al “ fumus boni iuris ”, o la apariencia de buen derecho, (…) [e]n relación con la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), (…) basta que, como consecuencia de la argumentación jurídica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneración del ordenamiento jurídico superior para acceder a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado […]”. (Negrillas fuera del texto original).

Caso concreto

En el presente caso, la parte actora solicitó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución núm. 7156 de 21 de junio de 2023, expedida por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES -CRC, por estimar que trasgredía los artículos 29 de la Constitución Política ; 3° del CPACA ; y 3.1.2.2. de la Resolución 5050 de 2016.14

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El Tribunal, por auto de 2 de mayo de 2024, denegó la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto acusado por considerar que, en principio, no se encontraba acreditada la vulneración del derecho al debido proceso de la actora por no realizar se el test monopolista hipotético para establecer la lista de mercados relevantes susceptibles de regulación ex ante en el sector de las comunicaciones.

Inconforme con lo anterior, la parte actora insiste en que el Tribunal debió decretar la suspensión provisional de los efectos del acto demandado por haber sido trasgredido su derecho al debido proceso al no publicar todos los soportes técnicos en el proceso de adopción de la regulación de carácter general ni efectuar el llamado test del monopolista hipotético.

En ese orden, corresponde a la Sala determinar si había lugar o no decretar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la Resolución núm. 7156 de 21 de junio de 2023, como lo sostuvo el Tribunal en la providencia cuestionada.

En el presente caso la parte actora , en su solicitud de suspensión provisional, estima que deben suspenderse los efectos de la Resolución 7156 de 21 de junio de 2023 por trasgredir los artículos15

En el presente caso la parte actora , en su solicitud de suspensión provisional, estima que deben suspenderse los efectos de la Resolución 7156 de 21 de junio de 2023 por trasgredir los artículos15

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29 de la Constitución Política, 3° del CPACA y 3.1.2.2. de la Resolución 5050 de 2016, disposiciones que son del siguiente tenor:

“Constitución Política

ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por el, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido pr oceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su

por el, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido pr oceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

CPACA

[…]

ARTÍCULO 3. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones16

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administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.

En materia administrativa sancionatoria, se observarán

administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.

En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem.

2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.

3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.

4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.

5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.

6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y

6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias